El magnicidio de Jovenel Moïse
¿Un golpe dentro del golpe?
Nueva Sociedad 295 / Septiembre - Octubre 2021
El brutal magnicidio del presidente Jovenel Moïse añade nuevos elementos a la crisis de Haití, tras años de intervención extranjera y un Estado que cada vez más es una maquinaria para el enriquecimiento de las camarillas en el poder. Hoy el país se enfrenta a la perspectiva de una permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida de su población, si no es capaz de aprovechar esta coyuntura para iniciar un proceso de reconstrucción.
La muerte de alguien, asesinado cruelmente en presencia de su esposa y sus hijos, tal como lo fue el presidente haitiano Jovenel Moïse en julio pasado, llama a un gesto de condena firme y unánime por parte de todos los demócratas del mundo. Es un drama que recuerda la crisis de 1867 en Haití, que terminó con el fusilamiento del presidente Sylvain Salnave en enero de 1870, y la crisis de 1915, cuando fue masacrado el presidente Vilbrun Guillaume Sam en víspera de la ocupación militar estadounidense que se inició en julio y duró 19 años. No quisiera referirme al asesinato del padre de la patria, Jean-Jacques Dessalines, en octubre de 1806. Requeriría de una puesta en contexto más extensa, ya que es utilizado retóricamente en la actualidad por los defensores de la política del presidente Moïse, quienes buscan hacer temerariamente este paralelo.
El principal riesgo que trae aparejado el reciente magnicidio es que, con una Justicia inoperante, se refuerce la impunidad reinante, un mal permanente que padece la sociedad haitiana y que funciona como un obstáculo al imperio de la ley y del Estado de derecho.
Existe así el riesgo de una doble impunidad: por una parte, quizás nunca se sabrá quiénes fueron los responsables de la muerte del mandatario; por la otra, ni Moïse ni sus cómplices responderán ya por los crímenes que han cometido, como lo reclamaban las organizaciones de derechos humanos, al igual que la oposición política, desde hace por lo menos tres años.
Un asesinato misterioso
Empecemos por el acontecimiento que conmovió al mundo entero y dejó en estado de shock a la sociedad haitiana: Moïse fue asesinado el 7 de julio de manera sorpresiva y rocambolesca, en una operación que a la vez parece muy bien planificada y absolutamente descabellada. He aquí algunos elementos que atraen la atención de todos los observadores: (a) sus guardias de seguridad no dispararon ni una bala; (b) la policía haitiana habría resuelto este caso en menos de 12 horas, un récord sospechoso considerando que, hasta la fecha, no había podido resolver ni una sola investigación sobre los numerosos asesinatos cometidos en el país; entre ellos, el del presidente de la Orden de Abogados, el insigne Monferrier Dorval; (c) el comando de los asesinos, compuesto esencialmente por ex-militares colombianos, no habría previsto un plan b de escape y todos se dejaron arrestar sin defenderse.
El primer ministro ad interim Claude Joseph, destituido dos días antes del magnicidio y reemplazado por el neurocirujano Ariel Henry, aparece frente a las cámaras y con una calma sorprendente declara tener todo bajo control y decreta el estado de sitio por dos semanas. Asimismo, pide ayuda al gobierno de Estados Unidos y a la Organización de las Naciones Unidas (onu). En estas circunstancias, la Oficina Integrada de la Naciones Unidas en Haití (binuh, por sus siglas en francés), a través de su representante, Helen La Lime, le ofrece su apoyo. Días después, Henry, que había sido nombrado pero no había asumido su cargo al momento del asesinato, es sorpresivamente reconocido como jefe de gobierno legítimo por los representantes del así llamado «Core Group», integrado por los embajadores de eeuu, Canadá, Alemania, Francia y Brasil y los representantes del secretario general de la onu y de la Organización de Estados Americanos (oea) en Haití.
El primer ministro destituido, que acababa de insultar a Henry en una reunión, finalmente acepta y reconoce su autoridad. Se forma así un gobierno de continuidad con casi todos los ministros del gabinete de Moïse y del Partido de las Cabezas Calvas (phtk, por sus siglas en creole).
