Nota: las autoras agradecen a la organización Caracas Mi Convive. Este artículo se basa en los hallazgos de las investigaciones «Estudio sobre el impacto de la proliferación de armas de fuego, las economías ilícitas y la militarización de la seguridad ciudadana en la ocurrencia de homicidios en Venezuela» y «Los operativos policiales en Venezuela post-Chávez: análisis crítico de sus actuaciones desde la perspectiva de los ciudadanos y los funcionarios de los cuerpos de seguridad».

Introducción

En 2016, la tasa de homicidios de Venezuela se ubicó en 70 cada 100.000 habitantes. Es la más alta en la historia nacional y la más elevada de la región después de la de El Salvador, ubicada en 81 homicidios por cada 100.000 habitantes ese año¹. Para comprender el aumento reciente de la violencia en Venezuela y específicamente en Caracas en el periodo posterior al fallecimiento de Hugo Chávez, tenemos que colocar en el centro del análisis los discursos y las prácticas estatales en un contexto de caída de los precios petroleros. En este artículo, proponemos que esta inusitada violencia puede ser explicada por el impacto que ha ocasionado, dentro del histórico proceso de militarización de la seguridad ciudadana, una primera fase de punitivismo carcelario masificado. Este se inició en 2009 con el lanzamiento de una nueva etapa de operativos militarizados, y con el pasar de los años, más específicamente en 2015, abrió paso a una práctica de matanza sistemática extralegal, que se convirtió en la estrategia fundamental de control de los sectores populares y que transformó al Estado, específicamente a un sector militar y policial, en un actor fundamental de la violencia letal en el país.

En este sentido, compartimos la mirada de José Miguel Cruz, quien señala que, para comprender la violencia en El Salvador, y en general en América Latina, tenemos que poner el foco en las formas en que el Estado contribuye directamente a la violencia. Estas van desde la extensión de los límites legales del uso de la fuerza legítima hasta la asociación con grupos criminales y milicias, en busca de legitimidad y autoridad política². Este artículo se plantea documentar a partir de múltiples fuentes –estadísticas oficiales, discursos públicos, entrevistas con agentes policiales, testimonios derivados de entrevistas y observaciones en una comunidad afectada por los operativos militarizados– y propone que podemos leer el pasaje de una política punitiva carcelaria masiva a una práctica de muerte sistemática implicada en la extrema violencia policial de operativos militarizados como el avance de la necropolítica³ en el país. Utilizaremos para ello, además, el aporte de Keymer Ávila y Andrés Antillano⁴, quienes develan que el aumento de la letalidad en la actuación policial bajo las políticas de mano dura ha incrementado la violencia y los homicidios en Venezuela.

2009: la masificación del punitivismo carcelario

La violencia y la histórica utilización de esquemas militares en la policía venezolana son problemas antiguos en el país, como ya ha sido ampliamente documentado⁵. Desde los años 80, el trabajo de Tosca Hernández ha develado la arbitrariedad de la actuación policial en las detenciones masivas implicadas en los «operativos extraordinarios» que se volvieron rutinarios, en los que, bajo el paraguas de la derogada Ley de Vagos y Maleantes, se encarcelaba a la población masculina pobre⁶. En este sentido, el punitivismo carcelario tiene un extendido arraigo en el país. Sin embargo, luego del aumento sostenido del número de crímenes violentos y de una reforma policial aún en curso, a partir de 2010 se inauguró una nueva fase de operativos militares, con el lanzamiento del operativo Dispositivo Bicentenario de la Seguridad, seguido del operativo Madrugonazo al Hampa, en 2011. Estos planes consistieron en invasiones masivas a barrios y en la detención de jóvenes varones pobres. El general Antonio Benavides, responsable del operativo, declaró: «El destino final de todo delincuente es la cárcel o bajo tierra»⁷. Proclamaba así el giro que se evidenciaría en una nueva fase de matanzas sistemáticas por parte del Estado.

