Tras la caída y detención de Pedro Castillo, una serie de movilizaciones desafiaron el poder de su sucesora, la vicepresidenta Dina Boluarte. Pero aunque la mandataria ha vencido la resistencia social y se mantuvo a la cabeza del Poder Ejecutivo casi sin apoyo social, la crisis del sistema de partidos ha seguido su curso. Y el poder ha pasado, en buena medida, al Congreso, controlado por bancadas que mezclan de manera particularmente promiscua política y negocios. 

En esta entrevista, tres especialistas analizan la situación de Perú y repasan los últimos sucesos del país. Mirtha Vásquez es abogada, dirigente de izquierda y ex-presidenta del Consejo de ministros, Omar Coronel se desempeña como docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y coordinador del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Conflictos y Desigualdades Sociales (GICO) y Juan De la Puente es abogado, docente de las universidades de San Martín y San Marcos de Lima, y analista político. En muchos sentidos, Perú anticipa algunas tendencias más amplias en la región, y hoy fuera de los grandes titulares de la prensa internacional, el país andino-amazónico atraviesa una fuerte erosión democrática.

Tras la destitución y la detención de Pedro Castillo, se produjeron una serie de protestas. Pese a esa presión social, Dina Boluarte logró, contra todos los pronósticos, mantenerse en el poder. Hoy, sigue al mando de Perú pero, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, su popularidad asciende a 5%. Estos datos evidencian un caso extremo de descontento con una figura presidencial. A esto se suma también el escándalo de los relojes (el Rolexgate) y la detención de su hermano Nicanor Boluarte por tráfico de influencias. Teniendo en cuenta este panorama, ¿qué es lo que sostiene a Dina Boluarte en el poder? 

Mirtha Vásquez: Creo que es muy pertinente reflexionar conjuntamente sobre lo que está sucediendo en Perú. Se trata, sin lugar a dudas, de una situación tan compleja que parece tener muy pocas posibilidades de salida, por lo menos rápidas y eficientes. En lo que refiere a Dina Boluarte, este 5% de aprobación constituye una cifra histórica. Desde que se hacen encuestas, nunca un presidente ha tenido tan baja aprobación, lo cual expresa un problema político y de gobernabilidad muy serio. Para dar una respuesta concreta a la pregunta de qué sostiene a Dina Boluarte hay que poner el foco en un actor fundamental: el Congreso de la República. Este Congreso, único actor que podría determinar una vacancia [destitución de la presidenta], ha decidido mantenerla a través de un pacto. No se trata de que el Congreso quiera apostar por la estabilidad de la figura presidencial: lo que lo guía son razones pragmáticas y una serie de objetivos particulares y concretos para los cuales es necesario que Dina Boluarte se mantenga en el poder. Además, su caída significaría también apurar elecciones cuando ellos quieren mantener su estabilidad y además pretenden, antes de eso, la captura del sistema electoral. Otro factor que juega a favor de Boluarte es la disputa en el interior del Congreso: no se trata de un poder homogéneo; hay mucha pugna por el control de la Mesa Directiva. 

Un punto a considerar es que quien asuma a partir de ahora la presidencia del Congreso podría terminar asumiendo la Presidencia de la República en caso de vacancia o de renuncia de Boluarte antes del fin de su mandato en 2026. Otro elemento relevante para la continuidad del gobierno es que el ciclo de movilizaciones ha tenido un declive progresivo y si no hay una sociedad movilizada, el gobierno no siente la presión de la ciudadanía. 

Omar Coronel: Varios le hemos puesto la etiqueta de «coalición autoritaria» a esta articulación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. No es una convergencia ideológica, sino una convergencia de intereses de corto plazo entre actores que no están necesariamente muy cohesionados, que tienen divisiones internas, pero que en este momento necesitan garantizar su permanencia en el poder para poder librar batallas judiciales en una posición ventajosa y defender intereses mafiosos. En esa coalición autoritaria, el Congreso es la voz cantante.

Es un caso muy singular: el poder, en este momento, no está en el Ejecutivo, sino en el Congreso. Al mismo tiempo hay que tomar en cuenta el rol de las Fuerzas Armadas y de la Policía en esta coalición. Aun así, el Congreso es el actor clave, pero acompañado por otros como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones que han sido capturadas. Además, como bien afirma Mirtha, es preciso prestar atención a los desafíos que enfrenta la sociedad civil. Estamos en un régimen que, al no tener pesos y contrapesos, puede reprimir y criminalizar sin mayor contención. En un régimen autoritario o en proceso de autocratización, sube mucho el costo de la acción colectiva. La protesta es muy costosa y por ello, a pesar de que más de 90% de peruanos en este momento estén en desacuerdo con el gobierno, sienten que poco se puede hacer. Por cierto, no es una novedad que Boluarte sea impopular. Los primeros siete días en el poder llegó a su popularidad máxima: 27% de aprobación, muy baja para alguien que recién asume la presidencia. Y luego fue bajando rápidamente. Su promedio de aprobación en 2023 fue de 12%, y en lo que va del 2024 es de 6,5%.