Por su parte, la esposa del presidente, Martine Moïse, gravemente herida y evacuada hacia eeuu el mismo día del asesinato para ser atendida, reaparece una semana después, con un brazo enyesado, protegida por el fbi, y se proclama heredera política de su difunto marido, héroe y mártir, en un discurso muy elocuente durante el funeral. En realidad, ella es la testigo clave de este asunto. A pesar de eso, vuelve a eeuu el 28 de julio sin haber sido interrogada por la Justicia haitiana y declara al New York Times el 30 de julio que será candidata a la Presidencia. Sus intervenciones públicas confunden más aún las pistas.
Notemos que, en un caso tan crítico como este, hasta ahora no ha sido nombrado un juez instructor y es la Policía Nacional la que lleva las riendas de la investigación de manera desordenada, con la ayuda del fbi, de Interpol y de la Administración de Control de Drogas (dea, por sus siglas en inglés). Hay que considerar que la Policía también ha sido señalada entre los sospechosos. Los jueces que podrían llevar adelante el caso denuncian las numerosas amenazas anónimas que reciben y ninguna de las normativas haitianas para asegurar la justicia está siendo respetada.
Mientras tanto, el Departamento de Estado de eeuu nombró a Daniel Lewis Foote, un diplomático de carrera con larga experiencia en países en crisis, para trabajar con las autoridades haitianas con el objetivo de intentar garantizar elecciones libres y estabilidad en el país. Foote viene también acompañado de la zanahoria: la ayuda humanitaria.
A estas alturas, tres cuestiones parecen evidentes: (a) el misterio sigue a pesar de la presencia de la Interpol y del fbi; (b) es la comunidad internacional, o sea las grandes potencias occidentales, quien decide; (c) pareciera que se trata de un complot transnacional con implicados de diferentes nacionalidades: colombianos, estadounidenses, venezolanos, ecuatorianos, dominicanos y haitianos del círculo muy cercano al presidente asesinado, entre ellos Joseph Badio, ex-funcionario del Ministerio de Justicia, así como un pastor protestante, supuestamente médico, residente en Florida (Emmanuel Sanon), y una jueza de la Corte de Casación (Windelle Coq Thélot).
En este orden de ideas, podríamos preguntarnos si no se trataría de un golpe de Estado dentro del mismo golpe de Estado que Moïse ya había llevado a cabo el pasado 7 de febrero de este año, cuando decidió quedarse en el poder más allá de la fecha prevista por la Constitución y la ley electoral haitiana. Por otra parte, muchos observadores se preguntan también qué papel han podido jugar los servicios secretos extranjeros en este drama.
Circulan en la prensa y en las redes sociales las más fantasiosas y múltiples versiones sobre los hechos y los responsables, lo que vuelve todavía más turbias las investigaciones.
Los antecedentes
En efecto, las elecciones presidenciales que debían llevarse a cabo en 2020 para permitir que el presidente entregara el poder el 7 de febrero de 2021 no se realizaron como lo establecen el decreto electoral publicado en el periódico oficial Le Moniteur del 2 de marzo de 2015 y la Constitución vigente de 1987. Moïse trató de justificarlo señalando que había tardado un año en asumir, en medio de la controversia electoral tras su elección de 2016. De esta manera, buscaba imponer ilegalmente una nueva Constitución y realizar elecciones generales con un consejo electoral también ilegal, que les permitirían a él y a sus aliados entregarle el poder a un candidato de su partido, el phtk.
Vayamos un poco más atrás. Veamos la política del presidente asesinado y el clima que reinaba durante los últimos años de su mandato hasta la fecha de su brutal desaparición.
Es importante remarcar que, según las interpretaciones de numerosos y calificados juristas y constitucionalistas haitianos y extranjeros, el mandato de Moïse había culminado el 7 de febrero de 2021. El Consejo Superior del Poder Judicial había declarado el fin de su mandato y en respuesta a ello, el presidente mandó destituir arbitrariamente a tres de sus jueces inamovibles.
