El 31 de septiembre de 2023, en una conferencia organizada por la revista The Atlantic, el asesor de seguridad nacional estadounidense Jake Sullivan citó una larga lista de acontecimientos positivos en la zona de Oriente Medio que le permitían al gobierno de Joe Biden centrarse en otras preocupaciones. También sentenció que la región estaba entonces «más tranquila de lo que lo estuvo en las dos últimas dos décadas»¹. Ocho días después, la organización islamista palestina Hamás iniciaba una compleja invasión desde la bloqueada Franja de Gaza hacia Israel que empezó con una andanada de miles de cohetes sobre suelo israelí, siguió con un ataque de drones en los puestos de vigilancia y alerta temprana, y luego con la destrucción de un muro de seguridad ultramoderno con bombas colocadas a mano, y terminó con la penetración –en 30 comunidades israelíes– de 2.000 a 3.000 militantes armados que utilizaron motocicletas, camiones, planeadores y botes.

En un ataque planeado por años y basado principalmente en la sorpresa, los miembros de Hamás comandaron una masacre de 766 civiles y otros 373 miembros del aparato de seguridad israelí. Con el deseo de dejar constancia de sus actos, muchas de las horrorosas ejecuciones, mutilaciones y torturas de civiles israelíes fueron filmadas por los propios ejecutores. Asimismo, la organización islamista secuestró a 253 personas entre civiles y militares, que llevó presurosamente a la Franja (en noviembre Israel liberó a 240 prisioneros palestinos, 107 de los cuales eran niños y tres cuartas partes de los cuales no habían sido condenados por ningún delito, a cambio de que Hamás entregara a 105 civiles, entre ellos 81 israelíes, 23 tailandeses y un filipino).

Un día tardaron las fuerzas combinadas de defensa del Estado de Israel –que en ese momento estaban situadas mayoritariamente en Cisjordania, donde sostienen la seguridad de 290 colonias (ilegales según la legislación internacional)– en recuperar el terreno, y otros dos días más en asegurarlo. Luego de atacar violentamente a los kibutz (comunas antiguamente agrícolas) que se encuentran en la frontera con Gaza (la lista de asesinados de esas comunidades se cuentan por cientos y sigue en aumento), las fuerzas de Hamás llegaron sin que nadie las detuviese hasta las ciudades de Sderot (a un par de kilómetros de Gaza), donde tomaron la estación de policía, y a Ofakim (a 25 kilómetros de la frontera), pero también otro grupo de la misma organización fue repelido por un equipo de defensa civil de diez hombres en Kerem Shalom –justo junto al límite–, lo que deja en evidencia lo caótico y oportunista −sumado a la tremenda falla de inteligencia y seguridad− que resultó para los israelíes el fatídico 7 de octubre.

Gaza, inhabitable

A pesar de las confiadas declaraciones del funcionario estadounidense, mucho antes del 7 de octubre, 2023 ya había sido muy significativo en términos del trato de Israel hacia los palestinos. Fue el año en que se aprobó el mayor número de unidades de vivienda en asentamientos judíos, tanto en Cisjordania como en Jerusalén Este; hay un total de más de 700.000 israelíes viviendo en los territorios ocupados². También en 2023 se registró la mayor cantidad de casos de violencia de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania desde que las organizaciones israelíes y palestinas comenzaron a documentarla a principios de la década de 2000 (a esos casos hay que sumar que desde el 7 de octubre ha habido aproximadamente otros 500 ataques de colonos en los que han muerto al menos diez palestinos, incluido un niño³). En resumen, 2023 venía siendo el año más mortífero para los palestinos en Cisjordania en las últimas dos décadas, pero después de octubre el año pasado se convirtió en el periodo más sangriento de toda la historia palestina desde 1948, fecha de la Nakba palestina y la creación del Estado de Israel.

Asimismo, el 7 de octubre marcó la peor matanza contra israelíes cometida en un solo día en toda la historia del Estado hebreo (incluso mayor que el número de caídos israelíes en cualquier día de la Guerra de Yom Kipur), junto al mayor número de civiles israelíes asesinados en cualquier conflicto (más que en la violenta Segunda Intifada, que se cobró la vida de 1.000 israelíes en el transcurso de los cinco años). El trauma de la masacre de Hamás en Israel, sumado a la pobre respuesta de sus fuerzas de seguridad, despertó temores primitivos en la sociedad israelí, junto a demandas de venganza con la intención de restablecer por todos los medios la «disuasión», violenta en este caso, sobre los palestinos. Antes de la guerra, vivían en Gaza unos 2,3 millones de palestinos, la mayoría en el norte. Esto cambió después del 7 de octubre, con el contraataque de Israel en respuesta al ataque criminal de Hamás contra el sur de Israel. Una de las primeras medidas del ejército israelí fue ordenar a los residentes del norte de Gaza que se dirigieran al sur, y así cientos de miles de personas huyeron rápidamente dejando atrás casi todas sus pertenencias (para muchos palestinos, huir y abandonar sus hogares fue como una repetición traumática de la Nakba de 1948, cuando fueron expulsados de sus casas en lo que hoy es Israel para establecerse en campos de refugiados como los que existen en toda la Franja y sus alrededores). Luego, empezó una agresiva campaña de bombardeos del ejército israelí que ha continuado sin interrupciones, salvo un alto al fuego de una semana en noviembre, cuando se intercambiaron rehenes por prisioneros y detenidos palestinos. Los bombardeos del ejército israelí desde aire, tierra y mar causaron rápidamente daños devastadores en toda la Franja. La mayor parte de la destrucción se produjo en el norte, pero la situación en el sur, donde se suponía que los civiles palestinos encontrarían refugio, no es mucho mejor: allí se encuentra alrededor de 1,5 millones de gazatíes, según la Organización de las Naciones Unidas (onu). En ese sitio han levantado enormes ciudades de tiendas de campaña a lo largo de la frontera egipcia, lo que ha creado una nueva realidad humanitaria, diplomática y de seguridad que moldeará la región en los años venideros.

Los informes de las diferentes organizaciones humanitarias ponen el foco en el vasto alcance de la destrucción provocada por Israel: viviendas, universidades, mezquitas, iglesias, edificios comerciales, infraestructura de agua y alcantarillado, instalaciones médicas, bibliotecas, escuelas, fábricas de alimentos y centros de ayuda. También han resultado dañados caminos, sitios arqueológicos y cementerios, y prácticamente todas las zonas de cultivo cercanas a la frontera donde Israel planea crear una «zona colchón»⁴. Al menos la mitad de los edificios de la Franja han sido destruidos y la onu señala que 70% de las viviendas civiles han sido dañadas o destruidas. Los últimos análisis satelitales de finales de enero encontraron que hasta 175.000 edificios resultaron destruidos o extremadamente dañados.

La mayor parte de Gaza se ha vuelto inhabitable⁵. En la ciudad de Gaza, la más grande del enclave y donde se encontraba la mayor concentración de infraestructura civil de la Franja, prácticamente nada ha quedado en pie. Según la onu, 390 instalaciones educativas, 20 instalaciones de agua y saneamiento, 183 mezquitas y tres iglesias han resultado dañadas (entre ellas, la Gran Mezquita Omari y la iglesia ortodoxa de San Porfirio, con una antigüedad de 1.600 y 1.700 años, respectivamente). Los edificios gubernamentales, incluido el Parlamento palestino y todas las universidades, han sido arrasados. El 17 de enero, la última universidad que quedaba intacta en la Franja fue destruida desde adentro con cargas explosivas colocadas por el ejército israelí. En los 70 días anteriores, las fuerzas israelíes utilizaron el edificio de la universidad como base militar y centro de detención para interrogar a los detenidos palestinos antes de enviarlos a destinos desconocidos⁶.Con miles de militantes de Hamás escondidos entre la población civil o en la extensa red de túneles (de 400 a 700 kilómetros, según las diferentes estimaciones) que atraviesan Gaza, Israel optó por lanzar más de 30.000 bombas desde el aire sobre el enclave. La operación terrestre también ha utilizado una potencia de fuego masiva, descrita como «una trituradora» por diferentes especialistas. Todo esto, la combinación del número de bombas, su tamaño y la densidad de población, ha hecho que la guerra sea especialmente letal para los gazatíes. Más de 29.000 personas han muerto y unas 67.000 han resultado heridas, según el Ministerio de Salud de Gaza dirigido por Hamás. Estas cifras no distinguen entre militantes de Hamás y no combatientes, pero si Israel afirma que ya ha acabado con la vida de «9.000 a 10.000 terroristas» de Hamás, más de la mitad de los muertos han sido civiles y de los perecidos, 260 son bebés palestinos que no pudieron alcanzar el año de edad⁷.

A su vez, el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamás (vilipendiado por Israel en cuanto a lo fidedigno de su información, aunque en las últimas cuatro guerras sus cifras han sido escrutadas por diferentes medios, organizaciones humanitarias y países como Estados Unidos y siempre se han comprobado verdaderas⁸) informó que, entre los muertos, cerca de 70% son mujeres y niños (12.000 niños y 7.000 mujeres). Por ejemplo, de todos los que se apellidan al-Asta, 88 miembros de la familia, incluidos los niños, han sido asesinados por Israel en Gaza y ya no existen en el registro de población⁹. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), 610.000 niños viven sin hogar en las calles de Rafah y 19.000 han quedado huérfanos o sin nadie que los cuide en la Franja de Gaza. Israel ha matado a más de 130 trabajadores de la onu en las últimas 12 semanas¹⁰. También 72 de los 99 periodistas muertos durante 2023 fueron asesinados en Gaza en la guerra entre Israel y Hamás, lo que convierte a los últimos 12 meses en los más mortíferos para los trabajadores de prensa en casi una década, de acuerdo con una declaración del Comité para la Protección de los Periodistas.

