Tema central

Cuando el mercado es plural y el Estado heterogéneo

La crisis mundial ha llevado a muchos a postular la necesidad de una mayor intervención del Estado en el mercado. El artículo argumenta que, aunque los esfuerzos son loables, parten del error de considerar como equivalentes dos categorías que son muy distintas. Por otra parte, no alcanza con corregir las fallas del mercado para evitar eventuales desviaciones, sino que es necesario avanzar en una reformulación más general del capitalismo, que es el que ha creado los actuales mercados. Los gobiernos de izquierda de América Latina han dado algunos pasos en este camino, pero aún falta mucho para lograr mercados y Estados que generen bienestar social, desarrollo económico y cuidado ambiental.

Cuando el mercado es plural y el Estado heterogéneo

En la actual efervescencia de la crisis global, muchos hablan del regreso del Estado, y son más los que insisten en la necesidad de regular los mercados. El fundamentalismo de mercado parece derrumbarse con la caída de los grandes colosos de Wall Street, y apenas persiste atrincherado en algunas cátedras académicas. Estos debates obligan a considerar cuáles deberían ser las relaciones entre Estado y mercado: no son pocos los que asumen que el primero encierra las soluciones a todos los males que ha generado el segundo. En este breve ensayo se analiza críticamente esa cuestión. Se argumenta que plantear el problema como la búsqueda de una nueva relación mercado-Estado es una simplificación. Esto se debe a que se coloca en un mismo plano, como si fueran categorías análogas, dos conceptos que en realidad son muy diferentes y no necesariamente conmensurables. Por un lado, la categoría «mercado», que es plural, ya que allí donde el capitalismo ha mercantilizado la sociedad predomina un cierto tipo de mercado, pero también existen otros, bajo diferentes ordenamientos sociales y económicos, muchas veces olvidados, otras veces ocultados. Por otro lado, el Estado es muy heterogéneo en las condiciones actuales, y sus esfuerzos de intervención y regulación económica sufren tensiones y contradicciones propias del capitalismo contemporáneo.

Al abrirse esta discusión a nuevos ámbitos y categorías, queda claro que la solución no es simplemente «más Estado» frente a «menos mercado», sino que es necesario abordar la transformación del capitalismo. En ese recorrido se plantea la necesidad de una regulación social, tanto sobre los mercados (en plural) y sobre las economías (como espacios de interacción que van más allá de los mercados), pero también sobre el Estado.

El mercado y los mercados bajo el capitalismo

Al abordar la problemática del mercado, es necesario recordar la génesis de su actual expresión. Bajo el ímpetu de las reformas económicas iniciadas en la década de 1970, se difundió una variante del capitalismo sustentada en una racionalidad que incluyó diversos procesos, como la ampliación del concepto de «mercancía» para englobar nuevos elementos y relaciones, la extensión del ámbito del mercado competitivo y monetarizado a esas nuevas «mercancías» y relaciones, y el énfasis en el sector financiero.

Se trató de un proceso múltiple que no estaba restringido a las interacciones propias del mercado, ya que también implicó una transformación de la política y la cultura hacia estilos más individualistas, competitivos y materialistas. Por ejemplo, se moldearon las expectativas de consumo (basadas en el sueño de poder comprar calidad de vida en el mercado) y la gobernanza mundial (con la creación de la Organización Mundial de Comercio, OMC). Poco a poco, elementos que no habían sido considerados mercancías pasaron a ser identificados como «bienes y servicios» que debían ser «gerenciados», que necesariamente tenían que ser «rentables» y «competitivos», y comenzaron a ser transados dentro de marcos legales propios del comercio. La salud y la educación, por ejemplo, pasaron a ser considerados «servicios» del mercado que debían comportarse como mercancías. Una vez convertidos en algo que se compra y se vende, debían ser analizados con los parámetros de la eficiencia y la rentabilidad comercial. Así, los directores de los colegios secundarios o los jefes de los hospitales se volvieron gerentes, y los antiguos fines vinculados a la calidad de vida se desvanecieron para ser reemplazados por la competitividad (era importante, por ejemplo, sanar a los enfermos, pero para que puedan volver al trabajo y de esta manera reducir el número de jornales perdidos por enfermedad). Desde esa óptica, esas políticas públicas se encogían a formas de inversión social. En suma, se desarrolló lo que ha sido calificado como una «reingeniería de la sociedad» en muy diversos aspectos1.