Entre sus esfuerzos para destruir todas las instituciones del Estado, en noviembre de 2020 el presidente emitió un decreto que reducía el poder de la Corte Superior de Cuentas, institución clave en el control de los gastos del Estado. Además, en lo que respecta al Senado, el mismo presidente había interpretado que, según la Constitución haitiana aún vigente de 1987 y la Ley Electoral, el mandato de una tercera parte del cuerpo había llegado a término el 13 de enero de 2020. Pero aun así, Moïse aplicó una vara diferente para sí mismo, hizo caso omiso de la prohibición constitucional de prolongar su mandato por cualquier motivo que fuera y se otorgó un año más hasta el 7 de febrero de 2022. La oposición, la sociedad civil y los grupos de derechos humanos calificaron su intento de permanecer en el poder como un golpe de Estado. Desde 2020, empezó a gobernar mediante tuits y decretos presidenciales, de los que llegó a dictar más de 40 sin control parlamentario. Por otro lado, el Poder Judicial también se había tornado inoperante por diversas razones. Y era así como el presidente Moïse, con plenos poderes, dejaba entrever su proyecto de instaurar en Haití una nueva dictadura, tal como lo denunciaba desde hace tiempo la oposición. Tomó una serie de iniciativas ilegales y operativas que demostraban con claridad sus intenciones.
En este sentido, en noviembre de 2017, Moïse resucitó el ejército disuelto por el ex-presidente Jean-Bertrand Aristide en 1995. El nuevo cuerpo carecía de los recursos necesarios y fue montado de manera muy precaria y precipitada. Viendo que esto no le garantizaba el apoyo militar que necesitaba para llevar a cabo sus iniciativas políticas, empezó a fomentar la formación de bandas armadas, que lograron constituirse a través del territorio nacional como verdaderos feudos. A veces desfilaban por las calles de la capital, Puerto Príncipe, con armas pesadas, sin intervención alguna de las autoridades. Por otra parte, se creó un cuerpo de policía civil forestal y costera, encargado de proteger algunas regiones ecológicas (áreas protegidas), el cual se transformó luego en una verdadera milicia al servicio de los objetivos del gobierno. Esto hace recordar los tiempos de los muy famosos Tonton Macoutes, la milicia política de la dictadura de Duvalier en los años 60 y 70.
Los grupos de derechos humanos Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos (rnddh), Je Klere (Ojos Abiertos) y el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (cardh) reportan que entre el 15 de septiembre y principios de octubre de 2019 las bandas armadas masacraron a 17 personas y dejaron 200 heridos, entre ellos mujeres, niños y hasta bebés, en un solo barrio de la capital, La Saline, con la complicidad de funcionarios del Ministerio de Justicia, lo que amplificó la política del terror ya existente. Gran parte de los manifestantes callejeros en contra del gobierno provenían de estos barrios populares y el poder quiso escarmentarlos. Estas masacres se volvieron recurrentes hasta poco antes del magnicidio.
Algunos de los miembros de estas bandas armadas secuestran, a diestra y siniestra, alegando que están obligados a hacerlo porque el gobierno no les pagó lo prometido. Estas bandas asesinan a personas de todo origen y condición social. El 29 de junio de 2021, dispararon y mataron a 11 personas, entre ellas, al periodista Diego Charles y a la activista Marie Antoinette Duclaire. Duclaire era una joven militante feminista que había participado en la organización de las marchas contra Moïse y había estado en el grupo que entregó a la binuh una petición de la sociedad civil por el cese del apoyo a Moïse a principios de este año. Había recibido ya amenazas de muerte por sus posiciones.
