Hace algunos meses, el Parlamento Europeo aprobó la «Resolución sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión Europea». Este documento reconoce la importancia de la justicia fiscal para los derechos de las mujeres, así como la forma en la que las leyes impositivas europeas actualmente vigentes perpetúan la desigualdad, no solo en Europa sino también en los países en desarrollo.

En América Latina y el Caribe, las elites políticas y económicas influyen en los Estados para obtener privilegios fiscales que perpetúan y aumentan la desigualdad y la pobreza. Rosa Cañete, coordinadora de la Campaña IGUALES contra la Desigualdad en América Latina y el Caribe de la organización Oxfam, explica las formas en que el poder económico intenta influir sobre las decisiones políticas y apunta medidas para reducir y evitar la captura del Estado por parte del lobby económico y financiero.

Mientras los derechos de las empresas transnacionales se encuentran salvaguardados por cientos de Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversión, sus obligaciones son reguladas por débiles ordenamientos jurídicos nacionales, instrumentos de carácter voluntario y un derecho internacional relativo a los derechos humanos que para muchos es frágil o se encuentra desactualizado. Con el propósito de poner coto a la impunidad de las transnacionales, se está discutiendo un nuevo instrumento global de carácter vinculante. Iván González, experto en la materia y dirigente de la Confederación Sindical de las Américas, explica el proceso de debate.

El recientemente lanzado Plan de Acción Nacional chileno en materia de empresas y derechos humanos puede constituir una herramienta eficaz de socialización y sensibilización sobre los derechos humanos en dimensiones distintas a las civiles y políticas que son las que, en razón de las épocas dictatoriales que ha vivido la región, nuestras sociedades tienen más presentes.

Si bien en México existen iniciativas puntuales que buscan abordar los retos en materia de empresas y derechos humanos –como el compromiso de elaborar un Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos, o de incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas–, la captura del Estado por parte de intereses económicos y corporativos, impide salvaguardar los derechos humanos.

Hasta el momento, las iniciativas para regular la relación entre empresas transnacionales y derechos humanos se han encuadrado en el paradigma de la voluntariedad. Un grupo de trabajo intergubernamental está trabajando en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU para cambiar eso. Tiene el mandato de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas en materia de derechos humanos. Esta semana se reúne en Ginebra para dar inicio a las negociaciones sustantivas. Son días decisivos para el proyecto.

Una iniciativa europea busca evitar la elusión fiscal y lograr que las empresas paguen impuestos allí donde realizan su actividad económica.

América Latina cuenta con sistemas fiscales y tributarios regresivos. El caso boliviano puede ser ilustrativo para comprender la situación regional y para pensar políticas progresistas en la materia.

El Grupo de los 77 (G-77) está encabezando la promoción de una agenda fiscal internacional más justa, que ponga fin a las guaridas fiscales y dé lugar a la creación de un organismo tributario intergubernamental en el marco de la ONU. Rosa Cañete, especialista en la materia y directiva de Oxfam, comenta la propuesta en entrevista exclusiva.

¿Quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores del blanqueo de capitales lanzado recientemente por el gobierno argentino?

La economista Claudine Gaidoni afirma que las empresas transnacionales violan los derechos humanos al utilizar mecanismos de evasión fiscal.

Las empresas transnacionales de Canadá cuentan con enormes privilegios en su país. Pero su responsabilidad con los trabajadores y el medio ambiente deja mucho que desear.

El sindicalista brasileño Rafael Freire manifiesta que los sindicatos y los movimientos sociales deben defender la democracia en el continente.

El economista de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos afirma que con el actual paradigma económico no se combaten ni la desigualdad ni la opacidad fiscal en América Latina.