Tema central

México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética

El artículo sostiene que el gobierno de Estados Unidos, incitado por el poderoso lobby petrolero, impulsa un mercado energético integrado a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. El objetivo es garantizar la seguridad energética estadounidense flexibilizando la normativa en México, donde la Constitución establece la propiedad estatal del petróleo. Para ello, Washington se apoya en la extraordinaria concentración de poder en la Presidencia luego del 11 de septiembre, fenómeno que ha contagiado a sus vecinos. Aquí se sostiene que este esquema es profundamente asimétrico y que, al consolidar la dependencia petrolera del principal consumidor del mundo, propicia una tendencia perezosa en la incorporación de nuevas fuentes de energía.

México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética

Asimetría y colonialidad energética

«El reto es cómo esta riqueza, el petróleo, debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales.» Con estas palabras, Raúl Muñoz Leos, el ex-gerente de Dupont designado por Vicente Fox al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex), sintetizó de manera diáfana lo que Aníbal Quijano denomina la «colonialidad» que caracteriza el esquema oligárquico-imperial vigente en Latinoamérica. La frase también retrata el pensamiento de la cúpula de los dueños del poder político en México, los neoliberales que, desde la crisis deudora de 1982, han hegemonizado el Estado y prevalecido en la instrumentación del recetario político, económico y de seguridad e integración regional energética dictado por Washington.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) fue establecido entre la clase dominante de una potencia dominante y las clases gobernantes a ella subordinadas de dos economías menores, la canadiense y la mexicana. Las asimetrías entre el hegemón y sus socios comerciales son abismales: la economía estadounidense, caracterizada por una estrecha relación –una virtual simbiosis– entre su aparato empresarial de corte monopólico y su sector estatal, se ha distinguido, desde la Segunda Guerra Mundial, por la permanente movilización bélica-industrial. Su PNB ya rebasa los 12 billones (millones de millones) de dólares y su gasto público es récord: solo el del gobierno federal se estima en 2,3 billones de dólares en 2005, lo que equivale al PNB de Alemania. La erogación militar calculada para 2006 es de 470.000 millones de dólares, es decir más de la mitad del PNB mexicano. La cifra es superior al expendio castrense combinado del resto del mundo. Durante el limitado debate que se suscitó en México antes de la formalización del Tlcan, un empresario llamaba la atención a quienes minimizaban la percepción de la asimetría entre las dos economías utilizando parámetros como el PNB y arguyendo que la mexicana solo era veinte o treinta veces menor que la estadounidense. El empresario señalaba que la distancia es mucho mayor: basar la diferencia en el PNB equivaldría a medir la riqueza comparativa de dos personas de acuerdo con los pagos de intereses que perciben anualmente, en lugar de comparar la riqueza real acumulada por cada una de ellas. Sería mejor, en cambio, comparar la riqueza de los dos países, que incluye el valor monetario de carreteras, puertos, aeropuertos, edificios, plantas industriales, sectores habitacionales, flota vehicular y otros bienes. Con esta medición, se estima que la riqueza acumulada en EEUU es 200 o 300 veces mayor que la mexicana. El empresario se preguntaba: «¿Se asociaría usted con alguien 250 veces más rico? De hacerlo, ¿sería usted realmente su ‘socio’ o su ‘empleado’».

El Tlcan no es producto de la globalización, sino una creación de las cúpulas de poder económico y político de EEUU y las clases dirigentes subordinadas de Canadá y México. En este contexto, conceptos como «presidencia imperial» y su relación con el capital monopólico, o la noción de imperio resultan más adecuados para describir y explicar estos mecanismos de «integración» comercial y energética. Alejándose del «globalismo pop», varios estudiosos se preguntaban: después de todo, ¿qué es lo que distingue a un imperio de una alianza o un tratado de libre comercio? Su respuesta resulta crucial:

un imperio es el principal actor en el sistema internacional y su poder está basado en la subordinación de diversas elites nacionales que, ya sea bajo compulsión o por convicciones compartidas, aceptan los valores de aquellos que gobiernan el centro dominante o metrópolis. La inequidad de poder, recursos e influencia es lo que distingue a un imperio de una alianza (aunque los tratados de alianza a menudo formalizan o sirven de disfraz para una estructura imperial).

Éste es el caso del Tlcan y del Tlcan-plus, conocido como «Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte» (Aspan).

