¿Cuál fue el problema básico del desarrollo industrial en América Latina o Europa oriental? No fue el establecimiento del aparato industrial, si no el desarrollo de la rentabilidad en comparación con otros países. El nuevo reto que afrontan los países latinoamericanos requiere un enfoque sistémico, dirigido a la creación de estructuras en todas las áreas relevantes para la competitividad, la integración de las fuerzas nacionales, dondequiera que sea posible, y un diálogo permanente entre los actores internos.

Después de haber proporcionado en cierto sentido el paradigma mismo para la industrialización de las economías del Tercer Mundo en las primeras décadas de la posguerra, ahora la estrategia industrial de América Latina ha sido colocada en el banquillo de los acusados, y parece culpable de todas las calamidades sociales que aquejan a esta región. Es evidente, por cierto, que el desempeño industrial latinoamericano de la década pasada no se corresponde ni con su potencial productivo intrínseco, ni con las demandas de generación de empleos y mucho menos con las exigencias impuestas por la revolución tecnológica. Pero ello no se debe a las insuficiencias de la industrialización misma, sino más propiamente a las políticas neoliberales, que han postergado la discusión sobre el necesario viraje cualitativo del desarrollo industrial en América Latina.

Aunque el estudio y el análisis de los procesos que han marcado las pautas en las relaciones de EE.UU. con América Latina y el Caribe son complejos y rebasan las intenciones del presente trabajo, si se tiene en cuenta que ellas son plenamente inteligibles sólo de cara al contexto histórico y global que influye y sobre el que interactúa la política, la economía y la «seguridad» de Estados Unidos, procede plantear algunos de los aspectos más sobresalientes de continuidad y discontinuidad que presenta la actual constelación de fuerzas, en especial porque en los círculos académicos estadounidenses y también en algunas de sus contrapartes latinoamericanas, persiste el tipo de retórica que tiende a oscurecer, tanto como a trivializar, asuntos nodales en momentos en que es más necesario que nunca recurrir a los aparatos conceptuales y explicativos de mayor calibre.

La opinión pública internacional descubrió con sorpresa, en octubre de 1988, que la República Argelina, cuya activa militancia tercermundista y explícita voluntad socialista la habían convertido en paradigma en las décadas del 60 y 70, oscilaba al borde del abismo. En efecto, el 5 de octubre de aquel año la población salió a las calles a gritar su descontento en forma de furia colectiva y espontánea que presagiaba el fin de una época. Un amplio sector de la juventud desempleada y desesperada empezó por apoyar las huelgas que en días precedentes habían paralizado Argel, la capital. El movimiento se originó como protesta por la degradación constante del poder adquisitivo, pero se convirtió rápidamente en un rechazo masivo al gobierno y sus símbolos, y más de un analista supo ver en estos acontecimientos los síntomas de un mal explosivo que había empezado a minar la sociedad argelina.

Como en gran parte de América Latina, en los últimos años, en Panamá los movimientos sociales rebasaron a los partidos políticos, en particular después de la intervención extranjera. Estos movimientos - sindicales y gremiales, barriales y de víctimas y damnificados de la invasión, juveniles y estudiantiles precipitaron la crisis del régimen instalado por el golpe militar estadounidense en diciembre de 1989 y, al cabo, posibilitaron reabrir un espacio a los partidos de efectiva oposición. Tras la crisis política precedente, la intervención extranjera generó una situación históricamente nueva. Durante los tres siguientes años, se evidenció un desfase o agotamiento del liderazgo político anterior, lo que venía incubándose de antemano. Temporalmente, pareció que serían dichos movimientos quienes podrían colapsar al gobierno e iniciar la reconstrucción de la soberanía popular y nacional. Pero no fue así.

Cerca de cumplirse los seis meses de la insurrección de Los Angeles, a 3.000 millas de distancia del escenario, un grupo de adolescentes negros establecía en un conjunto de murales su propia interpretación de la historia de Rodney King. En un predio de edificios abandonados de Dorchester en Boston, una serie de paneles con figuras egipcias multicolores reproducía las escenas que desataron la respuesta popular más violenta en décadas en Estados Unidos. Los jóvenes artistas, cuya tarea del verano consistía en «limpiar» los grafitis del vecindario, decidieron contar a su manera lo que ellos denominaron «parte de nuestra historia». En total 56 bastones policiales, uno por cada golpe que una videocámara pudo captar, y un jurado con 10 miembros blancos de un total de doce, fue de lo menos simbólico de la obra. Tal vez por esto mismo, el impacto fue mucho más político que artístico.