Los nuevos elementos ingresados al mercado debían contar con dueños y expresar un valor económico. La idea de «capital social» o «capital humano» se volvió un concepto común, y si bien existen versiones de este concepto que tienen elementos positivos, no se puede dejar de advertir el hecho, no menor, de haber escogido el término «capital» para definir estos nuevos enfoques.

Esta mercantilización alcanzó su expansión extrema en relación con la naturaleza. Se diseñaron, por ejemplo, métodos de valorización económica de la biodiversidad: una hectárea de selva amazónica podía valer desde unos pocos centavos hasta unos cientos de dólares; se postuló el concepto de «capital natural»; se defendió la «bioprospección» (un término derivado a la prospección geológica o petrolera); la conservación comenzó a ser considerada una forma de inversión, e incluso comenzó a discutirse en la OMC el comercio de «bienes y servicios ambientales»2.

Buena parte de la expansión de este tipo de mercado se realizó con el concurso activo de los Estados. Si bien suele hablarse de un «achicamiento» del Estado, es más apropiado referirse a una reconfiguración del Estado-nación, por el cual algunas áreas fueron transferidas a ámbitos no estatales, otras fueron abandonadas o ejecutadas con muy baja performance, mientras que en otras se registró un fortalecimiento. En el nuevo marco, el Estado-nación protege cierto tipo de relaciones económicas, asegura los flujos de capital (en especial la inversión extranjera), manipula las exigencias sociales y ambientales para que no impidan recibir inversiones o mantener flujos exportadores (notablemente en cuestiones de minería, hidrocarburos y agropecuaria) y asegura la protección, incluso policial y militar, de los enclaves extractivos.

Se define así un Estado que protege los «derechos de los inversores», pero que a menudo olvida los derechos políticos y sociales de muchas comunidades. Por ejemplo, para aquellos afectados por la explotación minera o hidrocarburífera, no tiene mucho sentido reclamar «más Estado», ya que este es visto como uno de los principales problemas a resolver, o incluso como un cómplice del mercado que contribuye a ocultar los impactos sociales o ambientales de estas actividades.

El enorme peso del mercado capitalista contemporáneo también ha llevado a invisibilizar y ocultar otras formas de mercado, en especial sus expresiones no capitalistas3. Existen otros mercados basados en principios distintos: los espacios económicos de solidaridad y asistencia, si bien tienen un componente capitalista, también discurren por otras lógicas, y corresponden a las llamadas «economías solidarias». Hay mercados restringidos a círculos de amigos, o comunidades que operan por el valor de uso antes que por el valor de cambio. También persisten mercados que operan mediante el trueque y la reciprocidad, por ejemplo en las comunidades campesinas andinas.

Muchos de estos espacios de mercado desaparecieron bajo la sombra del mercado capitalista contemporáneo, pero también son marginalizados en los análisis económicos convencionales, entendiendo, por ejemplo, que la economía solidaria es una simple cuestión social, o que los mercados campesinos son remanentes exóticos que solamente merecerían la atención de los antropólogos.

Si bien en los últimos tiempos ha quedado en evidencia que el mercado capitalista predominante encierra serios problemas, el riesgo es entender estos problemas como «fallas» que podrían ser «reparadas». Esto supone asumir que el mecanismo esencial del mercado capitalista es correcto, aunque se hayan producido errores. Por ejemplo, se culpa a los fundamentalistas extremos y a los especuladores financieros. La tarea del Estado, según esta postura, consistiría en reparar ese desperfecto y ajustar la economía, pero sin una transformación de las dinámicas del capitalismo, que son justamente las que generan ese tipo de mercados.

