Tema central
NUSO Nº 284 / Noviembre - Diciembre 2019

Escapar por la frontera colombo-venezolana

La agudización de la crisis económica ha llevado a miles de venezolanos a migrar en condiciones de peligro, sin dinero, ni documentos, ni plan, tan solo con el deseo de escapar de una situación que no les ofrece más que hambre y miseria. Muchos venezolanos pobres han salido a pie por la frontera con Colombia hacia Cúcuta, una región donde grupos irregulares controlan los pasos fronterizos ilegales y el propio Estado convive con la ilegalidad.

Escapar por la frontera colombo-venezolana

Introducción

Las fronteras son límites que demarcan un mundo geopolítico, pero también son espacios de continuidades y encuentros de diversos agentes y representaciones. En los últimos cinco años, junto con el flujo migratorio, las dinámicas de las fronteras venezolanas han cambiado, de allí la necesidad de estudiar a sus nuevos actores y sus problemáticas. Estas realidades se desconocen en Caracas, al igual que las formas de vida de los ciudadanos de los estados de frontera marcadas por esas dinámicas. En este contexto, este ensayo tiene dos objetivos. El primero es presentar algunas cifras sobre la movilidad de los venezolanos hacia el exterior, para lo que recurriré como fuentes a trabajos de investigadores de Colombia y Venezuela, Migración Colombia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur), debido a la falta de información oficial en Venezuela. El segundo es describir el comportamiento de la frontera colombo-venezolana, para lo cual me centraré en los pasos del estado Táchira, que colinda con el departamento colombiano de Norte de Santander, cuya capital es la ciudad de Cúcuta, por ser el más transitado, aunque haré algunos señalamientos de otros puntos fronterizos1.

Realicé esta investigación asumiendo que la violencia en las fronteras venezolanas ha aumentado y se ha hecho más compleja debido a los conflictos políticos, la crisis económica y la falta de políticas de seguridad. Al mismo tiempo, cabe enfocar algunos procesos desde la psicología social, área que constituye mi formación académica. El trabajo de campo implicó cinco viajes a Táchira, uno a Zulia y otro a Bolívar. Es un trabajo etnográfico cualitativo, que incluyó entrevistas a migrantes, a representantes de los cuerpos de seguridad fronteriza, a residentes de Cúcuta, San Antonio, San Cristóbal, Maracaibo y Bolívar, así como a periodistas que cubren sucesos en la zona, comerciantes y representantes de las cámaras de comercio de esas localidades. Llevé adelante observaciones de un día entero en cada uno de los pasos formales de Táchira al Norte de Santander: el Puente Internacional Simón Bolívar, de 315 metros de longitud y siete metros de ancho, el de mayores dimensiones y tránsito de personas, que une San Antonio y La Parada; el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, de 210 metros de largo, en Ureña, y el Puente Internacional La Unión, en Boca de Grita. Todos los puentes están sobre ríos y tienen dos carriles (uno de ida y otro de vuelta); en su momento transitaban vehículos, desde el año 2015 solo hay paso peatonal.

El contexto de Venezuela

Venezuela atraviesa una severa crisis económica; los trabajos de los principales economistas del país así lo señalan2, al tiempo que afirman que las perspectivas de recuperación son escasas a corto plazo. La economía venezolana acumula en los últimos cinco años una caída del pib de más de 50%. Las causas de esta severa crisis se vinculan a una inflexible política cambiaria, con control de cambios y tipos de cambio múltiples, que generó un auge de importaciones y la destrucción del aparato económico; un ambiente de hiperregulación (controles de precio, de cambios, de tasas de interés); sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones que contrajeron el aparato productivo y generaron flujos de inversión privada nacional e internacional que están entre los más bajos de la historia venezolana; crecimiento de los niveles de endeudamiento y completo agotamiento de los recursos ahorrados de los fondos de estabilización macroeconómica (fem) y un aumento de la deuda pública3.

La caída del pib contrasta, por ejemplo, con el buen desempeño macroeconómico de Bolivia y Perú, dos países con fuerte crecimiento y baja inflación, y con modelos económicos muy diferentes. El primero de ellos tiene un enfoque de economía de mercado; el segundo tenía hasta ahora un enfoque dirigido por el Estado y orientado a lo social4. En la última década, Venezuela se ha ubicado entre los diez países con las inflaciones más altas del mundo, lo que ha ocasionado impactos muy negativos sobre los ingresos de los agentes económicos, caída del consumo, empobrecimiento y, sobre todo, pérdida de bienestar de la población.

