Tema central

La cuestión militar. El golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano

El golpe de Estado en Honduras desmiente la creencia de que las asonadas militares y la interrupción del orden constitucional eran cosa del pasado. El rol de las Fuerzas Armadas fue clave para el derrocamiento de Manuel Zelaya e implica un peligroso precedente para la región. El artículo analiza la historia militar de Honduras, clave en la guerra contrainsurgente en Centroamérica, y sus sólidas relaciones con Estados Unidos, que mantiene una base en territorio hondureño, y concluye que asegurar la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas es crucial para evitar que este tipo de episodios se repitan en el futuro.

La cuestión militar. El golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano

Introducción

El 28 de junio de 2009, en Honduras, la democracia se puso en tensión; también se pusieron a prueba las capacidades del sistema interamericano para evitar golpes de Estado y la interrupción de la institucionalidad. Hasta el momento, se pensaba que los cuartelazos eran cosa del pasado, pues en los últimos 15 años ningún intento de asonada militar había tenido éxito en América Latina. Lo sucedido en Honduras rompió con la creencia de que se había superado la apelación a los militares para resolver diferendos políticos o crisis de gobernabilidad. Los militares fueron la pieza decisiva para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Solo con su apoyo fue posible sacarlo de la residencia presidencial y llevarlo a Costa Rica contra su voluntad. Si el presidente hubiera sido juzgado en el país por los poderes Judicial y Legislativo se hubiera desatado una grave confrontación política, más aún cuando algunos sectores populares respaldaban fuertemente a Zelaya. El gobierno de facto instalado tras el golpe, encabezado por Roberto Micheletti, sobrevivió en medio de un gran rechazo externo, sostenido por una oligarquía cohesionada y convencida de que derrocar a Zelaya, sin importar los costos, implicaba salvar al país del chavismo. Fue un golpe de Estado exitoso, restaurador de un viejo orden oligárquico que se pensaba superado.

El poder de las Fuerzas Armadas

Históricamente, tal como sucedió en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas hondureñas supervisaron y controlaron a la ciudadanía: más que orientadas a la defensa externa, se configuraron como una fuerza de control político interno. Desde el siglo XIX Honduras fue definido como un «país bananero», con una pequeña elite económica local apoyada por compañías estadounidenses, que gobernaba con la mano dura de los militares. Desde el inicio del proceso de democratización, sin embargo, parecía que el país se modernizaba políticamente al ritmo del resto de América Latina. Pero como también ocurre en otros países de la región, el incompleto control democrático sobre los militares funcionó como el elemento decisivo de la ruptura del Estado de derecho. A ello se agrega una conducción civil muy débil por parte de Zelaya, elegido presidente en 2005, quien había emprendido políticas que polarizaron al país, acercándose a la liga bolivariana encabezada por Hugo Chávez. Esto activó la resistencia de la oligarquía, la clase política tradicional encabezada por el Partido Nacional y sectores conservadores de la propia fuerza política de Zelaya, el Partido Liberal, liderados por Micheletti, además de la resistencia de la justicia y los sectores medios. A esta cruzada anti-Zelaya se agregaron los factores de poder más importantes de la política hondureña, que solo actúan en el momento preciso: los militares y el clero. El golpe de Estado hizo trizas el principio firmado por los países latinoamericanos en la Carta Democrática Interamericana, en el sentido de que ya no eran posibles los golpes militares, ni viables ni legítimos los gobiernos emanados de ellos. Micheletti pudo gobernar Honduras por más de seis meses y resistió el embate de la comunidad internacional, principalmente de América Latina y Estados Unidos.