La campaña de bombardeos provocó el éxodo de cientos de miles de personas hacia el sur. Las fuerzas israelíes ordenaron a los desplazados de Gaza que utilizaran dos vías: la carretera Salah al-Din y la vía costera. Sin embargo, algunos habitantes de Gaza permanecieron en sus viviendas debido a enfermedades, falta de combustible o la necesidad de cuidar a familiares, entre otras apremiantes razones. Más adelante, muchos de ellos fueron detenidos bajo sospecha de ser terroristas de Hamás y sufrieron abusos. La carretera hacia el sur se colmó de personas desplazadas, incluidas familias, enfermos, personas en sillas de ruedas, pacientes en camas de hospital portátiles y recién nacidos. Salieron a pie, en burros, en carretas y en coches. El ejército israelí estableció una «zona humanitaria» para los residentes de Gaza en una parte de la Franja que era principalmente una tierra de cultivo denominada Muwasi, que es donde se encontraba la mayor parte de los asentamientos israelíes antes de ser evacuados en 2005 por decisión de Ariel Sharon (Israel dice que desde ese año ya no ocupa más Gaza pero aun así, mantiene la capacidad de cortar el suministro de electricidad, agua, atención médica y alimentos y controla su esfera electromagnética, su espacio aéreo y marítimo, y la entrada y salida de personas desde y hacia Gaza).

Sin refugio suficiente en Muwasi (una zona no más grande que la mayoría de los aeropuertos comerciales), los habitantes del norte de Gaza se dispersaron por el sur. Los bombardeos se intensificaron y el avance del ejército israelí continuó, al igual que las órdenes de evacuación. Y a mediados de diciembre, se ordenó la evacuación de una zona en el centro de Gaza en la que solían vivir 150.000 personas. Así, los desplazados llegaron a Khan Yunis, la ciudad más grande del sur de Gaza y cuna del mismísimo líder de Hamás Yahya Sinwar. Entonces, bajo el pretexto de que allí se encontraban los dirigentes de Hamás, el ejército también invadió la ciudad. A finales de enero, la operación terrestre se expandió fuertemente en la ciudad y llegó a su lado occidental. El ejército israelí anunció que estaban rodeando la ciudad y publicó instrucciones para nuevas evacuaciones. 

Los combates en Khan Yunis obligaron a los habitantes de Gaza a huir una vez más a Rafah, en la frontera con Egipto, uniéndose a otros que llegaron allí antes en la guerra. La ciudad y sus alrededores están hoy cubiertos con enormes carpas para los refugiados. Antes de la guerra, Rafah tenía 275.000 habitantes, cifra que ahora alcanza los 1,3 millones, según la onu. La densidad de población ha aumentado de 4.100 personas por kilómetro cuadrado a más de 22.000¹¹. Allí los desplazados viven en calles llenas de aguas residuales en condiciones de desesperación que conducen a un completo colapso del orden. Debido a que los líderes de Hamás pueden estar escondidos en la zona, donde también hay túneles que conducen a Egipto, el ejército israelí está planeando entrar a Rafah, y la decisión final de hacerlo recaerá en los líderes políticos de Israel. La onu señala que un desbordamiento del conflicto en Rafah tendría graves implicaciones para la población y para Egipto, que resiente la movida y cree que no solo puede perjudicar sus relaciones diplomáticas con Israel, sino que también puede convertir la frontera en un reservorio de refugiados (Egipto está construyendo allí una especie de campo sellado para los desplazados que más de un periodista ha denominado «campo de concentración»¹²). Por ahora, el liderazgo israelí se niega a explicar hacia dónde podrían ir los palestinos en Rafah si lanzaran una operación militar en la zona (la creación de puestos de control, checkpoints, en la ruta costera al norte de Gaza permite inferir que la idea será volver a trasladar a la población palestina a una zona donde hoy no queda nada), pues prácticamente ya nadie duda de que Israel lanzará una nueva invasión, sino que la pregunta es cuándo la empezará y cómo se desarrollará.

En medio de esta situación, que puede empeorar aún más, las enfermedades se están propagando rápidamente en las ciudades-campamentos y los bebés nacen en la miseria. Nadie tiene acceso a la educación y el sistema de salud está colapsando. El elevado número de muertos y los desplazamientos masivos están provocando la destrucción de los lazos familiares y de la propia estructura social gazatí. El hambre también se está extendiendo. Las organizaciones de ayuda describen una catástrofe humanitaria y advierten que Gaza se está volviendo inhabitable. El hambre es extrema¹³. En la Franja, 380.000 personas se encuentran en la fase 5 de la Clasificación de Fases de Seguridad Alimentaria Integrada: un nivel catastrófico de hambre, es decir, falta extrema de alimentos y agotamiento debilitante¹⁴. La situación es particularmente grave en el norte. Llega poca ayuda y la que lo hace no es accesible para todos. El precio de una bolsa de harina, que antes de la guerra era de unos 30 shekels (unos 8,30 dólares), ahora es de 500, 700 o incluso 1.000 shekels (más de 250 dólares). Una lata de atún cuesta 100 shekels (27 dólares).

