Introducción

El presidente de El Salvador Nayib Bukele obtuvo 90% de aprobación según el Latinobarómetro de 2023, lo que lo convierte en el mejor evaluado entre todos los presidentes latinoamericanos desde 1995. Además, el presidente más joven de la historia de su país se autodefinió como el «más cool del mundo» por su manejo de las redes sociales y su estrategia general de comunicación política¹. Sin duda, su principal logro ha sido la muy mediatizada política de seguridad, que hizo que El Salvador pasara de ser uno de los países más inseguros de la región a estar entre los que exhiben las tasas de homicidios más bajas. Una situación que llevó al mandatario a declarar, en la 78o sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, que el salvadoreño es «un modelo mundial, dado que se decidió a enfrentar los riesgos y no aceptar el destino que otros habían trazado».

No hay duda de que, en medio de la crisis de legitimidad que sufren la mayoría de los países y sus gobernantes, la situación de Bukele es una notable excepción. Y esto genera, por ejemplo, que en Chile Bukele se ubique en el segundo lugar entre los líderes del mundo mejor evaluados². En Perú, por su parte, el recientemente fallecido primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, había señalado que su país no necesitaba de un Bukele «sino de dos» para enfrentar la inseguridad³. Llama la atención que no se aborden los problemas económicos que enfrenta el joven presidente, o el impacto de algunas de sus medidas más conocidas, como el uso del bitcoin como divisa oficial⁴. Esto, sin mencionar la persecución de periodistas y académicos⁵, la aparente vinculación de su gobierno con diversas pandillas⁶ e incluso los cambios discrecionales de las reglas de reelección presidencial. Todo lo anterior lleva a que diversos analistas planteen que «el régimen político no alcanza las calificaciones mínimas de una democracia liberal»⁷.

Ahora bien, ¿cuáles son los logros de los que estamos hablando? Tal vez el más evidente es la disminución de la tasa de homicidios, que si bien ya venía bajando desde 2015, según datos oficiales pasó de 106 homicidios cada 100.000 habitantes en 2018 a 7,8 en 2022⁸. Este resultado estaría directamente vinculado con el encarcelamiento masivo de más de 70.000 jóvenes (más de 1% de la población total del país) que supuestamente son miembros de pandillas juveniles. Esta política, que tiene como uno de sus ejes una mayor presencia policial y militar en el patrullaje cotidiano, se desarrolla en el marco de un régimen de excepción constitucional declarado en marzo de 2020 y que lleva ya 17 prórrogas sucesivas. Este régimen permite las detenciones sin orden judicial o flagrancia y el desarrollo de juicios masivos, al tiempo que elimina controles legales sobre procesos administrativos para el uso de fondos públicos y contrataciones del Estado, así como el derecho al acceso a la información pública⁹. Finalmente, la campaña de redes sociales sobre la construcción y utilización de la «cárcel más grande de América Latina» ha tenido un impacto claro en la percepción general sobre el exitoso «modelo Bukele». El llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo, con capacidad para 40.000 presos, se ha convertido en emblema de su campaña de logros en seguridad y ha generado intentos de réplica en diversos países. 

Las fortalezas del llamado «modelo Bukele» de seguridad se nutren de las limitaciones de las políticas desarrolladas durante las últimas dos décadas en América Latina, las cuales han tenido impactos limitados y retrocesos evidentes. En este artículo, nos proponemos caracterizar el contexto latinoamericano, así como analizar los elementos centrales de las estrategias de política pública desarrolladas en la región, con el fin de evidenciar que el camino hacia políticas serias y sólidas no debería sostenerse en la violación de derechos humanos o los encarcelamientos indiscriminados, sino más bien en el diseño e implementación de políticas serias, basadas en evidencia, sostenidas en el tiempo y apoyadas por una voluntad política férrea. Paradójicamente, son los deficientes resultados de las antiguas políticas de prevención y control del delito, más que los logros actuales del modelo, los que parecen encaminarnos hacia un dilema fundamental: avanzar con seriedad en políticas de largo plazo y resultados claros, o abrir la puerta al deterioro final del Estado de derecho.