Un indicador clave del colapso económico es la caída de los salarios reales. El salario mínimo real a mediados de 2019 fue el más bajo de los últimos 18 años y uno de los menores de América Latina. En la actualidad, asciende a 150.000 bolívares; sumado a los bonos de alimentación (otros 150.000), equivale a más o menos 15 dólares mensuales. Para dar una idea de lo que se puede hacer con el ingreso más reciente, un cartón de 30 huevos cuesta en la actualidad 80.000 bolívares, 45.000 bolívares el kilo de pollo entero, 57.000 bolívares el kilo de carne roja y un kilo de jabón para lavar ropa ronda los 150.000. Otras incidencias que terminan por darle expresión a la aguda situación económica son la falta de efectivo circulante y el colapso de servicios públicos como electricidad, agua, vialidad y transporte (25% del parque automotor está detenido por falta de repuestos). Es común leer en los diarios noticias como esta: «Más de 100 horas sin luz y 8 días sin agua tiene la población de Villa de Cura», sobre una localidad del estado Aragua5.

El estado Aragua es el tercero en importancia en el país; en igual situación de precariedad de los servicios públicos están Zulia (el principal estado petrolero del país) y Táchira. Ambos sufren racionamiento de gasolina –el segundo desde hace seis años–, agravado por el contrabando y el diferencial de precio en la frontera. Mientras un litro de gasolina en Cúcuta cuesta 1.941 pesos colombianos (0,56 centavos de dólar por litro), en Venezuela cuesta 6 bolívares (0,0003 dólares). Esta crisis de los servicios básicos, donde incluyo también el suministro de gasolina, comenzó en los estados de frontera y se fue extendiendo a los otros estados que los limitan hasta llegar este año a la capital del país.

Cada una de estas carencias es merecedora de complejos y largos análisis, pero quiero resaltar las dificultades que genera en la vida cotidiana de los venezolanos vivir con racionamiento eléctrico y de agua, que se dañen los equipos eléctricos o electrónicos y que no haya dinero para reponerlos ni repuestos para repararlos, que disminuyan las fuentes de empleo, que se deterioren los hospitales, las escuelas, el transporte; en resumen, el empobrecimiento del país y de la población y los efectos psicosociales de la precariedad y el sufrimiento.

Emigrar

Venezuela, que fue hasta hace algunos años un país receptor de personas, se convirtió, en este contexto económico y social, en un país expulsor de población. Iván de la Vega y Claudia Vargas dan cuenta de que, para el año 2013, ya se estimaba la emigración venezolana en 1.200.000 personas, diseminadas en 65 países, lo que equivalía a 4,28% de la población6. Una de las características de esta primera etapa de fuga es la alta cualificación de un porcentaje significativo de los migrantes, lo que disminuye el capital humano necesario para la recuperación socioeconómica futura. Y el flujo migratorio sigue en aumento: nuevos contingentes de venezolanos pasan las fronteras por zonas legales e ilegales, en condiciones que ponen en peligro sus vidas. Hay referencias de venezolanos que han muerto en las aguas del mar Caribe al intentar llegar en botes a las islas de Aruba, Curazao y Trinidad. Otros salen por tierra hacia Colombia y Brasil y buscan otros destinos en autobuses o caminando.

Los datos más completos los presenta acnur, que estima que 4.486.860 venezolanos están viviendo fuera del territorio nacional, la mayoría en países de América del Sur7. Además, cerca de 650.000 personas han solicitado asilo en diferentes naciones del mundo. Esta cifra representa la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo reportados por los gobiernos anfitriones. Pero sin duda existe un subregistro. Por ejemplo, autoridades de Panamá estiman cerca de 150.000 venezolanos y la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela reporta 69.100; por su parte, Migración Colombia reporta 1.447.171 venezolanos en el territorio colombiano y la Plataforma de Coordinación, 677.313.