Bajo el punitivismo carcelario se pudo advertir el intenso incremento de la población penitenciaria en un corto periodo: el número de encarcelados pasó de 30.483 a 50.000 entre 2009 y 2011. De hecho, el entonces ministro para el Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, comentó en Twitter: «La situación es compleja, durante el año 2010, el sistema penitenciario alcanzó la población privada de libertad más alta de la historia», lo que develaba el avance del estado penal en el periodo de revolución socialista⁸.

Este rápido incremento de la población privada de libertad originó a su vez nuevos problemas sociales, como la crítica situación en las cárceles, las recurrentes reyertas en las prisiones y, finalmente, la evidencia de una pérdida de control de las prisiones por parte de las autoridades estatales frente a la sofisticada organización interna y autónoma de los presos⁹.

Con la muerte de Hugo Chávez y el inicio de la presidencia de Nicolás Maduro en 2013, y con Néstor Reverol a la cabeza del Ministerio del Poder Popular de Relaciones Interiores y Justicia, el ala militar asume la hegemonía en las políticas de seguridad ciudadana. A pesar del incremento sostenido de los homicidios durante el curso de los planes anteriores –de acuerdo con los datos del Ministerio Público, las tasas de homicidio aumentaron de 45 homicidios cada 100.000 habitantes en 2010 a 53 cada 100.000 habitantes en 2012–, se insistió con el lanzamiento de un nuevo operativo denominado «Patria Segura» en 2013. El presidente Maduro afirmó que la Policía Nacional tenía que asumir una disciplina militar¹⁰ y anunció así el giro de la actuación policial y la interrupción del esfuerzo por tener una policía de orientación civil, apegada al uso progresivo de la fuerza planteada en la reforma policial iniciada en 2006.

Se verificaba así el recrudecimiento de la militarización de la seguridad ciudadana y la contención punitiva de los sectores populares, lo que en nuestro continente se conoce como políticas de «mano dura»¹¹. Se instauró de manera cada vez más evidente la dominación militar¹². De hecho, durante el gobierno de Maduro se verificó una militarización más amplia, con el incremento del número de ministros militares, como se revela en el seguimiento de ministerios presididos por militares que hemos realizado en el marco de nuestras investigaciones: en 1999, 10% de los ministros eran militares; esta proporción aumentó a 31% en 2004, año que siguió al periodo de intensa conflictividad política de golpes de Estado y paro petrolero; y en 2017, bajo la presidencia de Maduro, los ministros militares ocupaban 50% de las carteras ministeriales¹³.

2015: el avance de los operativos militares letales

El año 2014 presentaba enormes desafíos en el marco de la reducción de los precios del petróleo y el severo deterioro de las condiciones económicas y de vida de la población. Después de cinco años de operativos militarizados masivos, los homicidios no disminuyeron; al contrario, aumentaron, y en 2014 la tasa de homicidios creció a 62 homicidios por cada 100.000 habitantes¹⁴.

Los trabajos de orientación etnográfica realizados por Antillano señalan una reorganización del mundo criminal para hacer frente común a la policía en su territorio, así como un aumento de su capacidad de fuego¹⁵. Este diagnóstico, como veremos más adelante, sería compartido por las propias fuerzas policiales, que definieron un nuevo operativo para responder a estos desafíos: el Operativo de Liberación y Protección del Pueblo (olp), lanzado en 2015. Este operativo –sobre todo las prácticas que se extienden al conjunto de las fuerzas del orden–, lanzado en un año electoral, marca el inicio de la nueva fase de matanza sistemática. Incluso algo muy relevante desde una perspectiva simbólica, los efectivos empezaron a ingresar en los barrios ocultos detrás de «máscaras de la muerte»¹⁶.

