En un artículo reciente, Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara escribieron que mientras que la producción académica sobre erosión o retroceso democrático asume como premisa que las democracias mueren por concentración del poder, el caso peruano revela que las democracias pueden deteriorarse por lo opuesto: la dilución del poder¹. Y se preguntaban si el «caso extremo» de Perú, donde la presidenta Dina Boluarte se mantiene en su cargo con el rechazo de casi 90% de la población², estaría anticipando una clave de bóveda para leer futuros procesos en la región –que podrían combinarse con los casos de efectiva concentración del poder como Venezuela, Nicaragua o El Salvador– y dibujar un escenario de desdemocratización más amplio. Los autores destacaban asimismo la fragmentación electoral, el amateurismo político y la falta de vínculos significativos y estables entre los políticos y la sociedad. «Los políticos peruanos son capaces de entrar en un conflicto institucional desenfrenado, pero no de agregar demandas o movilizar a la sociedad para resolver conflictos», aseguran en su artículo. ¿Anticipa Perú el futuro de la región? 

Es pronto para saberlo, y posiblemente sea necesario incorporar diversos matices a la cuestión de la licuación del poder –Perú es un caso bastante particular de estabilidad de las elites económicas pese a la sucesión de crisis políticas³–, pero lo cierto es que es posible observar los riesgos de una política y sistemas de partidos –donde resisten– crecientemente hidropónicos –sin raíces en la sociedad⁴– y procesos de fragmentación política expresados en fuertes dispersiones de votos en las primeras vueltas, que dejan a los ganadores sin mayorías parlamentarias. Esto podemos verlo, de manera radical, en Guatemala, donde el presidente electo en agosto de 2023 con un discurso progresista y anticorrupción, Bernardo Arévalo, obtuvo solo 15,5% en el primer turno del 25 de junio de 2023⁵, o en Ecuador, donde el triunfador de la segunda vuelta, Daniel Noboa, obtuvo 23,4% en la primera. Pero también en Argentina, donde el bicoalicionalismo –que reemplazó al bipartidismo– se transformó en una división en tres tercios en las elecciones presidenciales de 2023, y la victoria del libertario de extrema derecha Javier Milei puso en jaque todo el sistema político. Y los casos se amplían si sumamos procesos electorales de años anteriores.

En lo que podríamos pensar como un «interregno político» –recuperando un concepto de José Antonio Sanahuja para el orden global⁶–, podemos ver la continuidad y profundización de tendencias descritas en 2022 –fragmentación, desafección, polarización⁷– pero, al mismo tiempo, pueden percibirse con más claridad algunas tendencias nuevas. Si durante el giro a la izquierda de los años 2000-2010 la región se caracterizó por discursos refundacionales de naturaleza posneoliberal, plasmados o no en nuevas constituciones, ¿estamos hoy frente a procesos de tipo «destituyente»? Si en el pasado se habló de «empate hegemónico» para reflejar la polarización progresista/conservadora, hoy parece haber más fuerzas en juego y elevadas dosis de rechazo en las sociedades, sin que ni el liberalismo-conservador «neoliberal» ni el «populismo de izquierda» logren atraer las adhesiones del pasado. ¿Qué futuro tienen, en este contexto, las nuevas derechas radicales?

Aunque las principales economías latinoamericanas están gobernadas por el progresismo, en la oposición se han hecho más fuertes las derechas radicales, en un contexto de bajos niveles de crecimiento en 2023 y 2024⁸.

¿Nadie puede?

Los resultados de las elecciones argentinas constituyeron un sismo político. El 30% de los votos en la primera vuelta y el 56% en la segunda⁹ del outsider «antisistema» Javier Milei dejaron ver el malestar acumulado y, al mismo tiempo, la expectativa que generaron propuestas radicales vinculadas a las ideas «libertarias» de extrema derecha: Milei considera que el Estado es el «mal absoluto» y la justicia social, una aberración, producto de la «fatal arrogancia» de los socialistas¹⁰. Pero el apoyo que recibió en la votación, socioeconómicamente transversal, expresa al mismo tiempo las dificultades para sedimentar una nueva hegemonía política. Su propuesta de reforma moral –con una fuerte carga utópica– choca con su debilidad institucional y con las expectativas de un amplio sector de la sociedad.

