El Congreso peruano destituyó al presidente y eligió a José María Balcázar, el octavo jefe de Estado en una década, quien finalizará su mandato en cinco meses, cuando asuma el ganador de las elecciones del próximo 12 de abril. Aunque pertenece a un partido de izquierda, su nombramiento responde a los intereses de la coalición autoritaria que, mediante el parlamentarismo de facto, gobierna el país blindando sus redes de impunidad.

El Congreso decidió destituir a la presidenta a pocos meses de las elecciones presidenciales, previstas para el 12 de abril de 2026. La asunción del cuestionado presidente del Congreso, José Jerí, desencadenó nuevas protestas de la llamada Generación Z, mientras crece la fragmentación de la oferta electoral en medio del descontento ciudadano.

Las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte se apagaron y, pese a la debilidad de los actores que sostienen a la mandataria, estos han hecho alianzas de conveniencia para evitar el adelanto electoral. Pero la continuidad del statu quo alimenta el vaciamiento democrático y podría abrir las puertas a autoproclamados salvadores del país.

La ola de protestas en Perú ha convocado diversos tipos de análisis, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Si desde el primer bloque se pone el acento en las posibilidades de democratización o superación del neoliberalismo, desde el segundo se habla de retorno del terrorismo o de manipulación de las masas. Un análisis de las lógicas de la movilización obliga a ver los matices, y en ellos radican las posibilidades de cambio político y social en el país.