Varios analistas de la oposición venezolana insisten en que la sobreactuación oficial en el reclamo por el territorio del Esequibo es un asunto puramente político, es decir, una acción desesperada del gobierno de Nicolás Maduro para encender el entusiasmo nacionalista en sus bases y facilitar la inhabilitación masiva de candidatos opositores en las elecciones del año próximo. Otros creen que el gobierno bolivariano busca recrear un conflicto bélico de baja intensidad o, incluso, simular una especie de Guerra de Malvinas, para suspender las elecciones presidenciales de 2024 y dar rienda suelta a un Estado que, con la excusa de la guerra, pueda desplegar un potencial represivo inusitado. Por su parte, voceros del gobierno insisten en la legitimidad del reclamo territorial y en que Guyana ha incumplido el Acuerdo de Ginebra que prohíbe, mientras se resuelve el diferendo fronterizo, la actividad extractiva en toda la zona en reclamación. La petrolera Exxon impulsa enormes proyectos de inversión en el Esequibo, y Miraflores ha amenazado a la firma estadounidense y lanzado un ultimátum exigiendo su retirada. Pero en Guyana también opera la China National Offshore Oil Corporation.

En este marco, el gobierno de Maduro ha organizado un polémico referéndum para consultar a la población sobre los reclamos territoriales, con el que buscó movilizar a sus bases políticas, al parecer con poco éxito. En la consulta, se habilita la posibilidad de recuperación del territorio por «todas las vías posibles». Brasil y la Comunidad del Caribe (Caricom) han reaccionado promoviendo una reunión para distender la relación entre los países vecinos. 

Así las cosas, nos proponemos dilucidar, de manera muy sintética, algunos aspectos de este enfrentamiento y pensar sus diversas aristas, en medio de un contexto preelectoral.

Guayana Esequiba: petróleo, agua dulce y muchas oportunidades

El territorio en reclamación tiene una superficie de 159.542 km², es tres veces más grande que Costa Rica, y casi la mitad de Italia. El Esequibo alberga seis de las diez regiones de la República Cooperativa de Guyana, así como a 125.000 de sus 800.000 habitantes. 

Desde hace unos ocho años, la multinacional Exxon y sus socios han realizado 46 descubrimientos de reservas de petróleo en Guyana, lo que equivale a unos 11.000 millones de barriles, aproximadamente 0,6% del total mundial de las reservas. El Esequibo también cuenta con importantes recursos hídricos gracias a su extensa red de ríos. Los hallazgos han convertido al país en una de las economías de mayor expansión en el mundo, con un crecimiento del PIB de 57,8% en 2022 y de 25% pronosticado para 2023. El PIB de Guyana se ha triplicado desde 2019. Según diversas estimaciones, se podría alcanzar un rango de entre 700.000 y un millón de barriles de petróleo diarios en pocos años, una cantidad similar a los 750.000 que extrae Venezuela. 

Según cuenta la historiografía que se imparte en las escuelas venezolanas, el territorio del Esequibo ha sido siempre una parte del espacio geográfico nacional. Si viajamos a 1499, los españoles fueron los primeros en explorar ese territorio; llegaron antes que los neerlandeses y los ingleses. De hecho, el nombre del río proviene del explorador, Juan de Esquivel, ya que los pueblos originarios transformaron su apellido y le decían «Esequibo» y así se quedó, según historiadores de la época. Como recuerda Hever Castro, en 1648 los Países Bajos y España firmaron el Tratado de Münster y reconocieron el río Esequibo como frontera. En 1777, para unificar sus territorios, España creó la Capitanía General de Venezuela y el Esequibo entró en su jurisdicción. Según Hever Castro, antes de que los ingleses tomaran el control oficial de Guyana en 1814, los mapas de la época tenían al Esequibo como territorio de Venezuela. Un ejemplo de ello es el mapa de Sudamérica elaborado en 1807 por el famoso cartógrafo oficial de los ingleses, John Cary. Pero como recuerda el académico guyanés Ivelaw Griffith, cuando los británicos arrebataron el control de toda la Guyana a los holandeses en 1814, una de las cosas que no se hicieron fue una clara demarcación de lo que es el territorio británico y el territorio venezolano, país que se había independizado de España en 1811. 

