El nivel de transparencia fiscal en el Perú actual es bajo debido al excesivo énfasis en el secreto bancario, la reserva tributaria y la efectividad de las presiones de los grupos económicos de interés para frenar cambios que fortalezcan la fiscalización. Este bajo nivel es parte de un panorama tributario mayor que resulta preocupante debido a la falta de voluntad regulatoria, los altos niveles de evasión y la desaceleración económica, factores que están haciendo caer la recaudación.

Sin embargo, la situación es al mismo tiempo mejorable: el Estado ha tomado algunas medidas para lograr mayor transparencia y tiene bastante terreno por avanzar: debe cumplir con obligaciones internacionales y escuchar las demandas de la opinión pública, y está presionado para revertir la caída de la carga tributaria.

Para aprovechar esta ventana de oportunidades es necesario neutralizar a los grupos de presión económicos, a los evasores, elusores y defraudadores tributarios, y también a los grupos políticos que defienden el statu quo, pero convenciendo a la población de la necesidad de tener mayor justicia, transparencia y efectividad fiscal.

El Estado peruano debe tomar otras decisiones en varios campos: hacer efectiva la Norma XIV antielusión, usar mejor los levantamientos al secreto bancario y el intercambio internacional de información tributaria en paraísos fiscales, y brindar mejor información al público sobre aportes a la recaudación por estrato de contribuyente. Esas medidas deben ser parte de un esfuerzo mayor por revertir la tendencia a la caída de la recaudación, elevando las señales de riesgo y reduciendo los «agujeros» del sistema tributario. Una vez logrado este objetivo, se debe insistir en seguir ampliando los niveles de transparencia, combatir mejor la corrupción y hacer menos regresivo y más justo el sistema tributario.

La importancia de la cooperación global en materia tributaria se hace cada vez más evidente. Países del Norte y del Sur se han mostrado proclives a ofrecer un trato preferencial a los extranjeros: tanto individuos como gigantescas corporaciones transnacionales aprovechan la fragmentación y las regulaciones inconsistentes del sistema global de tributación transfronteriza para evadir y/o eludir impuestos. Las pérdidas por este concepto ascienden a cientos de miles de millones por año.

Para frenar las pérdidas derivadas de la erosión de la base tributaria, la elusión y la evasión, en los últimos años existen iniciativas en el seno de la OCDE –principalmente, el proceso BEPS (erosión de la base imponible y traslado de beneficios) y el «marco inclusivo» para su implementación–, así como reformas en las Naciones Unidas y el establecimiento de una Plataforma de Colaboración en materia tributaria entre las instituciones de Bretton Woods, la OCDE y la ONU.

No obstante, la gobernanza tributaria global sigue mostrando lagunas tanto en el marco institucional como en asuntos sustanciales. Por ejemplo, todavía no hay un órgano con una composición universal que pueda debatir asuntos de particular importancia para los países del Sur global, como la tributación por la extracción de recursos, la competencia tributaria, los regímenes preferenciales o los principios de origen y residencia.

A fin de cubrir estas lagunas, es necesario desarrollar las instituciones existentes, establecer nuevas o combinar ambas variantes. En cualquier caso, se requiere contar con un nuevo órgano que realice ciertas funciones y que cumpla determinados criterios respecto a la composición. El presente trabajo formula opciones para alcanzar este objetivo.

Debates y elementos claves de la conferencia internacional realizada Vitória, Brasil, los días 9 y 10 de noviembre de 2017.

Debates y aportes centrales de la conferencia por Claudia Detsch.

En este artículo se exploran algunas interrelaciones globales entre la justicia tributaria y la justicia de género, con especial énfasis en dos vínculos centrales entre los flujos financieros ilícitos y la injusticia de género.

En primer lugar, a través de los efectos de la evasión y la elusión fiscal y en segundo lugar a través del papel de las jurisdicciones financieras opacas, así como de las redes mundiales de facilitadores que abren las compuertas para que fluyan los capitales ilícitos resultantes de la trata de mujeres.

En este artículo sostenemos que la confrontación y el desmantelamiento de los facilitadores internacionales y de las jurisdicciones opacas no solo serán pasos auspiciosos en aras de la transparencia y la igualdad mundial, sino que también contribuirán a la igualdad de género, así como al respeto, la protección y el cumplimiento de los derechos humanos de mujeres y niñas.

El análisis finaliza con una lista de recomendaciones en materia de políticas internacionales y nacionales y ofrece lineamientos para combatir la evasión y la elusión fiscal, así como el lavado de dinero procedente de actividades delictivas.

En el mundo entero crece el consenso en torno de la idea de que las guaridas del secretismo –jurisdicciones que socavan los parámetros internacionales de transparencia corporativa y financiera– plantean un problema de alcance global: estas jurisdicciones facilitan el lavado de activos, así como la elusión y la evasión fiscal, e ipso facto promueven actividades delictivas y una desigualdad de niveles inadmisibles en la distribución mundial de la riqueza.