La acusación de genocidio de Sudáfrica

En este marco, a fines de diciembre de 2023, Sudáfrica fue autorizada a presentar un caso histórico ante la Corte Internacional de Justicia (cij), en cuyo marco acusó a Israel de cometer genocidio en medio de su devastadora guerra en curso. La votación del 30 de diciembre de los Estados miembros de la Asamblea General de la onu también solicitó que el tribunal describa las responsabilidades que tienen los países involucrados para poner fin a la ocupación que Israel ha solidificado desde 1967 y la legalidad de esta en los territorios palestinos.

La cij es el principal órgano judicial de la onu, con sede en La Haya. Establecido en 1945, está compuesto por 15 jueces elegidos por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. El tribunal resuelve disputas entre Estados y también puede proporcionar opiniones consultivas sobre cuestiones de derecho internacional. Esto difiere de la Corte Penal Internacional (cpi), también con sede en La Haya, que juzga a personas por crímenes internacionales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en virtud del Estatuto de Roma. Desde marzo de 2021, la cpi ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos en los territorios ocupados y, sin duda, se basará en las deliberaciones de la cij. Esta no es la primera vez que la cij se mete en el conflicto palestino-israelí. En una sentencia histórica de 2004, el tribunal concluyó que la construcción del muro de separación de Israel en Cisjordania y su régimen legal asociado había anexado de facto territorio ocupado, impidiendo el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Como resultado, los jueces de la cij pidieron a Israel que desmantelara su barrera y compensara a los palestinos según lo determinado por el Registro de Daños de la onu. Pero Israel se ha negado a cumplir con el fallo e incluso atacó a la Corte como un «arma de destrucción masiva palestina en su guerra yihadista de demonización de Israel»¹⁵.

Si bien las deliberaciones sobre esa cuestión podrían llevar años, al presentar la demanda, Sudáfrica pretendió que la cij emitiese varias órdenes provisionales, incluida la exigencia de que Israel limite su operación militar. En un documento de 84 páginas presentado antes de la audiencia (disponible para su lectura en el sitio web de la cij), la nación africana alega que Israel ha violado la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, de la que ambos Estados son signatarios, porque sus acciones actuales «tienen como objetivo provocar la destrucción de una parte sustancial» del territorio y de la población palestina en Gaza. Representantes de Israel y Sudáfrica expusieron sus argumentos legales en La Haya los días 11 y 12 de enero, en audiencias que fueron observadas en todo el mundo con gran atención, ya que Israel fue uno de los impulsores del tratado de 1948 (históricamente se puede entender por qué Israel lo impulsó a fines de los años 40, pero al contrario de lo que mucha gente piensa, los nazis no fueron juzgados por genocidio sino por el delito de exterminio en un Tribunal Militar). La Convención, que se integró al derecho israelí en 1950, establece que un civil o militar que acabe con la vida de una persona, aunque sea una o varias, siendo consciente de que forma parte de un sistema destinado a la aniquilación, es culpable del delito de genocidio. También se aplica a quienes conspiran para cometer genocidio, quienes lo incitan y quienes intentan participar de él.

Sudáfrica basa su acusación en dos elementos: el primero es la conducta de Israel. Para eso citó el enorme número de víctimas, una gran cantidad de estadísticas sobre los ataques indiscriminados y desproporcionados a la crítica infraestructura civil, la erradicación de tierras de cultivo, el asedio y bloqueo a la Franja de Gaza, que incluye la intencionada decisión de obstaculizar los suministros de socorro, entre ellos los de medicinas y alimentos. Esta última acusación es clave, pues en las primeras tres semanas de la guerra Israel no permitió la entrada de nada en la Franja de Gaza a sabiendas de lo que eso provocaría en el territorio asediado. El gobierno de Israel dijo a la cij que Egipto era el responsable de la entrada de ayuda a Gaza, pero el equipo jurídico sudafricano contestó enviando un memorando legal en respuesta a las acusaciones israelíes sobre el cruce de Rafah. Entre los detalles se explicaba que la soberanía de Egipto se extiende solo del lado egipcio del cruce de Rafah, mientras que el otro lado está totalmente sometido a Israel, como lo demostró su amenaza de bombardear cualquier ayuda que entrara a través de Egipto sin su aprobación e inspección (de hecho el ejército israelí bombardeó zonas aledañas al cruce de Rafah varias veces al comienzo de la guerra para impedir la llegada de la ayuda¹⁶).

Los representantes sudafricanos sostienen que todo fue parte de una estrategia israelí, mientras que los acusados contestan que tomaron acciones cruciales para evitar la hambruna y la muerte indiscriminada. Israel no solo enmarcó todos sus alegatos en que no es un conflicto que buscó o inició, sino también en que ha protegido a los civiles con «órdenes de evacuación» y «zonas humanitarias seguras», pero en la semana previa al fallo inicial de fines de enero atacó repetidamente refugios y hospitales dentro de estas zonas humanitarias.