Algunos antecedentes históricos

Aunque Honduras no experimentó una guerra civil como sus vecinos, fue parte activa de los conflictos regionales y su territorio funcionó como base de operaciones de grupos paramilitares. Fue en esa etapa, en los 80, cuando se solidificó la relación entre las Fuerzas Armadas hondureñas y las estadounidenses: Honduras se convirtió en un aliado de EEUU en la estrategia de derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua y en el esfuerzo para evitar el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Las Fuerzas Armadas de Honduras se beneficiaron de esta alianza: Honduras adquirió, mediante préstamos muy generosos, un escuadrón de aviones F-5, con lo cual EEUU le otorgó un rol privilegiado a la Fuerza Aérea de ese país. En reciprocidad, el gobierno hondureño permitió a EEUU el uso militar del aeropuerto de Palmerola-Soto Cano, donde se estableció una fuerza estadounidense que permanece hasta hoy, empleada para la guerra contra el narcotráfico en la región.

Pese al proceso de democratización del sistema político que se inició en 1980 con las elecciones para la Asamblea Constituyente, las Fuerzas Armadas de Honduras lograron conservar un lugar protagónico, sin desaparecer del juego público, ya fuera como importantes agentes económicos o como agentes del orden público. En los 90, una vez producidas las transiciones a la democracia en el istmo centroamericano, la debilidad institucional y legal favoreció la extensión de las actividades delictivas, con el avance del crimen transnacional cometido por las maras. Honduras pasó de situarse en el ojo del huracán de las guerras de los 80 a sufrir una clara descomposición social producto de la debilidad del Estado y de las condiciones sociales que ubican al país –junto a Haití, Bolivia y Nicaragua– entre los más pobres del continente.

La ausencia de juicios a los militares por los abusos de derechos humanos cometidos durante los gobiernos autoritarios creó un sentido de impunidad que se diseminó en la sociedad y en los organismos de seguridad. Ni las policías ni los ciudadanos hondureños han internalizado la idea de rule of law, de imposición del derecho y supremacía de la justicia. El sistema de sanciones es arbitrario y no prevalecen reglas éticas y morales que garanticen el cumplimiento de la ley. Pese al aporte de los organismos de defensa de derechos humanos, son conocidos la parcialidad y el descrédito de la justicia.

La reducción de las fuerzas militares hondureñas, parte de las reformas civiles que se implementaron también en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, incluyó el fin del servicio militar obligatorio y la creación de un sistema voluntario. Este cambio no apuntaba a la necesidad de profesionalizar a las Fuerzas Armadas: su objetivo era eliminar un mecanismo de control social en un contexto en el cual se había redefinido la escala de las amenazas tras los acuerdos de paz en los países vecinos. Así, la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, aprobada en octubre de 2001, fijó una serie de pautas para instaurar la supremacía civil y ratificó el carácter de servidores públicos de los militares, pero no estableció una política de defensa clara.

A esta situación hay que agregar el contexto de una sociedad altamente polarizada, con una reducida clase alta y media alta y una ampla clase baja marginalizada. El desempleo es elevado y la movilidad social, bajísima. Todos estos elementos limitan las oportunidades de inserción social y económica. En este contexto, los jóvenes tienen pocas oportunidades de mejorar su futuro. En consecuencia, la alternativa de sumarse a las maras o a otros grupos criminales es una opción atractiva para muchos. Si a esto le añadimos que en muchos casos los jóvenes solo alcanzan una educación precaria, que provienen de hogares desintegrados o a cargo de una madre que trabaja –entre otras razones, por la migración masculina a EEUU–, entonces es posible entender cierta predisposición a no respetar las reglas, así como el alto grado de alcoholismo y uso de drogas. El resultado es una fuerte cultura de la clandestinidad, proclive a la transgresión de la ley, en la cual la impunidad se transforma en resentimiento social y, en momentos de crisis, también en resquemor político.

El golpe de Estado

El artículo 272 de la Constitución de Honduras establece que las Fuerzas Armadas son profesionales, no deliberativas y apolíticas y que están supeditadas al control civil. Sin embargo, en ese mismo artículo se les otorgan funciones políticas: «defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República». Esas contradicciones en la definición misma de sus funciones explican el papel político de los militares hondureños.

