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México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética

El artículo sostiene que el gobierno de Estados Unidos, incitado por el poderoso lobby petrolero, impulsa un mercado energético integrado a través de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. El objetivo es garantizar la seguridad energética estadounidense flexibilizando la normativa en México, donde la Constitución establece la propiedad estatal del petróleo. Para ello, Washington se apoya en la extraordinaria concentración de poder en la Presidencia luego del 11 de septiembre, fenómeno que ha contagiado a sus vecinos. Aquí se sostiene que este esquema es profundamente asimétrico y que, al consolidar la dependencia petrolera del principal consumidor del mundo, propicia una tendencia perezosa en la incorporación de nuevas fuentes de energía.

México-Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética

Asimetría y colonialidad energética

«El reto es cómo esta riqueza, el petróleo, debe orientarse hacia el fortalecimiento de la seguridad energética nacional de nuestros principales socios comerciales.» Con estas palabras, Raúl Muñoz Leos, el ex-gerente de Dupont designado por Vicente Fox al frente de Petróleos Mexicanos (Pemex), sintetizó de manera diáfana lo que Aníbal Quijano denomina la «colonialidad» que caracteriza el esquema oligárquico-imperial vigente en Latinoamérica. La frase también retrata el pensamiento de la cúpula de los dueños del poder político en México, los neoliberales que, desde la crisis deudora de 1982, han hegemonizado el Estado y prevalecido en la instrumentación del recetario político, económico y de seguridad e integración regional energética dictado por Washington.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) fue establecido entre la clase dominante de una potencia dominante y las clases gobernantes a ella subordinadas de dos economías menores, la canadiense y la mexicana. Las asimetrías entre el hegemón y sus socios comerciales son abismales: la economía estadounidense, caracterizada por una estrecha relación –una virtual simbiosis– entre su aparato empresarial de corte monopólico y su sector estatal, se ha distinguido, desde la Segunda Guerra Mundial, por la permanente movilización bélica-industrial. Su PNB ya rebasa los 12 billones (millones de millones) de dólares y su gasto público es récord: solo el del gobierno federal se estima en 2,3 billones de dólares en 2005, lo que equivale al PNB de Alemania. La erogación militar calculada para 2006 es de 470.000 millones de dólares, es decir más de la mitad del PNB mexicano. La cifra es superior al expendio castrense combinado del resto del mundo. Durante el limitado debate que se suscitó en México antes de la formalización del Tlcan, un empresario llamaba la atención a quienes minimizaban la percepción de la asimetría entre las dos economías utilizando parámetros como el PNB y arguyendo que la mexicana solo era veinte o treinta veces menor que la estadounidense. El empresario señalaba que la distancia es mucho mayor: basar la diferencia en el PNB equivaldría a medir la riqueza comparativa de dos personas de acuerdo con los pagos de intereses que perciben anualmente, en lugar de comparar la riqueza real acumulada por cada una de ellas. Sería mejor, en cambio, comparar la riqueza de los dos países, que incluye el valor monetario de carreteras, puertos, aeropuertos, edificios, plantas industriales, sectores habitacionales, flota vehicular y otros bienes. Con esta medición, se estima que la riqueza acumulada en EEUU es 200 o 300 veces mayor que la mexicana. El empresario se preguntaba: «¿Se asociaría usted con alguien 250 veces más rico? De hacerlo, ¿sería usted realmente su ‘socio’ o su ‘empleado’».

El Tlcan no es producto de la globalización, sino una creación de las cúpulas de poder económico y político de EEUU y las clases dirigentes subordinadas de Canadá y México. En este contexto, conceptos como «presidencia imperial» y su relación con el capital monopólico, o la noción de imperio resultan más adecuados para describir y explicar estos mecanismos de «integración» comercial y energética. Alejándose del «globalismo pop», varios estudiosos se preguntaban: después de todo, ¿qué es lo que distingue a un imperio de una alianza o un tratado de libre comercio? Su respuesta resulta crucial:

un imperio es el principal actor en el sistema internacional y su poder está basado en la subordinación de diversas elites nacionales que, ya sea bajo compulsión o por convicciones compartidas, aceptan los valores de aquellos que gobiernan el centro dominante o metrópolis. La inequidad de poder, recursos e influencia es lo que distingue a un imperio de una alianza (aunque los tratados de alianza a menudo formalizan o sirven de disfraz para una estructura imperial).

Éste es el caso del Tlcan y del Tlcan-plus, conocido como «Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte» (Aspan).

Inseguridad, vulnerabilidad e «integración» energética

En 1973, la exitosa aplicación de un embargo petrolero a EEUU por parte de los países exportadores de petróleo coligados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) fue interpretada como una debacle estratégica en lo que por aquel entonces ya se percibía como una gran vulnerabilidad: la dependencia estadounidense del abastecimiento externo de petróleo, que llegaba a 25,5% de su consumo total.

Así, se acentuó en Washington la percepción de las fragilidades derivadas de la centralidad del petróleo para el funcionamiento de la economía y el aparato militar. Los grandes intereses del gas y el petróleo, por medio de su cabildo (el American Petroleum Institute), intensificaron su influencia en la política exterior, en busca de esquemas de seguridad energética. Se apeló a la combinación de instrumentos de seguridad nacional e integración comercial como medios efectivos para lograr el acceso y el control de los recursos energéticos de México, Canadá y el Hemisferio Occidental.

Para analizar este punto hay que tener en cuenta que el predominio de EEUU posterior a la Segunda Guerra Mundial se cimentó en la reestructuración de la geografía internacional de la energía, cuando el carbón fue desplazado por el petróleo como principal insumo energético. Desde entonces, fue frecuente el uso de instrumentos económico-comerciales y de seguridad nacional para garantizar el suministro energético. Un ejemplo es el golpe de Estado, que se usó por primera vez en 1953 para impulsar el ingreso de las empresas estadounidenses a Irán luego de la nacionalización del petróleo en aquel país. Como ya se señaló, fue luego de la crisis de 1973 cuando se comenzó a intentar reducir la creciente dependencia de EEUU respecto del petróleo de Oriente Medio. Así fueron proliferando las propuestas de las grandes empresas petroleras, gasíferas y eléctricas estadounidenses y de sus firmas asesoras de Wall Street, para lograr garantías de abasto y acceso a los depósitos de combustibles fósiles de México y Canadá, a través de esquemas de integración en América del Norte. Una de ellas, presentada por Blyth, Eastman y Dillon en 1979, poco antes del arribo de Ronald Reagan a la Casa Blanca, planteó el meollo de lo que luego sería el Tlcan: