Tribuna global

Cataluña y la triple crisis española

El procés independentista catalán puso en crisis el Estado del 78, surgido de la Transición posfranquista. Un ala del antiguo nacionalismo catalán, tradicionalmente moderado en lo político y liberal en lo económico, se lanzó a una deriva que incluyó una declaración de independencia unilateral. Aunque esta no tuvo efectos reales, pareció dinamitar la política catalana. Más allá de las motivaciones coyunturales, las raíces de la crisis actual son profundas y van más allá de la histórica tensión entre el nacionalismo catalán y el español: están relacionadas con la triple crisis –económica, política y territorial– que ha experimentado España desde 2007. Como se vio el 21 de diciembre, una elección no basta para resolverla.

Cataluña y la triple crisis española

¿Cómo interpretar las elecciones catalanas del 21 de diciembre (21-D) de 2017? y, sobre todo, ¿cómo interpretar la dinámica política de confrontación entre las instituciones catalanas y las del gobierno de Madrid, y la tensión política entre un sector de la sociedad catalana que se siente exclusivamente catalán y reclama un referéndum para decidir que la Comunidad Autónoma de Cataluña pueda convertirse en una república independiente, y otro sector que quiere mantenerse dentro del Reino de España? Estas cuestiones son las que pretende responder este texto. Para ello, presenta el contexto en que se han desarrollado las elecciones del 21-D, en segundo lugar analiza las campañas electorales y, finalmente, muestra e interpreta resultados y aporta algunas claves de lectura de los posibles desenlaces.

El 21-D y su contexto

Antes de analizar las elecciones del 21-D, es preciso señalar que estas fueron un episodio más de un ciclo político que ha encadenado, a lo largo de una década, grandes movilizaciones en las calles, dos referendos no oficiales (los del 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017) y tres comicios para elegir a los diputados del Parlament catalán (2010, 2012, 2015).

No es fácil identificar una ola de movilización ni un proceso de realineamiento político en tiempo real; sin embargo, se puede afirmar que en Cataluña se han dado ambos fenómenos. Sus raíces son profundas y van más allá de la histórica tensión entre el nacionalismo catalán y el español, pues también están relacionadas con la triple crisis (económica, política y territorial) que ha experimentado España desde 2007. La crisis económica no puede desligarse de la crisis financiera global, aunque fue particularmente onerosa en España debido a un modelo de crecimiento extremadamente frágil y con tasas de desempleo que doblaban (y continúan doblando) la media europea. La crisis política fue producto del agotamiento de los consensos de la Transición y de la esclerosis partidocrática generada por un sistema bipartidista entre el Partido Popular (pp) y el Partido Socialista Obrero Español (psoe), que alentó la falta de control (y, por tanto, la corrupción) y que terminó creando fuertes dosis de apatía, sobre todo entre los jóvenes. La crisis territorial, por último, fue producto del agotamiento de un modelo de organización territorial del Estado que nació en 1978 para dar respuesta a las demandas de autogobierno del País Vasco y Cataluña, pero que derivó en la creación de 17 entidades (las comunidades autónomas) con instituciones propias, prestadoras de servicios y sin capacidad de recaudación fiscal (con excepción del País Vasco y Navarra). Así, la apelación al «agravio» comparativo daba rendimientos electorales en la política catalana, a la par que para el gobierno de Madrid posicionarse en contra de las reivindicaciones catalanistas también daba rendimientos electorales.

En este marco cabe interpretar el incremento del sentimiento independentista en Cataluña durante la última década, que se nutre de una variopinta mezcla de ingredientes, entre los que se destacan el rechazo al modelo territorial vigente, el hastío frente a la clase política tradicional (la de Madrid y la de Barcelona) y el malestar y la incertidumbre frente a la crisis económica. Este sentimiento, que se expresó en grandes movilizaciones sociales en las calles (sobre todo en las celebraciones del 11 de septiembre, fiesta «nacional» de Cataluña), es el que pretendió capitalizar en 2012 el entonces presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, quien había llegado al poder en 2010 con un discurso que apelaba al rigor neoliberal y a las políticas business-friendly1.