Violencias, crímenes y organizaciones

América Latina es considerado el continente más violento del mundo; 33% de todos los homicidios ocurren en la región¹⁰. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc, por sus siglas en inglés), en 2017 las tasas de América Central (25,9) y del Sur (24,2) fueron 300% mayores que el promedio mundial de 6,1 homicidios cada 100.000 habitantes¹¹. Si bien la tasa de homicidios no es un indicador totalmente preciso para analizar los niveles de violencia, la carencia de sistemas de información confiables, transparentes y comparables en casi toda la región obliga a utilizarla¹². Sin duda, los países con mayor población «esconden» u omiten distintas anomalías y sesgos en los registros al tener que enfrentar un aumento muy sustantivo de casos para que cambie el promedio nacional. Un claro ejemplo se puede ver en la comparación entre México y Uruguay. Según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en 2022 México tuvo una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 personas, con 87 en Zacatecas y 53 en Chihuahua; al mismo tiempo, la ciudad de México registró una tasa de 8 homicidios por cada 100.000 personas, y 21 estados tuvieron tasas menores que el promedio del país¹³. Por su parte, Uruguay tuvo una tasa de homicidios de 10,7 homicidios por cada 100.000 personas durante el mismo año, lo que representa un incremento importante desde la tasa de 8,6 de 2021. La perspectiva de análisis detallada por espacio geográfico muestra que en Montevideo la tasa fue de 15,6 y la de la zona 3 de trabajo policial (de mayor complejidad delictual) alcanzó 28,1¹⁴. 

A partir de esta información, ¿podríamos afirmar que la zona 3 de Uruguay enfrenta los mismos problemas de violencia criminal que el promedio de México? Esta conclusión no parece evidente cuando se analizan los fenómenos delictuales de ambos países, pero en los dos casos la delincuencia es un problema de primer orden que se distribuye de forma no homogénea en los territorios y que requiere de diversas capas de información para diseñar políticas públicas que controlen y/o prevengan su desarrollo. 

Para complejizar aún más el diagnóstico, podemos comparar los niveles de victimización¹⁵ de ambos países que, según el Proyecto de Opinión Pública de América Latina lapop (2021) fue de 22,4% en Uruguay y 32% en México; otro indicador es el nivel de percepción de inseguridad¹⁶: 42,9% de los uruguayos y 51,6% de los mexicanos se sienten muy o algo inseguros en su lugar de residencia. Es decir, en ambos casos los delitos comunes afectan a un porcentaje importante de la población, lo que a su vez impacta en los niveles de inseguridad. Por supuesto que resulta necesario caracterizar cuáles son los delitos que más afectan en cada país. Ciertamente, no es lo mismo un escenario criminal donde el delito principal es el hurto de celulares que uno caracterizado por robos violentos, si bien en términos de la percepción de inseguridad ambos delitos afectan la sensación de indefensión ciudadana.

Además de comparaciones nacionales, este mismo análisis se puede desarrollar en una escala subnacional dentro de los países de la región, lo que torna imposible hablar de un problema general común. Hay, sin embargo, diez elementos compartidos en toda la región latinoamericana que muestran un escenario de preocupación:
(a) Aumento y mayor visibilización de violencias cotidianas en lugares como el trabajo, el espacio público y las escuelas.

(b) Persistencia de altos índices de violencia contra las mujeres, que en el proceso pospandemia incluyen aumento de violencias contra niñas, mujeres de la tercera edad y múltiples mensajes de odio y violencia contra las mujeres en las redes sociales.

(c) Rutinización de delitos cotidianos en el espacio público, marcada por robos y hurtos de menor escala, pero con amplia presencia geográfica.