El énfasis en un único tipo de mercado hace que algunas aproximaciones apresuradas terminen equiparando mercado con capitalismo, confundiendo una cosa con otra, con lo cual se disimulan y hasta ocultan otros componentes, como los políticos y culturales. El capitalismo genera y recrea estilos de vida, expectativas de consumo, transforma el mundo del trabajo, promueve sesgos culturales y ciertos estilos políticos, entre muchas otras cosas4.

Esto, aunque puede resultar obvio, tiene implicancias importantes en el contexto del actual debate, ya que no es lo mismo proponer una regulación sobre el mercado que defender una regulación que involucre al capitalismo. Por lo tanto, es necesario adelantar que cualquier regulación del mercado debe ser parte de un esfuerzo más amplio sobre el capitalismo como un todo. La reparación del mercado como horizonte de actuación es insuficiente, y se deben discutir los cambios en las dinámicas más profundas del capitalismo5. Esto no solo involucra al mercado capitalista contemporáneo, sino que debe construirse desde el reconocimiento de los mercados como expresiones plurales.

Opciones y tensiones del Estado latinoamericano contemporáneo

El papel del Estado-nación en las intervenciones sobre los mercados es clave y, por lo tanto, es necesario analizar algunos aspectos destacados. Como punto de partida, hay que señalar que la intención de intervención y regulación es positiva, y que muchas de las medidas que en este sentido han sido adoptadas en los últimos tiempos representan un paso adelante frente al inmovilismo de tiempo atrás6.

Entre los mecanismos posibles de intervención sobre los mercados, los gobiernos cuentan con varios instrumentos económicos, como subsidios, precios mínimos asegurados, apoyos crediticios, etc. En algunos casos, esas medidas buscan proteger a sectores nacionales claves o intentan alentar la industrialización.

Un caso concreto que merece atención es el del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Este banco ofrece asistencia tanto en el ámbito nacional como en la llamada «internacionalización» de las empresas brasileñas, incluso financiando directamente adquisiciones y fusiones por la compra de acciones o bonos de empresas brasileñas. Por ese procedimiento, el frigorífico brasileño JBS-Friboi emitió acciones, compradas por el BNDES, que le permitieron adquirir por 1.400 millones de dólares el frigorífico estadounidense Swift, lo cual convirtió a la empresa en la mayor procesadora de carne vacuna del mundo.

Este tipo de intervención tiene aristas positivas, y es meritorio que un gobierno apoye a su propio empresariado como forma de contrarrestar al capital transnacionalizado. Pero por otro lado es necesario señalar que este tipo de respaldo no cambia las dinámicas del mercado capitalista, sino que las refuerza. No es el objetivo del presente ensayo analizar este tipo de desempeños, sino simplemente señalar que también se debe poner en discusión la forma bajo la cual el Estado interviene en los mercados.

La cuestión que debe abordarse es la siguiente: ¿cómo y quiénes deciden sobre la utilización de los recursos del Estado, es decir los recursos de toda la sociedad? ¿Cuáles deberían ser las empresas beneficiadas y en qué rubros? En el ejemplo precedente, es válido preguntarse hasta qué punto el dinero público debe destinarse a sostener a un grupo de grandes empresas locales en sus aventuras internacionales, y por qué se apoya a grandes corporaciones en lugar de, por ejemplo, a emprendimientos cooperativos.