Desde entonces, los acontecimientos políticos se aceleraron, a la par que implosionó el sistema de partidos y la dinámica de competencia electoral se polarizó entre dos bloques: el independentista y el «unionista». En este marco se celebraron en 2015 nuevas elecciones en las que las dos formaciones independentistas mayoritarias, Esquerra Republicana de Catalunya (erc) y Convergència i Unió (ciu), se presentaron coaligadas en una plataforma llamada Junts pel Sí (jxsí). El programa de esta plataforma contenía una hoja de ruta para transitar unilateralmente hacia la independencia, ya que se consideraba que las propias elecciones constituían un plebiscito y que si ganaban los independentistas quedaba legitimada esa vía para la secesión. La coalición jxsí, con el apoyo de una tercera formación independentista de izquierda radical, la Candidatura de Unidad Popular (cup), obtuvo la mayoría absoluta en el Parlament en escaños, pero no en votos. Después de una corta y tortuosa legislatura se introdujeron algunas modificaciones en la hoja de ruta para materializar la promesa electoral: durante los días 6 y 7 de septiembre de 2017, se aprobó (de forma expeditiva, en trámite de urgencia y con el único apoyo de los partidos independentistas) una legislación que emplazaba a la ciudadanía catalana a la celebración de un referéndum sobre la independencia el día 1o de octubre de 2017 para, en caso de un resultado afirmativo, proclamar sin dilaciones la República catalana. Este referéndum se llevó a cabo mediante la autorganización ciudadana, a pesar de la prohibición y la represión de las fuerzas de seguridad del Estado.

Todas estas acciones, sin embargo, fueron suspendidas y posterior-mente declaradas nulas por el Tribunal Constitucional por no respetar la Constitución española ni el Estatut catalán. Además, el mismo día que se votó la República en el Parlament catalán, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, una norma de coerción federal que faculta al gobierno del Estado a asumir las riendas de una comunidad autónoma (artículo nunca utilizado desde su inclusión en la ley fundamental). La misma tarde de su aprobación, el presidente Mariano Rajoy anunció la destitución del presidente Carles Puigdemont y de su gobierno, la disolución del Legislativo catalán y una convocatoria electoral en el plazo más corto posible: el 21 de diciembre. El Consejo de Garantías Estatutarias (un órgano similar al Tribunal Constitucional previsto en el Estatut catalán de 2006), en su dictamen 14/2017, cree justificada la disolución y la rápida convocatoria de elecciones, pero no así la destitución del presidente y el gobierno ni la intervención de la Generalitat.

A pesar de la dura disputa y de haber llegado tan lejos con la votación de una declaración de independencia unilateral y la activación del artículo 155 de la Constitución, todos los partidos catalanes aceptaron participar en la cita electoral. Además, el Legislativo y el Ejecutivo catalanes acataron sustantivamente la intervención y no opusieron resistencia a la decisión del gobierno central. Parecía pues que el retorno a la legalidad que pedía Europa se transitaba implícitamente a través de las urnas. Dicho esto, el president Puigdemont y otros consellers (ministros) se desplazaron a Bruselas y desde allí hicieron un acto simbólico de reconstrucción de las instituciones, aunque posteriormente su estadía en la ciudad belga derivó en una estrategia de defensa judicial contra la orden de detención emanada de la justicia española. Entretanto, el vicepresidente Oriol Junqueras (de erc) quedó detenido en una cárcel madrileña y siguieron el mismo camino hacia la prisión preventiva otros políticos catalanes involucrados en el movimiento independentista.

Cabe tener en cuenta que durante los dos últimos años el fenómeno de la judicialización de la política ha ido ganando centralidad en el conflicto catalán. El gobierno español ha ido delegando en el Tribunal Constitucional, jueces y fiscales (e incluso en la policía) la resolución del litigio. Así pues, existen distintos procedimientos judiciales en marcha, a los que se añadió la iniciativa del Juzgado de Instrucción Nº 3 de la Audiencia Nacional, que citó a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos al (ex-)presidente catalán y a los miembros de su Ejecutivo. A esto se añadió posteriormente la convocatoria por parte del Tribunal Supremo de los miembros de la mesa del Parlament catalán (aún aforados). A los primeros se les aplicó prisión provisional como medida cautelar; los segundos quedaron libres bajo fianza. Así las cosas, empezó la campaña electoral sui generis del 21-D: dos de los principales candidatos estaban en el «exilio» (Puigdemont) o en prisión (Junqueras).