(d) Consolidación de economías locales informales que auspician el desarrollo de delitos contra la propiedad (específicamente, permiten la comercialización de mercadería robada en ferias o espacios de venta ambulante, pero también mediante las redes sociales).

(e) Mayor violencia en el desarrollo de delitos cotidianos debido a la utilización de armas o violencia física en el robo de celulares y vehículos o dentro de las viviendas.

(f) Presencia de múltiples bandas criminales, entendidas como organizaciones pequeñas vinculadas a delitos de oportunidad, conformadas principalmente por jóvenes e incluso niños con acceso a armas y con una clara diversificación criminal.

(g) Incapacidad de los gobiernos locales y nacionales para abordar los factores sociales vinculados al inicio de carreras criminales. Cientos de miles de niños y jóvenes enfrentan el consumo problemático de drogas, el abandono escolar, la violencia en el hogar, los problemas de salud mental y el embarazo adolescente, entre otras variables estructurales que potencian una vida en la ilegalidad.

(h) Consolidación de mercados ilegales transnacionales que abarcan la región en su totalidad. Si bien inicialmente este fenómeno estuvo concentrado en el tráfico de drogas (en especial de cocaína, entre América del Sur y Estados Unidos), en la actualidad es mucho más diverso. Muchos informes ponen énfasis en el tráfico de armas, de personas, de migrantes, así como en el desarrollo de la minería y tala ilegales, entre muchos otros mercados presentes en la región.

(i) Consolidación de esquemas de comercialización transnacional de productos y articulación de múltiples organizaciones nacionales que permiten su movimiento. Más allá de la espectacularidad con que los programas televisivos muestran a las agrupaciones criminales, la presencia de organizaciones sólidas de alcance regional carece aún de evidencia contundente. Cuando se habla de «traslado criminal», se requiere verificar la presencia de estructuras replicadas, envío de dinero y estructuras jerárquicas, entre varias otras dimensiones; la presencia de migrantes o de contactos del mercado ilegal no es suficiente. Lo que es indudable es la construcción de una compleja red de pequeñas y medianas organizaciones locales que se interconectan en mercados cada día más diversos y regionales.

(j) La lucha contra el dinero que generan los mercados ilegales es aún muy débil. En prácticamente ningún país se han podido consolidar iniciativas que enfrenten el negocio verdadero de los mercados ilegales.

¿Nada sirve?

En las últimas tres décadas, han abundado las iniciativas de política pública que se han desarrollado en América Latina para enfrentar los problemas de seguridad ciudadana. Los aprendizajes son múltiples y reconocen que la región partió en la década de 1990 con instituciones policiales acostumbradas al rol de policía política, bajos niveles de profesionalización y especialización, pero también con condiciones de trabajo profundamente precarias¹⁷. Además, la sistematización de información era casi inexistente, al igual que la transparencia: las decisiones sobre seguridad se tomaban en el interior de las fuerzas policiales, principalmente sobre la base de la intuición y la opinión experta de múltiples líderes policiales. La prevención del delito se entendía como un ejercicio de presencia policial; lo que hoy conocemos como disuasión era asumido como el principal (y en muchos casos único) mecanismo preventivo.

Los gobiernos nacionales y municipales no contaban con equipos especializados en cuestiones criminales ni se dictaban políticas nacionales, y se consideraba el crimen como un problema de seguridad interior del Estado (en especial durante las dictaduras y conflictos armados) o de seguridad pública (en cuyo marco la principal responsabilidad de la seguridad recaía en las policías y el sistema carcelario). En el mundo académico, tampoco existía capacidad analítica de un problema que era considerado demasiado tangencial o alejado, salvo para grupos específicos que realizaban análisis criminológico, principalmente desde el campo del derecho. 