El presidente politizó más que nunca a la Policía, que ya había perdido cualquier operatividad en la lucha contra la inseguridad por no contar con el equipo ni el armamento necesarios para combatir a las bandas armadas, estas sí muy bien equipadas con armas de guerra y municiones a granel. Además, intentó crear una serie de dispositivos legales para asegurar su poder en el futuro. En este sentido, contra todas las normas democráticas, Moïse emitió un decreto que instituía una policía secreta omnipotente, la Agencia Nacional de Inteligencia (ani), base de un claro Estado dictatorial. Apenas instalado en su cargo, el nuevo primer ministro Henry trató de eliminarla, pero el secretario general del Consejo de Ministros, Renald Luberice, el mismo del difunto presidente, se opuso firmemente. Se espera aún la reacción de Henry a este acto de insubordinación.
Asimismo, Moïse creó un Consejo Electoral Provisional por fuera de las normativas legales, encargado de organizar el referéndum para cambiar la Constitución de 1987, las elecciones legislativas que no se habían realizado en 2020 y las presidenciales en septiembre de 2021. Creó también una comisión, con miembros designados por él, encargada de redactar la nueva Constitución. Es necesario destacar que la Constitución enmendada de 1987, sobre la cual se juramentó Moïse, prohíbe explícitamente cualquier tipo de referéndum, por ser esta una de las armas que usó el régimen duvalierista para crear la Presidencia vitalicia y luego la vitalicia hereditaria. Hay que tener en cuenta que la Constitución actual especifica cuáles son los mecanismos para su modificación.
Moïse pretendía hacer un referéndum sumario, diseñado a su gusto y medida, para aprobar la redacción de una nueva Constitución con personas designadas por él, algo que nada tiene que ver con los procesos de referéndums democráticos y trasparentes que se han realizado, por ejemplo, en países como Chile para cambiar la Carta Magna. En la nueva Constitución se preveía eliminar el Senado y la figura del primer ministro y otorgar plenos poderes al presidente, entre otras cosas.
En torno de Moïse, a pesar de que le gustaba referirse a sí mismo como jefe supremo (después de Dios) que lo «sabía todo» y tenía poder de decisión sobre todo, se creó una camarilla de intelectuales que armaron con él un discurso ideológico con todos los elementos de la filosofía fascista. Junto con la exaltación de la figura del presidente como «superhombre» y la eliminación de los demás poderes, se empezó a machacar sobre la figura de unos oligarcas «enemigos del pueblo», recordando a François Duvalier y su lucha contra los mulatos, o a Benito Mussolini con su lucha contra la plutocracia. Intentaban así crearse una base social a partir de un muy peligroso discurso de odio, llamando a una solidaridad basada en el color de piel, ya que Moïse era negro como la gran mayoría de la población. Sin embargo, su gobierno se instaló y pudo conquistar el poder gracias al apoyo de esos mismos «oligarcas» u hombres de negocios de piel más clara a los que siguió dándoles ventajas económicas hasta el final. Esta táctica ha sido recurrente en diferentes periodos de la historia haitiana.
El miedo a la justicia
Una de las grandes preocupaciones de Moïse era la posibilidad de tener que responder a la Justicia. Había sido acusado de crímenes económicos y de sangre por parte de diferentes organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, así como de grupos que se habían constituido en parte civil frente a los tribunales. Uno de los eslóganes presentes en todas las manifestaciones era «Jovenel Moïse a la cárcel». Grupos de la sociedad civil y de defensa de los derechos humanos, reunidos en una estructura llamada «Caminemos por la Vida» (Mache pou lavi), lograron montar un Tribunal Popular en un proceso simbólico, el 19 de febrero de 2021, donde encontraron culpable a Moïse y lo condenaron a prisión por destrucción de las instituciones del Estado y violación de la Constitución y de los derechos humanos.