Con la emoción a flor de piel

El 27 de octubre, Rajoy convocó las elecciones, lo que generó un escenario complejo para las fuerzas independentistas: se iban a medir en comicios en un momento de desconcierto. Con esa iniciativa el gobierno español se sintió ganador. El independentismo se había quedado sin relato unitario y parecía enfrentarse a una desmovilización de sus partidarios: una parte de sus votantes sentía frustración porque no se había llegado lo suficientemente lejos, se había votado la declaración de independencia sin efectos reales y, finalmente, se había acatado la intervención de Madrid y la República catalana parecía reducirse a una aventura sin perspectivas; otra parte, más conservadora, estaba asustada por las repercusiones económicas y de fractura social que parecía estar causando la vía unilateral, lo que incluía la salida formal de empresas de Cataluña. Por contra, la defensa del statu quo mostraba una fuerza y vitalidad importantes, como pudo verse en las manifestaciones del 8 y 29 de octubre convocadas por la Societat Civil Catalana «por la unidad de España», hecho que podía traducirse en un ligero crecimiento del voto antiindependentista. Ciudadanos, pero también el pp o el Partit dels Socialistes de Catalunya (psc)2 podían arañar algunos votos de la abstención capaces de mover el tablero electoral hacia la pérdida de la mayoría absoluta de las fuerzas independentistas sumadas.

Pero el panorama mutó rápidamente. Apenas después de la rueda de prensa que dio Puigdemont el lunes 30 de octubre desde Bruselas, las actuaciones de la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, quien dictó una orden internacional de captura contra él, activaron una nueva dinámica electoral. Más allá de la evaluación jurídica que se pueda hacer del encarcelamiento de los integrantes del Ejecutivo catalán (que una parte muy importante de juristas valora como desproporcionada), esa decisión tuvo evidentes efectos políticos. Los procedimientos judiciales, una vez iniciados, toman autonomía en países donde existe –aun con sus problemas– la separación de poderes. Y en este caso no parece que el fallo judicial fuera muy en la línea de lo que tenía pensado el gobierno central. Así pues, estas acciones volvieron a movilizar a los votantes independentistas y cerraron filas alrededor de un único relato: el antirrepresivo. Ver a los representantes políticos entre rejas incomodó también al resto de las fuerzas no alineadas, como Catalunya en Comú-Podem (cec-p) e incluso los socialistas del psc, partidos sin capacidad de obtener rédito electoral en una escena nuevamente polarizada por las decisiones judiciales.

La oferta de fuerzas políticas con que se llegó a elecciones es compleja y es la foto fija de un largo proceso de mutación del sistema de partidos catalán, que había permanecido estable desde la recuperación del autogobierno con las elecciones de 1980 hasta 2012. En un primer lugar cabe situar al sector independentista, que ha actuado como un bloque en la pasada legislatura a pesar de la gran diferencia ideológica presente entre sus miembros: el Partido Demócrata Europeo Catalán (pdecat) –de ideología liberal y heredero de Convergència–, la erc (centroizquierda) y la cup (anticapitalista). Ahora bien, cabe decir que la candidatura de Junts per Catalunya (jxcat) incluyó al pdecat pero lo desbordó, y por ello se bautizó, de manera más precisa, como la «lista del president» cesado4. En un segundo lugar se sitúa el bloque del statu quo: Ciudadanos (centroderecha) y pp (conservador). En un tercer lugar, se sitúa un espacio intermedio (algunos sitúan al psc en el segundo bloque) que promueve el federalismo o la plurinacionalidad: psc (centroizquierda) y cec-p (izquierda). Cabe decir que a estas dos fuerzas políticas no las favorece en lo más mínimo la polarización en el eje nacional que se produce en estas elecciones (como ya había ocurrido en las de 2015).