En calidad de líderes económicos, Estados Unidos y Europa cargan con la obligación de imponer las normas globales de transparencia a los centros financieros. La lucha contra el terrorismo ha demostrado de manera contundente que ambos disponen de los instrumentos adecuados. Su renuencia a aplicarlos con el mismo rigor en el combate contra la corrupción, la elusión y la evasión atestigua el poder de los intereses interpuestos por quienes se benefician del secretismo.

En un mundo globalizado, allí donde exista un bolsillo secreto, habrá fondos que fluyan hacia él. Es por eso que el sistema de transparencia debe ser global. EEUU y la Unión Europea son cruciales en la etapa de inclinar la balanza hacia la transparencia, pero este será solo el punto de partida: cada país debe desempeñar su papel de ciudadano global en aras de clausurar la economía en las sombras; y es fundamental que en las actuales guaridas del secretismo aparezcan algunos líderes capaces de demostrar que existen modelos alternativos de crecimiento y desarrollo.

Los países deben posicionarse proactivamente: no conformarse con el mero cumplimiento de las normas mínimas actuales, sino colocar su modelo de desarrollo económico a la vanguardia de la evolución normativa. Cada país debe considerar seriamente si desea quedarse enzarzado en un eterno forcejeo para ponerse al día con la evolución de las normas internacionales, o bien prefiere servir de modelo, estableciendo parámetros que los demás, a la larga, se verán obligados a emular.

Selección de aportes a la Conferencia de Berlín, 2016.

Los consorcios transnacionales eluden en la actualidad impuestos sobre la renta corporativa por un monto anual de aproximadamente 100.000 a 240.000 millones de dólares mediante el desplazamiento de sus ganancias a regiones de bajos o nulos impuestos. Es por ello que en octubre de 2015 fue presentado un plan de acción de la OCDE que consta de 15 medidas. El proyecto anti-BEPS hace una importante contribución a la lucha contra los desvíos en la imposición de gravámenes a los consorcios internacionales.

Las pérdidas de ingresos afectan a países del Sur global de manera especial, ya que estos tienen una mayor dependencia de los impuestos a la renta corporativa que los países del Norte global. No obstante ello, solo una fracción de los países en desarrollo participó en su elaboración. Por tal motivo, las medidas anti-BEPS tienen para ellos una relevancia distinta según de qué país se trate. Hay dos cuestiones centrales para estos países que no fueron atendidas en el paquete de medidas: el conflicto entre los principios de país de origen y país de residencia y la cuestión de las retenciones en origen (withholding taxes).

Es un progreso que se haya hecho al menos un esfuerzo por incluir a los países del Sur global en el diseño del proyecto. Esto tuvo sus consecuencias: solo se reconoció que era necesario redactar informes específicos para los distintos países gracias a una alianza de países del Sur y de la sociedad civil.

El proyecto anti-BEPS será un éxito únicamente si logra llenar los vacíos existentes en la elaboración de convenios y en la legislación que dan pie a abusos. De todas maneras, resulta importante en el perfeccionamiento de la cooperación internacional en materia de impuestos que estén debidamente representados los intereses del Sur. Además deben respetarse y reconocerse los roles de la OCDE, la ONU, el FMI y el Banco Mundial y las estructuraciones fiscales regionales e interregionales.

En 2016, el Foro de Financiación para el Desarrollo enfrentará el enorme desafío de armonizar los tres acuerdos emblemáticos sellados en 2015 con miras al desarrollo mundial: la Agenda de Acción de Addis Ababa, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. El avance de estos procesos interdependientes requiere cooperación internacional en cuatro áreas.

La evasión y la elusión de impuestos son problemas de una magnitud desmesurada: todos los años provocan pérdidas de 100.000 a 240.000 millones de dólares, mientras 100.000 millones de dólares desaparecen de los países en desarrollo exclusivamente por el traslado de beneficios en la contabilidad de las empresas multinacionales. De ahí que la comunidad internacional necesite mecanismos más fuertes de cooperación para controlar estos problemas.

El sistema de bancos multilaterales para el desarrollo (BMD) se enfrenta hoy a dos desafíos mayúsculos: proveer financiamiento contracíclico y allanar el camino para la financiación de infraestructura y cambio climático. El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura han fortalecido este sistema.

La reciente proliferación de acuerdos bilaterales y megarregionales de comercio e inversión erosiona el espacio de las políticas públicas para los países en desarrollo y restringe la aplicación de políticas macroprudenciales orientadas a regular los flujos de capitales transfronterizos. Además, los procesos establecidos para la resolución de conflictos en el marco de los acuerdos de inversión están erosionando los principios democráticos que constituyen la base de nuestros sistemas judiciales.

Los persistentes desequilibrios sistémicos demandan con urgencia una red mundial de seguridad financiera más apropiada, que incluya regulaciones macroprudenciales de los flujos transfronterizos y sistemas multilaterales de reestructuración de deudas soberanas. Sin embargo, el Consejo de Estabilidad Financiera parece hacer oídos sordos a la primera de estas demandas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha avanzado muy poco en el diseño de un sistema para responder a la segunda.