Pero las posibilidades de avanzar en esta discusión serán limitadas en tanto prevalezca la idea de que las ayudas estatales son esencialmente una prerrogativa del Poder Ejecutivo, y en especial del presidente, que no necesariamente debe ser consultada con otros actores políticos. Los mecanismos de regulación social y discusión plural de esas iniciativas son escasos, y en muchos casos las respuestas estatales responden a las capacidades de presión de los actores reclamantes. Por lo tanto, la intervención estatal sobre los espacios económicos debe lidiar con las tentaciones de aprovechar estos mecanismos para obtener ventajas políticas, incrementar el apoyo gubernamental, buscar beneficios electorales o apaciguar la protesta social. Es un tema delicado, pero que no puede ser evitado, ya que es una sombra que acosa a las democracias delegativas con fuertes liderazgos presidenciales típicas de la región. En esas condiciones, la intervención estatal, las ayudas y subsidios e incluso las nacionalizaciones pueden ser aprovechadas simplemente para reforzar la imagen y la autoridad presidencial, otorgando beneficios a los amigos en lugar de a aquellos identificados como opositores. El uso discrecional de esos instrumentos refuerza todavía más el carácter delegativo de la democracia y dificulta la implementación de procesos de decisión más abiertos y plurales.

La complejidad de la situación se puede ilustrar con otro ejemplo reciente: en Brasil, el plan agrícola y pecuario para la zafra 2008/2009 aprobó ayudas por 78.000 millones de reales (aproximadamente 33.000 millones de dólares en ese entonces). Esto confirma la voluntad del gobierno de ejercer un papel activo en la economía, dejando atrás la actitud de gobiernos anteriores, y además demuestra que existen dineros públicos para hacerlo. Pero un examen de su contenido revela que se asignaron apenas 13.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares) para la «agricultura familiar», y cinco veces más para la «agricultura empresarial» (65.000 millones de reales, más de 27.000 millones de dólares)7. La equidad social de esta medida es por lo tanto debatible, ya que los pequeños agricultores sufren problemas mucho mayores que las grandes empresas, e involucran a casi cinco millones de establecimientos. Entretanto, el sesgo hacia el sector agroexportador refuerza la inserción subordinada de Brasil en el mercado internacional como proveedor de materias primas y apuntala una estrategia de desarrollo rural convencional que en buena medida es responsable de expulsar a los pequeños y medianos productores. Ese componente, además, puede ser interpretado como una compensación que permite aminorar o evitar la protesta social de los pequeños agricultores.La naturaleza de los instrumentos también debe ser analizada. Es evidente que los subsidios y otros instrumentos económicos tienen enormes potenciales para corregir problemas en los mercados, pero también pueden acentuarlos, en especial en algunos aspectos sociales y ambientales. En 2008, por ejemplo, el gobierno de Rafael Correa presentó su «mandato agrícola» para Ecuador, un paquete de asistencia por un total de 415 millones de dólares. Como en Brasil, la medida es también un indicador de voluntad política. El problema es que casi 70% de esa suma está destinada a subsidiar agroquímicos (287 millones de dólares). Ese tipo de asistencia termina en manos de las empresas transnacionales de agroquímicos y refuerza la dependencia de las estrategias de la revolución verde, que es justamente una de las causas básicas de la crisis actual de la agricultura campesina ecuatoriana.

Por lo tanto, este tipo de instrumentos deben ser analizados con mayor rigurosidad, y es fundamental distinguir los «subsidios perversos» de aquellos que son legítimos. Los primeros agudizan las disfuncionalidades de los mercados, acentúan la inequidad y generan impactos sociales y ambientales8. Otro ejemplo ilustrativo se observa en Uruguay, donde el gobierno de Tabaré Vázquez desarrolla un ambicioso paquete de asistencia para el cultivo de caña de azúcar por parte de pequeños agricultores. La medida reviste justificaciones sociales en tanto asiste a productores rurales empobrecidos, y además cuenta con una cierta poética histórica, debido a que se trata de un sector que durante décadas estuvo en el centro de la atención de la izquierda, lo que hace que las evaluaciones resulten difíciles y hasta antipáticas. Pero el cultivo de caña de azúcar adolece en Uruguay de muchas limitaciones económicas y sociales y, sobre todo, produce un fuerte impacto ambiental. No está claro que la mejor opción para enfrentar la pobreza rural sea plantar caña de azúcar. Por eso, aunque la intencionalidad gubernamental debe ser aplaudida, es necesario discutir por qué se ha decidido apoyar la caña de azúcar y a los «cañeros» (y no a otros sectores o a otros actores rurales empobrecidos cuyas prácticas agrícolas generan un menor costo ambiental).