Las elecciones del 21-D son excepcionales como mínimo por tres razones: son convocadas por una instancia a la que no le compete, se hacen con el propósito de elegir los representantes de una institución intervenida y se celebran con la mayor parte de los líderes políticos independentistas en la cárcel o en el extranjero. La campaña también tiene características excepcionales: se desarrolla con mucha emotividad y cada bloque se va cargando de razones. Por un lado, se construye un relato contra la represión y la «maldad» del Estado español; por el otro, contra la «amenaza» independentista y en favor del artículo 155. Se trata de una campaña muy polarizada en torno de un solo eje. Ahora bien, aunque esté focalizada en la cuestión nacional, no se discute en ella realmente sobre cómo canalizar el conflicto. Solo lo hacen de manera tímida desde cec-p y el psc, pero sin encontrar contrincantes dispuestos a profundizar la discusión. Evidentemente no se habla de programas, de políticas sociales, económicas o culturales. Existió un intento por parte de Xavier Domènech (líder de cec-p) de emular a Jeremy Corbyn en el último tramo de campaña e introducir el eje ideológico en favor de un acuerdo catalanista y de progreso para tratar de romper los dos bloques existentes. Pero el intento no resultó electoralmente rentable.

Las incógnitas de campaña fueron cuatro y modularon los detalles de la disputa: a) qué movilización electoral se produciría y a quién beneficiaría un potencial aumento de la participación; b) si el independentista continuaría siendo mayoritario o no, o ninguno de los dos conseguía sumar una mayoría; c) qué reconfiguraciones intrabloques podían producirse, y allí aparecían la batalla entre jxcat y erc por la dirección del espacio nacionalista catalán, y la de Ciudadanos y el psc como oposición a la apuesta independentista; y d) qué capacidad habría después de las elecciones de establecer coaliciones gubernamentales a partir de un sistema de partidos multipartidista atomizado y polarizado; y si existiría algún partido, sobre todo del espacio intermedio, indispensable para formar alianzas.

Resultado: se mantuvieron los bloques

Las elecciones al Parlamento de Cataluña se regulan a través de un sistema electoral cuya principal característica es el elevado grado de proporcionalidad. Esta deriva de la aplicación de las normas subsidiarias del Estatut y de la aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de España, ya que la catalana es la única comunidad autónoma del Estado sin ley electoral propia. Los 135 escaños del Parlament se reparten en 4 distritos electorales en los que Barcelona escoge 85 escaños, Girona 17, Lleida 15 y Tarragona 18. El elevado número de escaños por distrito, junto con una fórmula proporcional como es la del sistema D’Hondt, provoca que en todas las circunscripciones obtengan representación un mínimo de 5 partidos. Así, aun constatando una desigualdad en el valor del voto entre circunscripciones (en las urbanas, el escaño es más «caro» que en las rurales), como sucede también en el caso de las elecciones generales españolas, el principal efecto del sistema electoral es la gran proporcionalidad entre el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños en todos los partidos. Esta proporcionalidad permite y hasta incentiva un sistema multipartidista. Después de 30 años (1980-2003) en los que 5 partidos se dividían la representación parlamentaria, la fragmentación ha aumentado y hoy son 7 las fuerzas con diputados autonómicos.

Las elecciones del 21-D fueron las cuartas elecciones al Parlament en siete años. La reiteración electoral no ha conllevado modificaciones significativas del mapa electoral catalán, sino que más bien es una muestra de la inestabilidad política (la convocatoria a elecciones anticipadas no era una práctica usual antes de 2010). En el cuadro 1 se muestran los resultados de las elecciones del 21-D comparados con los de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Los resultados de las elecciones del 21-D no han diferido demasiado de los anteriores. Si se parte de la existencia de dos bloques, uno favorable a la independencia formado por jxcat, erc y cup, y otro contrario a ella, formado por Ciudadanos, psc y pp (con cec-p intentando zafarse de la dinámica de la polarización), los resultados entre los bloques apenas han sufrido modificaciones. Ello ha permitido al bloque independentista volver a disponer de una mayoría absoluta de escaños en el Parlament, aunque como en 2015, sin llegar a 50% de los votos.


