Los venezolanos que trabajan para Nayib Bukele deberían ir a las Olimpiadas. Solo así se haría justicia a la habilidad gimnástica que hacen para, por un lado, celebrar la instauración de una dictadura en El Salvador y, por otro, hacerlo convivir con su activismo por la democracia en Venezuela.

Son «enchufados». Según la periodista venezolana Florantonia Singer, este término popular se aplica a personas que «no solo se han favorecido del reparto de los ingresos del Estado, sino que también han sido útiles para la consolidación de un modelo autoritario en Venezuela».

Eso es exactamente lo que el grupo comandado por Sara Hanna Georges ha hecho en El Salvador. En una serie de investigaciones realizadas desde hace tres años, mi colega Jimmy Alvarado ha sacado a la luz a un grupo de venezolanos que asesoran al gobierno de Bukele. Como Hanna Georges, quien fuera asistente del líder opositor Leopoldo López y de su esposa Lilian Tintori, la mayoría está ligada al ex-«gobierno encargado» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular en Maracaibo y Caracas.

Hanna Georges es en El Salvador una ministra sin nombramiento. Toma decisiones, manda, se mueve con escolta. A sus órdenes, hay una lista larga de otros venezolanos que las investigaciones de Alvarado han perfilado: Miguel Sabal, el segundo al mando de Georges; Miguel Arvelo en temas de salud; Tomás Hernández, en economía; Roddy Rodríguez en educación; Santiago Rosas y Ernesto Herrera en seguridad; María Alejandra García, en la coordinación del Programa de Emergencia Sanitaria. 

La lista no está completa sin Lester Toledo, otro opositor venezolano que ha asesorado a Bukele en la instauración de lo que el presidente llamó «una democracia de partido único», tras reelegirse recientemente en el cargo con 85% y obtener casi la totalidad de las bancas en el Congreso. Es una situación inédita en El Salvador en los últimos 85 años. Inédita por ilegal: la Constitución prohíbe la reelección presidencial inmediata en seis artículos.

Hagámosla sencilla: El Salvador es una dictadura. 

La definición más simple, la de la RAE, dice que una dictadura es un régimen político que «por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona y reprime los derechos humanos y las libertades individuales». Punto por punto, todo eso ha pasado y pasa en El Salvador. 

Por la fuerza: Bukele no debería haber sido candidato. Está dicho hasta la saciedad. No solo lo prohíbe la Constitución actual. Desde la propia fundación del país, ha habido prohibiciones a la reelección, en parte porque los poderosos usaban el poder para quedarse en el poder. Lo dijo el mismo Bukele en una entrevista televisiva en 2013 y se lo repitió al youtuber Luisito Comunica en 2021 (más sobre él después).

La ley lo prohíbe pero no queda nadie en este país con la capacidad de hacer que Bukele cumpla las leyes. Bukele ganó las elecciones de 2019 y, poco después, una supermayoría legislativa en 2021. Más tarde, estrenó ese poder dando un golpe de Estado al Poder Judicial. La mayoría bukelista destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que terminaban su periodo en 2027 y los reemplazó por súbditos. Uno de ellos pasó directamente a la Corte desde la Secretaría Jurídica de Casa Presidencial. Tres meses después, fueron esos magistrados los que reinterpretaron la Constitución para hacerla decir lo que no dice: que Bukele se podía reelegir. 

Por las dudas, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma que castiga con 15 años de prisión a los magistrados que obstaculicen la inscripción de candidatos. O sea, si a alguien se le ocurre oponerse, está la megacárcel que todos conocen. Y está también el fiscal, a quien Bukele se ha referido abiertamente como «mi fiscal», listo para proceder. 

Puede que, a la luz de los 2,7 millones de votos que Bukele obtuvo el 4 de febrero pasado, las formas palidezcan. Pero no deberían hacerlo: ha ganado, sí, pero rompiendo la ley. Bukele ganó con trampa. Negó ilegalmente dinero público a los partidos de oposición para debilitar sus oportunidades de hacer campaña. Las elecciones está plagadas de irregularidades, a punto tal que partidos de oposición, incluso los que han ganado escaños, pidieron la nulidad de las elecciones legislativas. 

Mientras tanto, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, hizo una campaña millonaria. La organización Acción Ciudadana, que monitorea el financiamiento electoral, estimó que los partidos políticos gastaron unos 8,9 millones de dólares en publicidad entre agosto de 2023 y enero de 2024. Nuevas Ideas gastó 96% de esa cifra. Ni el Tribunal Supremo Electoral ni el Ministerio de Hacienda han revelado las cifras reales del financiamiento partidario. Pero además del partido, Acción Ciudadana reportó que el gobierno gastó otros 5,9 millones de dólares en propaganda a favor de Bukele. O sea, un total de alrededor de 14 millones de dólares.

Esas cifras no incluyen gastos como los 72 millones de dólares que el gobierno invirtió en la realización del concurso de Miss Universo en noviembre pasado. Y es un misterio si el gobierno gasta dinero en traer influencers como Luisito Comunica, un mexicano con 42 millones de suscriptores en YouTube, a hacer visitas turísticas por lugares como la prisión de máxima seguridad, la cárcel estrella de Bukele. Tanto los presentadores de Miss Universo como los influencers publican luego productos promocionales de El Salvador como una tierra mágica y de oportunidades. Aunque uno de cada tres salvadoreños viva en la pobreza.