Milei ha capitalizado el inconformismo social, en un país con una situación de crisis económica crónica, al menos desde 2011, y de manera especial, el rechazo a los políticos tradicionales: sus principales consignas de campaña se dirigieron contra la «casta» política, que incluye tanto a peronistas como a antiperonistas («La casta tiene miedo», cantaban sus seguidores). El nuevo presidente, que ha tratado de compensar su debilidad parlamentaria con un discurso populista de derecha de relación directa con la gente, es una expresión local de las derechas alternativas globales y ha manifestado su apoyo a Donald Trump y Jair Bolsonaro y participado en actos del partido español Vox. Ya Bolsonaro se había constituido en una expresión de la extrema derecha en la región, y estas diversas «derechas desacomplejadas» han venido poniendo presión a las derechas y centroderechas tradicionales, que buscan adaptarse a un mundo alejado de la globalización «optimista» de la década de 1990, con sus tratados de libre comercio y su confianza en un futuro asociado a la combinación de democracia liberal y economía de mercado. Desde 2016, asistimos a diversos «motines electorales», que combinan protestas socioeconómicas con ansiedades culturales, según las regiones y los países, junto con procesos de desglobalización y nuevas tensiones geopolíticas¹¹. Y parte de ese clima se ha expandido por la región latinoamericana.

El triunfo de Mauricio Macri en Argentina en 2015, que debía mostrar, en ese país y América Latina, las potencialidades del «antipopulismo», no logró pasar de un primer mandato de cuatro años marcado por un megapréstamo del Fondo Monetario Internacional (fmi) e índices de pobreza e inflación que chocaron con las promesas de lograr un «país normal». Las crisis posteriores de Sebastián Piñera en Chile y Guillermo Lasso en Ecuador pusieron de relieve las dificultades de estas derechas «noventistas». Pero, al mismo tiempo, las experiencias de la nueva izquierda de Gustavo Petro en Colombia y de Gabriel Boric en Chile han evidenciado los límites de sus coaliciones políticas (especialmente en los parlamentos) y sociales: la popularidad de estos mandatarios ronda hoy el 30%.

El caso chileno es extremo respecto de las tensiones entre lo constituyente y lo destituyente. El «estallido» de 2019 selló el destino del gobierno de Piñera y cuestionó también los 30 años de transición democrática, en la que tuvo un papel destacado la centroizquierda: socialdemócratas y democristianos. Fue esa «ola» la que llevó al poder a Gabriel Boric, quien una década antes era un jovencísimo dirigente estudiantil que discutía públicamente con Piñera, el mismo presidente que, tras su segundo y convulso mandato, debió entregarle los atributos presidenciales. Pero a los problemas previsibles para un gobierno nuevo –y sin experiencia de gestión– como el de Boric, sustentado en un pequeño partido progresista, se sumó una segunda dificultad: el cambio abrupto de las preocupaciones sociales.

La agenda político-social que lo aupó al poder estaba vinculada a la igualdad y la «dignidad» en un país donde la mercantilización se ha expandido al conjunto de la vida social. Boric es el resultado de una serie de movimientos que, en los años previos, reclamaron contra el lucro en la educación y el fin del sistema privado de pensiones (No+afp) y que, de manera general, reivindicaban más justicia social, en el marco de una poderosa ola feminista en pos de la justicia de género. En un contexto de auge de un inconformismo antielitista,

la vieja centroizquierda, esa vieja cultura política llamada Concertación, fue incapaz de ofrecer relato y resistencia. A diferencia del Partido Socialista Obrero Español (psoe), que pudo contener a tiempo el juvenil embate de Podemos, en el lejano Chile los hijos derrotaron a sus padres (…) la vieja centroderecha en el poder también se quedó perpleja y sucumbió ante una extrema derecha tan autoritaria, nacionalista y conservadora como la de antes, recargada con esteroides populistas.¹²

Pero, como relata Cristóbal Bellolio Badiola, esa agenda pareció mutar rápidamente tras la llegada de Boric al poder, y la economía y, sobre todo, la seguridad, comenzaron a ocupar un lugar central, lo cual benefició en especial a la extrema derecha encarnada por José Antonio Kast y su Partido Republicano.