Inseguridad, vulnerabilidad e «integración» energética

En 1973, la exitosa aplicación de un embargo petrolero a EEUU por parte de los países exportadores de petróleo coligados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue interpretada como una debacle estratégica en lo que por aquel entonces ya se percibía como una gran vulnerabilidad: la dependencia estadounidense del abastecimiento externo de petróleo, que llegaba a 25,5% de su consumo total.

Así, se acentuó en Washington la percepción de las fragilidades derivadas de la centralidad del petróleo para el funcionamiento de la economía y el aparato militar. Los grandes intereses del gas y el petróleo, por medio de su cabildo (el American Petroleum Institute), intensificaron su influencia en la política exterior, en busca de esquemas de seguridad energética. Se apeló a la combinación de instrumentos de seguridad nacional e integración comercial como medios efectivos para lograr el acceso y el control de los recursos energéticos de México, Canadá y el Hemisferio Occidental.

Para analizar este punto hay que tener en cuenta que el predominio de EEUU posterior a la Segunda Guerra Mundial se cimentó en la reestructuración de la geografía internacional de la energía, cuando el carbón fue desplazado por el petróleo como principal insumo energético. Desde entonces, fue frecuente el uso de instrumentos económico-comerciales y de seguridad nacional para garantizar el suministro energético. Un ejemplo es el golpe de Estado, que se usó por primera vez en 1953 para impulsar el ingreso de las empresas estadounidenses a Irán luego de la nacionalización del petróleo en aquel país. Como ya se señaló, fue luego de la crisis de 1973 cuando se comenzó a intentar reducir la creciente dependencia de EEUU respecto del petróleo de Oriente Medio. Así fueron proliferando las propuestas de las grandes empresas petroleras, gasíferas y eléctricas estadounidenses y de sus firmas asesoras de Wall Street, para lograr garantías de abasto y acceso a los depósitos de combustibles fósiles de México y Canadá, a través de esquemas de integración en América del Norte. Una de ellas, presentada por Blyth, Eastman y Dillon en 1979, poco antes del arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca, planteó el meollo de lo que luego sería el Tlcan:

Nuestra dependencia de las importaciones de petróleo de Medio Oriente no tendría razón de ser si contáramos con una política norteamericana de energía que reconociera la disponibilidad de recursos energéticos suficientes en nuestro continente que, ausentes las diferencias nacionales entre Canadá, Estados Unidos y México, pudiera satisfacer casi todos los requerimientos de energía de esos tres países (…) Lo que se necesita es una especie de mercado común que integre los vastos recursos energéticos de América del Norte, mediante un sistema (…) que dé cabida a las aspiraciones de estos países al libre comercio.

La Alianza para la Prosperidad y Seguridad de América del Norte

Fomentar un mercado energético integrado en América del Norte en un contexto desregulado ha sido una meta perseguida de manera paciente y persistente por los oligopolios de la industria del gas y del petróleo de EEUU a través de diversos mecanismos. En la medida en que EEUU fue aumentando su dependencia estratégica del abastecimiento petrolero y de gas de ultramar, y frente a los signos de agotamiento de sus campos a principios de la década de 1970, se acentuaron las presiones sobre México para que ajustara su política a las necesidades de su gigante vecino. Se presionaba para que este país abriera su sector energético –incluido el eléctrico–, constitucionalmente reservado al Estado. Y aunque México mostró reticencia a formalizar un apartado sobre energía en el Tlcan, el resultado se acercó a lo buscado: un estudio de la Comisión de Comercio Internacional para el Congreso de EEUU sostuvo que, si bien México «por razones de seguridad nacional» excluyó el petróleo del acuerdo de libre comercio, en los hechos puso en marcha «mecanismos alternativos que, sin modificar la Constitución y conservando para Pemex el control nominal sobre el hidrocarburo», permitieron «la participación extranjera en ese sector, por medio de empresas conjuntas, arrendamientos, contratos para la exploración y subcontratación de diferentes servicios». Esta agenda fue impulsada en silencio, para evitar costos político-electorales, desde mediados de la década de 1970; durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se llevó adelante de manera más intensa y abierta.