Pero ese es un escenario que sin duda ha cambiado. Las instituciones policiales cuentan hoy con mayores niveles de inversión pública, han reforzado sus sistemas de formación y entrenamiento, potenciado sus áreas de información y sofisticado sus respuestas frente a fenómenos criminales. En países como Colombia, Chile o Uruguay, las policías han desarrollado sistemas estadísticos que les permiten analizar fenómenos criminales en tiempo real e incluso han avanzado en definir modelos predictivos. Si bien la información sigue siendo poco transparente, se han llevado adelante esfuerzos significativos, como la conformación de observatorios de seguridad locales, nacionales e institucionales, que han permitido conocer de mejor forma los contornos del problema que se enfrenta. La inversión pública en las policías en América Latina ha crecido de forma sostenida y asegurado mejores condiciones laborales, aunque la disparidad en las coberturas de salud y calidad de sistemas de jubilación sigue siendo muy notable.

Desde mediados de la década de 2000, constituye un consenso regional que la seguridad ciudadana requiere de múltiples intervenciones para poder enfrentar no solo los delitos cometidos, sino también los factores que fortalecen las carreras criminales. La responsabilidad no es solo policial sino que es sistémica, y la prevención es una tarea urgente y fundamental para enfrentar parte central de los problemas. En este sentido, se han diseñado e implementado múltiples iniciativas de trabajo policial comunitario y orientado a problemas que intentan reconocer el rol preventivo del trabajo policial. Adicionalmente, los gobiernos locales empezaron a jugar un rol cada día más destacado en la prevención del delito, y muestran resultados relevantes, como en el caso de Bogotá o Medellín. Avanzaron en buscar iniciativas preventivas que fortalecieran el capital social, la confianza ciudadana, el uso del espacio público y la mejora de las condiciones del espacio escolar, entre otras. Los aprendizajes permiten reconocer por lo menos cinco elementos fundamentales:

(a) la prevención general, es decir aquella destinada a toda la población, tiene poco impacto en los problemas de inseguridad; así, las clases de baile entretenido o la reparación de parques como iniciativas preventivas tienen en general impactos débiles;

(b) la prevención situacional, es decir, aquella centrada en los espacios públicos, se ha convertido en el área de mayor intervención, con un énfasis cada día mayor en la colocación de alarmas comunitarias, cámaras de televigilancia y otros artefactos tecnológicos, en general con resultados limitados;

(c) las intervenciones específicas, por ejemplo, para limitar el robo de cajeros automáticos de bancos en Chile, tienen resultados relevantes cuando se fortalece la cooperación público-privada y además se definen metas y objetivos claros;

(d) es deficitaria la prevención secundaria o terciaria, es decir en relación con aquellas personas que pueden tener ya un vínculo personal o familiar con el mundo de la informalidad o la ilegalidad;

(e) los programas policiales de prevención basados en la relación con la comunidad, que incluyen mecanismos de denuncia y entrega de información, a menudo tienden a ser vistos como instrumentos para el control. 

En estas últimas dos décadas, también son numerosas las iniciativas de «mano dura» e incluso «súper mano dura» impulsadas en la región. Estas promueven el aumento de las penas para todo tipo de delitos, la creación de tipos criminales, la disminución de requisitos para la utilización de la prisión preventiva, el desarrollo de mecanismos de facilitación para la detención de sospechosos, el fortalecimiento de las fuerzas policiales y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, entre un largo repertorio de iniciativas que buscan disminuir el temor ciudadano. 

Las diversas crisis de seguridad que han enfrentado los países latinoamericanos, marcados por el aumento de la violencia y la criminalidad, reconocen algunos procesos especialmente críticos: en los países de triángulo norte de América Central (Honduras, Guatemala y El Salvador), con el desarrollo de las maras; en Brasil, con el aumento del poder de las organizaciones criminales instaladas en las principales favelas del país, la constante presencia de organizaciones criminales dedicadas a la producción y el tráfico de cocaína y sus diversos tentáculos en múltiples escenarios criminales en Perú, Colombia y Bolivia. Más recientemente, la violencia carcelaria, y de manera más amplia, las actividades criminales han hecho eclosión en Ecuador, y Haití ha caído de manera dramática en manos de las pandillas, con un elevado poder de fuego y vinculaciones con la política. En una dimensión distinta pero no menos preocupante, se registra el aumento de las tasas de homicidio en países considerados los más seguros de América Latina, como Chile, Costa Rica y Uruguay.

Se podría decir que en la región se han implementado casi todas las recetas de buenas prácticas utilizadas en otras partes del mundo y la sensación general de la ciudadanía es que no se ha logrado que tengan resultados. ¿Es la región un contexto muy específico donde nada funciona? La respuesta rápida es: no sabemos. Pero necesitamos tomar en cuenta al menos diez características de los procesos de implementación de políticas de seguridad en América Latina:

(a) La mayoría de las medidas desarrolladas responden a un proceso de importación de iniciativas que han tenido resultados positivos en otros contextos. Tomadas de países donde se han diseñado intervenciones de control y prevención generalmente basadas en evidencia, las iniciativas de política desarrolladas en América Latina se han quedado principalmente en una cuestión de nombres. Así ocurrió, en gran medida, con las policías comunitarias, el sistema CompStat¹⁸, la policía orientada a problemas y el diseño urbano para la prevención del delito, entre muchos otros ejemplos.

(b) Las iniciativas generalmente están diseñadas a partir de diagnósticos equivocados. Las urgencias políticas frente a situaciones críticas o escándalos de diverso tipo, la falta de flexibilidad para el diseño de programas de política pública ajustados a las problemáticas locales, la carencia de información consistente y actualizada y la limitada cooperación real con la academia o con el sector privado son cuatro elementos que en general dificultan el diseño de políticas públicas idóneas. Un ejemplo de ello son los programas de prevención de la violencia juvenil centrados en medidas de capacitación para el trabajo en lugares donde los problemas locales se vinculan principalmente a la presencia de pandillas.

(c) El apuro en la implementación de políticas pocas veces viene de la mano del financiamiento acorde con el tamaño de los desafíos del proceso. En la mayoría de los casos analizados en la bibliografía sobre seguridad ciudadana, se reconocen programas piloto que luego no son evaluados, iniciativas o enfoques locales de programas importados o directamente lanzamiento de programas que luego no son implementados. La realidad no es tanto que falte inversión pública, sino que esta se dirige principalmente a iniciativas que tienen un resultado muy visible e inmediato, como el aumento de vehículos policiales, la compra de armamento y de instrumental o la colocación de cámaras de televigilancia, pero cuyo impacto es bajo si no están vinculadas a una estrategia de mediano y largo plazo. Un ejemplo de este tipo de problemas es la instalación de miles de cámaras que luego no tienen centrales de monitoreo, o incluso sin capacidad policial de respuesta.

(d) Las políticas suelen ser de corta duración. Pensar en políticas de Estado se ha convertido en una tarea imposible en muchas áreas de la política pública en la región, pero en seguridad el problema es aún mayor. En muchos casos, ni siquiera las iniciativas de reforma policial –que deberían implicar procesos constantes de diseño, implementación y evaluación de los cambios institucionales– duran más de un par de años, lo que genera constantes procesos de contrarreforma y un bajo aprendizaje institucional.

(e) La resistencia institucional a los cambios es también un elemento común en la mayoría de las iniciativas de seguridad implementadas en los últimos años. Los bajos niveles de transparencia en la información, la disputa presupuestaria e incluso el enfrentamiento por el reconocimiento de la ciudadanía se suman a otros elementos que limitan la colaboración. En muchos países se pueden encontrar iniciativas similares desarrolladas por instituciones que lejos de colaborar, duplican. La competencia entre centrales de vigilancia de gobiernos nacionales, policías, gobiernos municipales e incluso regionales es un ejemplo vívido de este problema.