El análisis de los contenidos y las funcionalidades de las medidas estatales sobre los mercados también remite a la importancia de contar con información y datos de buena calidad, certeros y fidedignos. Si esa información básica es inadecuada o manipulada, tanto el Estado como los particulares pueden tomar decisiones incorrectas o justificar acciones con fines espurios. Por lo tanto, es necesario debatir si las agencias estatales tienen hoy la capacidad de generar esa información en forma independiente y transparente, y si el acceso público a esos datos es libre.

En este aspecto, el desempeño de los Estados en América Latina también es heterogéneo, ya que existen polémicas sobre algunas agencias gubernamentales encargadas de ofrecer estadísticas e indicadores. Posiblemente el caso más conocido ha tenido lugar en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de Argentina. El problema, en este y en otros casos, es que existen una tentación y una posibilidad de manipulación desde los actores políticos estatales para obtener alguna ventaja ante la opinión pública. Cualquier propuesta que defienda la regulación estatal sobre los mercados debe incorporar instrumentos y reaseguros que garanticen la independencia y rigurosidad de los organismos que procesan la información. Esta misma exigencia debe también aplicarse a los actores que operan en los mercados, y en especial, a las empresas. La opacidad de la información empresarial en América Latina es alarmante, tanto en las compañías privadas como con las estatales.

Pero también es necesario reconocer los límites en la pretensión de disponer de toda la información necesaria y conocer a fondo todos los detalles acerca del funcionamiento de la sociedad y sus relaciones económicas. Se enfrenta una limitación que podría calificarse de «epistemológica», ya que es imposible contar con toda la información y todo el conocimiento para sostener una intervención y una regulación eficientes. En tanto se trabaja con sistemas complejos y extendidos, siempre habrá incertidumbres. Consecuentemente, la incerteza es uno de los puntos de partida para las intervenciones en los mercados, situación que también se aplica a la gestión estatal. Por eso, sin dejar de exigir la mejor información, es necesario abandonar las posturas propias del optimismo tecnocrático, para poder implementar mecanismos de regulación que asuman esas incertidumbres y que incorporen procedimientos para reducir los riesgos sociales y ambientales. Este es otro argumento para sostener la necesidad de una regulación más flexible, entendida más bien como un proceso adaptativo, bajo una fuerte interacción social.

La regulación social sobre los mercados y el Estado

Desde fines de la década de 1980 y hasta los primeros años del siglo XXI, es decir en poco más de dos décadas, se derrumbó el socialismo real; ahora tambalea el capitalismo globalizado. En ese lapso tan corto, entraron en crisis sucesivamente dos concepciones muy distintas de la economía y el Estado. Esto nos enfrenta a una oportunidad para considerar nuevas alternativas. La crisis del capitalismo actual no puede resolverse desde una nostalgia ortodoxa que añora el estatismo burocrático con sus dosis de autoritarismo, pero tampoco puede ser solucionada con unos simples apósitos y analgésicos mercantilistas etiquetados como keynesianismo.

Es necesario avanzar en transformaciones más profundas, muchas de las cuales seguramente no encajarán en los convencionalismos usuales. Algunas no serán de derecha ni de izquierda, tal como se las puede entender en sus términos ortodoxos, sino que apuntan a un nuevo compromiso con el bienestar de las personas, con su papel como sujetos políticos autónomos y con una nueva ética, tanto a escala humana como ecológica.