Sería muy largo tratar de enumerar la cantidad de informes producidos por organizaciones de derechos humanos, haitianas e internacionales, en los que se documentan diversos tipos de violaciones por parte del gobierno de Moïse. Contentémonos con citar el trabajo conjunto de la Coalición Haitiana de Defensa de Derechos Humanos y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard del 22 de abril de 2021. Allí se analizan tres masacres perpetradas contra residentes de barrios desfavorecidos de Martissant, Bel Air y La Saline por bandas armadas, con un apoyo estatal que va desde altos funcionarios del gobierno de Moïse hasta agentes de la Policía Nacional. Los responsables son acusados de crímenes contra la humanidad. Por su parte, un informe de la Corte Superior de Cuentas ya había señalado al presidente como responsable de varios actos de corrupción, incluso desde que era solamente candidato. El propio Parlamento, antes de caer en la inoperancia, había elaborado un informe en el que lo acusaba de ser uno de los responsables del robo de los fondos Petrocaribe, que incluían un préstamo del gobierno de Venezuela por 11.000 millones de dólares. A fines de julio de 2019, un grupo de parlamentarios había presentado un acta de acusación de 29 páginas donde se denunciaba a Moïse por violación de la Constitución y crímenes de alta traición por diferentes razones.
Hay que saber que, antes de ser candidato, Moïse era un pequeño empresario bananero en quiebra del norte de Haití. Fue rescatado por la familia Martelly durante la campaña para las elecciones senatoriales de 2014, cuando Michel Martelly era presidente, elecciones que tampoco se realizaron. Fue así como en los comicios presidenciales de 2015, frente a las agudas rivalidades entre los allegados a Martelly, este decidió lanzar a Moïse como su candidato, con el acuerdo tácito de que al terminar su periodo le devolviera el poder.
Las primeras grandes manifestaciones multitudinarias en su contra se dieron en torno de la lucha contra la corrupción y el reclamo de su enjuiciamiento por parte del grupo de jóvenes llamados «Petrochallengers».
Un hombre de Trump
Al final de su vida, Moïse se había vuelto el presidente quizás más aislado y rechazado de Haití. Casi todos los partidos políticos, agrupaciones de la sociedad civil organizada, sindicatos, periodistas e intelectuales, asociaciones gremiales, asociaciones estudiantiles y de profesores, iglesias católicas, protestantes y vudú, e incluso algunas asociaciones del sector privado, le pedían que respetara la Constitución vigente y presentara su renuncia.
Su impopularidad era tan elevada que cuando trató de dirigirse a la población para que adoptara las medidas de protección frente a la epidemia de covid-19, la reacción fue: «Si lo dice el presidente, debe ser mentira». Moïse había profundizado el carácter depredador del Estado haitiano y ya no estaba en capacidad de ofrecer el más mínimo servicio a la población. El Estado mismo parecía haber desaparecido, mientras que, paradójica y patéticamente, hacía un discurso de presidente de un gobierno «fuerte». El clima de terror no hizo sino contribuir a la delicuescencia general y ningún indicador económico o social había estado tan bajo desde los años 80.
¿En qué se apoyaba entonces el presidente Moïse para mantenerse en el poder? Principalmente, en un pacto con el entonces presidente Donald Trump celebrado durante una reunión el 21 de marzo de 2019 en la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Trump le había prometido apoyo incondicional a cambio de que Haití abandonara su sostén a Venezuela y su régimen en la oea y de que ayudara a frenar la ofensiva económica y comercial de China en la región.
En dos oportunidades, cuando la oposición haitiana parecía capaz de lograr su objetivo de derrocar a Moïse, Trump mandó a Haití a representantes de alto nivel para pedir un diálogo entre el gobierno y la oposición, dejando claro que el poder del Moïse no era negociable. El 20 de noviembre de 2019, el mandatario estadounidense envió a Kelly Knight Craft, embajadora permanente de eeuu en la onu, quien subrayó que era amiga personal del presidente Trump y, el 5 de diciembre, al embajador David Hale. A partir de ese momento, Moïse se sintió totalmente apoyado para seguir adelante con sus planes autoritarios.
Fue así como el presidente haitiano se lanzó en una cruzada contra el sistema institucional y la corrupción, tratando de ahogar los gritos de la oposición. Denunció los contratos firmados por el Estado haitiano con las compañías privadas de suministro de energía eléctrica y el contrabando. Sus directivos fueron acusados de sobrefacturación y de apropiación de bienes del Estado.