El golpe de Estado fue precedido por una serie de medidas que anticipaban la ilegalidad de las decisiones de Zelaya. El 8 de mayo, el Procurador General de la Nación, actuando como garante de la Constitución, solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección no inmediata del presidente. Antes de consumarse el golpe de Estado, el 25 de junio, el presidente Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta del domingo siguiente (28 de junio), que abriría el camino a esa reforma constitucional. La consulta fue declarada ilegal por la Fiscalía, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. La Corte Suprema ordenó a Zelaya que restituyera a Vásquez en su cargo, ahondando el enfrentamiento entre los poderes del Estado. Dos días antes de la asonada, Vásquez había negado la posibilidad de un golpe: «Nosotros [los militares] estamos más bien buscando el uso de la razón y no de la fuerza para que los conflictos se resuelvan en la mesa del diálogo», afirmó en entrevista telefónica que ofreció desde Tegucigalpa, y agregó: «Los tiempos [de golpes militares] han cambiado, la institución tiene como estrategia el fortalecimiento de la democracia»1. Según el defensor de los Derechos Humanos de Honduras, Andrés Pavón, Vásquez tiene conocidos lazos con el narcotráfico: «Él es un hombre de la comunidad de inteligencia de América Latina, cercana a las estructuras de la DEA y la CIA»2. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto Nº 141-2009 del 28 de junio de 2009 acordaba separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras por las reiteradas violaciones a la Constitución. En un informe solicitado por el Congreso de EEUU, se sostiene que se aplicó la ley constitucional en sintonía con el sistema legal hondureño. «Sin embargo, el traslado del presidente a otro país fue en abierta violación del Artículo 102 de la Constitución, lo que aparentemente está bajo investigación de las autoridades hondureñas.»3 Los artículos 304 y 306 de la Constitución permiten llamar a la fuerza pública para hacer cumplir con los mandatos de la Corte. Pero nada dicen todas estas figuras jurídicas de deportar a Zelaya, de noche, y trasladarlo a Costa Rica en un avión militar. Más aún: el principal asesor legal de los militares admitió que «la decisión de sacarlo a Costa Rica la tomamos nosotros como Fuerza Armada»4. Curiosa legalidad.

La doctrina militar hondureña genera contradicciones. Vale la pena analizar esta frase de la página oficial de las Fuerzas Armadas: «Cuando las leyes pierden su efecto yendo contra el pueblo, los poderes públicos, el orden y la justicia que debe prevalecer bajo la fuerza de la libertad. Con sumo agrado le damos paso a la fuerza de la razón aunque esta esté sostenida por las armas». Y agrega, unos párrafos más adelante: «Nuestras Fuerzas Armadas observan con admiración el trabajo enorme de la Junta Militar de Gobierno, que tan solo en cuatro meses llegó a demostrarnos que para gobernar un pueblo, se hace justo y necesario llevarlo si es posible de la mano»5. El mensaje se torna aún más confuso cuando expresan: «Garantizamos que las Fuerzas Armadas vamos a actuar con profesionalismo y transparencia porque se ha demostrado en el pasado y en el presente que la institución castrense es totalmente apolítica. No hay sesgo, eso garantiza que somos servidores públicos, respetuosos de la autoridad constituida y estamos a la disposición del Tribunal Supremo Electoral»6. Estas frases demuestran que el comandante en jefe –es decir el presidente– no es su autoridad, que niega su pasado dictatorial y que afirma que son las Fuerzas Armadas las que determinan la supremacía de la ley.

La «amenaza chavista» permitió construir fantasías irracionales para justificar el golpe de Estado, como la que expresó el comandante del Ejército hondureño, general Miguel Ángel García Padget, quien afirmó: «Para un líder suramericano, Honduras, la sociedad hondureña, sus Fuerzas Armadas pararon ese plan expansionista de llevar al corazón de EEUU un socialismo disfrazado de democracia»7. Pero sin duda la expresión más contundente del rol político que jugó el Ejército fue la del coronel Herberth Bayardo Inestroza, principal asesor jurídico de los militares: «No hay que ser tan inteligente para darse cuenta de lo que ha sucedido en Bolivia, Ecuador y Venezuela, para saber qué es lo que viene. En esos países han establecido control sobre el ejército, y controlando el ejército se da lo demás»8. Reveladoras declaraciones, que dan cuenta de que la prescindencia política no es una cualidad de los militares hondureños.

