Pese al sólido respaldo de la mayoría de la población, Evo Morales no logra garantizar la gobernabilidad y la paz social. La necesaria reivindicación y defensa de los derechos de los grupos indígenas ha derivado en un ataque discursivo a los valores de los grupos mestizos urbanos, que cada vez se sienten más excluidos y se sitúan en una posición de abierta confrontación. A la vez, la heterogénea composición de fuerzas que conforman el evismo –indígenas, campesinas, cocaleras, gremialistas, cooperativistas– carece de un eje articulador en torno de un interés económico común. Por eso, este trabajo retoma a Antonio Gramsci para argumentar que es necesario que el gobierno articule un discurso que permita generar una nueva hegemonía que incluya a los grupos urbanos que hoy no se sienten parte del proyecto de cambio del MAS.

La V Cumbre de las Américas demostró la decisión del gobierno de Barack Obama de cambiar la perspectiva de las relaciones de su país con América Latina y el Caribe. Sin embargo, no hay que esperar cambios abruptos de un presidente que debe enfrentar problemas graves, como la crisis mundial y los conflictos en Oriente Medio. En cuanto a los países del Caribe, el nuevo gobierno estadounidense probablemente se focalizará en algunos casos, como Cuba o Haití, y en temas prioritarios, como las migraciones, el control del crimen organizado o la regulación de las jurisdicciones financieras offshore. El artículo asegura que no habrá milagros en el corto plazo, aunque tal vez sí un enfoque más estructurado por parte de Washington.

Entre 1998 y 2008, el precio del petróleo pasó de 9 a 130 dólares el barril. Hoy, tras el estallido de la crisis mundial, se sitúa en alrededor de 50 dólares. En Venezuela, un país rentista y altamente dependiente de la exportación de su principal recurso natural, esta fluctuación genera efectos tanto políticos como económicos. El artículo sostiene que el gobierno de Hugo Chávez ha alineado a pdvsa con su estrategia de construcción del «socialismo del siglo XXI», lo que redundó en una pérdida de productividad que se refleja en la declinación de la producción de petróleo. En un contexto de precios en descenso, los aportes de la empresa a las políticas sociales han comenzado a reducirse, y podrían reducirse aún más en el futuro, lo que amenazaría la base de sustentación política del gobierno.

La crisis mundial ha llevado a muchos a postular la necesidad de una mayor intervención del Estado en el mercado. El artículo argumenta que, aunque los esfuerzos son loables, parten del error de considerar como equivalentes dos categorías que son muy distintas. Por otra parte, no alcanza con corregir las fallas del mercado para evitar eventuales desviaciones, sino que es necesario avanzar en una reformulación más general del capitalismo, que es el que ha creado los actuales mercados. Los gobiernos de izquierda de América Latina han dado algunos pasos en este camino, pero aún falta mucho para lograr mercados y Estados que generen bienestar social, desarrollo económico y cuidado ambiental.

Estado y mercado han desempeñado diferentes roles en la historia de Ecuador. Desde los 50, gracias a los recursos obtenidos por las exportaciones de banano y luego de petróleo, los gobiernos defendieron el liderazgo del Estado en el proceso de desarrollo económico y social. Sin embargo, la alta inflación, la fuerte inestabilidad económica y las dificultades para sostener el elevado gasto público provocaron un cambio en el modelo de desarrollo. Desde los 80, Ecuador comenzó a aplicar políticas neoliberales que le otorgaron al mercado un papel preponderante. La llegada de Rafael Correa a la Presidencia en enero de 2007 supuso un nuevo cambio de orientación, basado en la recuperación del Estado como eje para un desarrollo más armónico y equitativo.

En las últimas décadas, a partir del inicio del neoliberalismo y el auge de la globalización, América Latina registra un proceso de «desestatalización» del Estado, por el cual este es despojado de sus atribuciones principales –entre ellas la de gobernar mediante el monopolio de la violencia– y reemplazado por las dinámicas del mercado. Pero no solo el Estado, sino también la sociedad se mercantiliza, en la medida en que la lógica de mercado se extiende a las relaciones sociales, los individuos y la cultura. El artículo analiza ambos procesos a la luz de la crisis económica actual y concluye que sería ilusorio pensar en una vuelta del Estado keynesiano y redistribuidor, ya que se trata de una crisis producida por el capital financiero como parte de su proceso de reproducción.