Según la historiografía venezolana, los ingleses, a partir del caos surgido en la guerra de independencia venezolana, comenzaron a invadir territorio venezolano al este del río Esequibo. Ante esa situación, Simón Bolívar recurrió en 1822 a la diplomacia y presentó una denuncia formal en Londres ante las autoridades británicas. Esa iniciativa no tuvo éxito. Apenas unos meses después de la conformación de la Gran Colombia, que existió jurídicamente entre 1821 y 1831, se puede apreciar que en sus mapas la Guayana Esequiba estaba incluida dentro su territorio. En 1825 esto fue reconocido por Reino Unido. Después de la disolución de la Gran Colombia, los gobiernos de Venezuela no se ocuparon del tema hasta 1887, año en que el presidente Antonio Guzmán Blanco rompió relaciones con el gobierno británico y hasta amenazó con ir a un conflicto bélico. Estados Unidos intervino como mediador, en el marco de la Doctrina Monroe, tratando de hacer entrar en razón a los británicos para ir a un arbitraje internacional con Venezuela.

En 1899 se realizó el llamado Laudo de París, en el que, según historiadores venezolanos, no se tomaron en cuenta las evidencias aportadas por parte de la delegación de Caracas: el tribunal falló a favor de Reino Unido y dictaminó que le pertenecían alrededor de 140.000 km² en disputa. Para Venezuela, el laudo estuvo viciado, y denunció extorsión y complicidad de los intermediarios. También cabe recordar que Venezuela no tuvo ningún representante nacional propio: Estados Unidos la «defendió» en el arbitraje, lo cual deja entrever escasa transparencia y enturbió la defensa del interés nacional.

En 1966, Guyana se independizó de los británicos y firmó el Acuerdo de Ginebra. Mediante ese acuerdo, Venezuela le reconoce su soberanía pero reitera que el Esequibo es venezolano. Se llega entonces a un compromiso para buscar un acuerdo, pero el Esequibo seguiría en posesión de Guyana hasta que se lograra una solución negociada. Desde entonces, se han realizado muchas reuniones sin resultados. Según Hever Castro, a Venezuela le asiste el principio uti possidetis iuris, que exige que los territorios descolonizados sean heredados íntegramente por los nuevos ocupantes, para evitar así más guerras o conflictos. 

Desde la década de 1960, los reclamos venezolanos fueron más intensos y Caracas buscó el apoyo de Estados Unidos. Ivelaw Griffith apunta que, por esos años, Washington temía que la Guyana independiente se transformara en «otra Cuba», debido al liderazgo de Cheddi Jagan y del Partido Progresista del Pueblo (PPP), y se acercó a Venezuela como forma de presión sobre la nación vecina, en un momento en el que las empresas estadounidenses eran las principales inversoras en Venezuela. En la década de 1980, Fidel Castro apoyó públicamente a Guyana y su canciller habló incluso de un supuesto «expansionismo» de Venezuela.

Guyana insistirá siempre en que la integridad de su territorio es inviolable y está fuera de cualquier negociación. Y el hecho de que el Esequibo represente alrededor de 66% de su superficie dificulta cualquier acuerdo. Para la ex-colonia británica ya existe una fijación total y completa de sus fronteras, reconocidas por todos sus socios en esta región, incluidos Brasil, Cuba, la Caricom y Estados Unidos, entre otros. Georgetown arguye que se debe respetar a pie juntillas el laudo arbitral de 1899 como un acuerdo que sella la cuestión fronteriza. Así las cosas, el país ha estrechado lazos con Estados Unidos y ha acometido programas de entrenamiento militar que lucen intimidantes para Caracas. Guyana considera, a su vez, «una amenaza inminente» el plan de acción trazado por Maduro, que declaró la creación de un estado venezolano en esta región administrada por Guyana. 

La estrategia bolivariana y la petrodiplomacia

Para muchos analistas, Guyana observó la extrema debilidad diplomática del gobierno de Maduro y aprovechó para pedirle a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que pasara esa disputa a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en aras de lograr una ratificación plena del Laudo de París. Ello también estaría sustentado en las demarcaciones realizadas en 1905, cuando Venezuela firmó el mapa elaborado por Reino Unido entre 1900 y 1904, aceptando las nuevas líneas fronterizas entre ambos países. Esta es la base de lo que actualmente alega Guyana en la CIJ. El problema de Caracas es que sus aliados, como Cuba, no lo acompañan en este reclamo, al igual que la Caricom, Brasil y China. Por ello, el gobierno venezolano teme un dictamen desfavorable en la CIJ y ha manifestado su firme intención de desconocer a esa corte, a la que denunció como un brazo del imperialismo. 

A pesar de esta manifiesta animosidad chavista en contra de Guyana, la historia reciente evidencia una realidad más matizada. El 19 de febrero de 2004, en una histórica visita del entonces presidente Hugo Chávez a Georgetown, este olvidó las prohibiciones establecidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y autorizó por su propia cuenta a Guyana a explotar los recursos del Esequibo. Chávez dio garantías de que su gobierno no se opondría a ningún proyecto que se desarrollara en esa región para el beneficio de sus habitantes. No conforme con eso, el mandatario venezolano incluyó a Guyana en su proyecto de Petrocaribe para darle petróleo con altísimos descuentos, intereses a una tasa de 0%, condonaciones de deudas y posibilidades de pago en especies (arroz, yuca, etc.). Apenas un año después, en 2005, Guyana comenzó a explotar al menos seis yacimientos de oro, bauxita y diamantes en la zona en reclamación, sin que el gobierno venezolano emitiera opinión alguna. Maduro volvió a visitar Guyana en 2013 y en la reunión no se tocó el tema de la reclamación del Esequibo.

Por todo lo anterior, la analista Elsa Cardozo considera que Maduro intenta evadir la responsabilidad del chavismo respecto de la situación comprometida en la que se encuentran los intereses venezolanos en el diferendo con la nación vecina. Esto, según ella, obedeció al interés geopolítico de Chávez de contar con el apoyo de los países del Caribe en las instancias multilaterales. De acuerdo con Cardozo, el gobierno busca ahora desviar la atención de los venezolanos respecto a la grave crisis humanitaria que aún subsiste en el país, lo cual se viene reflejando en bajísimos niveles de apoyo popular. Venezuela tiene el récord, cumplido en 2023, de mantener durante ocho meses consecutivos la inflación más alta del mundo, más de 630 días sin aumento salarial y el tercer salario mínimo más bajo del planeta (3,5 dólares mensuales), si se excluyen los bonos que no tienen impacto en las prestaciones sociales. En una situación tan catastrófica, el referéndum busca operar como un distractor para no tocar temas sociales de suma relevancia.  

Las primarias y el referéndum 

El pasado 3 de diciembre se realizó un polémico referéndum consultivo relativo a la reclamación territorial del Esequibo. El gobierno planteó cinco preguntas vinculadas a las acciones que debería ejercer el Estado venezolano en relación con este controvertido asunto. Guyana pidió de inmediato la anulación del referéndum, por considerarlo una provocación y porque incluía, según el gobierno guyanés, preguntas de índole belicista. Las preguntas eran bastante técnicas y ajenas, en cuanto a la profundidad de sus implicaciones, a una población que en general desconoce el intríngulis de un asunto jurídico sumamente complejo. La primera pregunta, por ejemplo, refería a la posibilidad de rechazar o aceptar el Laudo Arbitral de París de 1899, texto que casi nadie ha leído en el país. La segunda estaba relacionada con el Acuerdo de Ginebra de 1966 y la tercera, con el reconocimiento de la jurisdicción de la CIJ. La cuarta pregunta refería al uso de Guyana de la fachada atlántica del Esequibo y la quinta, a la posibilidad de crear el estado Guayana Esequiba, incorporando el territorio a un nuevo mapa oficial de Venezuela. Respecto de este último punto, se destaca la posibilidad de otorgar ciudadanía y cédulas de identidad venezolanas a los pobladores de esas tierras. 

El referéndum fue recibido con asombro. Un gobierno que suele ejercer sus políticas sin consultar a nadie y sorprender con sus leyes y normas decide, de pronto, organizar una consulta precisamente sobre un tema que se supone que no está sujeto a este tipo de consultas, ya que las autoridades tienen el mandato de defender la integridad del territorio nacional, en caso de corresponder, sin tener que preguntar a sus ciudadanos. Un asunto tan técnico debería recaer en el redil de los especialistas más avezados. En este marco, votar no o no votar era considerado un acto de lesa patria. Pero, con todo, la consulta era «no vinculante», así que su resultado no establece ninguna obligación para el gobierno.

El referéndum parece responder simplemente a una estrategia nacionalista diseñada para cambiar el foco de atención, tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional, respecto de la complicada situación política que actualmente atraviesa el régimen bolivariano. El abogado constitucionalista Allan Brewer-Carías añade que «es errado e inoportuno que el gobierno pretenda ahora escudarse tras el pueblo por su falta de diligencia e interés en haber permitido y aceptado por tanto tiempo que Guyana desarrollara libremente explotaciones de recursos naturales en toda la zona en reclamación».  

Para muchos, el repentino interés en reactivar la disputa con Guyana se explica por la necesidad de opacar el inusitado éxito de las primarias de la oposición, pese al cerco oficial y a la acción de los sectores de oposición cercanos al gobierno. A pesar de todo lo acontecido, las primarias de la Plataforma de la Unidad lograron una participación masiva que abarrotó los centros electorales. Muchas calles se trancaron y el ambiente festivo se palpitaba con una efusividad poco habitual tras las derrotas recurrentes de una oposición extremadamente debilitada.