El golpe, de acuerdo con los objetivos de los grupos conservadores, fue exitoso, pues logró extirpar la amenaza chavista, cuyo símbolo era Zelaya. Las fuerzas de izquierda que habían participado del gobierno y ocupado segmentos importantes del Partido Liberal fueron excluidas, y se reconstruyó la «legalidad» política mediante las elecciones del 29 de noviembre, donde se impuso el candidato del Partido Nacional, Porfirio Lobo, quien asumió la Presidencia el 27 de enero de 2010. La democracia hondureña apareció como restaurada y la normalidad política y las relaciones externas del país fueron rehabilitadas.

El sistema interamericano en su laberinto: dos diplomacias en tensión

Antes de la asonada en Honduras, uno de los últimos intentos exitosos de golpe de Estado en América Latina había ocurrido en abril de 1992 en Perú, cuando Alberto Fujimori disolvió las dos Cámaras del Congreso para ampliar los poderes presidenciales, lo que fue considerado un atentado de un poder del Estado sobre otro. Pero no fue una asonada militar. En 1993, Jorge Serrano intentó algo similar en Guatemala, tratando de imitar a su amigo peruano, pero fracasó y tuvo que renunciar. En otras palabras, Serrano no consiguió el respaldo de los militares, que sí había obtenido Fujimori, y por eso no logró su objetivo. En Haití, el general Raoul Cedrás lideró un golpe de Estado contra el presidente Jean-Bertrand Aristide, quien logró retornar a su cargo tras una negociación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) bajo la presión de Bill Clinton. Los episodios golpistas continuaron. Ya en el siglo XXI, el 11 de abril de 2002, se intentó infructuosamente derrocar a Hugo Chávez. El gobierno de facto –que contaba con el apoyo de un sector de las Fuerzas Armadas– no duró más de 40 horas y Chávez regresó airoso al poder, respaldado por la comunidad interamericana y por la Organización de Estados Americanos (OEA), que emitió una enérgica condena a la ruptura de la constitucionalidad en Venezuela. Más tarde, a inicios de 2004, la grave y larga crisis de gobernabilidad en Haití llevó a la caída del presidente Aristide, quien buscó refugio en el exterior. Con ello se inició una etapa de ocupación internacional del país que se prolonga hasta hoy, en lo que en su momento fue calificado por sectores diplomáticos y políticos como un atentado a la soberanía del empobrecido país. En Ecuador, las recurrentes crisis de gobierno han llevado a la destitución, renuncia o revocación de diferentes presidentes, aunque no como resultado directo de golpes de Estado.

Con estos antecedentes, la crisis de Honduras no tomó completamente por sorpresa al sistema interamericano. La Carta de la OEA sostiene que la soberanía de los Estados es un elemento fundamental que debe regir las relaciones entre los países. Pero al mismo tiempo muchos documentos de la organización, elaborados y consignados por gran cantidad de gobiernos, aluden a la aplicación de embargos, suspensiones o expulsiones (Honduras fue suspendido, lo cual no preocupó mucho al gobierno de facto) si la democracia es vulnerada. La OEA está entrampada entre, por un lado, la necesidad de respetar la soberanía y la autodeterminación política, y, por otro, la urgencia de la acción internacional tras atentados contra la democracia o gravísimas crisis de gobernabilidad, que pueden llevar al despliegue de fuerzas militares multinacionales como en Haití.