Juan De la Puente: Coincido con los colegas en que se trata de un registro inédito. Ahora, también es cierto que la presidenta Boluarte es una pieza de un régimen cuya composición es más densa y tiene una actividad mucho más compleja. Junto al Congreso, es central el rol de los grandes poderes económicos que, tras la caída de Pedro Castillo, se negaron a aceptar o a impulsar el adelanto electoral que reclamaban los manifestantes en las calles. Al mismo tiempo, es enteramente cierto que el amaine de las movilizaciones contribuye a su continuidad en el poder. No obstante, se da una particularidad. A diferencia de otros casos, la baja aprobación del gobierno no sube la aprobación de la oposición. Eso dificulta la construcción de alternativas al gobierno.

En efecto, Boluarte nunca superó el 30%, pero esto no era un impedimento para su continuidad. La razón es que, en un momento determinado, la aprobación del gobierno dejó de ser el dato más importante, en tanto el régimen se sostiene en una fuerza que no es jurídica ni constitucional. Es una fuerza sostenida en el respaldo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un régimen carcomido, de una caja que amenaza con desfondarse, pero que por el momento resiste.

Resulta interesante que estemos ante la presencia de un régimen autoritario cuyo centro es el Congreso. Eso no sucede muy a menudo o, al menos, no estamos acostumbrados a pensarlo así en América Latina. Si hay un régimen autoritario, suele haber una figura autocrática como en El Salvador o Venezuela, una figura fuerte. Hace unos meses, Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara escribieron un artículo provocativo en el que afirmaron que en Perú el problema de la democracia no era tanto la concentración del poder como su dilución. Se puede discutir esas tesis, pero la pregunta es ¿cómo se compone ese Congreso y cuál es su dinámica? Es un Congreso donde está el fujimorismo, varios partidos muy pragmáticos, está Perú Libre, está lo que quedó del sector de Pedro Castillo, ¿Qué explica la dinámica de este Congreso? ¿Es política, es ideológica o son puros cálculos de poder? ¿Qué grupos son los más importantes hoy en esa lucha?

MV: Yo encuentro que el Congreso es un factor que en este momento contribuye a una de las situaciones más peligrosas que Perú tiene como Estado. Hoy, hay un sector del Congreso que está promoviendo una serie de cambios constitucionales y normativos, la captura de los principales órganos autónomos del Estado. Se trata de un Congreso que, en suma, está gobernando y lo está haciendo en el marco de una apuesta de rediseño del Estado. El régimen constitucional, por ejemplo, ha sido modificado: ya no tenemos un régimen mixto, pero tampoco hemos entrado en un régimen presidencialista, ni en uno parlamentarista. Esta indefinición es peligrosa ya que no hay control suficiente entre los poderes. 

Es el Congreso el que ahora acumula el poder y determina cómo se ejerce el gobierno y las decisiones más importantes. Se ha provocado un desequilibrio de poderes, se ha roto el Estado de derecho y creo que ahí sí hay un grupo que tiene una apuesta por este rediseño desequilibrado del Estado, porque es un escenario para perpetuar su poder, pueden tomar el control del Estado aun cuando no ganen en elecciones. Creo que ese sector está liderado por grupos como el fujimorismo, que tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo. Junto al fujimorismo tal vez pueden verse partidos como APP [Alianza para el Progreso], que están en esa línea de copar el poder, pero hay actores en esta coalición que son mucho más débiles y pragmáticos y ahí prima una lógica de negociación mucho más clientelar. Perú Libre [partido por el que postuló Pedro Castillo], por ejemplo, representa un conjunto de congresistas con intereses clientelares, que negocian cosas menores que les interesan de manera personal. Pero creo que sí hay un grupo que parece tener un proyecto mucho mayor, que ha dirigido, por ejemplo, el cambio constitucional para instaurar la bicameralidad. Es un grupo que además está cambiando las reglas electorales, está pensando bastante bien en un plan para quedarse en el poder. Esto de todos modos no les resulta sencillo y en algunos momentos emergen situaciones de crisis. Pero, por el momento, entre todos estos sectores hay apuestas conjuntas que todavía los une y los hace actuar en esa lógica de coalición.