De los venezolanos que salen del país, una buena parte pasa por Colombia, ya sea en tránsito hacia otros países o para permanecer en alguna de sus ciudades. Para la ciudad de Cúcuta este flujo poblacional ha significado una verdadera tragedia, que ha hecho necesaria la presencia de organismos nacionales e internacionales en la región para la atención de los migrantes y la construcción urgente de refugios. De los 1.447.171 venezolanos que Migración Colombia estima que han llegado al país, 699.677 están en situación irregular, o bien porque superaron el tiempo legal de permanencia o bien porque entraron sin autorización por los pasos ilegales o trochas. En esta última situación se encuentran los llamados «caminantes», venezolanos que esperan llegar por ese medio (a pie) a Perú o Ecuador. Son los más vulnerables, los más pobres, los que no llevan dinero, ropa adecuada, comida suficiente ni documentos de viaje, desconocen las diferencias climáticas que los esperan o la geografía por recorrer, incluso no pueden imaginar lo que significa caminar 3.500 kilómetros hasta Perú. Ante las preguntas: «¿Hacia dónde van?», «¿Saben cuántos kilómetros van a caminar?», «¿Llevan dinero?», «¿Conocen el camino hasta su destino?», la mayoría respondió con frases como: «Pa’lante», «Caminaremos lo que sea necesario», «No nos devolvemos». El fenómeno de los caminantes se hizo más notorio a partir de mediados de 2018. Al principio eran jóvenes varones exclusivamente, pero luego se comienzan a integrar a los grupos mujeres, niños, familias enteras, incluso mascotas y personas con enfermedades crónicas y discapacidades motoras. El volumen de caminantes era tan grande que Colombia comenzó a colocar puntos de hidratación en el camino Cúcuta-Bogotá, restricciones al paso de mujeres embarazadas y niños, y puntos de vacunación para niños en La Parada, primera localidad que se encuentra al pasar el Puente Simón Bolívar; también se crearon refugios para comer y usar servicios sanitarios. Algunos de esos refugios surgen de iniciativas populares, individuales y de organismos internacionales instalados en la zona de La Parada.

Pasar la frontera hacia Colombia siempre supone para un ciudadano corriente altos niveles de angustia por la arbitrariedad que eso implica. Esto se acentuó a partir de 2015, cuando se cerró la frontera tras un hecho violento en el que resultaron heridos tres funcionarios militares en San Antonio del Táchira. El presidente Nicolás Maduro ordenó entonces de forma unilateral el cierre de la frontera entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander por un lapso de 72 horas, pero el cierre se mantiene hasta la actualidad. Antes de 2015, se podía transitar libremente entre las dos ciudades. Ahora solo se hace caminando con algún justificativo, esto es: una prescripción médica para comprar medicinas o adquirir alimentos básicos para uso familiar. En caso de no tener estos justificativos, están disponibles los caminos ilegales (por debajo de los puentes y por las trochas).

San Antonio, incluso San Cristóbal, capital del estado Táchira, y Cúcuta son ciudades muy cercanas. La convivencia que se tejió entre ambas urbes tenía espacios de «armonía» entre la legalidad y la ilegalidad. Esto se conocía en esos estados y, muy posiblemente, se desconocía en el resto del país. Muchos se movilizaban a uno y otro lado de la frontera para trabajar, estudiar y comprar, al tiempo que existía una alta tolerancia a la ilegalidad, como por ejemplo el contrabando de gasolina, actividad completamente normal en la zona.

Dos hechos llaman la atención sobre el paso de la frontera. En julio de 2016, un grupo de mujeres venezolanas rompen las barreras de seguridad impuestas por el gobierno de Maduro para impedir el paso hacia Cúcuta; en abril de 2019, una crecida del río impidió el paso por debajo del puente y otras trochas, y un grupo importante de personas pasó entonces desafiando los obstáculos sobre el puente y la seguridad. Y es que las fronteras se convirtieron en un aliviadero para las personas que viven en sus cercanías y que necesitan comprar medicinas, alimentos y enseres básicos ante la escasez de estos en Venezuela.

Migración Colombia estima que entre 35.000 y 40.000 venezolanos cruzan a diario por diferentes motivos. Lo principal es el paso pendular: ir a comprar y regresar, lo que da lugar a un nuevo mercado de personas que compran artículos en Colombia y los venden en Venezuela para generarse un ingreso extra en pesos colombianos y dólares. Ese comercio en pequeña escala dio origen a otro de mayor envergadura y desplazó el valor y uso del bolívar por las monedas regionales (colombiana y brasileña). Incluso se organizan viajes desde otros estados del país para abastecerse de los productos básicos y medicinas en Colombia y Brasil. Esto estimuló un nuevo tránsito entre las ciudades y aumentó la escasez de gasolina en estas regiones, así como el cada vez más cotidiano cobro de «vacuna» (sobornos) por parte de las autoridades venezolanas que están en las carreteras y pasos de fronteras, algunas veces en moneda y otras en mercancías. En febrero de 2019, Colombia también cerró su frontera con Táchira, lo que complicó aún más el cruce por ese paso fronterizo. El grueso de las personas se vieron entonces obligadas a pasar por las trochas. Las mismas autoridades informaban que debía cruzarse por allí, indicaban su ubicación y «horario de funcionamiento». En esos espacios hay verdaderas estructuras criminales, dominadas por grupos organizados de delincuentes que cobran dinero para permitir el paso, revisan las mercancías y calculan un pago dependiendo de la cantidad que se desee pasar. A los lados de los puentes podía verse a las autoridades venezolanas y colombianas, que conocen todo el movimiento legal e ilegal de la frontera. Incluso con la frontera abierta, fui víctima de una revisión por parte de paramilitares que me obligaron a abrir la maleta sobre el Puente La Unión. Uno de ellos se encontraba en el extremo del puente del lado de Venezuela con una mesa, donde me obligó a montar la maleta. La revisó cuidadosamente y al ver que mis pertenencias eran ropa y libros, me dejó pasar «gratis».