El segundo elemento, y el más complicado de probar, es la intención. Sudáfrica está tratando de demostrar la intencionalidad mediante citas de altos funcionarios israelíes, desde el presidente hasta el primer ministro, ministros del actual gobierno, miembros de la Knesset, generales y personal militar. Existen alrededor de 60 citas textuales presentadas por el equipo legal sudafricano sobre la erradicación y «aplanamiento» de Gaza o pedidos de lanzamiento de bombas atómicas, e incluso hay declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que invocan las escrituras bíblicas y referencias a Amelek que tienen un significado genocida. Según el primer Libro de Samuel, Dios le ordenó al rey Saúl que matara a todas las personas de Amelek, una nación rival del antiguo Israel que atacó al pueblo judío por la espalda.

Sudáfrica explicó que esta parte de su caso no se basa únicamente en el hecho de que líderes israelíes hayan hecho declaraciones genocidas, sino que sostiene que Israel no hizo nada –no hubo ninguna sanción o reprimenda– en respuesta a estas declaraciones (la cantidad de proclamas israelíes de este tipo fue tan abrumadora que la propia oficina de la Fiscalía de la Nación debió emitir un aviso donde aclaraba que el genocidio está penado con la muerte en el Estado hebreo). La respuesta de Israel es que si bien se ha escuchado a importantes funcionarios expresar amenazas aberrantes, no existe una orden operativa que diga: «Destruyan Gaza, maten a todos, que no quede nadie». Incluso el New York Times reveló que, para contestar la acusación, Israel desclasificó más de 30 órdenes secretas del gobierno que muestran que Netanyahu actuó en contradicción con sus declaraciones públicas¹⁷.

Entre los principales juristas que presentó Sudáfrica se encuentran Dikgang Moseneke –como juez ad hoc con capacidad de voto– y John Dugard. Mientras que el primero es negro, fue vicepresidente del Tribunal Supremo de su país, activista contra el apartheid y estuvo 10 años en preso junto con Nelson Mandela en Robben Island, el segundo –jefe del equipo legal sudafricano–, siendo parte de la privilegiada población blanca de los años 70, creó el instituto jurídico más importante que luchó contra el apartheid y es un dedicado conocedor de la ocupación israelí, ya que fue relator especial de la onu para los territorios palestinos hace dos décadas. Anteriormente, Dugard había asegurado en su biografía que experimentó tres sistemas de apartheid en carne propia: el de Sudáfrica, el de Namibia y el de Israel sobre los palestinos.

Del lado israelí, la presencia más relevante, además de la de Malcolm Shaw –uno de los mayores expertos mundiales en derecho internacional–, es la de Aarón Barak como juez ad hoc. El israelí Barak no solo goza de prestigio en todo el mundo y se opuso públicamente a las reformas judiciales impulsadas por el actual gobierno de Netanyahu, sino que es también sobreviviente del Holocausto perpetrado por el nazismo, es decir, testigo directo de un genocidio (es difícil creer que Israel no haya tomado en cuenta este punto al proponerlo). Barak ha sido vilipendiado durante mucho tiempo por la derecha israelí por haber consagrado varios principios liberales como «leyes básicas» (las que constituyen la cuasi Constitución del Estado de Israel) durante su mandato como presidente de la Corte Suprema de 1995 a 2006, pero sus críticos apuntan a que Barak –uno de los principales autores de la doctrina jurídica iniciada por Meir Shangar que reza que Israel puede ser una democracia mientras mantiene una ocupación militar interminable– en realidad se encuentra completando la misión a la que ha dedicado toda su vida profesional: defender la fachada de la democracia israelí al legitimar los crímenes de una ocupación y colonización que priva sistemáticamente a los palestinos de sus derechos, tierra y propiedades. Ello se vincula con el hecho de que, si bien la Corte Suprema de Israel ha sido importante como control del Poder Ejecutivo dentro del país, ha adoptado una posición contraria a los palestinos en los territorios ocupados, evitando sistemáticamente un fallo sobre la ilegalidad de los asentamientos israelíes en virtud del artículo 49 del iv Convenio de Ginebra.

El 26 de enero pasado, la cij emitió una decisión inicial, en la que por 15 votos a favor –entre ellos, Georg Nolte, de Alemania y la presidenta de la cij, Joan Donoghue, de Estados Unidos– y dos en contra –el israelí Barak y la ugandesa Julia Sebutinde– se decidió a favor de medidas provisionales para poner fin al «plausible» genocidio contra los palestinos en Gaza. En otras «dos medidas previsionales» referidas a «desistir de la incitación y sancionar los actos de genocidio y su estímulo» y «permitir la prestación de servicios básicos y asistencia humanitaria» hasta el propio Barak votó a favor, demostrando que, desde su presentación en el Tribunal, su principal lealtad es al derecho internacional y a su propia conciencia.

Israel, al mismo tiempo, descartó el fallo de la cij como falso, pero dio un suspiro de alivio por el hecho de que no exige un alto el fuego. En respuesta, Netanyahu dijo: «La acusación de genocidio formulada contra Israel no solo es falsa, es escandalosa, y la gente decente en todas partes debería rechazarla». En cambio, el portavoz del gobierno israelí Eylon Levy festejó que «el tribunal desestimó los intentos de Sudáfrica de lograr un cese inmediato de la guerra que dejaría a Hamás en libertad de reincidir». El ministro de Defensa, Yoav Gallant, arremetió contra la cij, diciendo que esta se excedió cuando aceptó «la solicitud antisemita de Sudáfrica de discutir la denuncia de genocidio en Gaza, y ahora se niega a rechazar la petición de plano»¹⁸.