OC: El politólogo Will Freeman ha señalado que, en perspectiva comparada, el caso peruano no sería tan extraño en la región, donde es cada vez más frecuente que los Parlamentos concentren poder y pongan en jaque a los presidentes. Sin embargo, el caso peruano sí tiene algo de excepcional porque los partidos funcionan de otra manera debido al colapso del sistema partidario hace 30 años. No ha habido una recomposición. Si bien tenemos algunas fuerzas en el Congreso que han logrado pactar una especie de coalición o alianza que les permite sostenerse, yo estoy bastante de acuerdo con la tesis de Vergara y Barrenechea, que señala que justamente esa falta de partidos estables en Perú hace difícil pensar en una dictadura como la venezolana o la nicaragüense. Pero no es difícil pensar en la otra vía de erosión democrática, que es la que existía hasta hace unos meses en Guatemala, que implica esta especie de pacto de mafias y que es lo que hay hoy en el Congreso, un «pacto de corruptos», como dicen los guatemaltecos. 

No obstante, hay que mirar con lupa dentro del Congreso, porque es un ecosistema con sus propias heterogeneidades y algunos de sus actores y de las cúpulas partidarias tienen mayor capacidad de pensar hacia el futuro. A veces, cuando se señala que en Perú no hay un sistema de partidos, se piensa que no hay políticos, que no hay absolutamente nada. La verdad es que sí hay cúpulas partidarias que pueden mirar hacia el futuro. 

Claramente, en este país de ciegos el fujimorismo es el tuerto rey. De hecho, inclusive dentro de la bancada fujimorista hay actores que actúan por su cuenta, dentro de la bancada de Alianza para el Progreso hay actores que actúan por su cuenta. Muchos actúan de acuerdo a sus propios intereses y sin pensar mucho en términos partidarios, pero hay algunas cúpulas que sí van un poco más allá. Yo creo, como Mirtha, que esas cúpulas están pensando en ponerle candado a ciertas reformas que incrementan su probabilidad de sostenerse en el poder a largo plazo al excluir actores que sienten como una amenaza. De hecho, el control de los organismos electorales tiene que ver con eso, con la posibilidad de excluir a actores que enmarcan como amenazas a la democracia.

Lo que se está haciendo es generar un rediseño, un nuevo contrato social donde el Congreso tiene muchísimo poder, pero el problema es que las elecciones en Perú en buena medida son una tómbola. Creo que inclusive si está de alguna manera controlado el organismo electoral es muy difícil, salvo que haya un control como el venezolano, predecir los resultados. Y lo que puede terminar ocurriendo es que actores políticos de signo opuesto a quienes dominan hoy el Parlamento terminen siendo empoderados mañana, con ansias de venganza. Los congresistas de hoy no se dan cuenta que están generando una bomba de tiempo institucional, haciendo que cualquiera que pueda forjar una mayoría en el Congreso domine el sistema político, lo cual es tremendamente peligroso.

¿Qué papel juega en este contexto Dina Boluarte?

JDP: Esta etapa es de un presidencialismo muy precario. Yo no sé si estamos frente a la dilución del poder, quizás o frente a la dilución del poder de la Presidencia, pero hay una reconfiguración del poder a través de la captura del Estado. Lo que es claro es que sí puede establecerse una diferencia entre este régimen y el régimen fujimorista: el fujimorismo conllevó la captura del Estado con un Poder Ejecutivo fuerte. La diferencia entre la reelección del año 2000 y la situación actual es que lo que se jugaba el año 2000 era la reelección de una persona, de Alberto Fujimori. Lo que hoy se juega hoy en Perú es la reelección de un régimen político al margen de quien lo dirija, y en ese sentido es un régimen corporativo, o que apunta a ser corporativo.

Una de las características sorprendentes en un escenario tan cambiante es que Perú tenga el mismo presidente del Banco Central, Julio Velarde, desde 2006. Hay inestabilidad política extrema, presidentes presos, destituidos… Alan García, ex-presidente y uno de los líderes políticos más importante del país, suicidado. Y por otro lado, junto con esta inestabilidad política, una gran estabilidad económica y de las elites. ¿Cuáles son las líneas de fractura?, ¿Cómo juegan las Fuerzas Armadas y los grandes empresarios? ¿Quiénes conforman esta coalición y cuál es su dinámica interna?

JDP: Parto de la consideración de que este fenómeno de captura del Estado reviste un interés particular porque se ejecuta a largo plazo. Tengo la sensación que no es solo una captura política, sino también económica e incluso criminal. Estamos yendo a una reconfiguración del poder. Llama la atención que sectores aparentemente principistas y conservadores en lo político, no tengan problemas en converger en esta captura del Estado con grupos criminales, como por ejemplo el grupo llamado «Los Niños» en el Congreso, o consentir los avances de la minería ilegal y la tala ilegal. De este modo, creo que la idea de un régimen que apunta al mediano-largo plazo mediante la captura del Estado indicaría que quizás la parte más débil es la Presidencia. En cualquier país de América Latina sacar un presidente del poder demora desde 6 a 8 meses. A Dilma Rousseff la sacaron en un proceso de impeachment que duró 9 meses. En Perú se puede sacar a un presidente en 15 días, incluso es más difícil sacar a un ministro que a un presidente. 

