Luis Abinader consiguió sin dificultades la reelección en elecciones sin grandes diferencias ideológicas. El cansancio social hacia el viejo Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el crecimiento económico reciente explican parte de los resultados, junto con la ya crónica xenofobia antihaitiana, de la que supo aprovecharse el actual mandatario.

La relación de la izquierda regional con la Revolución Cubana ha sido siempre muy compleja. Sin duda, las agresiones imperiales le han dado al proceso nacido en 1959 una sobrevida épica que no provee el resultado del sistema posrevolucionario. Pero la izquierda socialista democrática está obligada encontrar un camino que deje atrás el pesado manto de penitente de la gesta cubana.

El capitalismo neoliberal construye su propia lógica de fronteras, multiplicándolas y transformándolas en función de la acumulación y de los entramados de poder que le garantizan. Por eso, perfora las fronteras internacionales para dejar pasar flujos crecientes de mercancías y, al mismo tiempo, levanta muros para prevenir «nuevas amenazas». Las fronteras, progresivamente feminizadas y urbanizadas, devienen filtros que optimizan los cruces, convierten a los trabajadores y trabajadoras en aliens, las mercancías en contrabando y la cultura del otro en folclore. La pandemia ha hecho su parte, produciendo una biopolítica desnuda excluyente e insensible.

Haití y República Dominicana constituyen un sistema socioeconómico desigual y muy conflictivo. Uno de los componentes claves de este sistema es la movilidad de haitianos a República Dominicana, donde ocupan espacios en mercados laborales vitales para la economía nacional. Esta relación se reproduce desde una construcción ideológica xenófoba y racista, que tuvo su expresión más trágica en la desnacionalización masiva de ciudadanos de origen haitiano en 2013. El mito de la «invasión pacífica» haitiana, sin embargo, parece no ser apoyado por los resultados estadísticos de las últimas encuestas de migrantes.

El presidente Sebastián Piñera dio un golpe de timón y decidió rechazar el Pacto Mundial de Migraciones, lo que coloca a Chile en el campo de las extremas derechas globales sobre este tema. Hoy es claro el acercamiento entre Chile y el nuevo presidente brasileño Jair Bolsonaro. Pero la decisión, que puso al Ministerio del Interior por encima de la Cancillería, dejó en evidencia que se trata de una política de consumo interno, con la vista en unas encuestas que no benefician al presidente chileno.

El campo reformista es –en la presente coyuntura– la variable más interesante del sistema político cubano. Si el Estado no puede convivir con él no es porque plataformas como Cuba Posible sean sediciosas, sino porque la elite política solo admite el alineamiento sin fisuras.

La migración constituye hoy una pieza clave de la realidad cubana. Buena parte del consumo familiar depende de las remesas, mientras que el Estado compensa sus crónicos déficits financieros exigiendo una serie de pagos leoninos por servicios diversos. Al mismo tiempo, los migrantes han sido despojados de todos sus derechos ciudadanos, incluyendo el de volver a vivir en el país en que nacieron. Hace más de un año, Raúl Castro anunció una «actualización» migratoria que levantó numerosas expectativas. Cuando finalmente se dio a conocer el contenido de la reforma, todo indica que se trata de pasos muy parciales, ciertamente positivos, pero que no dan solución a un problema que la sociedad cubana, eminentemente transnacional, debe resolver.

A cuatro años de su asunción, la gestión de Raúl Castro no ha producido grandes avances. Las tímidas medidas de apertura prometidas no se han profundizado. La crisis de la economía se prolonga y si no se agudiza es gracias a los subsidios venezolanos. Desde el punto de vista político, la disidencia interna se ha renovado, con la aparición de nuevas figuras y grupos, y ha tenido un hito trágico en la muerte por huelga de hambre de Orlando Zapata, aunque sin que ello se refleje en cambios en el sistema político. En suma, Cuba se encuentra hoy en una situación que Gramsci hubiera definido como «morbosidad política», en la que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer.

En Cuba se ha producido una sucesión política –de Fidel Castro a su hermano Raúl– que se anuncia acompañada de cambios. No es posible aún evaluar su magnitud y dirección, pero la información disponible sugiere que se concentrarán en la esfera económica, abriendo mayores espacios al mercado en la asignación de recursos. Un límite claro a estas reformas será la fragmentación y la falta de autonomía de la sociedad cubana, un requisito para la reproducción del proyecto de poder de una elite crecientemente posrevolucionaria.

Luego de años de crisis tras el derrumbe de la Unión Soviética, Cuba atraviesa hoy un periodo de cierta bonanza, alentado por la política de subsidios petroleros de Venezuela y las iniciativas venezolanas como el ALBA, que contribuyen a romper su aislamiento internacional. Como resultado, se han implementado algunas políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos y se produjo un cambio en la elite tecnocrática que había conducido la apertura económica de los 90. Sin embargo, más allá de los beneficios inmediatos, los subsidios implican dejar de lado actividades económicas dinámicas, contribuyen a frenar la renovación política y terminan por posponer reformas cruciales para el futuro de la isla.

A lo largo de décadas de coexistencia en una misma isla, Haití y República Dominicana han construido una fuerte relación de interdependencia, que en la actualidad opera como una subordinación creciente y fragmentada del espacio haitiano a la economía capitalista dominicana, y un potencial surgimiento de regiones económicas binacionales en función de la acumulación global. La construcción ideológica racista antihaitiana en República Dominicana es también un ingrediente activo de esa relación. Para los sectores políticos e intelectuales democráticos de ambos países esto plantea un reto que solo podrán superar a partir de la crítica de las relaciones objetivas entre sus sociedades.

En los últimos meses Cuba ha estado en un lugar destacado de los noticieros después del encarcelamiento de varias decenas de opositores y el fusilamiento de tres secuestradores de una lancha de pasajeros. Estos hechos dramáticos produjeron una oleada de declaraciones públicas de los sectores intelectuales de izquierda con posicionamientos diferentes frente a las argumentaciones del gobierno cubano. El artículo explora esta crisis política a partir del análisis de las responsabilidades de los diferentes actores involucrados -los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y el movimiento opositor- así como de las determinaciones sistémicas que condujeron a la respuesta extrema por parte del gobierno de la isla. Una conclusión clave es que la solidaridad con el pueblo cubano frente a la injerencia norteamericana y el apoyo a sus logros sociales es una obligación innegociable de la intelectualidad de izquierda y democrática del continente, pero que ninguna postura solidaria puede prescindir del análisis crítico de los rasgos autoritarios y represivos del sistema político de la isla.