El clima del día del referéndum consultivo fue el opuesto al de las primarias. En las redes se pueden observar centenares de fotos y videos con recintos electorales vacíos y mensajes amenazantes de voceros políticos del chavismo de base. Algunos decían que iban a despedir o cancelar la entrega de bolsas de comida y «beneficios» a quienes no salieran a votar. A pesar de la millonaria campaña -y del consecuente derroche de recursos-, la gente no parecía entusiasmarse con la causa guayanesa.

En horas de la noche se anunciaban los primeros resultados. El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) habló de 10 millones de votos en apoyo al referéndum. A muchos, la cifra de 2.000.000 votantes les parecía exagerada, debido a la poca cantidad de personas vistas en los centros electorales. Sin embargo, el guarismo era inaceptable, debido a que era inferior a lo obtenido por María Corina Machado en las primarias. Al día siguiente, el CNE subió la apuesta y dijo que la participación había sido de 10 millones de personas, que en 96% de los casos, en promedio, habían votado «sí» . Los 10 millones se parecen a una pura fantasía: el propio Chávez, en las elecciones de 2012, obtuvo la enorme cifra de 8,1 millones de votos, durante el apogeo del capitalismo híperrentístico bolivariano y antes del éxodo de cerca de 7,4 millones de venezolanos, casi todos adultos.

La cumbre entre Venezuela y Guyana… crónica de un fracaso anunciado

Los frenéticos movimientos de tropas y el nuevo mapa oficial venezolano alertaron a la comunidad internacional sobre una posible invasión. Varios presidentes de la región, incluido el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, se alarmaron por la escalada del conflicto y promovieron una cumbre para apaciguar el clima de hostilidades. El 14 de diciembre se llevó a cabo un encuentro, en San Vicente y las Granadinas, en el marco de la Caricom y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en aras de desescalar el conflicto. 

Las expectativas del gobierno venezolano eran extremadamente altas. A pesar de que la base militar del nuevo estado, Guayana Esequiba, se fijó en Tumeremo, a unos 80 kilómetros de la frontera con el Esequibo, el chavismo vendía la idea de que estaban construyendo carreteras y realizando un despliegue logístico para empezar a construir viviendas, escuelas y oficinas estatales dentro del Esequibo. Los grandilocuentes discursos se estrellaron en una reunión bastante predecible. Miguel Otero resumió bien los resultados de la cumbre: Guyana seguirá controlando todo el territorio Esequibo y Venezuela se comprometió a no poner ni un pie allí. Guyana seguirá explotando unilateralmente todos los recursos naturales en el territorio en disputa y Venezuela no entregará documentos de identidad a los habitantes de la región. El ultimátum de 90 días para frenar la explotación de los recursos naturales, que se dio a ExxonMobil y demás empresas petroleras que operan en el Esequibo, queda sin efecto alguno. El compromiso central es que todo se resolverá «a través del diálogo, la negociación y el derecho internacional», como ha sido durante los últimos 130 años. 

Corolario…

La mayoría de expertos creen que es muy poco probable que haya un conflicto militar en el corto plazo. Aducen que el principal motivo del gobierno para realizar el referéndum fue crear una cortina de humo ante su acentuada impopularidad y el apoyo creciente a la principal candidata de la oposición en las elecciones presidenciales del próximo año, la conservadora María Corina Machado. El referéndum puede haber servido, pese a todo, para aceitar la maquinaria electoral bolivariana y tenerla lista y actualizada para las inciertas elecciones de 2024. 

Las negociaciones paralelas de Estados Unidos con el gobierno bolivariano en Barbados han facilitado el «intercambio de prisioneros» entre ambos países, con el empresario Alex Saab como la pieza central de ese acuerdo, pero queda pendiente la liberación de presos políticos (incluidos sindicalistas injustamente encarcelados) y el avance hacia unas elecciones competitivas, en las cuales se levanten las inhabilitaciones políticas a destacadas figuras de la oposición. En este marco, María Corina Machado ha acudido al Tribunal Supremo de Justicia para reclamar por su inhabilitación. Si esta se levanta, fruto de las negociaciones de Caracas con Washington, el gobierno enfrenta el riesgo de una derrota electoral apabullante: todas las encuestas dan a María Corina alrededor de 75% de la intención de voto. Ello podría incluso abrir el debate de la necesidad, en el interior del chavismo, de colocar a un candidato presidencial mejor ubicado en los sondeos electorales que Nicolás Maduro.