También es importante mencionar el papel de la Justicia, que es la que hoy está acorralando a Dina Boluarte por la causa de los relojes. ¿Incluyen a la Justicia la coalición autoritaria?

OC: Antes de hablar de los actores judiciales, quería mencionar que hace algunas semanas, el politólogo Martín Tanaka llamaba la atención sobre algunos quiebres en la coalición autoritaria debido al rol de los poderes económicos. Al inicio de esta coalición, los actores económicos apoyaron con bastante entusiasmo al gobierno de Boluarte, a pesar de las violaciones de derechos humanos y de las masacres. Los gremios empresariales terminaron siendo bastante tolerantes y acompañando al régimen esperando poder recuperar el crecimiento económico tras el caótico gobierno de Castillo. Y esto se extendió hasta que se evidenció que el gobierno de Boluarte es tan ineficaz como el gobierno de Castillo en términos económicos. Al mismo tiempo, es también bastante corrupto, lo cual se ha visto sobre todo con el caso de los Rolex, caso donde incluso los medios de comunicación que habían sido muy complacientes con Boluarte empezaron a ser un poco más críticos. Creo que ahí hay una división, algunos sectores de las elites económicas han empezado a cuestionar el gobierno. Hay tensiones entre miradas más neoliberales, de orden macroeconómico, y actores que propician una redistribución populista y un manejo más irresponsable de la economía. Es difícil una articulación entre estos actores. Yo creo que el hecho de que el Ministerio de Economía y Finanzas, que era una especie de isla de eficiencia en los últimos 20 años, se haya convertido ahora en un instrumento muy politizado, reduce la confianza en Perú y lleva al estancamiento económico.

Además, hay una tensión con el Banco Central y el Ministerio de Economía…

OC: Es algo que no se había visto desde la instalación del modelo neoliberal. Esos eran pactos muy claros dentro de lo que Alberto Vergara y Daniel Encinas llamaban el «archipiélago conservador». Había unos puntos mínimos que eran el respeto a estas instituciones, y ahora eso está en tensión. Yo creo que eso dificulta la estabilidad de la coalición autoritaria, hay sectores empresariales presionando al gobierno. Y en términos judiciales también se abre otro frente, porque son básicamente los jueces y los fiscales quienes están dando una batalla en defensa de las instituciones, frente al Congreso y frente al Poder Ejecutivo. Lo triste es que están dando la batalla en solitario. La historia de estas últimas semanas es una historia de jueces y fiscales dando una batalla solitaria por la defensa de instituciones, donde lamentablemente no hay un acompañamiento de la sociedad civil en términos de movilización, ni tampoco de actores políticos de peso. 

MV: Yo estoy de acuerdo en que el tema económico marca una diferencia. Por muchos años se ha dicho que en Perú lo político no interfería en lo económico porque ambos caminaban por senderos separados, por eso podíamos tener cualquier crisis y la economía seguía un ritmo sostenido. Pero justamente por lo que comenta Omar, me parece que ya no podemos pensar en esa separación: ahora sí tenemos una influencia de lo político en lo económico. Se ha quebrado la impenetrabilidad de ese oasis que era el Ministerio de Economía y Finanzas, y cuando se empieza a aceptar que el Congreso ponga condiciones al propio Ministerio de Economía comienza evidenciarse el impacto profundo que ahora tiene la política en la economía. Hay mucha interferencia política desde diferentes sectores, sobre todo del Congreso. Nunca se había visto, por ejemplo, a un ministro de Economía pidiéndole disculpas al presidente del Congreso porque le hizo una exigencia de carácter económico financiero en el marco de sus funciones. Eso es muy simbólico y nos hace ver que ya lo político y lo económico no están separados.  

Omar Coronel decía que no solo Dina Boluarte es impopular, sino que todos son impopulares hoy en Perú. Las encuestas muestran también que ella tiene 5%, pero después se ve que ningún candidato posible a las elecciones superaría hoy eso en las encuestas. Si miramos Keiko Fujimori, al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a Antauro Humala como un posible candidato «antisistema», todos parecen generar mucha desconfianza en el electorado. ¿Cómo se puede pensar el futuro? Porque este Congreso finalmente terminará, pero no parecen emerger figuras ni sistémicas, ni antisistema.