El destino de Boric estaba atado, sobre todo, al resultado de la Convención Constitucional, surgida de un plebiscito en el que 80% de los votantes votó «Sí» a la necesidad de una nueva Constitución que dejara atrás la de 1980, aprobada durante la dictadura de Augusto Pinochet y modificada parcialmente en la transición democrática. A tal punto el nuevo presidente millennial lo consideró así, que esperó la aprobación del texto constitucional para dar lugar a su propio proyecto de reformas, que debían mostrar que el cambio anhelado en las calles tenía su correlato institucional. Pero la Convención, en la que la izquierda estaba sobrerrepresentada, no logró leer el abrupto cambio operado en la sociedad. El cónclave representaba, más que a la sociedad chilena, un momento político muy particular, post-estallido, en el que las aspiraciones de cambio y el rechazo a la «casta» política –aunque no se usara ese término– beneficiaron electoralmente a la izquierda radical, gran parte de ella no partidaria. Era el momentum de las «personas comunes» frente a los políticos. Pero ese momentum se agotó mientras la Constituyente sobreactuaba su radicalidad y discutía un cambio total que, aunque no se plasmó en el nuevo texto, ocupó gran parte de las noticias sobre la nueva Constitución¹³. El resultado es conocido: la derrota sin atenuantes del nuevo texto constitucional. Aunque el cambio del voto voluntario por el obligatorio puede explicar parcialmente el resultado, la contundencia del rechazo, inclusive en los bastiones de la izquierda, fue un golpe brutal contra las aspiraciones del giro a la izquierda chileno¹⁴. «Si los padres y abuelos lograron sacar a Pinochet del poder en 1988, a sus nietos les tocaba exorcizarlo para siempre al desterrar su legado institucional. No pudieron. Peor aún: sus padres tuvieron todo en contra y aun así lo consiguieron. Esta joven generación tuvo todo a su favor y aun así despilfarró la oportunidad», resume Bellolio Badiola¹⁵. Esta sensación de oportunidad perdida/desaprovechada marca al gobierno de Boric hasta hoy y lo ha llevado a buscar apoyo en la centroizquierda tradicional para fortalecer sus bases de sustentación. El símbolo más claro de este giro fue la sustitución, en septiembre de 2022, de Izkia Siches –joven símbolo del nuevo cambio político-generacional– por Carolina Tohá –una respetada política fogueada en la transición– como cabeza del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Tras esta derrota del «Apruebo» en las urnas, el giro fue gigantesco: primero se decidió que la redacción de la nueva Carta Magna, en un segundo intento, ya no recaería en personas comunes, sino en un grupo de expertos que cerraría el paso a cualquier «aventura» constitucional. Pero más significativo aún, en las nuevas elecciones, también con voto obligatorio, fue la extrema derecha la que salió ganadora, y con poder de veto sobre el nuevo texto. El antielitismo, esta vez canalizado por un partido que reivindica el papel de Pinochet en la historia, parecía burlar los diques anti-qualunquistas y poner de nuevo al «sistema» contra las cuerdas. No obstante, lo más significativo a efectos de las hipótesis planteadas en este artículo es que, desde el comienzo del trabajo de los constituyentes, cuando ni siquiera había un texto preliminar, el rechazo comenzaba a imponerse en las encuestas y la extrema derecha empezaba a sentir la «maldición del vencedor»¹⁶. El proyecto presidencial de Kast, atado al éxito de su fuerza política en el Consejo Constitucional, pareció erosionarse después de las inercias del triunfo, en un contexto de divisiones entre la extrema derecha y una derecha que no quiere atar su capital político a los radicales. Si la primera Constituyente pareció naufragar por colocarse demasiado a la izquierda, la actual podría hacerlo por estar demasiado escorada a la derecha. Sin resto para otro intento, el fracaso del nuevo texto en el plebiscito de diciembre de 2023 dejó vigente la Constitución de 1980 en un paradójico cierre de la parábola. Entretanto, dos líderes parecieron crecer en legitimidad: la ex-presidenta socialista Michel Bachelet en la centroizquierda y la ex-ministra y alcaldesa de la Unión Demócrata Independiente (udi, derecha tradicional) Evelyn Matthei¹⁷. Ambas son hijas de generales, en el caso de la primera, antipinochetista, y en el de la segunda, ministro del dictador. Mientras que Bachelet votó «No» en el referéndum de 1988 que selló el fin de la dictadura, Matthei votó «Sí»¹⁸. Si Bachelet niega su intención de participar en una nueva elección, en un escenario ideológico que beneficia a la derecha y con pocas chances de victoria, Matthei tiene grandes posibilidades de ser la cara de la derecha para recuperar el voto que se desplazó a la extrema derecha. ¿Significará esto una vuelta del péndulo hacia la política tradicional? ¿Podría reforzarse nuevamente el eje izquierda-derecha frente al clivaje elite-antielite?

