En el mundo entero crece el consenso en torno de la idea de que las guaridas del secretismo –jurisdicciones que socavan los parámetros internacionales de transparencia corporativa y financiera– plantean un problema de alcance global: estas jurisdicciones facilitan el lavado de activos, así como la elusión y la evasión fiscal, e ipso facto promueven actividades delictivas y una desigualdad de niveles inadmisibles en la distribución mundial de la riqueza.

En calidad de líderes económicos, Estados Unidos y Europa cargan con la obligación de imponer las normas globales de transparencia a los centros financieros. La lucha contra el terrorismo ha demostrado de manera contundente que ambos disponen de los instrumentos adecuados. Su renuencia a aplicarlos con el mismo rigor en el combate contra la corrupción, la elusión y la evasión atestigua el poder de los intereses interpuestos por quienes se benefician del secretismo.

En un mundo globalizado, allí donde exista un bolsillo secreto, habrá fondos que fluyan hacia él. Es por eso que el sistema de transparencia debe ser global. EEUU y la Unión Europea son cruciales en la etapa de inclinar la balanza hacia la transparencia, pero este será solo el punto de partida: cada país debe desempeñar su papel de ciudadano global en aras de clausurar la economía en las sombras; y es fundamental que en las actuales guaridas del secretismo aparezcan algunos líderes capaces de demostrar que existen modelos alternativos de crecimiento y desarrollo.

Los países deben posicionarse proactivamente: no conformarse con el mero cumplimiento de las normas mínimas actuales, sino colocar su modelo de desarrollo económico a la vanguardia de la evolución normativa. Cada país debe considerar seriamente si desea quedarse enzarzado en un eterno forcejeo para ponerse al día con la evolución de las normas internacionales, o bien prefiere servir de modelo, estableciendo parámetros que los demás, a la larga, se verán obligados a emular.