El 13 de julio de 2015, el barrio caraqueño Cota 905 amaneció en urgencia por una ostentosa irrupción militarizada en la que murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana. Horas más tarde, Maduro anunció el nuevo operativo militarizado que denominó olp. El presidente afirmó en la tarde: «Con estos cuatro operativos de arranque (...) tenemos elementos en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo»¹⁷. El 15 de septiembre, dos meses después, un popular diario, reconocido por utilizar un lenguaje llano y directo, tituló: «Abatidos 106 choros en dos meses»¹⁸ y reportó que 1.574 «antisociales» habían sido puestos tras las rejas y habían sido incautadas 1.564 armas de fuego. Así, 106 presuntos delincuentes fueron asesinados en solo dos meses por masivas intervenciones militarizadas perpetradas por agentes del Estado. «Abatidos», tituló el diario con vocabulario de guerra, como si se tratara de una victoria contra un «enemigo». Este lenguaje de guerra revela precisamente la «maquinaria de la atrocidad», como lo refieren Martha K. Huggins, Mika Haritos-Fatouros y Philip G. Zimbardo con respecto a los casos de torturas policiales y muertes en Brasil, para subrayar que, más allá de los agentes perpetradores de estas muertes, hay toda una red de agentes y sus superiores que ignoran, excusan, apoyan e inclusive recompensan estas muertes¹⁹.

El operativo se definió como una estrategia de recuperación de soberanía territorial frente a la expansión del poder criminal. En un documento ministerial sobre este operativo, en una nueva fase denominada Operativo de Liberación Humanista del Pueblo²⁰, luego de la profusión de denuncias de violaciones a los derechos humanos, se define: «El Ejecutivo Nacional ha venido aplicando políticas públicas de seguridad ciudadana, con el firme propósito de garantizar y resguardar la seguridad de los venezolanos, así como la liberación de zonas que han sido ocupadas por grupos delincuenciales, vinculadas al secuestro y paramilitarismo instalado en el país». El informe no destacaba que el armamento de guerra, como las granadas que ostentan los grupos criminales, solo ha podido fugarse de instancias militares, y oculta así la complicidad de sectores militares en el incremento de la capacidad letal de las redes criminales, como subrayaremos más adelante.

En una entrevista que sostuvimos con un agente policial que denominaremos Pedro, este comentó la lógica de la acción estatal subyacente a estos operativos:

Ellos pensaron que era necesaria la represión, ¡represión extrema para poder controlar el nivel de delincuencia! ¿Por qué? Porque ellos sabían que el nivel de pobreza que está viviendo Venezuela iba a hacer que se incrementara la delincuencia. Y ¡necesitamos sembrar terror! Para que aquellos que tienen necesidad no se atrevan a robar. Porque hay personas que están robando que yo jamás pensé que iban a robar.

A esto se le suma el incremento de la conflictividad criminal. Los resultados de los operativos represivos de esta naturaleza en América Central y Brasil revelan que uno de los efectos esperables de estas avanzadas es que las redes criminales procesen la situación como una guerra y se organicen más eficazmente para responder, frente a lo cual el Estado, en un círculo vicioso, debe responder con mayor violencia²¹. Un agente policial que entrevistamos señaló que Venezuela está atravesando un «periodo pico de conflictividad criminal» y agregó: «ha sido público que existen grupos armados con granadas y armas de alto calibre».

Detrás de la guerra declarada a los «grupos delincuenciales» y al «paramilitarismo», el uso de granadas por parte de los grupos criminales estaría revelando la colaboración entre funcionarios militares y el mundo criminal²², ya que estas armas de guerra provienen de las Fuerzas Armadas. En la investigación «Tráfico y uso criminal de granadas en América Latina y el Caribe»²³, se concluye que, con excepción de las granadas artesanales, las únicas fuentes de estas armas son los arsenales militares. Así, «su uso y tráfico radica en la corrupción de personal militar y en la mala gestión de los arsenales y depósitos» que facilitan los robos y desvíos. El estudio, que comprendió el monitoreo de medios entre enero de 2013 y marzo de 2015, expuso que Venezuela y México, que presentan un contexto de altos niveles de violencia, y Colombia, sumergida en ese entonces en su conflicto interno, son los países en los que se observa un uso intensivo de granadas. Venezuela fue el país con más víctimas fatales producto de estallidos de granadas (18), seguido por Colombia (8) y México (7). En el seguimiento de reportes en prensa a escala nacional que realizamos entre 2016 y 2018 registramos el doble: 36 muertos y 24 heridos por la manipulación de granadas.