El golpe de Estado en Honduras generó una fuerte polémica. El repudio provino principalmente de la diplomacia multilateral, encabezada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien diseñó el «Plan Arias» para lograr la restauración de Zelaya. Sin embargo, el mismo día del golpe las tensiones geopolíticas y militares se incrementaron. Chávez amenazó incluso con realizar una acción militar en Honduras, lo que polarizó el debate sobre las soluciones posibles a la crisis. Esto puso en guardia a las Fuerzas Armadas hondureñas, que volvieron a encender luces de alarma una semana después, el 5 de julio, cuando un avión argentino intentó aterrizar en Tegucigalpa: viajaban, además de Zelaya, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El intento fue impedido por el despliegue de transportes militares en la pista de aterrizaje. La OEA fue incapaz de activar los mecanismos interamericanos de resolución de conflictos. Quedó atrapada entre la diplomacia activa tradicional, expresada principalmente en el Plan Arias, la novedosa y sui géneris acción concertada bolivariana y la falta de activismo, los dos primeros meses, de los países más influyentes del continente (Brasil, EEUU, México e incluso Cuba, con una influencia importante en el Caribe y muchos intereses en Honduras a través de sus cooperantes médicos). A esto se añade la fuerte cohesión del gobierno golpista, que logró resistir todos los embates externos.

La primera medida de la OEA fue la suspensión de Honduras. El secretario general de la organización, José Miguel Insulza, se sumó a la propuesta de intentar la restitución de Zelaya mediante una negociación en el contexto del Plan Arias. A este esfuerzo, en los meses de julio y agosto, se agregó la condena al gobierno de facto por parte de casi todos los países del hemisferio y de Europa. Pero esto no amilanó a los golpistas. Hacia mediados de septiembre, el gobierno de facto ya había consolidado su posición y Zelaya, como presidente itinerante, no tenía muchas opciones. Optó por la más audaz: reingresó a Honduras desde El Salvador y buscó refugio en la Embajada de Brasil, donde permaneció hasta el 27 de enero de 2010.

Los vínculos militares entre Honduras y EEUU

¿Cuál es la relación entre los militares estadounidenses y los hondureños? La tradicional presencia en Honduras desde comienzos de los 80 incluye actualmente a miembros de la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, la Infantería de Marina y de Reservas. Además, EEUU mantiene una base militar en Soto Cano (Palmerola), ubicada a 97 kilómetros de la capital, operativa desde 1981, cuando fue activada por el gobierno de Ronald Reagan. Este aeropuerto fue utilizado como una base de operaciones de los grupos contrarrevolucionarios nicaragüenses entrenados y financiados por la CIA. La estrecha colaboración militar incluye asimismo la participación de oficiales hondureños en cursos de instrucción estadounidenses en mayor proporción que la de cualquier otro país de América. La relación es sólida en operaciones de paz, lucha antinarcóticos y ayuda humanitaria. Con posterioridad al golpe contra Zelaya, el Departamento de Estado indicó que «las tropas norteamericanas conducen y proveen de asistencia logística para una serie de ejercicios bilaterales y multilaterales (…) y seguirán conduciendo esas actividades regionales pese a la suspensión de la cooperación con el régimen de facto o las Fuerzas Armadas hondureñas»9. Los militares hondureños son conscientes de la importancia de estos lazos. El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Vásquez Velásquez, aseguró al diario local La Prensa que EEUU es el aliado militar más importante del país. Por su parte, el actual comandante de la aviación de Honduras, general Luis Javier Prince Suazo, estudió en la famosa Escuela de las Américas, al igual que el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Romeo Vásquez. La vinculación preferencial también se refleja en la visita del pastor Stuck Johnson, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea de EEUU, a los miembros del Cuartel General de las Fuerzas Armadas hondureñas, a quienes felicitó por el rol de la institución en el golpe. Al finalizar el evento, el general Romeo Vásquez entregó al pastor un obsequio como muestra de hermandad y respeto10. La posición de EEUU fue ambivalente. El gobierno deportó a Honduras a Bianca Micheletti, hija del presidente de facto, que trabajaba en la embajada hondureña en Washington. Pero, por otra parte, el embajador estadounidense ante la OEA, Lewis Anselem, calificó de «irresponsable e idiota» el regreso de Zelaya a su país. En general, se esperaban decisiones más contundentes por parte de Barack Obama. Por otra parte, se logró detener el bloqueo del Congreso de EEUU para la designación de Arturo Valenzuela como subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental y de Thomas Shannon como embajador en Brasil a cambio de reconocer el resultado de las elecciones en Honduras. Según Robert White, el senador republicano Jim DeMint logró que el Departamento de Estado admitiera que «es esencial que estas elecciones [en Honduras] se lleven a cabo y sean reconocidas»11. Los legisladores republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Lincoln y Mario Díaz-Balart viajaron a Honduras, en una visita no oficial, ratificando la ambigüedad y la división que existe en EEUU respecto a la posición frente al golpe de Estado. Ellos viajaron en apoyo al gobierno de facto y en rechazo a la política estadounidense de condena a la asonada militar12. La directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre las consecuencias de esta jugada: «Estos miembros del Congreso tuvieron una regresión a la mentalidad de la Guerra Fría. Es tiempo de que se den cuenta de que estamos en 2009»13.