Pero no nos desviemos. La definición de la RAE dice, además, que una dictadura «concentra todo el poder en una persona». Hay abundantes ejemplos de esto: no solo el acaparamiento de los tres poderes del Estado con personas leales al presidente. También el castigo a aquellos que, en sus filas, osan romper la jerarquía. Rogelio Rivas, el primer ministro de Seguridad de Bukele, fue despedido porque el Organismo de Inteligencia del Estado informó que estaba construyendo una candidatura presidencial, sin haber consultado con el clan Bukele. En junio de 2022, el secretario de Prensa del presidente publicó una foto de una misión gubernamental a Suecia. Aparecían, entre otros, los ministros de Gobernación, de Obras Públicas y de Ambiente, e Ibrahim Bukele. No hubo explicación. La toma de decisiones estatales en El Salvador está tan concentrada en Bukele que sus hermanos -que tampoco tienen cargos oficiales- participan en misiones oficiales o en reuniones con empresarios en representación del gobierno. Su hermano Karim estaba en la Asamblea Legislativa la noche de la aprobación de la Ley Bitcoin, contando interioridades del proceso en un Space, en inglés, a inversionistas. Cuando el gobierno quería emitir deuda en forma de bonos bitcoin, el empresario a cargo dijo que su interlocutor había sido Yusef Bukele, otro hermano. Los hermanos Bukele cogobiernan, como si se tratara de una monarquía. 

Una dictadura también «reprime los derechos humanos y las libertades individuales». En su discurso victorioso tras la elección, Bukele salió al balcón del Palacio Nacional para dirigirse a la muchedumbre. La puesta en escena era apoteósica. «Pasamos de ser el país más inseguro del mundo al más seguro del hemisferio occidental. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos de la gente honrada? No», tronó Bukele. Habida cuenta de que el mandatario salvadoreño controla todas las instituciones políticas en El Salvador, está claro que es él quien decide quiénes son honrados y quiénes no.

Alejandro Muyshondt, por ejemplo, fue en la definición presidencial un ciudadano honrado por algunos años. Jugaba paintball con Bukele. Fue su asesor en temas de seguridad. Pero a mediados de 2023 denunció los vínculos de un diputado del partido oficialista con el narcotráfico. Como represalia, Muyshondt fue acusado de revelar documentos secretos a un ex-presidente. Fue apresado. Seis meses después, murió en prisión. Su abogada denunció que su cuerpo presentaba signos de tortura.

Esa es una historia común en las cárceles salvadoreñas. La organización Socorro Jurídico Humanitario denuncia la muerte de 232 personas durante el régimen de excepción. Periodistas y organizaciones hemos denunciado cientos de casos de inocentes detenidos sin motivo. Uno de los últimos casos que conocí fue el de un joven mudo, arrestado porque unos policías asumieron que su lenguaje de señas era señal de su pertenencia a una pandilla. 

Las libertades individuales en El Salvador están en franco deterioro. El día de las elecciones, el escritor Carlos Borja fue arrestado porque fue a un centro de votación a leer con un megáfono los artículos de la Constitución que prohíben la reelección presidencial. Estuvo tres días detenido. El rapero estadounidense de origen salvadoreño Nelson Hernández fue arrestado en Nahuizalco por una canción sobre su lugar de origen: el gobierno consideró la canción como promoción a la violencia porque menciona un lugar que era controlado por las pandillas. El gobierno salvadoreño logró que el libro de cuentos Sustancia de hígado, de Michelle Recinos, fuera excluido de la Feria Internacional del Libro de Guatemala, en la que El Salvador era país invitado, por presiones de la embajada salvadoreña en ese país. Y eso por no mencionar los más de dos meses que estuve intervenido con el software de espionaje Pegasus, así como decenas de otros periodistas salvadoreños. En los últimos cinco años, El Salvador ha perdido 49 puestos en el índice mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras. Cuando tuiteé esa estadística, el comisionado presidencial de Derechos Humanos -otro «enchufado», pero colombiano- me dijo que parecía una serie de Netflix.

En estas cosas pensaba, en el fraude electoral y en los ataques a la prensa, cuando me encontré con Léster Toledo en un edificio en San Salvador. Decidí abordarlo porque ya me había encontrado con Leopoldo López (en Oslo) y me prometió una entrevista, que sigo esperando, para hablar de los opositores venezolanos en El Salvador. Le pregunté a Toledo si no le parecía incoherente construir en El Salvador una dictadura como la que denuncia en Venezuela. Me dijo que no estaba de acuerdo. Que él hace un trabajo técnico, electoral. Y que lo suyo es un asunto privado con Nuevas Ideas, el partido de Bukele. Cuando le argumenté que esa era una candidatura inconstitucional, me dijo que no quería meterse en asuntos internos.

En «asuntos internos». ¿Qué es más interno que las elecciones? ¿Cómo puede ser privado un contrato con un partido político? Un partido no es una sociedad anónima. Los partidos no solo se financian con dinero público, sino que además toman decisiones que afectan a toda la ciudadanía. Toledo y el resto de los venezolanos no están en El Salvador recomendándole a la Coca Cola cómo vender nuevos productos. Están contribuyendo a instaurar un régimen.

Léster Toledo dice estar orgulloso de lo que hace. En su cuenta de Instagram, subió un video donde cuenta que empezó el día de las elecciones a las dos y media de la madrugada. Salió de su departamento en una camioneta negra con vidrios polarizados. Entró a un centro de control altamente equipado. Dijo que habló con Bukele varias veces durante el día. Luego vuelve a su cuenta de Twitter a quejarse de cómo «el chavismo recurre a su brazo judicial», a quejarse de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro o de las acciones del «fiscal de la dictadura». Si quisiera, podría hallar ejemplos de todo eso en El Salvador. 

Facundo Cabral dijo que su tío Pedro fue comunista hasta que el capitalismo le dio una oportunidad. Los venezolanos que asesoran a Bukele fueron demócratas hasta que la oportunidad se las dio el dictador cool de una nación centroamericana.