¿Crisis del populismo de izquierda? ¿Nuevas alternativas?

La política latinoamericana (sobre todo, la sudamericana) está marcada también por el retroceso del populismo de izquierda, que le dio el tono al «giro a la izquierda» de los años 2000. El mencionado caso argentino da cuenta de ello. Si bien se mantiene como una figura central de la política criolla, en 2023 la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya no pudo digitar la candidatura del peronismo como lo hizo en 2019. Si bien consiguió «cercar» a Sergio Massa con candidatos kirchneristas en las listas legislativas, el postulante peronista y a la vez ministro de Economía era rechazado por gran parte de la militancia kirchnerista, que lo considera un «neoliberal» –y hasta hace poco, un simple «traidor»–. En un contexto de profunda crisis económica, el discurso kirchnerista, centrado en el rechazo al acuerdo con el fmi negociado por Alberto Fernández, resultó poco audible para gran parte de la ciudadanía, agobiada por la inflación. Pero el desgaste kirchnerista no se debe solo a la crisis económica: la propia forma de construir políticamente de Cristina, marcada por el hermetismo y el factor sorpresa, alguna vez muy potente, parece hoy insuficiente para mantener la cohesión y, sobre todo, el estado de ánimo, de sus bases. Si antes sus largos silencios se podían asociar a alguna forma de infalibilidad de su liderazgo, ahora dejan a la vista sus límites para una militancia que en las últimas tres elecciones (2015, 2019, 2023) no tuvo candidato presidencial propio y que considera la presidencia de Alberto Fernández, nombrado por Fernández de Kirchner, como un «gobierno que no fue». La victoria de Milei es el mayor indicador de los cambios en curso. 

El populismo de izquierda vive también una crisis en uno de los países donde más brilló: la Bolivia de Evo Morales. Allí, la guerra interna entre Morales y el presidente Luis Arce Catacora alcanzó en 2023 un nuevo pico. Para comprender las convulsiones en el interior del Movimiento al Socialismo (mas) hay que retroceder a 2020: desde el exilio, Morales apoyó la candidatura presidencial de su ex-ministro de Economía. La estrategia funcionó y el mas volvió al poder antes de lo que muchos pensaban, pero desde el comienzo el nuevo presidente se resistió a la tutela del líder cocalero. Lo que siguió fue una interna sorda entre ambos dirigentes y sus seguidores, que este año escaló con enfrentamientos violentos entre evistas y arcistas en congresos campesinos y de organizaciones sociales que conforman el mas. Morales habló de un «plan negro» para eliminarlo del juego político y se enfrascó en varios enfrentamientos con los ministros de Gobierno, Eduardo del Castillo, y de Justicia, Iván Lima. El ex-mandatario considera que la «derecha endógena» se apropió del gobierno y que busca impedirle su regreso al poder en 2025, lo que concibe como la única vía para su vindicación frente al «golpe de Estado» de 2019, que lo sacó de la Presidencia. El 26 de agosto, el ministro Del Castillo posteó en una red social un video en el que el ex-presidente uruguayo José Mujica decía: «Los mejores dirigentes son aquellos que, cuando se van, dejan un conjunto de gentes que los superan ampliamente. La lucha es colectiva y de generaciones». El destinatario era obvio: Morales, quien se ha venido replegando sobre el movimiento cocalero y su bastión político, el Trópico de Cochabamba¹⁹.