Es incorrecto sostener, entonces, que la cij desestimó el caso de Sudáfrica. Más bien desestimó la afirmación de Israel de que no hay disputa. También es incompleto decir que simplemente recordó a Israel sus obligaciones: le ordenó que tomara medidas para prevenir un posible genocidio en curso. Muchos medios de comunicación se obsesionaton con que el tribunal no hubiera ordenado un alto el fuego, pero nunca fue probable que lo hiciera. Sin embargo, el tribunal más importante del mundo ordenó a Israel impedir actos de genocidio contra los palestinos en Gaza, garantizar que sus unidades militares no los cometan, prevenir y castigar la incitación a tales actos; y, además, le exigió información sobre cómo está actuando para prevenir el genocidio. Que un Estado fundado después del Holocausto, y por un pueblo que sufrió el genocidio en carne propia, y por el cual se acuñó el término, necesite que la cij intervenga para impedir que cometa genocidio es a la vez trágico y significativo.

Al otro día del fallo de la cij, varios países donantes de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (unrwa, por sus siglas en inglés) −que proporciona atención sanitaria, educación y otros servicios vitales al pueblo palestino− suspendieron su apoyo financiero a la organización luego de que Israel acusara a 12 de sus miembros de tener vínculos con el ataque de Hamás el 7 de octubre (Israel solo proporcionó dos fotos como pruebas de «participación activa» de dos personas; el resto de las pruebas no pueden ser consideradas como evidencia creíble). Y como la financiación de estos países (entre los que se cuentan eeuu, Francia y Alemania) constituye la mayor parte de todo el dinero recibido por la unrwa, la interrupción significa que la agencia podría quedarse sin fondos en cuestión de semanas. La unrwa, órgano de la onu creado en 1949, se dedicaba por esos años a proporcionar ayuda a todos los refugiados resultantes del conflicto armado de 1948 entre israelíes y palestinos, incluidos los judíos y árabes dentro del Estado de Israel, pero a partir de 1952 el gobierno israelí, al tener un Estado conformado, asumió la responsabilidad de los refugiados judíos. Así la unrwa fue separada de la principal agencia de refugiados de la onu, acnur (creada en 1950 para remplazar a la Organización Internacional de Refugiados [iro] de la Liga de las Naciones) y se ocupa únicamente de los refugiados palestinos.

Aunque algunos no quieren que se sepa, la razón por la que existen dos agencias de refugiados de la onu es que Israel y sus patrocinadores occidentales insistieron en la división. Israel no deseaba que los dos casos fueran tratados como comparables, porque estaba presionando fuertemente para que los refugiados judíos fueran asentados en tierras de las que acababa de expulsar a los palestinos. Parte de la misión de la antigua iro era buscar la repatriación de los judíos europeos. A Israel le preocupaba que ese mismo principio pudiera usarse tanto para negarles a los judíos que querían colonizar tierras palestinas como para obligarlo a permitir que los refugiados palestinos regresaran a sus antiguos hogares.

Los esfuerzos de Tel Aviv por deshacerse de la unrwa no son nuevos. Datan de muchos años atrás. Por varias razones, la agencia de la onu para los refugiados palestinos es una espina clavada en el costado de Israel: ha proporcionado un salvavidas a los palestinos en sus territorios, manteniéndolos alimentados y cuidados, bien educados y brindando empleo a muchos miles de habitantes locales en un lugar donde las tasas de desempleo se encuentran entre las más altas del mundo. Por lo que es imposible no ver la última ofensiva como un acto coordinado de venganza contra los palestinos y la onu por la decisión de la cij: el mismo día en que esta última emitió su resolución, poderosos Estados de Occidente se confabularon para castigar a la unrwa por acusaciones de que menos de 0,01% de su personal habría estado involucrado en los atentados. Necesitamos distinguir entre lo que algunos individuos pueden haber hecho y lo que representa la unrwa. Puede ser que sea necesario reformarla y fortalecerla, pero de ninguna manera cerrarla ni debilitarla. Y mucho menos en este delicado momento, cuando ninguna organización de ayuda tiene la capacidad de sustituir en unas pocas semanas a la unrwa, que tiene años de experiencia cuidando a la población de refugiados de Gaza.