A todo esto se agregaba un nuevo y dramático caso: la sospechosa muerte del ex-fiscal y juez de instrucción Claudy Gassant, en República Dominicana, el 31 de julio de este año. Este abogado, famoso por sus audaces declaraciones como fiscal, había sido nombrado por Moïse jefe de la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ulcc) de Haití. En este nuevo puesto, abrió una investigación contra el Consulado de Haití en República Dominicana, bajo sospechas de corrupción generalizada, lo que suscitó la ira del ministro de Relaciones Exteriores de entonces, Bocchit Edmond. Asimismo, instó a los senadores a que presentaran su declaración de patrimonio personal exigida por ley, algo que muchos de ellos no habían hecho. Corrió entonces el rumor de que el próximo investigado sería el propio presidente de la República. Moïse lo destituyó. Gassant decidió instalarse en República Dominicana, donde lo encontraron muerto en su casa. Su mujer explicó que se había suicidado degollándose con un cuchillo, debido a que sufría de depresión y había contraído covid-19. La Justicia dominicana concluyó en su investigación que había sido un suicidio. Todos se preguntan, sin embargo, si esta muerte puede estar relacionada con la de Moïse, ya que Gassant guardaba secretos de muchas personalidades.
Trump era quizás el único referente «ideológico» de Moïse. Quería hacer un negocio de todo, utilizaba la demagogia de la lucha contra el establishment y, sobre todo, aplicaba el principio de que la mentira descarada es lo que paga en política. Inventaba todo tipo de proyectos que no llevaba a cabo, pasando de uno a otro sin ninguna referencia al anterior. Poco le importaba que lo que dijera no tuviera ninguna relación con la realidad. Parecía vivir en un mundo de fantasía y, para darse coraje, manejaba un discurso de odio, que podía eventualmente voltearse contra él.
Durante su funeral en Cabo Haitiano –ya que Moïse era originario del norte de Haití–, se desencadenó una ola de violencia creada no por sus adversarios, sino por sus mismos seguidores, que obligó a los pocos diplomáticos que asistieron a huir rápidamente. En esta ocasión, los manifestantes saquearon e incendiaron el principal centro comercial de la ciudad y un puente, rechazando así a los «oligarcas» y a la gente de la capital que habían asesinado a un «presidente del Norte». El discurso de odio y divisionismo, que ha sido comparado con el de Radio Televisión Libre de las Mil Colinas de Ruanda en 1993-1994, antes del genocidio, funcionó y hace temer en Haití no una guerra civil, sino eventuales masacres, sobre todo en Puerto Príncipe, por parte de las bandas armadas.
Al término del mandato de Trump, Moïse debería haberse dado cuenta de que no tenía más recurso que marcharse. Es verdad que las aparentes vacilaciones del recién asumido Joe Biden y el trabajo bien pagado de sus lobistas podían darle la ilusión de que no había perdido toda esperanza de un apoyo de la potencia del Norte. ¿Trataba Moïse de ampliar sus relaciones internacionales en previsión de una reducción del apoyo estadounidense? El miércoles 2 de junio de 2021, el presidente recibió las cartas credenciales de Sergei Mélik-Bagdasárov como nuevo embajador extraordinario y plenipotenciario de la Federación de Rusia. Sin embargo, en el caso de las relaciones con China, contrariamente a República Dominicana, continuó dándole su apoyo a Taiwán, manteniéndose fiel a su acuerdo con Trump. Poco después, Moïse y su esposa realizaron un viaje intempestivo a Turquía para participar en una reunión internacional el 17 de junio de este año y firmar un acuerdo para el suministro de armas a Haití. Washington no emitió juicio.
Perspectivas
Una pesimista: continuidad de un neoduvalierismo que significa la permanente degradación de los derechos humanos y de las condiciones de vida del pueblo. Una optimista: la oportunidad para que un nuevo gobierno logre hacer una transición capaz de reconquistar la confianza del pueblo, de organizar unas elecciones democráticas creíbles, en condiciones de seguridad, y que estas no sigan siendo una ocasión de otras crisis mayores en Haití, para que así comience el fin del reino de la impunidad, esclareciendo, para empezar, el caso del asesinato del presidente.