Morales tuitea casi a diario contra el gobierno. Previo al congreso del mas de octubre de 2023, escribió: «Duele mucho que un gobierno que fue elegido con nuestros votos y nuestra sigla, se dedique a atacarnos para defenestrarnos. Como nos enseñaron nuestros antepasados, nunca nos vamos a rendir. Como siempre derrotaremos al odio y a la falsedad, con la verdad, dignidad y unidad junto a nuestro pueblo»²⁰. Poco antes, al lanzar su candidatura presidencial para 2025, Morales había respondido a las críticas de los arcistas y choquehuanquistas (por el vicepresidente David Choquehuanca, también enfrentado a él): «Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al mas-ipsp y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida #Bolivia»²¹. El ex-presidente no se privó de criticar un punto sensible para el presidente que fue el artífice, como ministro, del llamado «milagro económico boliviano» y que hoy se enfrenta a una difícil coyuntura: «Si la economía está bien ¿por qué el gobierno oculta la información del Banco Central de Bolivia? Lamentamos que por la derechización del Modelo Económico Social Comunitario Productivo nuestro pueblo y nuestro Estado estén más endeudados. Es urgente recuperar las políticas económicas pensadas en los más humildes»²².

Al mismo tiempo, Morales mantiene un discurso «bolivariano» radical que podría impedirle ampliar su base de apoyo, sobre todo en el área urbana (en el campo mantiene aún una fuerte influencia). Ha escrito varios tuits de apoyo a Vladímir Putin, a quien considera «hermano» y «antiimperialista»²³, se ha alineado sin ambages con los regímenes de Venezuela y Nicaragua, y ha hecho del regreso al poder su único objetivo político. Si bien en caso de ser candidato podría ganar la elección, el «evismo» tal como se lo conoció entre 2005 y 2019 parece un fenómeno del pasado. Morales aparece como portador de un discurso que, repetido durante sus 14 años en el poder, ha perdido eficacia hegemónica. Si en 2005, Evo había ganado la elección como expresión de las ansias de cambio de la mayoría indígena y popular boliviana, hoy aparece sumergido en permanentes disputas internas despojadas de cualquier objetivo colectivo o proyecto de futuro. El enfrentamiento se viene judicializando, y se espera que Arce busque usar a la Justicia para controlar al mas y bloquear la candidatura de Morales, lo que ya se anticipó en un fallo judicial²⁴, mientras que la confrontación interna viene bloqueando la actividad del Parlamento. A su vez, las recientes detenciones y citaciones de ministros de la era Evo, como el de Minería Alberto Echazú (encargado del litio), muestran que la disputa interna alcanzó niveles irremontables²⁵.

Estas dificultades del populismo de izquierda podemos encontrarlas también en Ecuador: el correísmo es la única izquierda que no ha logrado regresar al poder. Si el peronismo/kirchnerismo, el mas boliviano e incluso Luiz Inácio Lula da Silva pudieron reponerse de la adversidad y recuperar el gobierno, a Rafael Correa, exiliado en Bélgica, le ha sido imposible. Y esto se repitió en 2023, cuando la candidata correísta Luisa González fue derrotada por Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones convocadas tras la «muerte cruzada» decretada por el presidente Lasso²⁶. El mandatario liberal-conservador utilizó esa figura in extremis para evitar el juicio político de un Parlamento en el que estaba en minoría. Pese a la profunda crisis que vive el país –sobre todo en materia de seguridad–, que favorece cierta añoranza de los años correístas, Revolución Ciudadana, la fuerza del ex-presidente, encuentra un fuerte rechazo en regiones como la Sierra, sobre todo en áreas indígenas, que recuerdan la política represiva hacia sus protestas bajo el gobierno de Correa. Pese a que el correísmo es muy competitivo en las primeras vueltas, al ser una «minoría intensa», no ocurre lo mismo en los balotajes, por eso ha podido ganar los municipios de Guayaquil y Quito, donde hay un solo turno electoral, pero fue derrotado sucesivamente en las presidenciales. La radicalización de Noboa tras ganar con un discurso moderado lo ha llevado a emprender un ilegal asalto policial a la embajada de México para capturar al ex-vicepresidente Jorge Glas, refugiado en la sede diplomática para escapar a una condena judicial, y a reproducir cierta estética del salvadoreño Nayib Bukele.

Este carácter de minoría intensa es común a casi todos los populismos de izquierda en este momento de la región, con la excepción de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene elevados índices de popularidad, por encima de 60%. El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) lleva como candidata presidencial para los comicios de junio de 2024 a la hasta hace poco jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. 

En este contexto ha emergido en la región una nueva izquierda, encarnada sobre todo por Boric en Chile y por Gustavo Petro en Colombia, que ha intentado renovar el discurso y el programa, incorporando con mayor fuerza la cuestión de la democracia y las temáticas ambientales. Si Boric se enfrentó a los problemas ya señalados y su gestión careció hasta ahora de proyectos bandera que lo doten de identidad, Petro comenzó con una ambiciosa agenda, que puso en el centro su compleja propuesta de «paz total» –que incluye a grupos políticos y criminales, y las múltiples hibridaciones entre ambos–. Petro logró aprobar la reforma tributaria «para la equidad y la justicia social» que permitirá una recaudación adicional equivalente a 1,2% del pib. Más ambiciosa, su política ambiental antifósil, que lo proyecta a escala internacional, choca con varias dificultades: una de ellas es la que conlleva la promesa de no firmar nuevos contratos de exploración de gas y petróleo; otra, los traspiés de la ya ministra de Minas, la académica Irene Vélez, quien se manifestó partidaria del «decrecimiento» en los países del Norte y fue acusada por la oposición de generar «pánico económico» en una censura parlamentaria que no logró prosperar. Finalmente, renunció en julio de 2023 después de denuncias de tráfico de influencias. La cuestión ecológica no es fácil para Petro: el petróleo representa 40% de las exportaciones colombianas y la producción de carbón en Colombia creció significativamente en 2022.

Petro, quien ganó las elecciones con ayuda de operadores tradicionales –que pasaron por el uribismo y el santismo– como Armando Benedetti y Roy Barreras, comenzó su gobierno con una amplia coalición parlamentaria, con partidos de centroderecha, que luego se quebró. Eso dificultó la aprobación de sus reformas. El «replanteamiento del gobierno», en abril de 2023, incluyó la salida del ministro de Economía José Antonio Ocampo, académico reconocido e impulsor de la reforma fiscal. La polémica reforma de salud estuvo en el centro de la crisis tanto dentro del gobierno como en relación con la coalición que lo sostenía.

Adicionalmente, el gobierno debió transitar el «affaire de la niñera», que provocó la renuncia de Laura Sarabia como la funcionaria más poderosa de la Casa de Nariño y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, en medio de un escándalo entre ambos²⁷. Más tarde, el presidente Petro se enfrentó a un caso aún más grave: la detención y el posterior procesamiento de su hijo Nicolás, acusado de lavado de activos y enriquecimiento ilícito²⁸. Esas acusaciones involucran el financiamiento de la campaña de Petro, en un país en el que la izquierda siempre denunció a la derecha precisamente por sus vínculos con empresarios dudosos y narcotraficantes.

En julio pasado, al comienzo del segundo año legislativo, Petro sufrió una fuerte derrota en el Senado al no lograr imponer a su candidata a la Presidencia de la Cámara Alta, lo que complicará aún más sus reformas²⁹. Las elecciones regionales del 29 de octubre dejaron ver, además, la debilidad del petrismo en las regiones y las divisiones en el interior del Pacto Histórico. Ahora Petro busca recuperar la iniciativa con la propuesta de una Asamblea Constituyente con muy pocas posibilidades de hacerse realidad.