(f) Posiblemente uno de los elementos que más conspiran contra el éxito de las políticas implementadas en la región es una voluntad política difusa. Muchas iniciativas son el resultado de escándalos de corrupción, violencia o criminalidad que activan una respuesta política de urgencia. Sin embargo, estas urgencias duran poco y solo reaparecen con la siguiente crisis. La voluntad política del más alto nivel es un ingrediente fundamental en los programas de seguridad, debido a la necesidad lógica de cooperación interinstitucional, el impacto presupuestario y la prioridad que la seguridad alcanza en la agenda pública.

(g) La criminalidad es un problema complejo que requiere de respuestas complejas. El aprendizaje de las últimas décadas ha dejado en claro que el limitado engranaje interinstitucional existente en la región es uno de los factores que entorpece la implementación de iniciativas exitosas. Y esto se refiere no solo a la politización de la respuesta, sino también a la competencia institucional o la falta de interés por sumar acciones o actividades, que parecen siempre recaer solo en la responsabilidad policial. Está claro, por toda la evidencia, que la policía no es la única responsable de controlar y prevenir el delito. Para lo primero, se requiere cooperación entre todas las agencias policiales, trabajo cotidiano y eficaz con los ministerios públicos y coordinación con los sistemas penitenciarios, entre otras instituciones del sistema de justicia criminal. Para lo segundo, la policía debe ser parte de un ecosistema en el que las actividades de los gobiernos locales, las políticas de vivienda, transporte, educación y salud, así como las culturales y deportivas transversalicen la seguridad y la convivencia pacífica como elemento central. De otra forma, no se avanza.

(h) El aumento de la sensación de inseguridad de la población, acompañado o no por un aumento de los índices criminales, trae de la mano la priorización de respuestas rápidas y visibles. En este esfuerzo, se abandonan áreas claves vinculadas, por ejemplo, a la situación penitenciaria, que lleva décadas marcada por el hacinamiento, la violencia y la absoluta carencia de programas de reinserción o rehabilitación. Luego nos sorprendemos cuando en países como Brasil o Ecuador son las pandillas penitenciarias las que terminan dominando la escena criminal. Pero no solo las cárceles han sido invisibilizadas; de igual forma lo ha sido el consumo problemático de drogas, desencadenante principal del tráfico, que no tiene respuesta seria en prácticamente ningún país de la región.

(i) La presencia de mercados ilegales en todos los países de la región es un hecho innegable. La diversificación de estas estructuras criminales incluye el tráfico de drogas, armas y migrantes, la trata de personas, la minería y la tala ilegales, el comercio de aves exóticas y otras actividades criminales. Tiene también una cara cotidiana en los millones de personas que viven extorsionadas a diario por grupos locales criminales que cobran «peajes» para permitirles vivir, trabajar y transitar por sus barrios. La criminalidad organizada tiene diversos grados de influencia territorial y estructuración, pero sin duda existen distintas vinculaciones regionales que permiten que los migrantes de Haití terminen en Chile, o que el oro ilegal de Perú salga por Venezuela. Ninguna de estas actividades se puede desarrollar sin Estados atravesados por la corrupción individual o institucional, que alientan, cuando no participan, de sus beneficios económicos. Estos mercados ilegales generan ganancias que suman miles de millones de dólares, los que en su mayoría se pierden en extensas redes de lavado, y esto a su vez ratifica que las políticas contra el crimen organizado que tienen como meta el aumento de decomisos o la detención de vendedores callejeros de droga suelen ser absolutamente ineficientes. En los hechos, se convierten en una forma de mostrar cierta acción estatal mientras los negocios ilegales crecen sin control.