La matanza sistemática

La lógica de militarización –en tanto expansión de la lógica bélica–, la creación del estado de excepción –en tanto suspensión de derechos y ciudadanía–, la conformación local del «estado de excepción»²⁴ –en tanto toma militar de los barrios para recuperar la soberanía– y, finalmente, la matanza constituyen a nuestro entender el giro de la política punitiva carcelaria masiva a una práctica sistemática de muerte, en un contexto de merma de legitimidad estatal²⁵.

El agente Pedro, a quien entrevistamos, respondió así a la pregunta de por qué tantas muertes por parte de las fuerzas de seguridad:

¿Qué pasa? que la filosofía de los funcionarios es decir: si los mandamos a la cárcel, bueno, ¡eso es como un hotel!, eso es una residencia para ellos de cinco estrellas. Entonces empiezan a delinquir desde allá dentro y coordinan los secuestros, las extorsiones, los robos. Todo lo que sea desde allá dentro es más complicado todavía. Las cárceles están abarrotadas. Es decir, todos esos cabecillas, estos tipos complicados hay que eliminarlos. Entonces empezamos a eliminar, eliminar, eliminar. Así, para limpiar, sobre todo los sectores populares, la población pues. Porque en realidad, sí ha disminuido. Reconozco que lo que hizo el Estado de tomar esta opción de violar los derechos humanos y acabar con los delincuentes, eliminarlos, ha hecho que disminuya la delincuencia, pero han matado bastante.

Otros agentes policiales entrevistados sostuvieron un discurso similar. En varias entrevistas, agentes policiales explicaron que el objetivo de la olp era «acabar con la delincuencia (…) es como un grupo de exterminio». Otro agente policial explicó: «en este tiempo salió lo que es la olp, el faes²⁶ (…) que personas que no sirvan se eliminan, (…) lo veo más, como se lo dije ahorita, más fácil hacer esa limpieza social que otra vez ingresarlo a una penitenciaria, donde ahí ellos tienen más beneficios».

El 31 de marzo de 2017, un año y ocho meses después de haber lanzado el operativo, el mismo día en que la entonces fiscal general Luisa Ortega denunció la ruptura del hilo constitucional, también expresó que en 2016 fueron asesinadas en Venezuela 21.752 personas. Esto representó un importante incremento de la tasa de homicidios, que se ubicó ese año en 70 homicidios por cada 100.000 habitantes. De estas, precisó en esa alocución, 4.667 murieron a manos de las distintas fuerzas del orden. En otras palabras, aquel día la fiscal estaba revelando que el Estado venezolano, en las distintas incursiones de las fuerzas del orden, había sido responsable por 21% de las muertes violentas sucedidas ese año. Asimismo, en un informe del Ministerio Público sobre la actuación de las fuerzas del orden en el marco de las olp en el que se registraron investigaciones por 505 personas fallecidas, se reveló que la gran mayoría (60%) eran jóvenes de entre 18 y 25 años y 5% eran adolescentes²⁷. Para fines de 2017, el ministro Reverol, al hablar sobre «el descenso» de crímenes durante su gestión, reconoció que unas 4.389 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad²⁸.

Para que se tenga una idea de la magnitud de la matanza, resulta indicativo establecer una comparación: tradicionalmente, la policía de Brasil ha sido considerada como una de las más violentas del mundo²⁹; pues bien, en 2016, en un país con 207 millones de habitantes, las fuerzas policiales fueron responsables de 4.219 muertes, es decir 7% de las muertes violentas en ese país³⁰. Estas magnitudes revelan que el Estado venezolano estaría extralimitándose sistemáticamente en el uso de la fuerza legal, transgrediendo sus propias restricciones legales.