JDP: Las encuestas de los últimos días son muy interesantes porque reflejan que ya no solo hay insatisfacción política, sino también insatisfacción económica, o sea, la unión de las cuerdas separadas que mencionaban Omar y Mirtha. Además, este rechazo se contrapone con un escenario donde no hay grandes aprobaciones de los aspirantes presidenciales al punto que entre los siete aspirantes presidenciales que la gente recuerda su nombre no juntan, entre todos, ni 12%. La gente parece estar mayoritariamente de acuerdo, de manera abstracta, con un líder que promueva el cambio y que sea nuevo. En este contexto, está abonado el camino para la aparición de lo que yo denomino un «súper outsider», porque el Perú tiene mucha experiencia outsiders. Este país es un territorio de outsiders, pero también es un cementerio de outsiders, pero me parece muy interesante esta relación entre nuevos vínculos entre la economía y la política, por un lado, y la búsqueda de una alternativa disruptiva. En esa perspectiva, quizás habría que considerar que 2026 será un punto intermedio de la crisis que apareció en 2015. Tengo la impresión de que tenemos entre diez y doce años por delante. La crisis será muy larga, por lo que no creo que 2026 sea un punto de llegada, sino un punto de tránsito. Y en ese punto de tránsito es muy probable que aparezcan candidaturas orgánicas del régimen actual. También puede que aparezcan dos o tres candidaturas que intenten desbordarlo por la izquierda, o en una especie de populismo, de nacional-populismo como el que inicialmente corporizó Castillo y que intenta representar Antauro Humala. Es más difícil producir un [Javier] Milei porque en Perú ya se hizo la tarea del shock neoliberal. Probablemente aparezca un líder conservador o populista, que podría recoger adhesiones, pero eso dependerá mucho de cómo voten los grandes bloques territoriales. En las últimas tres elecciones, el candidato masivamente apoyado por el sur y el centro del país llegó a la segunda vuelta. Pasó con Ollanta Humala en 2006 y en 2011, casi pasa con Verónika Mendoza en 2016 y ha pasado con Castillo. Ahí habría que ver qué candidato consigue apoyo en el sur y el centro del país, en la Sierra Norte y en la Sierra Centro.  Un punto importante es que las segundas vueltas en América Latina se están volviendo problemáticas porque pasan al balotaje candidatos con muy pocos votos en la primera vuelta. Pedro Castillo y Keiko Fujimori sumaron entre los dos apenas algo más de 30% de votos en la primera vuelta.

¿Cómo ven en concreto a figuras como López Aliaga o Antauro Humala?

OC: Las veo desgastadas. Perú es una tierra muy fértil para populismos y outsiders, pero como dijo Juan también es un cementerio para estas figuras, es como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. En un país sin un sistema de partidos institucionalizado todo puede ocurrir, como ocurrió con Pedro Castillo, a quien nadie lo vio venir. Quisiera recordar que hasta dos semanas antes de las elecciones muchos creían que no llegaría. La CNN, cuando anunció que Castillo había ganado, no tenía su foto, por lo que tuvieron que poner una sombra. En América Latina tenemos, además, una situación particular con dos presidentes jóvenes: por un lado, Nayib Bukele, el presidente más popular de todo el continente, y por el otro Gabriel Boric con una popularidad de alrededor de 35%. Bukele tiene 88%. Esto muestra una disparidad es muy notable y yo creo que probablemente el outsider va a vender mano dura y venganza. 

Lamentablemente, las condiciones en las que estamos dejan en claro que las próximas elecciones (sean en tres meses o en 2026) estarán cargadas de mucha rabia. Serán unos comicios muy complicados en los que me temo que muchos sectores podrían no reconocer los resultados. Sea quien sea que gane, habrá una buena parte del país que no reconocerá las autoridades electorales, que denunciará un fraude. Por eso tiene mucho sentido lo que dice Juan de que esta es una crisis que se prolongará en el tiempo. Incluso con elecciones, la crisis no se resolverá: se prologará. La única alternativa viable es la de construir una nueva coalición gobernante que sea lo suficientemente amplia y que esté decidida a recuperar al menos un mínimo de Estado de Derecho. Lamentablemente, muchos de los partidos nuevos y algunos antiguos tienen todavía la idea de que pueden pasar a segunda vuelta con menos de 15% de los votos. Y eso dificulta la posibilidad de forjar coaliciones muy amplias para poder derrotar tanto a las amenazas populistas como a la coalición autoritaria actual.

Mirtha, me interesa su opinión sobre la situación de la izquierda peruana. La conoce bien, forma parte de esa izquierda, participó del gobierno Castillo, se fue de manera muy crítica de ese gobierno, ¿cómo ve la izquierda hoy en Perú? 

MV: Yo creo que todo lo que ha pasado en el país con los gobiernos, tanto de Castillo como de Boluarte, termina impactando sobre la izquierda peruana. La derecha ha venido instalando la idea de que ella es la continuidad del gobierno de izquierda de Castillo y que el fracaso de este gobierno se debe a que está aplicando la receta de la «izquierda comunista» y por eso nos ha llevado a esta situación de debacle. Esas narrativas pesan en la población, y por eso en la izquierda tenemos un desafío trascendental. El propio gobierno de Castillo ha contribuido al desmembramiento de la izquierda. Ahora hay un sector que se considera castillista, mientras que otro apela a posiciones más progresistas y críticas con el gobierno de Castillo. La manera en la que Pedro Castillo salió del gobierno ha sido interpretada por mucha gente, sobre todo en el sur del país, como un golpe en su contra por parte de la derecha. Esa misma gente siente, de manera legítima, que el gobierno de Boluarte, y el poder actual de la derecha, constituye una suerte de expropiación de su voto, por lo que reivindican a Castillo y lo que su gobierno representaba para ellos como parte de una izquierda popular. 