En el paso por debajo del Puente La Unión hay que pagar para montarse en la barca, pero también al llegar al otro extremo. El pago oscila entre 5.000 y 10.000 pesos (2 y 5 dólares) y en el cobro participan hombres, niños y mujeres. Los primeros días, las barcas se movían y salían con grupos no mayores de diez personas, pero luego de una semana decidieron amarrar las barcas y los migrantes deben pasar haciendo equilibrio con sus pertenencias.

La dinámica más terrible la vi debajo del Puente Simón Bolívar. Se desarrolla allí todo un mundo de prácticas delictivas frente a las cuales los ciudadanos nos sentimos totalmente desamparados y a merced de los delincuentes y los diferentes grupos que dominan la zona. Debajo del Puente Simón Bolívar hay una terminal que ofrece servicios para migrantes sin documentos que desean dirigirse a diferentes ciudades de Colombia, a Ecuador y Perú. Mujeres y niños se encargan de la venta menuda de mercancías: café, cigarrillos, comida, agua; los adultos se encargan del cobro e inspección de mercancía en grandes bultos, comida, llantas, bicicletas, baterías para carros, etc. También pasan ganado, gasolina en gran escala, carros y drogas, pero eso responde a otra dinámica más compleja en la que participa incluso personal de los cuerpos de seguridad de ambos países.

En la actualidad, el cierre de la frontera ha estimulado la economía informal y la pugna entre grupos violentos es más descarnada porque han aparecido nuevos pasos ilegales y nuevas mercancías para contrabandear. El informe de Transparencia Venezuela (2019) señala la presencia del Ejército de Liberación Nacional (eln), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc) y el Ejército Popular de Liberación (epl) y cómo estos grupos han penetrado al menos seis estados del país, así como grupos violentos venezolanos.

Hice cinco viajes a la región del Táchira; en cada viaje parecía enfrentarme a una nueva frontera, con más personas, más ilegalidad y más caos. En la medida en que aumenta la migración, quienes buscan salir del país se van quedando en los alrededores pidiendo dinero, vendiendo café, agua, caramelos, durmiendo en las calles, y los ciudadanos desesperados por la crisis se confunden con los que aprovechan la ocasión para robar y extorsionar. Hay prostitución, trata de personas, trabajo forzoso, niños en la calle mientras sus padres trabajan.

En el caso del paso por la frontera con Brasil, principalmente por el estado Bolívar, la situación es diferente. La frontera se mantiene abierta, aunque allí el gran problema es el Arco Minero8 y la presencia de grupos paramilitares que controlan la zona, y cuando digo «controlan» me refiero a que dominan a los representantes de la autoridad venezolana, están infiltrados en mandos militares, cobran «vacunas» a comerciantes formales, crean peajes ilegales en las carreteras y administran justicia, su justicia. También son frecuentes las ejecuciones y los enfrentamientos entre bandas.

Otro gran problema es que, ante una economía en crisis, es mucho más rentable dedicarse a las actividades ilícitas o a la simple compra y venta de alimentos y otros bienes. Incluso el cabello de mujeres se compra; en desesperación y carencia absoluta, el cabello es un bien.

Todo este cambio en el comercio, el aumento de la economía ilegal, la violencia, la debilidad institucional formal y la crisis económica que atraviesa el país transformaron la relación entre los habitantes de los estados de frontera, su cotidianidad y, en general, la calidad de vida y la tranquilidad de sus habitantes, hasta hacerlos sentir que deben escapar de Venezuela. Para muchos el país se convirtió en un infierno donde hay sufrimiento, hambre, pobreza y falta de oportunidades para vivir dignamente.

Consideraciones finales

En este artículo se apuntó en primer lugar a presentar algunas cifras del éxodo masivo de venezolanos en los últimos años, caracterizados principalmente por la contracción de la economía, hiperinflación, caída del salario, escasez de alimentos y medicinas y deterioro de los servicios públicos. Ese flujo de personas por las distintas fronteras de Venezuela, pero en especial por el estado Táchira hacia Cúcuta, complejiza la realidad de la frontera.