La diferencia entre la desregulación del aparato legal mexicano y la preservación y el fortalecimiento de EEUU es patente. Mientras en México se desmantelaba el aparato regulatorio, EEUU cambió su legislación para reglamentar, ordenar y ajustar cualquier tipo de inversión extranjera directa (IED) en sectores estratégicos como la alta tecnología, el petróleo, el gas y la electricidad. El Estatuto Exon-Florio de 1988, incorporado a la Ley de Defensa Nacional, permite que el gobierno restrinja o imposibilite cualquier IED que pueda amenazar la seguridad. Además, los Departamentos de Defensa, Justicia y Comercio –y ahora de Homeland Security– participan en un comité que cuenta con poderes para suspender o prohibir cualquier compra o fusión extranjera de empresas estadounidenses, si la operación es considerada una amenaza a la seguridad. El veto a la compra de la petrolera Unocal por parte de una empresa china o la veda a la participación árabe en varias administraciones portuarias son manifestaciones recientes del nacionalismo económico. Esto, desde luego, se acentuó de manera significativa tras el 11 de septiembre.

Poco antes de los atentados terroristas, EEUU había formulado planteos para superar los obstáculos en materia de energía y lograr una profundización de la agenda empresarial-estatal de la integración por medio de una comunidad de América del Norte, es decir, una profundización de la integración a través de un Tlcan-plus o Aspan.

Sin autorización legislativa y prácticamente a espaldas de la opinión pública, George W. Bush lanzó un programa trinacional de cumbres con México y Canadá con el objetivo de implementar la Aspan, oficialmente inaugurada en la cumbre de Waco, Texas, el 23 de marzo de 2005. Allí se instruyó a los respectivos equipos para integrar grupos de trabajo que desarrollaran planes de acción para cada uno de los temas incluidos en las «agendas de prosperidad y seguridad», estableciendo metas específicas, así como acciones para alcanzarlas y un calendario para su instrumentación. Tres meses después, se comunicó el establecimiento de 20 grupos de trabajo para una gama amplia de temas, económicos, políticos y de seguridad, entre los que se destaca el «desarrollo de un enfoque común en materia de seguridad a fin de proteger a América del Norte».

Uno de los impulsores de la «comunidad» fue Robert Pastor, ex-miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Bill Clinton y vocero del Foreign Relations Council. El fundamento de la Aspan gira en torno de los intereses corporativos y bancarios aglutinados en el Council on Foreign Relations (CFR) liderado por William Weld y Pastor. La propuesta fue originalmente difundida en agosto de 2001 por el Institute for International Economics, organismo también financiado por grandes empresas y al servicio de ellas, comprometido con la promoción del Tlcan.