Lamentablemente, es muy probable que este escenario optimista no se concrete y que ciertos sectores de la comunidad internacional prefieran adoptar un escenario más simplista.
¿Cuál será el papel de la comunidad internacional en el futuro próximo de Haití?
Por desgracia, la comunidad internacional ha sido a menudo parte del problema y pocas veces de la solución. No vamos a extendernos sobre el embargo y bloqueo de 1804, después de la independencia, que duró 21 años, ni sobre la famosa deuda de la independencia de 1825 reclamada por Francia, que ha pesado enormemente sobre el desarrollo económico y financiero de Haití, ni sobre la ocupación estadounidense de 1915 que se extendió durante 19 años.
Las recientes Misiones de la onu para la Estabilización de Haití, iniciadas en 2004, han dejado un mal sabor en Haití, así como las intromisiones extranjeras de todo tipo después del terremoto de 2010. En este sentido, es muy elocuente el libro-requisitorio L’échec de l’aide internationale à Haïti. Dilemmes et égarements [El fracaso de la ayuda internacional. Dilemas y extravíos], de Ricardo Seitenfus, ex-jefe de la misión de la oea en Haití1.
La onu no logró su objetivo principal, que era la reforma de la justicia y la seguridad. Además, se agregó un desastroso accidente que ocasionaron sus soldados y que el secretario general de la onu tardó demasiado en reconocer como de la responsabilidad de la Misión: se trata de la introducción del cólera en Haití, que dejó unos 9.000 muertos. Esto ocasionó que se asociara el nombre de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (minustah) sobre todo con esta desgracia. La situación haitiana actual tiene evidentemente repercusiones directas en todo el Caribe, sobre todo hacia República Dominicana, y algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile y Brasil, receptores de miles de migrantes haitianos. Ahora muchos de estos países están involucrados en las investigaciones.
Para finalizar, consideramos que técnica y económicamente es indispensable el apoyo de la comunidad internacional para resolver:
(a) el problema de la seguridad, en ausencia de un ejército y de una policía preparados para hacer frente a las bandas armadas que controlan gran parte del territorio;
(b) el problema de la destrucción de la producción nacional, del medio ambiente y de la miseria infrahumana de la población. Se necesitan inversiones masivas en los servicios y en la producción. Hace falta una especie de Plan Marshall para Haití, y no una ayuda humanitaria o dádivas dispersas. Un ente estatal autónomo, formado por personas íntegras, de intachable reputación, debería garantizar la buena gestión de estos fondos;
(c) el problema de la dependencia total de Haití de las decisiones externas. En consecuencia, las potencias extranjeras deben abstenerse de intervenir en los asuntos políticos internos y, principalmente, en la elección de las autoridades, como ha sucedido a menudo hasta ahora;
(d) el apoyo a las acciones de los grupos de derechos humanos, que han hecho un trabajo valiente e impecable de monitoreo y denuncia a riesgo de sus vidas.
La mejor alternativa creo que estaría basada en un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas haitianas de oposición y la sociedad civil, lo cual crearía el interlocutor válido para que cualquier futuro apoyo de la comunidad internacional en Haití pueda tener éxito y para responder a las reivindicaciones populares con un plan de desarrollo y de reconstitución de las instituciones del Estado.
El problema haitiano es un desafío para que se reflexione sobre las relaciones entre un país cautivo de un grupo de dirigentes depredadores y los centros hegemónicos internacionales, y sobre la forma de encontrar nuevas soluciones para salir de las experiencias nefastas del pasado. Hace falta una conjunción de voluntad política, imaginación, coraje y verdadero patriotismo de las nuevas generaciones.