La frontera colombo-venezolana no es un borde, no es una línea. Es una franja con realidades diferentes que surgen de un contexto físico, político y económico particular desconocido en el resto del país. También hay problemas comunes a ambos lados: el sufrimiento de la gente, la inseguridad ciudadana, la violencia, la desprotección por parte del Estado, la dualidad de la institucionalidad pública y la baja calidad de vida de las personas. Ese fue el segundo objetivo de este artículo: describir la vivencia de estar en esa franja, los significados de vivir en la frontera Táchira-Norte de Santander, en otros tiempos un espacio de convivencia y hoy cerrada por problemas políticos.

Pero el cierre de las fronteras no solo no disminuyó los problemas de violencia, sino que ha dado origen a muchos otros, en especial el aumento de la corrupción, del contrabando y de los problemas sociales de la región. Cerrar la frontera también cerró el aliviadero que significaba para los venezolanos pasar para abastecerse de los bienes más básicos. Pero, como demuestra la frontera con Brasil, mantenerla abierta sin políticas públicas de seguridad tampoco acaba con los conflictos. Lo cierto es que los gobiernos locales no tienen la estructura para abordar los problemas de la región, por lo que se hacen imprescindibles políticas públicas transnacionales de seguridad ciudadana.

La presencia de grupos irregulares sin duda marca la dinámica del poder y la violencia. La ilegalidad se apropió del control de los territorios: se trafican minerales, se cobran «vacunas», se contrabandea ganado, comida, gasolina, medicinas, cauchos y carros, se reclutan jóvenes ofreciéndoles «un trabajo más lucrativo» que los que ofrece el aparato productivo legal en crisis. Estos grupos incluso administran justicia y ofrecen paz y protección en algunos espacios a ciudadanos y empresarios a cambio de dinero. Colombia y Venezuela perdieron la lucha por los territorios de frontera y sus bienes. Pero también la perdieron los ciudadanos que están totalmente desprotegidos ante la violación de sus derechos, comenzando por el libre tránsito. ¿Qué hacer al ser víctima de un delito en las fronteras? ¿Dónde denunciar en un país que observa la fusión de actores gubernamentales con grupos irregulares? Cualquier intento de resolución binacional ante problemas tan graves ha quedado como papel mojado. Por otra parte, ese esquema de economía ilegal y de una vida asociada a diversas prácticas irregulares en las fronteras penetró en el resto del país y se convirtió en un problema de seguridad ciudadana. Todos estos factores hacen que el venezolano vulnerable emigre en las condiciones más desventajosas y peligrosas, para luego descubrir que Colombia (o Ecuador o Perú) tampoco son el espacio que imaginaba, que cambia unos problemas por otros más graves y que debe lidiar ahora con su tristeza, su soledad y su estatus ilegal.

  • 1.

    Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.219 kilómetros de extensión; los estados venezolanos que se extienden a lo largo de esta frontera son Zulia, Táchira, Apure y parte de Amazonas.

  • 2.

    Leonardo Vera: «In Search of Stabilization and Recovery: Macro Policy and Reforms in Venezuela» en Journal of Post Keynesian Economics vol. 40 Nº 1, 2017 y «¿Cómo explicar la catástrofe económica venezolana?» en Nueva Sociedad Nº 274, 3-4/2018, disponible en www.nuso.org; José Puente: «Venezuela en colapso macroeconómico. ¿Qué se puede esperar?», Real Instituto Elcano, Madrid, 2016; Alejandro Gutiérrez: «Venezuela’s Economic and Social Development in the Era of Chavism» en Latin American Policy vol. 8 Nº 2, 2017.

  • 3.

    J. Puente y Jesús Rodríguez: «Venezuela en etapa de colapso macroeconómico. Un análisis histórico y comparativo», inédito, 2019.

  • 4.

    Ibíd.

  • 5.

    Nota de Gregoria Pérez en Crónica Uno, 20/10/2019.

  • 6.

    I. de la Vega y C. Vargas: «Emigración intelectual y general en Venezuela. Una mirada desde dos fuentes de información» en Bitácora-e, 2014.

  • 7.

    ACNUR: «Situación de los migrantes venezolanos», disponible en www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html.

  • 8.

    Francisco Javier Ruiz: «El Arco Minero del Orinoco. Diversificación del extractivismo y nuevos regímenes biopolíticos» en Nueva Sociedad Nº 274, 3-4/2018, disponible en www.nuso.org.

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad 284, Noviembre - Diciembre 2019, ISSN: 0251-3552

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