Pero cuando se focaliza el análisis dentro de cada bloque se pueden apreciar más cambios. Por primera vez ha ganado las elecciones en votos y escaños Ciudadanos, un partido cuyo rasgo más definitorio es una actitud hostil hacia el nacionalismo catalán. No obstante, el resultado del resto de los partidos lo sitúa sin opciones reales de formar una mayoría de gobierno. Los socialistas se mantienen, mientras que el pp, el partido de Rajoy, ha quedado reducido a unos casi anecdóticos cuatro diputados. Los votantes a favor de la unidad de España, pues, se han agrupado en Ciudadanos, un partido nuevo sin casos de corrupción y que muestra una oposición rotunda al proceso independentista.

Por otro lado, en el campo independentista, no se reeditó la coalición ganadora en las elecciones previas (jxsí), lo que dio lugar a la candidatura de jxcat y erc. En la pugna intraindependentista ganó jxcat por muy poco (2 escaños y apenas 11.000 votos), pero obtuvo los peores resultados de la historia de su espacio político, mientras que erc obtuvo sus mejores resultados desde la muerte del dictador Francisco Franco. La extrema izquierda nacionalista, representada por la cup, perdió más de la mitad de sus fuerzas, pero se mantuvo en el Parlament.

En definitiva, en cada uno de los bloques ganó la fuerza política que articuló en campaña un discurso más radical en el eje nacional (fuera a favor o en contra de la independencia): jxcat y Ciudadanos. Curiosamente, ambos partidos pertenecen al grupo liberal europeo, en detrimento de erc y psc, partidos de centroizquierda, que planteaban sus propuestas con un acento más dialogante. Más aún debe considerarse que erc partía con unas grandes expectativas electorales que desde hace un par de años hasta las últimas encuestas publicadas lo daban como líder indiscutible en las elecciones catalanas. Por último, cec-p, la candidatura con fuertes lazos con Podemos, intentó huir de la lógica frentista priorizando la agenda social, pero no consiguió mantener sus anteriores resultados, que ya habían sido modestos.

Hay algunos elementos relevantes que es preciso señalar, más allá de la dinámica de cada partido concreto. En primer lugar, la altísima participación, más de 4 puntos superior a la de 2015, que se ubicó en 79%, la más alta en elecciones autonómicas. Hasta las elecciones autonómicas de 2012 no se había superado el 65% de participación en elecciones al Parlament catalán, mientras que en las generales se habían registrado participaciones históricas, como 80,8% en las de 1982.

La altísima participación muestra, pues, la percepción mayoritaria de que en estas elecciones se dirimían aspectos políticos cruciales. Aunque siempre estuvo presente en la política catalana, la cuestión de la independencia se ha convertido en el clivaje más relevante para explicar el comportamiento electoral en las dos últimas elecciones al Parlament. Tanto es así que el cuadro 2 muestra que existe una alineación importantísima entre la opinión acerca de la independencia catalana y el voto.

La opinión respecto a la independencia es así el elemento central a la hora de explicar el comportamiento en las elecciones al Parlament catalán. No obstante, esto no es así en todas las elecciones celebradas en Cataluña. En las elecciones legislativas de ámbito español, cec-p (en el marco del auge de Podemos) ganó en Cataluña con más de 800.000 votos, con lo que casi triplicó los resultados obtenidos el 21-D. Este es el caso más extremo, pero en todos los partidos se encuentran diferencias relevantes en función del tipo de elección. Por lo tanto, muchos votantes se comportan de una manera diferente de acuerdo con lo que se esté eligiendo.


También hay que destacar la diferente distribución geográfica del apoyo a cada bloque. En la mayor parte del territorio catalán, en el ámbito rural y en las ciudades medianas se verifica un amplio apoyo al independentismo. En cambio, el apoyo al unionismo está mucho más concentrado geográficamente. Su apoyo más fuerte se ubica en el centro del litoral catalán, en la ciudad de Barcelona y su entorno metropolitano, y a lo largo de la costa hasta la ciudad de Tarragona, zonas densamente pobladas.

Posibles desenlaces y algunas conclusiones

Después de las elecciones del 21-D, la cuestión va a residir en la capacidad de generar una coalición consistente para poder llevar a cabo un gobierno que complete la legislatura. De los resultados se observa que la única coalición con posibilidades de formar gobierno es la independentista integrada por erc y JXC, siempre y cuando la cup se abstenga. Con todo, al momento de escribir este artículo, una de las incógnitas es qué va a ocurrir con los líderes independentistas que han sido elegidos pero que están encarcelados o en Bélgica. También debe destacarse una desconfianza creciente cada vez más pública entre los dirigentes de las dos fuerzas políticas independentistas, lo que puede dificultar los pactos.

