Los consorcios transnacionales eluden en la actualidad impuestos sobre la renta corporativa por un monto anual de aproximadamente 100.000 a 240.000 millones de dólares mediante el desplazamiento de sus ganancias a regiones de bajos o nulos impuestos. Es por ello que en octubre de 2015 fue presentado un plan de acción de la OCDE que consta de 15 medidas. El proyecto anti-BEPS hace una importante contribución a la lucha contra los desvíos en la imposición de gravámenes a los consorcios internacionales.

Las pérdidas de ingresos afectan a países del Sur global de manera especial, ya que estos tienen una mayor dependencia de los impuestos a la renta corporativa que los países del Norte global. No obstante ello, solo una fracción de los países en desarrollo participó en su elaboración. Por tal motivo, las medidas anti-BEPS tienen para ellos una relevancia distinta según de qué país se trate. Hay dos cuestiones centrales para estos países que no fueron atendidas en el paquete de medidas: el conflicto entre los principios de país de origen y país de residencia y la cuestión de las retenciones en origen (withholding taxes).

Es un progreso que se haya hecho al menos un esfuerzo por incluir a los países del Sur global en el diseño del proyecto. Esto tuvo sus consecuencias: solo se reconoció que era necesario redactar informes específicos para los distintos países gracias a una alianza de países del Sur y de la sociedad civil.

El proyecto anti-BEPS será un éxito únicamente si logra llenar los vacíos existentes en la elaboración de convenios y en la legislación que dan pie a abusos. De todas maneras, resulta importante en el perfeccionamiento de la cooperación internacional en materia de impuestos que estén debidamente representados los intereses del Sur. Además deben respetarse y reconocerse los roles de la OCDE, la ONU, el FMI y el Banco Mundial y las estructuraciones fiscales regionales e interregionales.