La Organización de Estados Americanos (OEA) tiene entre manos una verdadera papa caliente: ¿cómo abordar (y, eventualmente, contribuir a resolver) la crisis venezolana? Por un lado, está en juego la capacidad de un organismo que no pocas veces ha sido señalado como ineficiente. En su seno se expresan tensiones que podrían acrecentarse según se desarrolle el conflicto político en Venezuela.

En la OEA no existe consenso en relación con la crisis venezolana. No lo hay entre los países que forman parte del organismo y tampoco parece haberlo entre el secretario general, Luis Almagro, y las delegaciones representadas en la sede en Washington. Asimismo, hay una clara división entre las naciones hispanoparlantes (y Brasil) y el mundo caribeño anglosajón y francófono a la hora de votar sobre Venezuela. Como telón de fondo, el otrora actor de peso en la OEA, Estados Unidos, sencillamente no parece tener el fuelle para propiciar soluciones de conjunto en la región.

Hace poco más de un año, en una reunión privada, un integrante del equipo de trabajo más cercano a Almagro me adelantó que la gestión del ex-canciller uruguayo jugaría con fuerza para que no se implantara una dictadura en Venezuela. Así ha sido. En efecto, Almagro ha roto con los moldes convencionales del cargo para pasar a ser un claro activista a favor del cambio en Venezuela.

El secretario general ha estado muy activo en las redes sociales, a través de las cuales suele enviar mensajes directos a los altos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. No ha logrado, sin embargo, congregar cuestionamientos públicos severos del mundo de la izquierda latinoamericana en contra de Maduro, pese a la condición progresista que, sin duda, tiene el ex-canciller uruguayo. Al contrario, no pocos creen que Almagro ha sido cooptado por la derecha y eso explica su activisimo en el caso de Venezuela.

El papel público y beligerante del secretario general de la OEA causa ruido dentro de la organización. Así lo dejó entrever la posición de Antigua y Barbuda a fines de mayo, cuando solicitó que Almagro no se adelantara a las decisiones del Consejo Permanente, que finalmente es la instancia rectora de las políticas en la OEA.

A través de discusiones de pasillo y con el apoyo de Ecuador y Bolivia, Venezuela ha logrado poner en discusión la necesidad de revisar la conducta de Almagro en la Secretaría General de la OEA. Esta estrategia, aunque no arroje frutos, ayuda a desviar el foco de atención, que de forma taciturna se coloca sobre la naturaleza dictatorial o no del régimen de Maduro.

Desde hace varios meses Almagro se refiere abiertamente a Venezuela como una dictadura. Para ello, se apoya en sendos documentos que presentó ante el Consejo Permanente y en una sesión del año pasado en la que él llamó a invocar la Carta Democrática Interamericana.

Sin embargo, cuando se revisa el devenir de las sesiones en la OEA, no ha habido un pronunciamiento explicito del organismo para señalar la ruptura del orden constitucional en Venezuela (no ha habido consenso para ello), y el país sigue sencillamente en observación y monitoreo. Hubo, efectivamente, una reunión de cancilleres, que le subió el tono a la discusión sobre el rol de la OEA para encontrar soluciones a la crisis venezolana, y habrá otra cita de ministros, pero no hay señales de que se encontrará una vía de acción.

Un diplomático de larga data en Washington me comentó que la capacidad de acción y presión de la OEA es limitada. Especialmente, cuando un país es renuente a reconocer al organismo como interlocutor para abordar una crisis.

El gobierno de Maduro jugó, al parecer con éxito, una posición adelantada cuando solicitó su retiro de la OEA. De esa forma, la organización pierde poder de presión sobre el país, ya que en último caso una sanción severa sería la expulsión, cuestión que en este caso no podría ocurrir ya que el país se autoexcluyó.

Si bien el retiro efectivo de la OEA solo se formalizará en dos años, la medida tuvo un impacto político. Antes de ese anuncio, algunos países caribeños (Bahamas, Barbados, Jamaica) se habían pronunciado de forma tímida sobre la necesidad de que la OEA jugara algún rol de mediación en la crisis venezolana. Tras el anuncio de Caracas, los caribeños anglosajones y francófonos se han realineado en el seno de la OEA y levantan de nuevo la bandera de la no intervención en asuntos internos.

La actuación en bloque de las naciones caribeñas, junto a aliados políticos claves de Venezuela como Ecuador, Bolivia y Nicaragua, hace prácticamente imposible que la OEA tome alguna decisión relevante sobre el país. Al menos, tal como están las cosas en este momento.

Según la carta de la OEA, se necesitan dos terceras partes (24 países) de los Estados miembros para que se adopte una decisión en firme. Hasta ahora, las convocatorias a las sesiones para debatir el caso de Venezuela, han alcanzado mayoría para sesionar (18 votos), incluidas aquellas que reúnen a cancilleres.

La falta de interés de EEUU en la región tiene un impacto directo sobre la OEA. A eso se suma la ausencia de interlocutores para América Latina por parte de la administración Trump.

La sesión del 31 de mayo de cancilleres de la OEA que se celebró en Washington dejó en claro ambas cuestiones. El secretario del Departamento de Estado, Rex Tillerson, estaba en la ciudad, pero concentrado en la visita del primer ministro de Vietnam y, por tanto, no acudió a la sesión para discutir sobre la crisis venezolana. Finalmente, el vocero de EEUU fue Thomas Shannon, quien se mantiene como consejero de la cancillería estadounidense en espera de que se termine de nombrar a los responsables para la región.

De las últimas sesiones en el seno de la OEA sobre Venezuela, ha quedado en claro la existencia de dos bloques, que además de las razones políticas o ideológicas, evidencia fracturas de orden geográfico en el seno de la organización.

Sistemáticamente, un grupo de 12 países –todos ellos de habla hispana, a los que se suman Brasil y Canadá– ha denunciando desde la ruptura del hilo constitucional en Venezuela (con decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, luego con la convocatoria a una Asamblea Constituyente por parte de Maduro) hasta los excesos en la represión en Venezuela (juicio a civiles en tribunales militares, existencia de presos políticos).

Otros 14 países, en su gran mayoría caribeños, si bien admiten que en Venezuela hay una crisis y es necesario un diálogo, terminaron por escudarse (en la última sesión) en el principio de no intervención en los asuntos internos de cada nación. Tres países cierran filas con Venezuela: Ecuador, Bolivia y Nicaragua.

No hay señales de reacomodamientos o cambios significativos en las sesiones venideras de la OEA. La organización tiene su asamblea anual en México entre el 19 y el 21 de junio. En el marco de esa reunión, que tiene un carácter más protocolar, habrá una sesión de trabajo de los cancilleres para abordar nuevamente la crisis venezolana.

Una posibilidad de que se decida algo diferente en la OEA la asomó el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien planteó que desde el seno de la organización surja un «grupo de países amigos de Venezuela», formado en partes iguales por tres países identificados con el gobierno de Nicolás Maduro y otros tres que sean aceptados por la oposición venezolana,.con el fin de propiciar e incidir desde la OEA en un mecanismo de diálogo y negociación política.

Algo, sin embargo, queda claro: en lo que están de acuerdo los dos bloques que existen hoy en la OEA es en la necesidad de que haya diálogo político. Venezuela, sin dudas, lo necesita.