Como los números no dan opción a un gobierno alternativo, si los independentistas no pueden conformar gobierno, nadie puede descartar nuevas elecciones en un futuro inmediato. Pero si eso ocurre, tampoco está claro si habría muchos cambios en el comportamiento electoral de los catalanes tras una nueva convocatoria. Si una cosa han dejado en claro estas elecciones es que no será repitiéndolas como va a solucionarse el conflicto.

Pero más allá de señalar que las elecciones del 21-D han sido excepcionales, se puede afirmar que responden, como ya lo hicieron las anteriores, a la calificación de elecciones críticas, por el hecho de haber supuesto un proceso de realineamiento electoral en tanto transformaron la lógica de competencia que existió desde 1980 hasta 2012, que se nucleaba de manera importante a partir del eje ideológico (y, de manera complementaria, el nacional). Uno de los textos seminales sobre realineamiento expone que este sucede cuando en una elección se produce una súbita alteración del clivaje preexistente entre el electorado y aparece un clivaje nuevo5. Según la bibliografía al uso, hay seis elementos atribuibles al proceso de realineamiento electoral: a) la existencia de una gran participación electoral; b) la aparición de conflictos en la nominación de candidatos dentro de alguno de los grandes partidos en liza, así como de nuevos conflictos intrabloque; c) la irrupción de nuevos partidos en la arena electoral; d) la aparición de nuevos temas de conflicto (issue cleavages); e) una fuerte polarización ideológica y, finalmente, f) cambios sustanciales en las propuestas de políticas6. Sin duda, todo esto ha ocurrido en Cataluña y el reto ahora será gestionar esta nueva realidad política mediante el diálogo y preservando la convivencia.

  • 1.

    En 2010, Convergència i Uniò (CIU) recuperaba las riendas del gobierno catalán después de haber gobernado las dos anteriores legislaturas una coalición progresista (excepción en tres décadas de autogobierno). En los dos años que siguen, y gracias a un acuerdo de gobernabilidad con el PP, los convergentes hacen de Cataluña un laboratorio neoliberal y el Ejecutivo catalán se presenta como un alumno aventajado de las políticas de austeridad promovidas en Europa. Esta acción gubernamental provoca importantes movilizaciones sociales: el 15-M en Cataluña tiene un carácter más social que en España. Cabe tener en cuenta que para los nuevos dirigentes de ciu, que se consolidaron en la oposición contra los gobiernos progresistas de Pasqual Maragall y José Montilla, todo era preferible a una vuelta al poder de la izquierda, y el contexto de crisis económica a priori puede provocarla. Existe socialmente una desafección generalizada frente a un modelo autonómico que se fue agotando, desafección que algunas organizaciones ciudadanas articulan como demanda independentista. Después de la gran manifestación independentista del 11 de septiembre de 2012, ciu decidió convocar a elecciones abrazando por primera vez los postulados independentistas y subiéndose a la ola.

  • 2.

    Articulado con el PSOE en el nivel estatal.

  • 4.

    Existe cierto distanciamiento entre los dirigentes del PDeCat y Puigdemont (y su entorno), tanto que en la lista electoral JxCat no se encuentran los principales dirigentes partidarios. Mientras que los primeros trabajan para reconstruir ideológicamente el partido y para darle contornos liberales y moderados a la organización, JxCat adopta un discurso radicalizado en el eje nacional, poniendo acento en la unilateralidad y el enfrentamiento con el Estado español. Este discurso puede asustar a una parte de los tradicionales votantes del PDeCat por los efectos económicos y de fractura social que ha generado el último tramo del procés independentista.

  • 5.

    V.O. Key: «A Theory of Critical Elections» en Journal of Politics vol. 17 No 1, 2/1955.

  • 6.

    David R. Mayhew: Electoral Realignments: A Critique of an American Genre, Yale University Press, New Haven, 2002.