La gente opta cada vez más por opciones radicales y populistas. Existe una tendencia a creer menos en la democracia y a optar cada vez más por opciones radicales y autoritarias. Aun así, no creo que ni un López Aliaga ni un Antauro Humala tengan posibilidades reales. Creo que, para mucha gente, la apuesta estará en un outsider radical, en alguien que ofrezca solucionar todos los problemas del país: la pobreza, la delincuencia, las dificultades del día a día. Al mismo tiempo, creo que la gente sigue votando en función de su desencanto, evitando a aquellos que los han traicionado. Hay un voto aún emocional, con mucho sentimiento de desazón, de rabia, que creo que se va a seguir expresando en los próximos comicios.

JDP: Considero que todavía hay una asignatura pendiente para la izquierda. Si pusiéramos en una matriz las principales políticas del gobierno de Castillo, probablemente no calificarían para ser señalado como un gobierno de izquierda. De hecho, el propio gobierno de Castillo llegó incluso a cancelar rápidamente la idea de una reforma tributaria. Al mismo tiempo, resulta claro que los sectores del centro político han naufragado en los últimos procesos electorales. Esto se debe, sobre todo, a que no se atreven a plantear programas y propuestas de cambio. Yo estoy de acuerdo con que Perú necesita unidad nacional, pero unidad nacional no para abrazarnos y no hacer nada, sino una unidad nacional para discutir los términos del cambio. Desde la ultraderecha también hay una agenda de cambio, pero es una agenda de cambio regresiva. Tengo la impresión de que la necesidad de construir una salida pasa primero por evitar que el régimen se perpetúe, pero construyendo al mismo tiempo una alternativa política real que elabore ideas, que proponga políticas, que construya un espacio que no termine rápidamente en desencanto. Y yo no estoy seguro que los sectores contrarios al actual régimen tengan la capacidad de construir eso en los próximos meses, de cara a 2026 . 

Las posibilidades de una coalición de izquierda en este contexto son mínimas. Entonces, como dice Mirtha, la posibilidad de un líder que emerja de abajo —el súper outsider que señalaba antes— es cada vez más concreta. La pregunta es qué tipo de cambio propondría un líder de ese tipo o cuán de izquierda podría ser. Y ahí es donde los lenguajes podrían confundirnos. Antauro Humala, un nacionalista con un discurso y conservador, era, para muchos analistas, un hombre de izquierda. Que sea un candidato antisistema es cada vez más discutible. Es un hombre que se pasea con su perrito por las playas del sur. Se ha dedicado a la vida snob. Yo no veo las posibilidades de una candidatura emergente de la izquierda con fuerza, pero si veo las posibilidades de una coalición democrática que plantee cambios y una ruptura con el régimen que gobierna, y eso dependerá mucho de las cualidades y las capacidades personales de quien la lidere. Viviremos estos meses en esta lógica de la explosión, porque hemos pasado de la etapa de una democracia sin partidos a una presidencia sin apoyo social ni poder real. En Perú no solo está en crisis la democracia, sino también el Estado. Y, al mismo tiempo, hay una crisis en los territorios. Lo que se evidenció el año pasado es una región sur bastante insumisa, cuyas protestas han sido sofocada a sangre y fuego, que sigue ahí, en una insumisión de largo plazo.

Retomando esto último, quería preguntarle a Omar, que sigue de cerca las movilizaciones sociales: en los últimos tiempos también hubo muchas protestas, pero no terminaron de articularse. ¿Cómo ve hoy a los movimientos sociales como actores en esta crisis?

OC: Yo creo que el gobierno de Castillo ha significado un antes y después; ha sido una estructura de oportunidades que ha terminado dividiendo mucho a las izquierdas y fragmentando o haciendo implosionar a lo que era conocido como el bloque antifujimorista. Muchos decían que el antifujimorismo era el único partido o el partido más grande de Perú. Eso se ha ido erosionando al mismo tiempo que se ha erosionado la democracia en el país desde 2016. La centroderecha se separó de la centroizquierda, la centroizquierda de las múltiples izquierdas. Lo que veo ahí es un mosaico que se ha partido en muchos pedazos, con muchos rencores. No se trata solamente de tensiones programáticas, sino de cierta emotividad, animosidad: unos acusan a otros de haber traicionado a Castillo (acosado por el Congreso) y los otros a los primeros de traicionar a la democracia, por el intento de Castillo de cerrar el Congreso. Esas críticas hacen muy difícil no solamente la unidad de la izquierda, que de por sí en Perú no es tan grande, sino la unidad de todo este bloque antifujimorista que era un parachoques contra fuerzas antiinstitucionales. 

