La democracia social supone que los mercados no regulados generan niveles inaceptables de desigualdad, sufrimiento e injusticia, por lo que es necesaria una acción estatal democráticamente dirigida que redistribuya el producto y genere una sociedad más equitativa. Pero para lograr este objetivo, los países del Tercer Mundo no necesariamente deberían seguir el modelo clásico europeo. Este artículo analiza cuatro experiencias exitosas (Chile desde 1990, Costa Rica, la isla Mauricio y el estado indio de Kerala), evalúa las condiciones necesarias para la construcción de este tipo de régimen y concluye que la democracia social es posible, aunque desde luego no inevitable, en la periferia global.

Creada con el objetivo de fortalecer la sustitución de importaciones y consolidar un mercado común, la Comunidad Andina (CAN) atraviesa hoy una gravísima crisis generada por la decisión de Venezuela de abandonar el bloque. El artículo sostiene que en las últimas cuatro décadas los países andinos crearon una sofisticada institucionalidad pero no consolidaron una visión estratégica de largo plazo ni construyeron una base sustantiva, económica, política y social, sobre la cual impulsar la integración. Por eso, la crisis de la CAN no solo hace necesario un replanteo profundo de la estrategia, sino que arroja lecciones para otras iniciativas en problemas, como el Mercosur y el Grupo de los Tres, al tiempo que plantea el desafío de lecturas adicionales a la naciente propuesta de integración sudamericana.

A diferencia de lo que ocurre en las democracias consolidadas, en Nicaragua cada una de las elecciones realizadas desde el fin de la etapa revolucionaria marcó el comienzo de cambios impredecibles y abruptos. Hoy, la política gira en torno del pacto bipartidista entre liberales y sandinistas, aunque las conducciones de Arnoldo Alemán y Daniel Ortega están siendo amenazadas por nuevos liderazgos que denuncian la corrupción y la impunidad. La situación es aún más compleja debido a la influencia de actores externos, como Estados Unidos y Venezuela, que están adquiriendo un peligroso protagonismo con vistas a las elecciones del 5 de noviembre.

El petróleo ya no será capaz de sostener el consumo derivado de la opulencia de las naciones más desarrolladas y del posible crecimiento de los países del Sur. La posición de América Latina en el contexto energético mundial, a pesar de las reservas de Venezuela y su rol en la OPEP, no es muy relevante. Pero esto no significa que no pueda hacer nada: la región podría avanzar en una transición más efectiva hacia un nuevo orden energético a través de la exploración de nuevas fuentes y, sobre todo, de una utilización más eficiente de las que ya existen. El establecimiento de una «cotización sustentable» para el petróleo es una herramienta posible.

Impulsada por el gobierno de Venezuela, Petroamérica es una propuesta de integración energética que se inscribe en el ALBA, que busca enfrentar las iniciativas integracionistas motorizadas por Estados Unidos. Si bien todavía es un proyecto en formación, Petroamérica se ha diversificado en mecanismos de alcance subregional, cada uno de ellos con características propias: Petrocaribe, Petrosur y Petroandina. El artículo sostiene que, más allá de las ventajas o desventajas de la iniciativa, el intento de vincularla a un proyecto político y una determinada orientación económica afecta negativamente su viabilidad y pone en riesgo una idea que, en otras circunstancias, podría contribuir a la integración regional.

La integración energética debería apuntar a mejorar los niveles de sustentabilidad, con un concepto amplio de desarrollo que contemple la biodiversidad y los aspectos sociales del crecimiento. Sin embargo, los proyectos de articulación energética vigentes, desde la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana hasta el promocionado Gasoducto del Sur, apuntan solamente a construir infraestructura para bajar los precios e impulsar el crecimiento. Se trata, en suma, de una interconexión física para transportar electricidad y gas natural, que no tiene en cuenta cuestiones como la eficiencia energética, el cuidado del ambiente o el desarrollo sustentable.

La energía es una fuente de poder y, como tal, es motivo de fricciones y conflictos. En Sudamérica, la energía puede ser también el eje de proyectos de integración que garanticen la seguridad a los Estados asociados. Para ello, es necesario dejar atrás la visión de la energía como una simple materia prima y adoptar una perspectiva estratégica: un proyecto de integración energética debe descansar en sólidas decisiones políticas, con una planificación para varias décadas que deje de lado el «patriotismo económico», profundice iniciativas novedosas, como la tecnología del etanol en Brasil, y avance en la búsqueda de fuentes variadas y, de ser posible, renovables.

La energía ha irrumpido en América Latina como un factor de decisiva importancia para la gobernabilidad democrática. Al examinar el panorama regional, es evidente una pugna entre dos enfoques. Quienes, como el gobierno de Venezuela, conciben la energía como un recurso de poder, asumen una visión restringida que la ubica como una herramienta de influencia regional, en el centro de la competencia entre los países. En cambio, la visión que la postula como un recurso sociopolítico permite aprovecharla para una integración más amplia, que contribuya a crear condiciones de seguridad y desarrollo humano, más allá de lo económico.

El panorama energético global se caracteriza, entre otras cosas, por el alto precio del petróleo, lo que ha llevado a incentivar un uso más intensivo del gas y el perfeccionamiento de nuevas tecnologías, como el gas natural licuado. En América Latina, la integración gasífera tiene una larga historia de proyectos binacionales. Hoy, a pesar de las asimetrías regulatorias y de precios, el ingreso de Venezuela como abastecedor de gas y la articulación regional a través de gasoductos amplios, como el «anillo energético», quizás no asegurarán una reducción de los precios, pero seguramente contribuirán a equilibrar el balance regional y garantizar la provisión en el largo plazo.

En América Latina, como en ningún otro lugar, la energía es inseparable de la política. El nacionalismo energético, sumado a viejos conflictos territoriales y falta de inversión, genera dificultades para lo que debería ser el objetivo de largo plazo: afianzar un mercado energético común. Hay alianzas –Cuba- Venezuela, México-Centroamérica, Mercosur-Venezuela– pero aún falta mucho por hacer. En ese sentido, una América Latina energéticamente integrada podría negociar con más fuerza la venta de derechos de emisión de dióxido de carbono a la Unión Europea, avanzar en el desarrollo de la energía nuclear y explorar nuevas fuentes, como los biocombustibles, la energía eólica y la geotérmica.

Luego de repasar las diferentes etapas de Pdvsa, el artículo sostiene que la actual caída en la producción es consecuencia directa de la destrucción de la estructura gerencial y la injerencia del gobierno en la empresa. Pero la reducción de las exportaciones no afectó del mismo modo a todos los mercados: aquí se afirma que América Latina y el Caribe resultaron especialmente perjudicados, ya que las exportaciones de petróleo venezolano se redujeron a la mitad. En cambio, las ventas a Estados Unidos se mantuvieron constantes, lo que marca una diferencia notable entre la retórica integracionista del gobierno y la realidad concreta de su política petrolera.

El artículo sostiene que el gobierno de Estados Unidos, incitado por el poderoso lobby petrolero, impulsa un mercado energético integrado a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. El objetivo es garantizar la seguridad energética estadounidense flexibilizando la normativa en México, donde la Constitución establece la propiedad estatal del petróleo. Para ello, Washington se apoya en la extraordinaria concentración de poder en la Presidencia luego del 11 de septiembre, fenómeno que ha contagiado a sus vecinos. Aquí se sostiene que este esquema es profundamente asimétrico y que, al consolidar la dependencia petrolera del principal consumidor del mundo, propicia una tendencia perezosa en la incorporación de nuevas fuentes de energía.

Los países ricos en recursos naturales no son los más desarrollados. Podrán tener grandes ingresos o un alto PBI per cápita, pero casi siempre carecen de instituciones sólidas y niveles de vida adecuados para toda la población. El virus de la «enfermedad holandesa», la distorsión en la asignación interna de los recursos y la consolidación de una mentalidad rentista son algunas de las causas de esta aparente paradoja, que afecta particularmente a los países latinoamericanos productores de petróleo. Para evitar estos males, el artículo propone incluir la política energética dentro de una estrategia más amplia de desarrollo autónomo.

Luego de repasar las principales cifras del balance energético en América Latina y el Caribe, el artículo plantea los objetivos que debería asumir la política energética y enumera algunos de sus posibles lineamientos, entre los que se destacan el involucramiento de los actores no estatales, la cooperación con los organismos multilaterales y la priorización de las nuevas tecnologías y los recursos renovables. Se argumenta que la integración energética debe enmarcarse en la integración económica y que constituye, por lo tanto, un objetivo parcial del desarrollo sustentable. Para avanzar en ella es necesario elaborar una política integrada y flexible, orientada de acuerdo con metas explícitas y medibles.