Guerra de venganza

Actualmente, el ejército israelí está librando una guerra de venganza en Gaza, una guerra sin restricciones, sin piedad, una guerra que ha ido más allá de la autodefensa para convertirse en castigo colectivo. El objetivo parece ser que la mayor parte de Gaza sea completamente inhabitable. En estos meses de guerra, casi 5% de la población gazatí ha resultado muerta, herida o quedado discapacitada, y según cifras militares israelíes, al menos 569 soldados israelíes han muerto y otros 2.897 han resultado heridos desde que estalló el conflicto. El 7 de octubre le dio a Israel el derecho moral de golpear fuertemente a Hamás y sacarlo del poder en Gaza, pero a través de una guerra terrestre con apoyo aéreo táctico cuidadosamente dirigido, donde sufrirían mayores bajas militares pero se minimizaría el sufrimiento palestino civil. En cambio, el liderazgo israelí prefirió actuar de manera no muy diferente a lo hecho por algunos dictadores de la región como Bashar al-Asad o Sadam Husein y así borrar del mapa ciudades enteras con todo lo que hubiera adentro¹⁹. Incluso hay más videos subidos por soldados israelíes cometiendo crímenes de guerra que los filmados por las propias fuerzas sirias o los militares rusos en Ucrania. Esta fetichización israelí de la destrucción por parte de las propias tropas habla de una cadena de mando quebrada en la que ya que no hay rendición de cuentas, pero principalmente de una incipiente debilidad interna producto de una sociedad traumatizada. Durante décadas, numerosos israelíes y judíos en general intentaron advertir al gobierno israelí y a sus defensores que la arrogancia, la indiferencia ante el sufrimiento y la ocupación perpetua no solo dañarían la legitimidad del Estado sino que, además, en una próxima instancia, corroerían el tejido moral del país y sus habitantes.

Está claro que no existe una guerra limpia y que Hamás utiliza sitios civiles para operaciones terroristas (como también lo han hecho los propios israelíes antes de tener su Estado independiente), y que la naturaleza compleja de Gaza y su densidad de población hacen muy difícil que los civiles no sufran daños. Pero eso no justifica que miles de habitantes inocentes de Gaza estén muriendo innecesariamente sin ningún beneficio tangible para ninguna de las partes. Esto es criminal y no se debe permitir que continúe. Yahya Sinwar y Mohammed Deif, líderes militares de Hamás, están vivos y la estructura operativa de Hamás está claramente intacta. Hamás nunca se rendirá ni liberará a los rehenes israelíes presionando a la población de Gaza. Durante el bloqueo que duró 17 años, el grupo se fortaleció y encontró formas de aislarse a sí mismo y a sus patrocinadores de las consecuencias de las restricciones israelíes y egipcias. Los civiles inocentes están atrapados entre la operación despiadada del ejército israelí y la insensible indiferencia de Hamás.

Con cada líder de Hamás asesinado por Israel desde la década de 1990, han surgido nuevos, más envalentonados, poderosos y carismáticos. Todos los intentos de destruir a Hamás no solo han fracasado, sino que han resultado contraproducentes y han dado lugar a líderes más vengativos y violentos. Cualquier esfuerzo serio para «desradicalizar» la sociedad palestina debe comenzar por tomar medidas prácticas que permitan las aspiraciones políticas, económicas y sociales de los palestinos. Desde el 7 de octubre, se produjeron 6.870 arrestos de palestinos residentes en Cisjordania (215 mujeres, 430 niños y 52 periodistas; 37 siguen aún detenidos, incluidas dos mujeres periodistas), mientras Israel también continúa ocultando los nombres y números de los detenidos de Gaza y cuántos fueron asesinados o murieron bajo custodia. La información de la Organización Internacional del Trabajo (oit) que indica que se han perdido 276.000 empleos en Cisjordania (32% del empleo total de dicho territorio) desde el 7 de octubre, cuando Israel impuso estrictas restricciones a la circulación y retuvo parte de los ingresos fiscales que recauda para la Autoridad Palestina, no predice un futuro promisorio²⁰.Durante esta guerra, se han cometido atrocidades terribles. Hamás mutiló y secuestró a cientos de civiles y quemó comunidades enteras. Israel mató a miles de personas y demolió viviendas e infraestructura civil, negando a la población local las necesidades básicas para la supervivencia humana. Israel cree que de esta manera destruirá a Hamás, pero en cambio, está quebrantando a su propia gente sin ningún plan para el día después en Gaza que motive a los palestinos a abandonar a esa organización islamista. A la vez, las fuerzas militares de Israel están abiertamente frustradas con el liderazgo político, que las envió a una misión ya casi imposible («destruir a Hamás y recuperar a todos los rehenes») y no ha logrado hasta ahora definir y delinear el horizonte estratégico y político que debería acompañar las acciones militares. Está claro que todo el establishment, no solo Netanyahu, está dando prioridad a la «decapitación» de Hamás por sobre el regreso seguro de los rehenes. Hamás ha trazado un camino claro para la liberación de rehenes (intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes), pero Netanyahu ha dejado claro que el ataque continuará a pesar de que por medio de la fuerza solo han sido liberados tres israelíes y, por medio del intercambio de prisioneros, más de 100.