Su lucha no propicia la justicia social Santa Fe de Bogotá, 20 de noviembre de 1992 Señores Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar: Nuestra condición de demócratas convencidos, contrarios a la violencia y a las opciones autoritarias, nos da el derecho moral de poner en tela de juicio la legitimidad y la eficacia de la acción que ustedes sostienen desde hace años. Estamos en contra de esa forma de lucha en el momento actual. Creemos que ella, en lugar de propiciar la justicia social, como parecía posible en sus orígenes, ha generado toda clase de extremismos, como el recrudecimiento de la reacción, el vandalismo paramilitar, la inclemencia de la delincuencia común, y los excesos de sectores de la fuerza pública, que condenamos con igual energía.

He creído, a propósito de la llamada política de paz, que Colombia ha sido víctima de un diagnóstico errado. No sé cómo se produjo. Quizá el primero en acogerlo y apoyarse en él para intentar la pacificación del país fue Belisario Betancur. Belisario es un idealista y un hombre de temperamento generoso, en cuya formación han debido concurrir, en dosis equivalentes, el pensamiento de santo Tomás, las encíclicas papales y, de manera un tanto subrepticia, las ideas de Carlos Marx que, en sus tiempos de estudiante y entre muchos de sus amigos, tenían un aura de avanzada. Así, con su buen corazón y este bagaje ideológico, un tanto promiscuo, Belisario decidió buscar la paz a través del diálogo, en vez de proseguir el severo tratamiento represivo aplicado a la guerrilla por su antecesor, Julio César Turbay.

Mucho se ha escrito en Colombia sobre el tema de la guerra y la paz, particularmente durante la última década. La búsqueda de la paz ha sido el tema predominante, en virtud de que los tres últimos gobiernos (Belisario Betancur, 1982-1986; Virgilio Barco, 1986-1990, y César Gavidia, 1990-1994) han hecho múltiples y variados esfuerzos por darle un tratamiento político al viejo problema de la violencia guerrillera, con el común denominador de buscar un diálogo sostenido entre las partes en conflicto. Pero aunque el objetivo implícito del controvertido proceso de paz ha sido sustituir los medios militares por los de carácter político para alcanzar la pacificación del país, hasta el presente ninguno de los gobiernos mencionados ha podido combinarlos adecuadamente bajo un criterio unificado que permita acercarse a ese objetivo. Por eso las acciones militares han operado en gran medida como rueda suelta. Esta ambivalencia de medios para lograr la paz se ha prestado para mantener viva una controversia que se ha empantanado y para hacer más frágiles las vías políticas de la negociación.

Todavía no se han decantado suficientemente las reacciones que provocó la declaratoria del estado de conmoción interior. Diferentes fueron las posiciones, y contradictorias en muchos casos, aun cuando explicablemente abundaron las adhesiones y las manifestaciones de solidaridad con el Gobierno. Muchos ciudadanos, muchos políticos, representantes de gremios, organizaciones cívicas y sociales, representantes de la prensa y comentaristas diversos de la vida nacional, han dicho que sí a la situación de emergencia y respaldado con su opinión las medidas adoptadas. Incluso de diferentes lados las han pedido más enérgicas, más definitorias, y han sido bastantes los que, al respaldar al Gobierno, le han hecho objeto de agudas recriminaciones por una actitud que consideran perjudicialmente extemporánea.

Estamos comprometidos en la solución política Montañas de Colombia, diciembre 2 de 1992 Señores Antonio Caballero, Gabriel García Márquez, Nicolás Buenaventura, Fernando Botero y demás firmantes de la carta: Al saludarlos y agradecerles sus importantes apreciaciones sobre la existencia de la insurgencia colombiana, queremos también hacerlos partícipes Es importante destacar que la lucha guerrillera revolucionaria en Colombia, nació, se desarrolló y continúa creciendo como respuesta popular a la permanente violencia del Estado que impide a sangre y fuego la existencia de una oposición al establecimiento. No ha sido pues, ni un fin ni un objetivo. Ha sido simplemente un medio para resistir la agresión y luchar por la democracia y la dignidad.