El proceso de autocratización sui géneris hace posible que asesine impunemente a los manifestantes, que se los criminalice, que les abran procesos, y eso obviamente sube los costos de la acción colectiva. Pero hay también hay otros factores. En términos de divisiones, la situación es muy clara cuando la gente sale a las calles. La gente se pregunta con quién marchar. Se trata de movilizaciones en las que hay una animosidad que impide generar una identidad colectiva común, como la que se expresaba en las movilizaciones contra el fujimorismo. 

En las movilizaciones actuales se siente una tensión muy fuerte en sectores que acusan a otros de tibios o de «caviares», el término que se utiliza mucho en Perú para denominar a un sector de la izquierda más institucionalista y democrática. Y del otro lado se crítica a esta izquierda castillista como autoritaria, dictatorial y en general «gente que no merece estar dentro de esta marcha porque la malogra». Esto dificulta mucho la posibilidad de converger en una movilización más amplia y efectiva. A esto se suma, lógicamente, la cuestión de la incertidumbre y la de la desconfianza en los liderazgos. Hoy no existe una figura que encarne una posición común contra el estado de cosas; no hay, como hace 24 años, un [Alejandro] Toledo que encarnaba la lucha contra Fujimori. Tampoco existe una expectativa muy optimista de lo que podría suceder ante una eventual caída de Boluarte o de lo podría pasar en las próximas elecciones. 

Cuando hablo con jóvenes noto desesperanza, porque incluso muchos de los que han estado en las protestas sienten que no se ha logrado nada. Esa percepción de ineficacia limita mucho los incentivos para movilizarse, la gente termina calculando, diciendo «para qué voy si en el Perú de hoy las calles ya no deciden nada». El régimen está muy al margen de la ciudadanía, muy al margen del soberano, y eso obviamente dificulta la posibilidad de presionar desde estos espacios.

Dado lo que vienen comentando, queda claro que el futuro no parece muy optimista y que las posibilidades de recomposición política parecen débiles, sobre todo en un contexto regional que también es bastante «destituyente», en el sentido de que parece haber mucha volatilidad: outsiders en países que no los tenían, crisis políticas diversas, pactos de corruptos, erosiones diversas de la democracia en la región. La pregunta es entonces, ¿por qué Perú dejó de ser o está próximo a dejar de ser un Estado democrático?

MV: Hay varios indicadores que nos hacen ver que el Perú ya no es un Estado democrático y yo sé que hay gente que opina que estamos todavía en un proceso de desdemocratización. Yo creo que no, que ya hemos llegado a un momento en que ya no se puede llamar a esto democracia.

La democracia no solo es el régimen o las reglas electorales. Es la posibilidad de tener un Estado que garantice los derechos fundamentales, un país donde exista un Estado de derecho real, con todo lo que eso significa. Además, la democracia implica la participación activa de la sociedad civil, lo cual ahora se ha vuelto inviable después del asesinato de medio centenar de personas en las protestas. No hay ciudadanía activa porque la población en este momento ha perdido también la posibilidad de accionar e intervenir en el Estado, no hay mecanismos viables de acción, de participación política eficientes. A todo ello debemos agregar que el Congreso ha modificado las reglas de juego para la participación política: ha cambiado la regulación de los partidos y hasta ha modificado la composición del Parlamento donde, sin más, se ha introducido la bicameralidad, que no necesariamente es una mala propuesta pero, en este caso, es funcional a la perpetuación del poder de quienes hoy detentan el poder parlamentario. A esto se suma el riesgo en las elecciones, porque si el Congreso logra su cometido de capturar a los organismos electorales, la posibilidad misma de tener elecciones libres e independientes se diluirá más. Y eso es gravísimo para una democracia. Finalmente, no se puede decir que hoy Perú sea un estado democrático porque carece de equilibrio de poderes. Hay un poder que concentra todo. 

El único poder que está tratando de ejercer resistencia y de mantener el equilibrio es el Poder Judicial. Pero eso también dice mucho de la pérdida del sentido mismo de Estado de Derecho, porque (y esto lo decía Juan el otro día en una entrevista y a mí me parecía que es muy acertado) no puede ser que en un Estado quien ejerce el control político sea el sistema de justicia. Todos esos elementos nos hacen ver que la democracia en el país como sistema ya se ha agotado. ¿Qué opciones le quedan al ciudadano? Omar ha explicado claramente por qué la ciudadanía en este momento no se siente motivada para participar. Creo que eso agrava el contexto porque finalmente nos lleva a pensar que por lo menos en los próximos años no podremos revertir esta situación.