Es poco probable que los métodos que Israel está utilizando desmantelen completamente a Hamás. Aunque Israel logre matar o capturar a los 30.000 o 40.000 combatientes de Hamás (una tarea que implicará una destrucción indescriptible y más víctimas), la ira de los civiles palestinos por el trato que reciben, que es la fuente del apoyo de Hamás, irá en aumento. Encuestas recientes sugieren un aumento en el apoyo al grupo islamista. Si Israel va más allá del pretexto de tomar represalias por el 7 de octubre o deponer a Hamás y realmente realiza una limpieza étnica y renueva la ocupación de Gaza con fuerzas militares dentro de la Franja o estableciendo asentamientos, entonces la era posterior a la Segunda Guerra Mundial habrá terminado oficialmente. Volveremos a la era de las conquistas y del rediseño de fronteras. A propósito, ya se realizó una importante conferencia sobre el reasentamiento israelí en la que participaron importantes ministros del actual gobierno y donde el primer orador fue el rabino Uzi Sharbag, ex-líder del movimiento judío clandestino de extrema derecha de la década de 1980, cuyos miembros fueron arrestados bajo cargos de terrorismo por conspirar para bombardear el Domo de la Roca²¹.

La estrategia estándar para la guerra anticolonial siempre ha sido ser paciente y darle a la potencia ocupante un golpe lo suficientemente duro como para que poco a poco pierda la voluntad y decida volver a su casa. Esto ha funcionado con eeuu o Rusia en Oriente Medio, pero no con Israel, porque ellos se consideran una nación autóctona –siempre amenazada– con derecho al territorio. Sucede lo mismo con los palestinos: ellos no van a olvidar el deseo de establecer un Estado independiente y no va nacer un líder palestino que consienta el robo de sus tierras y decida establecer un país en otro continente. A meses del inicio de la operación israelí en Gaza, todavía es imposible saber cuál es el principal objetivo: ¿una Gaza arrasada donde nadie pueda vivir o liberar a los rehenes –134 rehenes israelíes siguen secuestrados en la Franja– mediante una negociación?

Preocupa cada vez más que la acusación de antisemitismo se esté formulando para silenciar un debate legítimo e importante. El antisemitismo va en aumento, pero también aumenta el uso sin escrúpulos del término para silenciar preguntas pertinentes sobre la situación israelí. Es preciso decirlo claramente: no es antisemita exigir justicia para todos los palestinos que viven en sus tierras ancestrales. Hacer que Israel rinda cuentas ante el derecho internacional nunca puede verse como un libelo de sangre. Israel, como Estado-nación, no tiene ningún derecho a la impunidad según el derecho internacional. Nunca puede ser considerado un acto discriminatorio pedirle a un tribunal que tome una determinación cuando hay evidencia prima facie de un delito (los miembros de Hamás también deberán rendir cuentas ante un tribunal de justicia cuando se presenten las pruebas de que han violado el derecho internacional). El castigo colectivo del pueblo palestino no es una opción aceptable. Terminar la guerra no solo es un imperativo para preservar la vida de civiles –la Organización Mundial de la Salud (oms) dice que en los próximos meses más palestinos podrían morir por enfermedades y hambre que el número total de palestinos muertos en la guerra hasta ahora– sino también para desarmar un conflicto regional ya extendido a la frontera norte con Hezbollah en el Líbano, con la Guardia Revolucionaria iraní en Siria o en el mismo Mar Rojo que puede poner a todo Oriente Medio en llamas.

Justicia y ocupación

El conflicto entre israelíes y palestinos no es entre buenos y malos, sino entre justicia e injusticia. La ocupación y el colonialismo representan la prolongación de una injusticia. En 2012, una encuesta de Gallup encontró que 59% de la población palestina apoyaba una solución de dos Estados: un Estado palestino independiente que existiera junto a un Estado israelí independiente. Hoy esta cifra se ha reducido a 24%. Fue una gran oportunidad perdida en años en los que apenas se registraron muertos israelíes en Cisjordania y con la Organización para la Liberación de Palestina (olp) enfocada en su «resistencia» diplomática y buscando su aceptación en foros internacionales. Pero nada aconteció del lado israelí. La colonización israelí en Cisjordania (como antes en Gaza) siempre ha sido financiada, apoyada y protegida por el Estado. Los colonos no son hooligans sino agentes de una política estatal. Una reciente encuesta de la Universidad de Tel Aviv indica que menos de la mitad de los israelíes apoyaría un arreglo para terminar la guerra en Gaza si este contempla la creación de un Estado palestino independiente, y el Parlamento aprobó por amplia mayoría una iniciativa de rechazo a la creación de un Estado palestino impulsada por Netanyahu²². Es decir, más de la mitad de los israelíes creen que pueden negarles a los palestinos su derecho a la autodeterminación por 55 de los 76 años que tiene el Estado hebreo y, pese a todo, gestionar la ira resultante. Incluso consideran –como escribió el historiador israelí Avi Shlaim– que el palestino tiene que ser el único pueblo que vive bajo ocupación militar y del que se espera que garantice la seguridad de su ocupante²³. El reconocido sociólogo Zygmunt Bauman, en otra oportunidad, escribió sobre el peculiar síndrome de las víctimas que aspiran a convertirse en victimarios y por qué deben extremarse los esfuerzos para prevenir esa situación. De hecho, hoy ni los palestinos ni los israelíes son capaces de lograr la paz por sí solos. Por tanto, la única esperanza radica en una intervención coordinada de la comunidad internacional.