(j) La vocación por el cambio legal como forma casi única de enfrentar el delito es un espejismo. En general, la realidad no cambia por ajustes normativos, y si bien el aumento de penas podría generar disuasión o incluso disminución de los grupos criminales, el escenario latinoamericano no muestra esta situación. Por el contrario, tras décadas de aumentos de penas, no se perciben cambios reales en la magnitud de los problemas. Seamos claros: el aumento de penas focalizadas en aquellos criminales violentos y reiterados trae resultados positivos, pero lograr que el sistema de justicia criminal focalice su accionar y evite así llenar las cárceles con personas de baja incidencia criminal parece una tarea imposible. La incapacitación genérica a lo Bukele, es decir encerrar a miles de personas por «portación de rostro», porque tienen características personales o sociales que los podrían vincular al accionar criminal, no solo es ineficiente sino profundamente antidemocrático. 

La situación es entonces desesperante para la mayoría de los latinoamericanos, que desarrollan su vida cotidiana marcada por la presencia de múltiples mercados ilegales que se mueven con total impunidad y que el Estado, las instituciones y la política parecen no poder detener.

El desafío no es copiar…

Es este el marco en el que la experiencia del presidente Bukele en El Salvador aparece como exitosa. Muestra resultados concretos, como la disminución de los homicidios, la recuperación de diversos espacios públicos y la menor presencia de las pandillas, lo que impacta en la reducción de los delitos que ocurren en los lugares de vida y trabajo. En especial en los barrios más populares de El Salvador, es innegable que la calidad de vida de la población ha cambiado sustancialmente. Pero este cambio incluye también las detenciones masivas de jóvenes sin ningún criterio aparente de flagrancia, las retenciones por tiempos dilatados de personas que no tienen denuncias específicas y las denuncias de violación de derechos humanos que ocurren en los principales centros de reclusión penitenciaria. Y a esto se debe sumar la persecución a medios de comunicación no oficialistas, el uso de las redes sociales para entregar información tendenciosa y las decisiones administrativas discrecionales. 

Las fortalezas del llamado «modelo Bukele» se construyen principalmente sobre la sensación de que no existen otras alternativas posibles que puedan traer resultados rápidos y beneficiosos, sobre la acumulación de experiencias fracasadas o la sensación generalizada de temor e impunidad. Pero ¿son efectivamente el encarcelamiento masivo de jóvenes y el uso indiscriminado de la fuerza estatal la solución para la delincuencia? De ser así, probablemente las experiencias de mano dura implementadas previamente en El Salvador habrían traído resultados sostenidos en el largo plazo, más allá de la complejización de las estructuras criminales y la sofisticación de los mercados ilegales.

A pesar de la disminución de las tasas de homicidios, la normalización de la violencia estatal y la discrecionalidad en la toma de decisiones políticas son malas noticias para las democracias latinoamericanas. Existen formas serias y sólidas de limitar la violencia y controlar la criminalidad, las mismas que se han implementado en diversos países del mundo sin que esto involucre la erosión de los principios del Estado de derecho o el encarcelamiento masivo de jóvenes que pasan a ser rehenes de condiciones de violencia. La paradoja fundamental para las democracias que enfrentan altos niveles de inseguridad ciudadana y la consolidación de múltiples mercados ilegales es que para evitar el camino de la violencia estatal se requiere un cambio en la forma en que se diseñan e implementan las políticas de seguridad. Es decir, se debe comenzar por reconocer que los esfuerzos han sido significativos pero limitados, que las respuestas han sido insuficientes y que la politización de una temática tan fundamental como la seguridad no está permitiendo el desarrollo de políticas serias y de largo plazo.

En otras palabras, es preciso reconocer que seguir definiendo iniciativas de política pública de forma esporádica, espontánea, opaca, volátil y en muchos casos irresponsable es el camino perfecto para fortalecer un modelo que puede tener resultados de corto plazo, pero a costa de múltiples incertidumbres para el futuro de nuestras frágiles democracias.

Nota: la autora agradece los comentarios y sugerencias de Antia Mendoza, Miguel Emilio La Rota y Jonathan Rosen.