OC: Yo estoy de acuerdo en que es un exceso decir que el Perú es hoy una democracia. Es un país que vive una erosión democrática permanente y donde el régimen tiene más características de un sistema autoritario que de una democracia propiamente dicha. Como ha dicho Mirtha, se ha quebrado el principio básico de la democracia madisoniana. Y esto para no hablar de democracia participativa o deliberativa, que en verdad en Perú nunca echó raíces, pero al menos había algo de poliarquía y de balance de poderes. Es importante percibir que este balance de poderes no se daba porque todos los actores fueran muy democráticos, sino porque eran bastante débiles. Tanto el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial podían balancearse, evitar que alguno pudiera predominar frente al otro. Es por ello que, en Perú, los estudios sobre la democracia ubicaban al país en un nivel intermedio, no en uno bajo. Ahora que el poder se ha concentrado en el Congreso, el desbalance se ha hecho evidente. En la práctica, lo que tenemos es incapacidad de exigir cualquier rendición de cuentas. Solo ciertos actores del Poder Judicial y del Ministerio Público están comenzando a hacer frente a algunas arbitrariedades. 

El Congreso ha logrado capturar instituciones claves como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y, hasta diciembre del año pasado, el Ministerio Público. Con cierta condescendencia de diversos medios de comunicación, este proceso ha quebrado la capacidad que tenía la ciudadanía para hacerle rendir cuentas. Ese es un elemento clave de por qué esto ya no se puede llamar una democracia. 

La mirada hacia el futuro es, por tanto, pesimista. Si uno ve los indicadores, no hay forma de ser optimista. No tenemos los ingredientes para poder transformar esta realidad en el corto plazo. No hay partidos, no hay liderazgos, no hay elites regionales que balanceen la situación. Si uno observa el proceso de forma objetiva, concluye que no hay forma de hacer una prognosis positiva. Sin embargo, como me recuerda mi colega politóloga Carmen Ilizarbe, en agosto del año 2000 –luego de la Marcha de los Cuatro Suyos– el ánimo era similar. Aquella fue una movilización masiva, pero Fujimori no cayó, y en agosto se produjo la sensación de que no caería de ningún modo, de que el régimen estaba fuertemente enraizado. Por supuesto, detrás había una maduración de la oposición a Fujimori, que había tardado una década en articularse. Pero al final se produce el episodio de los «vladivideos» que termina derramando el vaso y siendo un detonante de la acción colectiva. Los que estudiamos movimientos sociales y acción colectiva siempre tenemos en cuenta que, por un lado, está la mirada de estas prognosis en función a los datos disponibles y se puede pronosticar lo que es más o menos probable. De todos modos, siempre hay también un residuo de algo que no se puede predecir. Hay algunos elementos que pueden quebrar la economía moral, generar shocks morales que terminan produciendo una movilización inesperada. 

Si bien ha habido un estallido de protestas que no logró sus objetivos, hay también un tejido organizacional que está, sobre todo en el sur del país, a la espera de una ventana de oportunidad, de mayor debilidad del gobierno o de algún episodio desencadenante. Hoy el poder no está manejado por un Alberto Fujimori o un Vladimiro Montesinos: los que gobiernan son una pandilla de pillos pequeños, en todos los sentidos, que nos han arrebatado el poder. Eso es lo único que, en este marco,  abre una ventana de esperanza para pensar en alguna posibilidad de salir de esta situación.

DP: Coincido con Mirtha y Omar en el sentido de que no hay elementos que nos permitan decir que Perú vive en una democracia. The Economist ha señalado hace meses que existe, más bien, un régimen híbrido. Los elementos mínimos, incluso de una democracia procedimental tampoco se cumplen. Lo que sí me parece interesante es sostener que el resultado de esto puede no ser solo el de una polarización. Esa polarización existe, sin dudas, pero hay algo más. No se trata solo de la debilidad o la dilución de la democracia. Creo que hay, sobre todo, un sentimiento de que la sociedad y el país están rotos en varios pedazos. Es decir, junto a esa polarización hay una enorme fragmentación. Y esta dinámica entre la fragmentación y la polarización sí genera un clima bastante complejo y en algunos casos bastante pesimista. Es cierto que el régimen tiene distintas aristas e intereses y que también es débil. Frente a una sociedad rota y un sistema político en el que la democracia se ha diluido, la democracia debe provenir desde abajo. 

Yo insisto en la permanente insumisión de pueblos. Hay un enorme divorcio entre la sociedad y esto que se llama elite. Es como si estuviéramos jugando un partido de fútbol en el estadio, pero con las tribunas vacías porque la gente está afuera. La recomposición tomará algunos años. Estoy seguro de que no se trata solo de una democracia que se ha diluido, sino de un fenómeno más complejo que debemos estudiar.