Durante el gobierno de Vicente Fox, México enfrentó crisis diplomáticas con Cuba, Argentina y Venezuela. Las causas se encuentran en el cambio de orientación de la política exterior, que implicó una mayor cercanía con Estados Unidos, pero también en el proceso de toma de decisiones: el gobierno mexicano concentró el manejo de la crisis en unos pocos funcionarios y formuló declaraciones imprudentes. Al final de la presidencia de Fox, la disputa con Argentina parece resuelta y la tensión con Cuba ha disminuido. Sin embargo, Venezuela se retiró del acuerdo del G-3 y la relación entre este país y México se encuentra en su punto más bajo.

El probable triunfo de Néstor Kirchner –o de su mujer– en las elecciones presidenciales de octubre de 2007 ubicaría a Argentina en la misma sintonía que países como Venezuela y Brasil, donde líderes de izquierda o centroizquierda han conseguido revalidarse en el poder. Pero el panorama argentino presenta también algunas singularidades, entre las que se destacan la supervivencia del peronismo como dispositivo electoral, la aparición del kirchnerismo como una fuerza difusa, que incluye al peronismo pero que lo excede, y la posibilidad de que una mujer sea elegida por primera vez por el voto popular como jefa de Estado.

La disputa entre Argentina y Uruguay revela la fragilidad del Mercosur, que no ha encontrado mecanismos adecuados para resolver el conflicto y ha generado un clima de «guerra fría» diplomática entre dos países hermanos. El artículo refleja la complejidad de la situación –que incluye puentes internacionales cortados, una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y el deterioro visible de las relaciones bilaterales– y analiza el rol de los distintos actores involucrados. Solo si se construye un escenario que no sea de suma cero, en el que ambos países salgan ganando, será posible superar un conflicto que ha escalado hasta el absurdo.

Las pocas informaciones disponibles confirman la selectividad de los sistemas penales y penitenciarios latinoamericanos, que castigan y discriminan a la población no blanca. El «color» de las cárceles es el de la raza, no en el sentido de la pertenencia a un grupo étnico en particular, sino como marca de una historia de dominación colonial que continúa hasta nuestros días. El artículo sostiene que, si las naciones latinoamericanas mantienen en su interior la estructura colonial –y su correlato, el orden racial–, no podrán construir un Estado plenamente democrático ni un discurso jurídico-penal que no sea utópico e irrealizable.

El discurso de la inseguridad es representado por los medios de comunicación a través de estrategias ligadas al modo en que conciben su trabajo y los criterios que lo rigen. La noticiabilidad que organiza la labor periodística deriva, en el contexto latinoamericano, en un justicialismo mediático que debilita cualquier alternativa que no sea la cárcel. El resultado es la sobrepoblación de las prisiones y la estigmatización de los culpables, que son siempre los jóvenes y los marginales, como demuestra el artículo a partir del estudio de los casos de las pandillas juveniles y de los inmigrantes latinoamericanos en España.

Como redención o como opresión, la cárcel ha estado siempre presente en el cine. El artículo analiza dos ejemplos latinoamericanos: Deshonra, que a través de la historia de una mujer injustamente encarcelada narra la transformación de la Argentina peronista, y Carandiru, que muestra la matanza de 1992 en un penal de San Pablo como reflejo del sentimiento de inseguridad y miedo de las sociedades contemporáneas. Pese a las obvias diferencias y el medio siglo que las distancia, ambas películas apelan a un discurso populista en un registro claramente melodramático.

Durante años, la izquierda prestó poca atención al tema de la inseguridad, que consideró un subproducto de problemas más estructurales como la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, el aumento de los niveles de criminalidad registrado en las últimas dos décadas en América Latina obliga a las fuerzas progresistas a buscar caminos diferentes del enfoque tradicional que propone más policías, más penas y más cárceles. Para ello es necesaria una estrategia integral que no expanda aún más la red penal y que conciba la cárcel como el último recurso de una cadena de soluciones que incluya la prevención, los mecanismos de mediación, la indemnización a las víctimas y las penas alternativas.

La situación de las cárceles femeninas es dramática. No solo porque las mujeres detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas sumisas y madres presentes que les asigna la sociedad, sino también por la falta de leyes y políticas adecuadas para abordar problemas como el de las madres lactantes o los hijos de las mujeres encarceladas. Esto se suma a otras cuestiones, como la violencia sexual y el hacinamiento producto del aumento de la población penitenciaria femenina, generalmente por delitos relacionados con el microtráfico de drogas. El artículo sostiene que, para resolver estos graves problemas, es necesario incluir un enfoque de género en las políticas penales y penitenciarias.

Dos encuestas realizadas en cárceles mexicanas revelan las pésimas condiciones de vida de casi un cuarto de millón de presos: hacinamiento, falta de atención médica y la necesidad de apelar a los familiares para garantizarse la alimentación más básica forman parte de una tendencia que se ha profundizado en los últimos diez años. La administración de justicia también presenta graves deficiencias, desde las dificultades para investigar delitos complejos hasta la violación de las garantías legales. El artículo sostiene que solo si combate la impunidad y se arraiga la percepción de que hay reglas que nadie viola será posible reducir de modo sostenido los índices delictivos.

En Brasil, la tasa de muertes en crímenes violentos es de 27 por cada 100.000 habitantes, pero se multiplica por cuatro si se considera solo a los varones jóvenes y pobres que viven en las favelas. Para enfrentar esta verdadera tragedia social, el artículo argumenta que es necesario, en primer lugar, que el Estado cumpla las leyes, ya que la violación de los derechos humanos y la impunidad consagrada por los poderes públicos es la causa fundamental del aumento de la inseguridad. La policía debe ser reformada de acuerdo con parámetros democráticos, las cárceles deben ser atendidas y las hipótesis simplistas que sugieren aumentos de las penas y medidas brutales de represión deben ser abandonadas.

Las concepciones clásicas definen la cárcel como una «institución total», donde todos los aspectos de la vida cotidiana son administrados por una autoridad represiva. El trabajo etnográfico realizado en una cárcel de Ecuador demuestra, por el contrario, que dentro de las prisiones funcionan complejos sistemas de intercambio y negociación, como el «refile»y la construcción de organismos de administración gestionados por los propios internos. El aumento de los presos acusados de narcotráfico, producto de las políticas antidrogas impulsadas por Estados Unidos, explica que este tipo de prácticas de autogestión se haya institucionalizado y se haya convertido en el principio organizador fundamental de la vida en las cárceles.

Una política integral contra el delito y la delincuencia debe partir de un diagnóstico adecuado, que contemple los matices y las particularidades de cada situación, y debe dejar de lado la falsa dicotomía entre coerción (estrategia defendida por la derecha) y prevención (postulada por los sectores progresistas). Desde el punto de vista penal y penitenciario, es necesario evitar la judicialización de cualquier conflicto o acto de violencia, que solo conduce a desbordar al Poder Judicial y agravar el problema de la superpoblación en las cárceles. La creación de ciudadanía es el mejor antídoto para enfrentar la violencia social, cuyo efecto más pernicioso es, precisamente, la destrucción de la confianza ciudadana.