No hay dudas de que el coronavirus es una emergencia global, y tampoco de que los gobiernos la utilizarán para ampliar sus poderes. Y una vez que la amenaza haya pasado, es probable que algunos de ellos no renuncien a esos nuevos poderes.

Resulta crucial que los partidos de oposición concuerden en términos generales con las medidas para enfrentar lo que parece una excepcional crisis de salud pública. Pero la línea entre gobierno y oposición no se puede difuminar en nombre de la «unidad nacional». Las críticas de los líderes de la oposición no se deberían descalificar como «peleas intestinas» ilegítimas. Y se debe fortalecer, y no debilitar, los mecanismos que permiten que la oposición haga rendir cuentas a los gobiernos por sus medidas.

Las emergencias tienen dos efectos: en los Estados democráticos, concentran el poder en el Ejecutivo. Por lo general, los líderes que reclaman nuevos poderes pueden contar con el apoyo de los ciudadanos. Incluso el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo desempeño ha sido desastroso desde el comienzo, se está beneficiando de una dinámica de unidad nacional frente a la crisis.

El otro efecto es más evidentemente pernicioso: en los países ya amenazados por lo que algunos politólogos llaman la «autocratización» (el reverso de la democratización), los líderes están haciendo uso de la crisis del coronavirus para deshacerse de los obstáculos restantes a la continuidad de su régimen.

El presidente ruso Vladimir Putin se encuentra en proceso de hacerse presidente vitalicio. El primer ministro Benjamin Netanyahu está debilitando al Knesset y a los tribunales. El primer ministro húngaro Viktor Orbán, pionero de la «autocratización» en la Unión Europea, puede ahora gobernar por decreto y desea suspender las elecciones y los referendos, además de dar al gobierno la autoridad para encarcelar periodistas.

Muchos políticos autoritarios recurren a pseudocrisis; en una real, pueden adoptar lo que parecen medidas perfectamente justificadas para arremeter contra sus oponentes. Las leyes antiterroristas promulgadas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Estados Unidos se utilizaron rutinariamente para reprimir formas legítimas de disenso político.

Lo que caracteriza particularmente a la pandemia del coronavirus es que desactiva una de las maneras más evidentes de protestar contra los gobiernos. Cuando Putin anunció cambios a la Constitución, pudo prohibir las manifestaciones argumentando que podrían facilitar la propagación del virus. Cuando Orbán elimine las elecciones, podrá decir que el distanciamiento social no es compatible con un procedimiento que hace que todos los ciudadanos acudan al mismo lugar el mismo día. Una precaución completamente razonable permite a los autócratas tomar medidas sin que nadie las cuestione.

¿Qué se puede hacer? En las democracias que funcionan, los parlamentos y los tribunales tienen que seguir trabajando. Pero si las empresas y el mundo académico pueden funcionar en línea, no hay razones para estas instituciones conduzcan una «democracia a distancia».

Los parlamentos –cuyo poder en todo caso han ido mermando en beneficio del Ejecutivo en las últimas décadas– deberían aceptar el gobierno selectivo por decreto solo por un tiempo limitado estrictamente y tan solo para circunstancias en que el régimen jurídico convencional conlleve desventajas importantes para el manejo de las crisis. Si bien el Estado de derecho, en contraste con el gobierno por decreto, podría ser dificultoso cuando se debe desarrollar una vacuna con rapidez y desplegar recursos con celeridad, no existe absolutamente ninguna razón para suspenderlo (al contrario de lo que han argumentado prominentes teóricos de los Estados de emergencia, como el jurista alemán Carl Schmitt).

El tema más importante es que la oposición debería apoyar al gobierno, pero también ofrecer alternativas y, sobre todo, hacer que este rinda cuentas estrictas de sus medidas. A menudo se olvida lo crucial que resulta para el funcionamiento adecuado de las democracias la institucionalización del papel de una oposición.

Los mecanismos para hacerlo varían. Puede ser un procedimiento que permita a los líderes de oposición responder inmediatamente a los discursos de los ministros, dramatizar las diferencias y mostrar una alternativa; umbrales bajos para crear comités de consulta; días de oposición, cuando los perdedores de una elección fijan la agenda parlamentaria; incluso nombrar a figuras de la oposición para presidir comités importantes (donde se hace gran parte del trabajo real en los parlamentos). El gobierno está autorizado para hacer las cosas a su manera, pero la oposición debe poder manifestar su opinión en todas las etapas.

La primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern ha propuesto una solución plausible ante las medidas de confinamiento del país y la suspensión temporal del Parlamento. En lugar de crear una gran coalición o cubrir los desacuerdos legítimos con la retórica de la «unidad nacional» incondicional, ha sugerido un comité selecto presidido por el líder de la oposición, que pueda exigir que el gobierno rinda cuentas de sus acciones.

Para prevenir que las medidas de emergencia se vuelvan permanentes –especialmente si la atención pública pasa a otro tema–, el jurista estadounidense Bruce Ackerman propuso un ingenioso mecanismo de «escalera de supermayorías»: las leyes y decretos se pueden renovar periódicamente, pero solamente con mayorías cada vez más grandes. Con ello el debate político se centraría en la pregunta de si es posible volver a la normalidad previa. En particular, pondría el foco de atención sobre la protección de los derechos básicos (piénsese en los intentos de los gobiernos de Trump y del primer ministro británico Boris Johnson de reclamar poderes de poner en detención a ciudadanos durante la pandemia).

¿Y los autócratas? Los líderes de oposición y la sociedad civil deberían usar todo el espacio que les queda para resistir. Sea lo que fuere que hagan serán difamados por gobiernos que, incluso antes de la actual crisis, tendían a acusar de traición a la patria a quienquiera que se les opusiera.

Más importante todavía es que, aunque la atención internacional sea más bien escasa por ahora hacia todo lo que no sea el coronavirus, sigue siendo crucial alzar la voz contra los Putin, los Kaczynski y los Orbán del planeta. Por desgracia, sus ciudadanos pronto verán cómo sus cleptocracias han afectado la salud pública. En estas circunstancias, cobra una enorme importancia que una institución como la Comisión Europea monitoree estrechamente las medidas de emergencia en los Estados de la Unión Europea.

Fuente: Project Syndicate

Traducción: David Meléndez Tormen