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Cuando el mercado es plural y el Estado heterogéneo

La crisis mundial ha llevado a muchos a postular la necesidad de una mayor intervención del Estado en el mercado. El artículo argumenta que, aunque los esfuerzos son loables, parten del error de considerar como equivalentes dos categorías que son muy distintas. Por otra parte, no alcanza con corregir las fallas del mercado para evitar eventuales desviaciones, sino que es necesario avanzar en una reformulación más general del capitalismo, que es el que ha creado los actuales mercados. Los gobiernos de izquierda de América Latina han dado algunos pasos en este camino, pero aún falta mucho para lograr mercados y Estados que generen bienestar social, desarrollo económico y cuidado ambiental.

Cuando el mercado es plural y el Estado heterogéneo

En la actual efervescencia de la crisis global, muchos hablan del regreso del Estado, y son más los que insisten en la necesidad de regular los mercados. El fundamentalismo de mercado parece derrumbarse con la caída de los grandes colosos de Wall Street, y apenas persiste atrincherado en algunas cátedras académicas. Estos debates obligan a considerar cuáles deberían ser las relaciones entre Estado y mercado: no son pocos los que asumen que el primero encierra las soluciones a todos los males que ha generado el segundo. En este breve ensayo se analiza críticamente esa cuestión. Se argumenta que plantear el problema como la búsqueda de una nueva relación mercado-Estado es una simplificación. Esto se debe a que se coloca en un mismo plano, como si fueran categorías análogas, dos conceptos que en realidad son muy diferentes y no necesariamente conmensurables. Por un lado, la categoría «mercado», que es plural, ya que allí donde el capitalismo ha mercantilizado la sociedad predomina un cierto tipo de mercado, pero también existen otros, bajo diferentes ordenamientos sociales y económicos, muchas veces olvidados, otras veces ocultados. Por otro lado, el Estado es muy heterogéneo en las condiciones actuales, y sus esfuerzos de intervención y regulación económica sufren tensiones y contradicciones propias del capitalismo contemporáneo.

Al abrirse esta discusión a nuevos ámbitos y categorías, queda claro que la solución no es simplemente «más Estado» frente a «menos mercado», sino que es necesario abordar la transformación del capitalismo. En ese recorrido se plantea la necesidad de una regulación social, tanto sobre los mercados (en plural) y sobre las economías (como espacios de interacción que van más allá de los mercados), pero también sobre el Estado.

El mercado y los mercados bajo el capitalismo

Al abordar la problemática del mercado, es necesario recordar la génesis de su actual expresión. Bajo el ímpetu de las reformas económicas iniciadas en la década de 1970, se difundió una variante del capitalismo sustentada en una racionalidad que incluyó diversos procesos, como la ampliación del concepto de «mercancía» para englobar nuevos elementos y relaciones, la extensión del ámbito del mercado competitivo y monetarizado a esas nuevas «mercancías» y relaciones, y el énfasis en el sector financiero.

Se trató de un proceso múltiple que no estaba restringido a las interacciones propias del mercado, ya que también implicó una transformación de la política y la cultura hacia estilos más individualistas, competitivos y materialistas. Por ejemplo, se moldearon las expectativas de consumo (basadas en el sueño de poder comprar calidad de vida en el mercado) y la gobernanza mundial (con la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC). Poco a poco, elementos que no habían sido considerados mercancías pasaron a ser identificados como «bienes y servicios» que debían ser «gerenciados», que necesariamente tenían que ser «rentables» y «competitivos», y comenzaron a ser transados dentro de marcos legales propios del comercio. La salud y la educación, por ejemplo, pasaron a ser considerados «servicios» del mercado que debían comportarse como mercancías. Una vez convertidos en algo que se compra y se vende, debían ser analizados con los parámetros de la eficiencia y la rentabilidad comercial. Así, los directores de los colegios secundarios o los jefes de los hospitales se volvieron gerentes, y los antiguos fines vinculados a la calidad de vida se desvanecieron para ser reemplazados por la competitividad (era importante, por ejemplo, sanar a los enfermos, pero para que puedan volver al trabajo y de esta manera reducir el número de jornales perdidos por enfermedad). Desde esa óptica, esas políticas públicas se encogían a formas de inversión social. En suma, se desarrolló lo que ha sido calificado como una «reingeniería de la sociedad» en muy diversos aspectos1.

Los nuevos elementos ingresados al mercado debían contar con dueños y expresar un valor económico. La idea de «capital social» o «capital humano» se volvió un concepto común, y si bien existen versiones de este concepto que tienen elementos positivos, no se puede dejar de advertir el hecho, no menor, de haber escogido el término «capital» para definir estos nuevos enfoques.

Esta mercantilización alcanzó su expansión extrema en relación con la naturaleza. Se diseñaron, por ejemplo, métodos de valorización económica de la biodiversidad: una hectárea de selva amazónica podía valer desde unos pocos centavos hasta unos cientos de dólares; se postuló el concepto de «capital natural»; se defendió la «bioprospección» (un término derivado a la prospección geológica o petrolera); la conservación comenzó a ser considerada una forma de inversión, e incluso comenzó a discutirse en la OMC el comercio de «bienes y servicios ambientales»2.

Buena parte de la expansión de este tipo de mercado se realizó con el concurso activo de los Estados. Si bien suele hablarse de un «achicamiento» del Estado, es más apropiado referirse a una reconfiguración del Estado-nación, por el cual algunas áreas fueron transferidas a ámbitos no estatales, otras fueron abandonadas o ejecutadas con muy baja performance, mientras que en otras se registró un fortalecimiento. En el nuevo marco, el Estado-nación protege cierto tipo de relaciones económicas, asegura los flujos de capital (en especial la inversión extranjera), manipula las exigencias sociales y ambientales para que no impidan recibir inversiones o mantener flujos exportadores (notablemente en cuestiones de minería, hidrocarburos y agropecuaria) y asegura la protección, incluso policial y militar, de los enclaves extractivos.

Se define así un Estado que protege los «derechos de los inversores», pero que a menudo olvida los derechos políticos y sociales de muchas comunidades. Por ejemplo, para aquellos afectados por la explotación minera o hidrocarburífera, no tiene mucho sentido reclamar «más Estado», ya que este es visto como uno de los principales problemas a resolver, o incluso como un cómplice del mercado que contribuye a ocultar los impactos sociales o ambientales de estas actividades.

  • 1. Aihwa Ong: Neoliberalism as Exception. Mutation in Citizenship and Sovereignty, Duke University Press, Durham, 2006.
  • 2. E. Gudynas: Ecología, mercado y desarrollo. Políticas ambientales, libre mercado y alternativas, Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile, 1997.