Estas dimensiones estarían develando la práctica de muerte de la que hablamos. Así, en este contexto de escasez y colapso del sistema de salud pública, pero también con la economía formal devastada, en el que se evidencia un excedente de población que no puede insertarse en esa economía, sobre todo jóvenes varones de sectores populares, estamos viviendo tiempos ya no de encarcelamiento masivo, sino de expansión de la necropolítica. La necropolítica es una noción que el filósofo camerunés Achille Mbembe³¹ elabora a partir de la noción de biopolítica de Michel Foucault, pensando en la relación entre el Estado y los ciudadanos en el África poscolonial. De acuerdo con Mbembe, la necropolítica es una política de muerte contra un sector de la propia población, a la que se somete a un estado de excepción y de enemistad que se halla en la base de la práctica estatal del derecho de matar. Y es curioso cómo un joven de 17 años con quien conversamos describía a partir de la vivencia en su comunidad justamente este patrón, cuando habló de la irrupción policial durante los operativos: Ellos decían que estaban arrechos³² con el barrio, que nuestro barrio no tenía beneficios, que ellos tenían órdenes y ellos cumplían esas órdenes estrictas. Que si a ellos les daban órdenes de que mataran a seis personas, sea malandro, sea sano del barrio, tenían que bajar seis muertos, a juro, eso era lo que decían ellos, pues, más que todo.

Bajo la necropolítica, el poder «hace referencia continua e invoca la excepción, la urgencia y la noción ficcionalizada del enemigo»³³. El mismo nombre «Operativo de Liberación y Protección del Pueblo» revela la concepción de despliegue militar típica de una situación de guerra, en la que se fusiona la noción de enemigo externo con la de enemigo interno para poder suspender la condición de ciudadanía y perpetrar la matanza contra los ciudadanos a quienes el Estado en teoría debe proteger³⁴. Visitamos y recogimos testimonios en uno de los barrios donde comenzó la olp para registrar el impacto de la militarización en la vida cotidiana de sus pobladores. En esta comunidad, los operativos militarizados masivos irrumpieron semanalmente por más de dos años, y es evidente en los relatos de los habitantes, pero también en las balas en las puertas y paredes de las casas en la comunidad, el estado de excepción en el que vivieron por ese largo periodo. El estado de excepción, como nos ilustra también Agamben³⁵, en tanto situación en la que el poder soberano suspende todo tipo de derechos por una decretada emergencia identificada por el poder mismo –en nuestro caso, el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico, los grupos delincuenciales–, se convierte en la norma y se borra todo estatus de ciudadanía de las personas. En esta línea, un joven de 18 años del barrio explicó:

La mayoría de las veces, cada vez que sube la olp pa’ acá, es entrando pa’ las casas, rompiendo la puerta y sacando a la gente sana. A la mayoría de los hombres siempre los sacan y les empiezan a dar una paliza aquí afuera, y dejando a las mujeres entrar pa’ la casa, sin poder defenderlos ni nada. Si les da la gana los matan, sin preguntar un pero, sin preguntar un por qué.

Nos impresionaron la devastación y el terror ocasionados por los agentes policiales. De acuerdo con los relatos de los habitantes con quienes conversamos, durante esos dos años entraron encapuchados, rompiendo las puertas. En efecto, pudimos constatar que las puertas de las viviendas están abolladas y las paredes, reventadas por las mandarrias. En respuesta, la gente ha colocado cadenas con enormes candados, no para defenderse de los delincuentes armados locales, sino para protegerse de los agentes policiales, quienes además les roban la comida, los electrodomésticos y otras pertenencias. Han asesinado allí mismo a jóvenes varones, a quienes sacaron literalmente de sus camas mientras dormían y en la madrugada, como fue el caso de dos mujeres que nos narraron los asesinatos de sus hijos. Se trata, en efecto, de una toma de un ejército de ocupación armada y la expresión de esta práctica sistemática en la que el Estado se convierte en agencia de muerte, terror y venganza, valga la paradoja, extralegal entre sectores empobrecidos por la devastación económica. Es el avance, pues, de la necropolítica en tiempos de Revolución Bolivariana poschavista.