Adenda
La cantidad de acontecimientos, de diversa índole, que se siguen sucediendo en cascada cada día hacen que un nuevo hecho cubra el otro y al fin nada se resuelva. Esto hace que los gravísimos problemas existentes de manera permanente se vayan imponiendo, y que temas como la investigación sobre el asesinato del presidente pasen a un segundo plano y finalmente sean aplazados sine die. En estas condiciones, cualquier análisis de coyuntura, día a día, puede perder actualidad. Desde el asesinato del presidente Moïse el 7 de julio pasado han ocurrido varios hechos relevantes, entre ellos un terremoto de 7,2 grados en la escala de Richter, el 14 de agosto.
Entre los hechos sucedidos entre la fecha en que concluimos este artículo el 4 de agosto y la fecha actual, queremos mencionar los siguientes:
(a) El hallazgo, revelado por el director de la rnddh, Pierre L’Esperance, de una importante suma de dinero en efectivo en la casa del presidente Moïse, que según otras fuentes puede ascender a varios millones de dólares. Este hecho aparece como un elemento importante entre los móviles del crimen. Hasta ahora, no se ha aclarado por qué el presidente tenía en su residencia privada tanto dinero líquido ni qué ha sido de él.
(b) La Dirección General de la Policía Judicial entregó, un mes después del asesinato, el resultado de su investigación al juez Bernard St. Vil, decano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe. Este, luego de que varios jueces declinaran llevar adelante la instrucción del juicio por el asesinato del presidente aduciendo falta de seguridad, nombró el 9 de agosto al juez Mathieu Chanlatte. Este fue inmediatamente rechazado por la opinión pública debido a su amistad con la familia del ex-presidente Martelly y el mismo Moïse. Pocos días después, el 11 de agosto, el secretario judicial del juez Chanlatte, Ernst Lafortune, fue asesinado, según la denuncia de la Asociación de Secretarios Judiciales Haitianos (anagh, por sus siglas en francés) luego de una viva discusión con el juez de instrucción recién nombrado a propósito del caso Moïse. Ante estos hechos, el juez Chanlatte, el 13 de agosto, desiste de asumir la instrucción del caso, aduciendo falta de protección y de medios. La causa terminó a cargo del juez Gary Orélien y, en un giro imprevisto, el fiscal Bed-Ford Claude acusó al primer ministro en funciones Ariel Henry, quien destituyó al fiscal el 14 de septiembre, lo que suma más opacidad a la conspiración para cometer el magnicidio.
(c) Varios elementos de prueba del asesinato han desaparecido y la escena del crimen ha sido totalmente vandalizada.
(d) Entre tanto, el sábado 14 de agosto un terremoto golpeó tres departamentos haitianos. Según la Protección Civil, las cifras provisionales al 18 de agosto de 2021 eran: 2.189 muertos, 12.168 heridos y 332 desaparecidos, unas 53.000 edificaciones destruidas y 77.000 dañadas, entre ellas 127 escuelas, 60 iglesias,125 estructuras hospitalarias. 650.000 personas necesitan ayuda humanitaria urgente, es decir 40% de la población de esta zona. A esto se agregó la tormenta tropical Grace que se abatió sobre Haití a partir de la noche del domingo 15 y durante todo el lunes 16, lo que aumentó en modo extremo los sufrimientos de la población, que tuvo que dormir a cielo abierto por no poder refugiarse en sus casas y carecer de tiendas de campaña o alguna alternativa para protegerse.
Esta nueva catástrofe natural puso en evidencia las condiciones de precariedad en las que sobrevive la mayor parte de la población haitiana y la ausencia total del Estado en todos los campos. En lo que se refiere a la construcción de viviendas, vemos los resultados en esta nueva catástrofe.
Después del terremoto de 2010, hace ya 11 años, durante los gobiernos de Martelly y Moïse, no se tomaron las medidas necesarias para impedir la construcción de cientos de miles de viviendas anárquicas o sin permiso de construcción, y mucho menos se avanzó en la construcción masiva de viviendas económicas para personas de bajos recursos por parte del Estado.
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1.
Les Éditions de l’Université d’État d’Haïti, Puerto Príncipe, 2015.