Sin embargo, la iniciativa fue congelada después de los ataques terroristas y de que en EEUU se instaurara un estado de excepción formalizado en la «Patriot Act» e implementado por medio de decretos ejecutivos, signing statements y otros mecanismos que amplían de manera inusitada los poderes del Ejecutivo en detrimento del Legislativo y el Judicial. Aunque la tendencia del Ejecutivo a la usurpación de funciones de las otras dos ramas del gobierno no es nueva en la historia estadounidense, después del 11 de septiembre se intensificó notablemente. Bush «parece no contemplar límites a su presidencia imperial», sostuvo The New York Times. «Bush se está otorgando a sí mismo el poder de interpretar la Constitución. Silenciosamente está ejerciendo esa autoridad en un grado sin precedentes en la historia de EEUU», agregó, citando a diversos constitucionalistas, The Boston Globe. Por medio de lo que se conoce como signing statements (notas del presidente que condicionan su firma dirigidas al vasto aparato burocrático, incluida la comunidad de inteligencia), el Ejecutivo se arroga la facultad de anular cualquier ley sin recurrir al veto, lo que conllevaría el riesgo de que el Legislativo pueda insistir. Mediante ese dispositivo, desde que asumió el poder el presidente ha desobedecido, sin apelar ni una sola vez al veto, al menos 750 leyes, con el argumento de que tiene la autoridad para hacer a un lado cualquier legislación que no se corresponda con su interpretación de la Constitución. Según Bill Keller, director editorial de The New York Times, con la excusa del 11 de septiembre el gobierno de Bush ha creado «un Poder Ejecutivo extraordinariamente poderoso, eximido de los controles y contrapesos habituales de nuestro sistema de gobierno». El estado de excepción instaurado en EEUU se ha implantado de manera casi silenciosa en México y Canadá, utilizando la Aspan como catapulta y disfraz. En México, por ejemplo, los senadores Sadot Sánchez Carreño y Carlos Madrazo Limón plantearon iniciativas para sancionar la Ley Reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución, que regula las medidas que aplicaría el presidente en caso de contingencias altamente riesgosas, generadas a partir de hechos como la invasión, la perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en serio peligro. En ese caso, sería «imperativo suspender en todo el país o en un lugar determinado las garantías que impidan hacer frente a la situación rápida y fácilmente». En Canadá, la instauración del Homeland Security State (su Ley de Seguridad Pública –Public Safety Act– es un reflejo de la «Patriot Act» estadounidense) se profundizó por medio de iniciativas planteadas en el Parlamento el 15 de noviembre de 2005 bajo la Ley para la Modernización de Técnicas de Investigación. A diferencia del Tlcan, la Aspan no es un tratado o un acuerdo, sino que está constituido por mecanismos e iniciativas económicos, políticos, policíacos y militares impulsados, de facto, por la Casa Blanca, el primer ministro de Canadá y el Ejecutivo de México. Se trata de un conjunto de acuerdos ejecutivos que se ponen en marcha y que son revisados y ampliados cada seis meses, bajo el impulso y el apoyo de las grandes empresas estadounidenses y sus contrapartes o subsidiarias mexicanas y canadienses. Aunque Vicente Fox sostuvo que «se trata de algo trascendente (…) que va mucho más allá de la relación que hemos tenido hasta hoy», lo cierto es que las medidas adoptadas, que en los hechos amplían la jurisdicción territorial del Ejecutivo estadounidense hacia México y Canadá, no han sido presentadas ante el Poder Legislativo mexicano para su discusión y aprobación. Esto es así pese a que se incluyen medidas como la creación de un paraguas de protección de la infraestructura energética mediante mecanismos de seguridad marítima, aérea y terrestre de los tres países, en el contexto de un amplio perímetro de seguridad manejado desde el recién creado Comando del Norte.

La asimetría de la ecuación energética

Lo que tanto los impulsores empresarial-estatales de la integración energética de América del Norte de finales de los 70, como los de principios del siglo XXI (que plantean una integración profunda por medio de una comunidad que haga desaparecer las diferencias nacionales) dejan convenientemente a un lado son las abismales asimetrías. En ese sentido, una revisión de la ecuación energética y de seguridad resulta esclarecedora. En primer término, cabe recordar que la producción petrolera de EEUU continental llegó a su punto culminante (peak) a principios de la década de 1970, cuando comenzó un declive exponencial que se extiende hasta hoy. Aplicando a los campos petroleros la curva de distribución estadística de Gauss, el geólogo H. King Hubbert predijo que los principales campos petroleros estadounidenses llegarían a su techo (peak oil) aproximadamente en 1970 y que, de ahí en adelante, experimentarían un acelerado agotamiento. El uso de esta misma técnica estadística, aplicada a los campos petroleros del planeta, indica un perceptible agotamiento del petróleo convencional, es decir, barato y de fácil acceso. Se trata de un fenómeno complejo, y la declinación en la tasa de descubrimientos de yacimientos supergigantes es una de sus más importantes manifestaciones. Esto impacta de manera profunda en la relación de México con EEUU, ya que en la década de 1970 se hicieron significativos descubrimientos de petróleo en territorio mexicano, como el inmenso campo de Cantarell. Hoy la situación es aún más preocupante, ya que un numeroso cuerpo de geólogos prevé el agotamiento de las reservas mundiales de petróleo convencional, y no solo las de un país. Hay que considerar que el mundo consume actualmente poco más de 80/81 millones de barriles diarios (Mbd) de petróleo y que la Agencia Internacional de Energía reconoció el peak oil en su informe de 2004. Por otra parte, mientras el Geological Survey de EEUU plantea que en 2025 el total de descubrimientos llegó a tres billones de barriles, el cálculo promedio de 65 investigaciones realizadas por las principales empresas petroleras e institutos serios es de 1,93 billones. El aspecto central de la ecuación petrolera internacional fue sintetizado en estos términos:

En aguas territoriales de Brasil y EEUU, en Azerbaiyán y Angola, se han hecho grandes descubrimientos que están casi listos para entrar en producción. Sin embargo, apenas van a compensar las pérdidas en campos ya maduros que han entrado en declive, entre ellos el mexicano Cantarell (…) cuya producción es superada en el mundo por un solo campo, Ghawar, en Arabia Saudita.