Un dato importante es que ni Boric ni Petro tienen posibilidades de reelección más allá de su primer mandato, lo que en el caso colombiano es más radical: en 2015, el Congreso colombiano aprobó la eliminación de la reelección de presidentes en el país, incluso no consecutiva. Se acotan así los horizontes del cambio, más aún en un contexto, como hemos mencionado, de electorados más volátiles y de hegemonías más débiles.

Finalmente, pero no menos importante, la vuelta al poder de Lula da Silva ha implicado un profundo giro político en Brasil, con consecuencias regionales. En 2022, el ex-obrero metalúrgico logró vencer, por escaso margen, a la «Confederación» bolsonarista, un verdadero entramado socioterritorial³⁰, y así regresó al poder en enero de 2023. Debió lidiar desde entonces con un Congreso controlado por el ultrapragmático pero extorsivo centrão y con el Partido Liberal por el que compitió Bolsonaro como principal bancada individual. Para poder gobernar, Lula da Silva debe repartir presupuestos, y ministerios, entre los partidos aliados para garantizarse los votos necesarios en un Congreso con más poder que en sus dos primeros mandatos (2003-2010). Para aprobar medidas como la ampliación del techo del gasto público, el gobierno debe pagar el precio de los congresistas, cobrado de diversas formas, y ha debido aumentar el número de ministerios para retribuir esos apoyos siempre condicionados. Como recuerda el periodista Eric Nepomuceno, «no se trata de una oposición esencialmente política o ideológica, sino de lo que en Brasil se llama ‘fisiologismo’. Los llamados ‘fisiológicos’ son diputados que exigen cada vez más presupuesto para aprobar proyectos de interés del gobierno»³¹. En el marco de estas negociaciones, Lula da Silva le dio un ministerio a Republicanos, el partido que es brazo político de la Iglesia Universal del Reino de Dios y ex-aliado de Bolsonaro. Este reparto explica que Lula tenga 38 ministerios. En el ámbito local, el presidente logró hacer aprobar una reforma tributaria que reforzó la figura del ministro Fernando Haddad, además de avanzar en un megaplan de infraestructura, y en el exterior ha buscado, no sin tensiones, reposicionar a Brasil en la arena global. 

Los partidos se preparan ya para las elecciones municipales de 2024. En este marco, Lula buscará revertir los malos resultados del Partido de los Trabajadores (pt) en las anteriores elecciones municipales, cuando no conquistó ninguna capital estatal y se quedó con menos poder municipal que nunca en sus cuatro décadas de historia. El bolsonarismo, con su líder acusado de golpismo e inhabilitado por la justicia, viene tratando de mostrar que mantiene su músculo político con varias manifestaciones multitudinarias en las calles.

A modo de cierre

La agenda latinoamericana se ha venido desplazando hacia la cuestión de la seguridad y la economía, lo que ha debilitado las agendas progresistas, mientras las derechas sienten la presión de nuevas derechas radicales³². Ninguno de los líderes de la región se propone hoy acaudillar un proceso de integración regional para salir del impasse, y todos ellos se enfrentan a electorados más esquivos y horizontes políticos más cortos. La región ha pasado de la voluntad constituyente de los primeros años 2000 a dinámicas destituyentes y a una profundización de la crisis de representación.

De manera más general, el presente político de la región está lejos de poder pensarse como un nuevo «ciclo», de derecha o de izquierdas, en un mundo recorrido por diversas tensiones geopolíticas, un Occidente atravesado por la crisis de la idea de futuro y un interregno global cuyo final parece incierto.

Nota: una primera versión de este artículo se publicó con el título «Interregno político en América Latina: ¿de lo constituyente a lo destituyente?» en José Antonio Sanahuja y P. Stefanoni (eds.): América Latina en el interregno. Política, economía e inserción internacional. Informe anual 2023-2024, Fundación Carolina, Madrid, 2024.