Opinión

Por una política exterior feminista


abril 2018

Suecia se convirtió en el primer país en el mundo en asumir públicamente una política exterior feminista. La igualdad entre mujeres y varones es uno de los pilares de su prédica global. No es extraño que este nuevo perfil en política exterior sea propiciado por un gobierno socialdemócrata que pretende diferenciarse de los conservadores.

<p>Por una política exterior feminista</p>

Una política exterior feminista, de acuerdo con Christine Alwan y Laurel Weldon, implica un curso de acción externa guiado por el compromiso con la igualdad de géneros y apunta a resolver los graves problemas derivados del patriarcado, la inequidad sexual y la estigmatización de las sexualidades diversas.

Suecia se convirtió, a finales de 2014, en el primer país en el mundo en asumir públicamente una política exterior feminista. A partir de ese momento el gobierno anunció que la igualdad entre mujeres y hombres sería un objetivo fundamental de su política internacional. Otorgó una nueva dirección normativa a la conducta externa del país y estableció un Plan de Acción 2015-18 con cinco áreas prioritarias: a) promover el imperio de la ley; b) combatir la violencia sexual; c) abordar las cuestiones vinculadas a los derechos sexuales y reproductivos; d) avanzar en el empoderamiento económico-material de las mujeres; y e) abogar por el desarrollo sustentable.

En los últimos cuatro años, Suecia se comprometió activamente en la prevención de la violencia de género en el contexto de emergencias humanitarias (en especial, en África), en la participación de las mujeres en procesos de paz (por ejemplo, en Colombia), en la inclusión de una perspectiva feminista en el tratamiento de asuntos como el desarme y la no proliferación en diversos foros mundiales, en la ampliación efectiva de recursos para la cooperación en temas tales como los derechos humanos de mujeres y niñas, y en el elevamiento de la conciencia global acerca de los potenciales efectos negativos de decisiones comerciales sobre la equidad de género; entre otras.

Suecia expresa el primer ensayo concreto de una política exterior feminista. En buena medida esto refleja el esfuerzo por ampliar la propia identidad en el plano interno y de proyectar una identidad internacional que lleve al reconocimiento del país como una suerte de potencia feminista en la política mundial.

Mientras varias grandes y medianas potencias aumentan su músculo militar, Estocolmo incrementa su fineza diplomática. El despliegue de «poder duro» no necesariamente asegura logros políticos o generar mayor respeto, sin embargo, el «poder blando» sí puede incrementar poder, influencia y prestigio.

Es claro que la ideología cuenta: ha sido un gobierno socialdemócrata el que inauguró el nuevo perfil en política exterior después de ocho años de lo que parecía una potente hegemonía conservadora.

Es además evidente que la política internacional está fuertemente entrelazada con la política doméstica. En el actual gabinete, junto al Primer Ministro, hay 11 mujeres y 11 hombres con cargos ministeriales; el 44% del parlamento está compuesto por mujeres. Según el índice global de brecha de género de 2017 del Foro Económico Mundial, el ingreso promedio de las mujeres en comparación al de los hombres es de 78,5% (apenas por debajo de Eslovenia y Noruega). A su vez, el país ha desarrollado un vasta legislación interna en derechos sexuales y reproductivos y en el sector público la presencia de mujeres en puestos de alta gerencia es muy significativa (aunque solo 6% de los CEOs son mujeres). En breve, el ejemplo sueco comprueba que es indispensable preservar una coherencia entre el discurso y la práctica hacia adentro y hacia afuera.

Cabe destacar que la actual política exterior feminista de Suecia se asienta en antecedentes históricos que la validan y la facilitan y, ante todo, en la atención a demandas, reclamos y movilización de la sociedad civil. Un ejemplo es el tema del aborto. La primera ley que lo despenalizó fue en 1938 y desde 1975 está vigente la actual legislación que permite, por decisión propia de la mujer, la interrupción del embarazo hasta la decimoctava semana de gestación. El aborto está incorporado a la seguridad social por lo que la mujer no debe incurrir en ningún pago y solo se puede llevar a cabo en una dependencia hospitalaria de tal modo de reducir al máximo eventuales complicaciones.

Pocos países en Occidente han demostrado una movilización tan importante de las mujeres como la Argentina. Las demandas a favor de la equidad y en contra de la violencia son persistentes, decididas y enérgicas. Si el país buscase esbozar e implementar una política exterior feminista lo debería hacer de manera creíble y efectiva. Para ello un primer paso indispensable es aprobar la despenalización del aborto. De lo contrario continuará enunciando hacia afuera lo que no practica hacia adentro. Y eso si sería una grieta entre la política interna y la internacional.


Nota: este artículo fue previamente publicado en el diario Clarín.

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