Con el campo de Cantarell sobreexplotado, la reserva mexicana de crudo convencional ya está en el límite, con un agotamiento claro, según algunos cálculos, para 2012/2014. Hasta ahora, no se han tomado medidas para evitar una transición traumática.

Según el Departamento de Energía de EEUU, «el petróleo es la sangre que mantiene funcionando la economía». Y no es para menos: el petróleo suministra más de 40% del total de la energía que consume la mayor economía del planeta, que con menos de 3% de la población mundial quema cerca de 25% del total del petróleo producido anualmente. En EEUU, el petróleo es la fuente de más de 99% de los combustibles que se usan en autos y camiones.

Aunque la situación es delicada, ni el gobierno de Bush ni el Poder Legislativo parecen impresionados. Hay una gran resistencia para enfrentar una situación que pone en cuestionamiento formas de proceder y de funcionar de la economía, y que genera impedimentos para avanzar en un cambio del paradigma energético y de transporte. La política energética del gobierno, bajo la influencia del «cabildo petrolero», no muestra indicios de enfrentar la dependencia. Dados los efectos de la economía y de la política –y la proyección militar– de EEUU en el mundo, las repercusiones son graves. La política energética estadounidense está diseñada en función de los intereses cortoplacistas de las grandes firmas petroleras, eléctricas, del gas y de servicios del ramo, entre ellas las llamadas «siete hermanas» (ahora son menos por fusiones y cambios de razón social) y otras, como Halliburton y su subsidiaria Kellog, Brown & Root, Shell-Sempra, Bechtel, Stone & Webster.

Lo central, en todo caso, es que la ecuación energética estadounidense es profundamente asimétrica. Como indican Rocío Vargas y Víctor Rodríguez-Padilla:

Si bien Estados Unidos es un productor importante de energía, también es el mayor consumidor: su consumo total está cerca de los 21 millones de barriles diarios (…) y prácticamente el total de la demanda de América del Norte se explica por el consumo de Estados Unidos. Su consumo es el más importante a nivel mundial, no solo en términos absolutos (…), también lo es su consumo per cápita y la tasa de crecimiento del mismo (2%), que es mayor que la del resto del mundo (1,5%). Tal asimetría es generalmente soslayada por los promotores de la integración.

Desde la perspectiva político-institucional, llama la atención el hecho de que el grupo de trabajo México-EEUU pretenda la homologación de políticas energéticas y el establecimiento de principios comunes, intentando «hacer converger los marcos normativos de los sistemas energéticos». En buen romance, esto significa ajustar la normativa mexicana (la Constitución y las leyes) a las exigencias estadounidenses. Y tanto en materia petrolera como de gas y eléctrica, el papel de México, bajo la Aspan, queda, en los hechos, supeditado a los ritmos, regulaciones, instituciones e intereses de EEUU.

En efecto, la agenda energética de la Aspan es la agenda de EEUU, y se puede sintetizar en tres ejes básicos. El primero es la apertura del comercio y la inversión en el protegido sector energético, como preámbulo al establecimiento de negociaciones que lleven a la liberación total en el plazo más corto posible. El segundo eje es la garantía de abasto, conocida en Canadá como la «cláusula del abuelo», que apunta a que los consumidores de EEUU reciban tratamiento como canadienses en tiempos de escasez derivada de bajas en la producción. En 1989, Canadá aceptó esa cláusula respecto a las exportaciones de hidrocarburos a EEUU. En virtud de ella, que es recíproca, ambos países están obligados a garantizar que los suministros de petróleo y otros hidrocarburos no serán interrumpidos si uno de los gobiernos decide restringir exportaciones por motivos de escasez. En el caso de México, hubo presiones para establecer una cláusula de ese tipo durante las negociaciones del Tlcan, pero Salinas la condicionó a que se incluyera el tema migratorio en la discusión. El tercer objetivo de la agenda energética de la Aspan es lograr que México rechace cuotas de exportación y precios mínimos de acuerdo con los lineamientos de la OPEP.