En las últimas décadas, las relaciones de poder dentro del sector público han experimentado cambios de magnitud, sobre todo a partir de la introducción de mecanismos de mercado dentro del Estado. El artículo sostiene que no existe información acerca de los resultados de estos enfoques y que incluso en aquellas áreas en las que se han logrado mejoras pueden haberse generado efectos negativos en términos de equidad y democracia. Se propone, sin pretender volver al viejo Estado desarrollista, construir un enfoque sociocéntrico de la reforma del sector público e impulsar su ampliación hacia fuera del Estado para incorporar el segmento de lo público que actualmente se encuentra en manos privadas.

¿Existe un «modelo europeo» de relaciones Estado-mercado? El artículo sostiene que existen variantes, desde el modelo anglosajón hasta el modelo renano, y que todos ellos han debido adaptarse a las reglas comunes de la Unión Europea. Si se habla entonces de un «modelo europeo» no es tanto en lo que se refiere a la organización de la economía como en el modelo de sociedad. Lo que tienen en común las sociedades europeas es la idea de que el Estado debe ser un «Estado de Bienestar», en el sentido de que existe una responsabilidad pública en la creación y el mantenimiento de la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Esto exige, entre otras cosas, una alta carga fiscal, ausente en casi todos los países de América Latina.

El Estado y el mercado son instituciones complementarias. El Estado –el sistema constitucional y la organización o aparato que lo garantiza– es la principal institución que coordina las sociedades modernas, el principal instrumento a través del cual las sociedades democráticas moldean el capitalismo para poder alcanzar sus objetivos políticos. El mercado es una institución basada en la competencia que, bajo la regulación del Estado, contribuye a la coordinación de la economía. Desde fines de los 80, el neoliberalismo lanzó un asalto al Estado (y también al mercado) desde la teoría neoclásica y la teoría de la elección pública, que se convirtieron en una metaideología de la época. Aunque el ataque fue feroz, la actual crisis económica confirma la necesidad de reconstruir el Estado y buscar una nueva complementariedad con el mercado.

La persistente desigualdad de América Latina constituye uno de los nudos que traban su desarrollo. El artículo analiza las desigualdades de excedente, a menudo soslayadas por los estudios que suelen limitarse a analizar los ingresos, y el ámbito en el que se materializan: el mercado. A continuación se describen las diferentes acciones de redistribución emprendidas por el Estado, desde aquellas centradas en la esfera primaria, como las nacionalizaciones, hasta las que se orientan a la esfera secundaria, como las políticas sociales. El texto sostiene sin embargo que es sobre todo en la esfera primaria, mediante la generación de empleo de calidad y oportunidades para los pequeños productores, donde puede situarse una interacción virtuosa entre Estado y mercado que contribuya a enfrentar las desigualdades.

En Asia del Este el Estado desempeñó un papel importante en la economía. El paso de un modelo de industrialización por sustitución de importaciones a otro de sesgo exportador fue un proceso gradual en el que el sector público jugó un rol fundamental. En América Latina, en cambio, las reformas pro mercado de los 90 fueron abruptas, carecieron de una estrategia de largo plazo y de una gestión económica prudente. Sin embargo, el estallido de la crisis financiera mundial no debe ser la justificación para un retorno automático a una nueva intervención del Estado. El artículo sostiene que el Estado debe concentrarse en desarrollar su propia capacidad institucional, fortalecer un cuerpo de funcionarios profesionales (lo que no significa aislados del sector privado) e invertir en investigación y educación pública.

Desde la recuperación de la democracia en 1982, Bolivia ha atravesado diferentes etapas en la relación entre mercado y Estado: una primera fase de desorden, una segunda fase neoliberal, durante la cual se privatizaron las empresas públicas de naturaleza estratégica, y la etapa actual, caracterizada por un intento de recuperar la primacía del Estado sobre la economía. El artículo argumenta que las nuevas orientaciones del gobierno de Evo Morales enfrentan importantes desafíos: aumentar la dimensión del excedente en términos sostenibles, capacitar a la elite que ha asumido el control de los principales resortes del Estado, recuperar las inversiones en el sector de hidrocarburos tras la nacionalización y desplegar medidas adecuadas para enfrentar la crisis económica.