Este ensayo postula que, frente a la pareja mercado-Estado, resulta excesivamente simplista asumir que el primero se desbocó y que el regreso del segundo solucionará todos los problemas. En realidad, Estado y mercado corresponden a dos categorías que no son análogas. El mercado es una categoría plural, donde la presencia del Estado es necesaria para sostener y legitimar algunas de sus variantes, mientras que otros tipos de mercado sobreviven casi al margen del Estado. Asimismo, el Estado puede estar presente en los mercados con roles muy diversos (regulador, administrador, consumidor, vendedor, empresario –en el caso de empresas estatales–, socio –en el caso de empresas mixtas–, etc.). A su vez, la contracara de los mercados serían los espacios de interacción social no mercantil, algunos de los cuales pueden ser estatales, pero muchos otros se sitúan en la esfera no estatal.

Partiendo de estas ideas, es posible derivar algunos puntos claves desde una perspectiva alternativa. Si bien el análisis detallado va más allá del objetivo de este artículo, es indispensable destacar algunos ejes directamente referidos a la reconceptualización de las relaciones entre Estado y mercados.

En primer lugar, es necesario asumir la pluralidad de los mercados, lo que implica permitir y alentar la visibilización de otros mercados y otras economías. Esos diferentes mercados requieren distintas formas de regulación y articulación. Por un lado, es necesario fortalecer y proteger los mercados solidarios y sostener la economía tradicional campesina, mientras que por el otro es urgente controlar severamente la especulación en los mercados financieros globales. Esta diversidad de intervenciones y regulaciones solo es posible si se deconstruye la categoría «mercado» y se identifican sus diferentes expresiones, sus distintas lógicas y sus múltiples actores.

En segundo lugar, hay que señalar que esta postura no es determinista ni esencialista. Se acepta e incorpora la pluralidad de valores, con lo cual se quiebra el reduccionismo basado en el valor económico, y se asume que existen otro tipo de valoraciones (ecológicas, culturales, estéticas, religiosas, etc.). Las consecuencias prácticas de esta concepción no son menores, en la medida en que implican dejar de lado el papel protagónico de los análisis de costo/beneficio clásicos, de carácter tecnocrático, para dar paso a procedimientos que incorporan la pluralidad de valoraciones y, por lo tanto, son más abiertos y asumen un carácter más político. En la misma línea, es importante detener la expansión mercantilista que convierte en mercaderías a nuevos elementos y relaciones.

En tercer lugar, las regulaciones no deben enfocarse únicamente en el mercado actualmente dominante, sino que necesariamente deben ser más amplias, de modo de avanzar sobre la estructura y la dinámica del capitalismo contemporáneo. No es un momento de reparaciones, sino una oportunidad para las transformaciones. Se deben atender también los aspectos políticos y culturales que generan y reproducen los mercados. Esos intentos no solo deben aceptar la pluralidad de valoraciones, sino que deben ser ajustados al ambiente y a los territorios. El tiempo de la receta única ha quedado atrás. Elementos sustantivos, como las nociones de calidad de vida, deben ser incorporados con una nueva mirada: ya existen algunos ejemplos en ese camino, como la incorporación de la idea de «buen vivir» en la Constitución de Ecuador.

La cuestión de la propiedad de los recursos y los medios de producción merece un comentario específico ya que, en algunos casos, la estatización se plantea como respuesta a la crisis. Las miradas desapasionadas son necesarias también en este punto: en algunos casos, las estatizaciones pueden ser indispensables para lograr una regulación social y ambiental legítima, pero en otros puede prolongar el mismo estilo de desarrollo. Algunas empresas estatales se han vuelto exitosas bajo parámetros capitalistas de rentabilidad y eficiencia, sin considerar los impactos sociales y ambientales. Un ejemplo de este problema se observa en el desempeño de Petrobras en Ecuador, que a los ojos de las comunidades locales genera los mismos problemas sociales y la misma contaminación que otras corporaciones petroleras transnacionales radicadas en países industrializados. La propiedad de los medios de producción no necesariamente asegura otras prácticas y comportamientos productivos. Por lo tanto, es indispensable contar con instrumentos de regulación social que puedan exigir esas condiciones sociales y ambientales también en las empresas estatales y en el propio Estado. En cuarto lugar, debe existir una regulación tanto sobre los mercados como sobre el Estado-nación, de carácter esencialmente social. El Estado también debe estar sujeto a una regulación social, entendida en forma amplia, como ejercicio ciudadano para reapropiarse de la política y la gestión de las estrategias de desarrollo. Esto involucra medidas simples, pero urgentes, como la democratización de la toma de decisiones, por ejemplo a través de la participación de los congresos, junto con mecanismos de acceso a la información y participación ciudadana más directos. Esos debates y decisiones deberán incorporar la incerteza y apuntar, sobre todo, a enfrentar los riesgos.

En quinto lugar, esa regulación sobre el ámbito estatal debe generar cambios sustanciales en el Estado latinoamericano. En su condición actual, y más allá de las buenas intenciones y algunos casos exitosos, persisten deformidades, distorsiones y tentaciones clientelares, que generan muchas dudas sobre las capacidades para una adecuada regulación de los mercados. En otras palabras, la reforma y democratización del Estado es inseparable de cualquier regulación sobre los mercados.

Finalmente, un sexto aspecto a considerar es la discusión de las ideas centrales que articulan las actuales estrategias de desarrollo. Es necesario avanzar en ese debate para evitar que las regulaciones e intervenciones sobre los mercados sean funcionales a la misma estrategia de desarrollo, ya que esta encierra contradicciones evidentes debido a sus costos sociales y ambientales, inequidades e injusticias, que no pueden ser solucionadas con medidas de corrección económica o compensación social. Otro tanto sucede con el rol desempeñado por el Estado, dado su activo papel en promover ciertos estilos de desarrollo, originado en múltiples lugares, desde los despachos ministeriales a las cátedras de las universidades públicas. La transición hacia condiciones que permiten ensayos poscapitalistas exige un debate sobre los preceptos básicos sobre los cuales descansan las ideas actuales del desarrollo.

Estos puntos, apenas esbozados aquí, sugieren la oportunidad de trascender hacia otras alternativas. La crisis económica global es, más que un impedimento, una demostración de la necesidad de abordar estos nuevos enfoques con urgencia, independencia y rigurosidad.

  • 1. Aihwa Ong: Neoliberalism as Exception. Mutation in Citizenship and Sovereignty, Duke University Press, Durham, 2006.
  • 2. E. Gudynas: Ecología, mercado y desarrollo. Políticas ambientales, libre mercado y alternativas, Instituto de Ecología Política, Santiago de Chile, 1997.
  • 3. J.K. Gibson-Graham: A Post Capitalist Politics, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2006.
  • 4. V. por ejemplo Luc Boltanski y Éve Chiapello: El nuevo espíritu del capitalismo, Akal, Madrid, 2002.
  • 5. Andrew Glyn: Capitalism Unleashed. Finance, Globalization, and Welfare, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  • 6. E. Gudynas, Rubén Guevara y Francisco Roque: Heterodoxos. Tensiones y posibilidades de las políticas sociales en los gobiernos progresistas de América del Sur, Claes / Oxfam, Montevideo, 2008, disponible en www.democraciasur.com/heterodoxos/.
  • 7. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Secretaría de Política Agrícola: «Plano Agrícola e Pecuário 2008/2009», Brasilia, 2008.
  • 8. Norman Myers y Jennifer Kent: Perverse Subsidies: How Tax Dollars Can Undercut the Environment and the Economy, Island Press, Washington, dc, 2001.