La torpeza de Fox al aceptar las propuestas articuladas por la Casa Blanca por medio de la Aspan se comprende mejor si se tiene presente que, si bien los yacimientos mexicanos han sido brutalmente depredados, con una inversión adecuada la situación podría revertirse. Esto es especialmente necesario en un contexto internacional signado por la caída drástica de las «tasas de reemplazo» de las «siete hermanas», que consumen más petróleo del que descubren. En este contexto, abrir Pemex, como se propone en la Aspan, no solo atenta contra la soberanía y la seguridad nacionales. También es un pésimo negocio, especialmente en un contexto de creciente y sostenido aumento de precios.

Conclusión preliminar

El problema que genera un esquema energético asimétrico como la Aspan es que propicia en EEUU, el mayor consumidor de combustibles fósiles del planeta, una tendencia perezosa. Y al reforzar su dependencia del petróleo, contribuye a posponer medidas urgentes de cara al requerido cambio tecnológico en materia energética. Esto, a su vez, empeora una situación que se agravó en los últimos decenios, que ya tiene expresiones de explosividad militar –Irak– y que además consolida la tendencia a la adopción de mecanismos estatales de corte policíaco.

Cuando la economía de EEUU se ve afectada, sus repercusiones sobre la situación global son inmediatas. El gobierno de Bush insiste en actuar por el lado de la oferta, ya sea desregulando áreas ecológicas protegidas en el Ártico, o bien impulsando, con la excusa de la guerra contra el terrorismo, esquemas leoninos como la Aspan, centrada sobre todo en la implantación de una burbuja de seguridad y un estado de excepción que pone en serio riesgo el aparato constitucional, tanto de EEUU como de sus dos vecinos, y con ello la seguridad internacional. Estamos, entonces, en presencia de precipitantes de guerra: ciertamente lo son la geopolitización de las relaciones económicas internacionales y la instauración de un Estado policíaco regionalizado bajo el dominio de una potencia que adoptó la doctrina de «autodefensa anticipatoria», desestabilizando la ecuación estratégica global.

Lo que está ocurriendo con los abastecimientos mundiales de petróleo afectará profundamente a las sociedades estadounidense, mexicana, canadiense, brasileña… Y también a sectores clave, como la industria química, de madera, de papel, petroquímica... Los costos se miden en decenas o centenas de billones de dólares, lo que indica, una vez más, la magnitud que representa el peak oil, no solo para EEUU, sino para la civilización tal como la conocemos. Lo perturbador es que, según la visión que se plantea en el Tlcan-Aspan, los grandes cambios deben ser decididos por los altos círculos estatal-empresariales. Como he indicado en otra oportunidad, el problema no es menor: la decisión de invadir Irak fue adoptada al margen del derecho internacional, en el más absoluto sigilo. Y es este peligroso sigilo que caracteriza al gobierno de Bush el que se estaría aplicando dentro de EEUU por medio de la «Patriot Act» y desbordando hacia sus vecinos. En ese sentido, no es casual que se contemple acotar la jurisdicción del Estado-nación, tanto en México como en Canadá. El Foreign Relations Council plantea el establecimiento de un perímetro de seguridad en América del Norte para 2010 e impulsa la creación de un «súper Estado» que incluye una corte, un grupo interparlamentario, una comisión ejecutiva, un comando de defensa, una oficina de aduanas y un banco de desarrollo. La retórica del Foreign Relations Council deja poco espacio a la imaginación:

El grupo tiene el gusto de ofrecer consejos específicos sobre cómo proseguir y realizar la alianza [partnership]. Para ese fin, el grupo de trabajo propone la creación, en 2010, de una comunidad norteamericana para mejorar la seguridad, la prosperidad y las oportunidades. Proponemos una comunidad basada en el comunicado conjunto de marzo de 2005 (…) de que nuestra seguridad y prosperidad son mutuamente dependientes y complementarias. Sus fronteras serán definidas por medio de tarifas externas comunes y un perímetro de seguridad externo (…). Juntos, pero separados. Y ahí está el racismo antimexicano materializado en un muro colosal que se expande en la frontera, repleto de policías, guardias nacionales, sistemas electrónicos de vigilancia, monitoreo sísmico, aviones espía, reflectores y miles de muertos, mexicanos y latinoamericanos. Un muro que hace parecer el de Berlín como una barda de vecindario.

Ciudad Universitaria, 25 de junio de 2006