Para considerar las perspectivas de la integración de América Latina en el actual contexto económico internacional, deben ser tenidos en cuenta múltiples factores. Varios de ellos remiten a la formación de espacios económicos de intercambio de dimensión regional o subregional que, según los casos, comienzan a adquirir características de bloques económicos. Sobre el carácter y configuración de esos espacios inciden los procesos de trasnacionalización y la globalización, en el contexto de conflictiva universalización del capitalismo.

Estamos ante la emergencia de un nuevo sistema internacional. La sociedad global en formación se caracteriza por un proceso de globalización segmentada. En este contexto de cambios, América Latina debe encontrar una nueva inserción que facilite su desarrollo. En el área latinoamericana, la voluntad de integración reapareció con fuerza en los últimos años. Esta hoy se expresa principalmente en acuerdos y acciones subregionales o de carácter bilateral. Algunas se han desarrollado exitosamente. Sin embargo, otras se fijaron metas que carecían de viabilidad, lo que se ha reflejado en confusión y retrocesos en los procesos y mecanismos; de allí la proliferación de diversos acuerdos aparecidos en pocos meses.

Tal como lo reflejan los cambios que el proceso de integración subregional experimentó en los últimos años, su contenido y carácter ha sido influido por la evolución de los procesos de reforma económica. El diferente ritmo e intensidad de estos últimos y ciertas características estructurales de las economías también contribuyen a explicar la diferente recepción que en los dos mayores miembros del Mercosur han tenido propuestas más amplias de integración hemisférica.

El proceso de regionalización en la Cuenca del Caribe, del cual el Grupo de los Tres es un protagonista esencial más allá de los condicionamientos y presiones que puedan imponer el sistema internacional y los actores extrarregionales, ha evidenciado, en los últimos cinco años, la articulación progresiva de un bloque político-económico regional, por encima de las diferencias políticas, lingüísticas y culturales, las vulnerabilidades y distintas magnitudes de las respectivas economías y las dificultades internas que, a raíz de los programas de reconversión económica, han vivido la mayoría de los países de la región.

La nueva integración formal difiere sustantivamente de la que se estableció en la región durante los años 60 y 70. La integración de dichas décadas se concebía como una forma de proseguir a nivel regional las políticas de sustitución de importaciones prevalecientes en cada país, con el fin de aprovechar economías de escala, desarrollar ramas industriales cuyos costos en los pequeños mercados nacionales eran muy altos, y disminuir la inestabilidad del sector externo generada por las fluctuaciones en los precios internacionales de los productos básicos de exportación de la región. La integración actual ocurre dentro de un entorno de economías abiertas, y se concibe como una complementación a ellas, para facilitar la inserción de los países de la región en la economía mundial.

La crisis de la deuda externa ha marcado América Latina de manera más profunda de lo que podía esperarse de una restricción financiera, por severa que ella fuese. Ha cambiado radicalmente no sólo la concepción de las políticas gubernamentales sino los objetivos y las formas de las instituciones que poco a poco se habían erigido en el pasado. Una de ellas es la integración económica. Esta se propone ahora finalidades distintas a las que antes perseguía y se apoya en fórmulas que tienen muy poco en común con las que regían a principio de la década de los 80.

La IPA se plantea como una estrategia a largo plazo por parte de EE.UU. con el objeto de estructurar una relación con los países de América Latina y el Caribe sobre bases que privilegien los factores económicos - deuda, comercio e inversión - por encima de las consideraciones estratégicas e ideológicas que prevalecieron durante el período de la guerra fría. Este nuevo enfoque no supone, sin embargo, un abandono de la proyección hegemónica de EE.UU. en el área, sólo que ésta se redefine sobre una base diferente: la economía y el comercio a escala hemisférica.

La crisis del socialismo real en la URSS y los países de Europa oriental, y la posterior reunificación alemana, han venido a suponer para la Comunidad Europea un desplazamiento decisivo del foco de interés de su principal potencia, la actual Alemania, llamada a sustituir el papel económico que anteriormente desempeñara la URSS en sus relaciones con la RDA y el conjunto de países de la Europa oriental. Con ello, corre el riesgo de producirse también una alteración sustantiva del propio proceso de integración de la CE, ahora enfrentado a unos supuestos y realidad completamente nuevos respecto a toda su historia anterior.