Hay que recordar también que Zelaya dijo que el avión militar hondureño que lo envió a Costa Rica hizo una escala para reabastecerse de combustible en la base estadounidense en Soto Cano. Si bien Robert Appin, portavoz del Comando Sur, lo negó en un correo electrónico enviado a The Associated Press14, resulta difícil aceptar que hubo un desconocimiento total por parte de las fuerzas norteamericanas. Los objetivos de despliegue de las Fuerzas Armadas de EEUU fuera de su territorio en cuerpos multinacionales, según expresa su posición estratégica, dan pie a pensar que al menos conocían los movimientos de las tropas hondureñas. Durante una visita a Brasil, Zelaya habló de la escala en Soto Cano y manifestó sus sospechas acerca de la complicidad de EEUU, aunque agregó que no cree que hayan estado involucrados altos funcionarios del gobierno de Obama.

Pero así como no está claro hasta qué punto EEUU estaba informado del golpe, tampoco pudo dilucidarse si conocía la operación de regreso de Zelaya a Honduras, ni si Brasil comunicó anticipadamente su decisión de otorgar refugio al ex-presidente. Ambas informaciones deberían aclararse para disipar las dudas acerca del comportamiento del gobierno de Obama.

La organización «School of the Americas (SOA) Watch», que propone cerrar la Escuela de las Américas, asegura que el golpe confirma los efectos desestabilizantes de los graduados de esa institución15. La Escuela de las Américas, que pasó a llamarse Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación de Seguridad, entrenó, como ya se señaló, a numerosos militares hondureños. No obstante, no hay reportes de SOA Watch que confirmen la participación directa de militares norteamericanos en el golpe. Es cierto que, desde la asunción de Obama, no se han realizado cambios en el Comando Sur, y que la Embajada de EEUU en Honduras es una de las más pobladas del hemisferio, pero esos datos no son suficientes como para afirmar que los militares estadounidenses estuvieron directa o indirectamente involucrados en la crisis de Honduras.

En todo caso, la indefinición del gobierno de Obama fue evidente. Osciló entre sumarse a la posición predominante en América Latina de condena al golpe y reclamo de retorno de Zelaya, al reconocimiento de las elecciones antes de su realización, como forma de restaurar la democracia, sin insistir en la vuelta del presidente depuesto al poder. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Arturo Valenzuela, señaló ante la OEA que la elección no implicaba legitimar el golpe de Estado, sino que constituía una oportunidad para permitir al pueblo ejercer su soberanía16. Pero la actitud tiene consecuencias imprevisibles. El periodista Tim Padgett, que realizó una serie de notas en Honduras, advirtió los errores del gobierno de Obama: no solo la aceptación de las elecciones sino también la vuelta a la Guerra Fría que implicó la instalación, sin consulta con los vecinos, de bases militares en Colombia17. Padgett citó a Christopher Sabatini, director del Consejo de las Américas: «No se puede usar una elección para limpiar la pizarra después de un golpe de Estado. Ello solo amenaza con hacer retroceder las normas democráticas en América Central por décadas»18. Y no fue la única posición contraria al reconocimiento de los comicios. La analista hondureña Leticia Salomón afirmó: «Cómo es posible que se garantice que las elecciones serán legales si están los militares en la calle, con sus fusiles apuntando a la ciudadanía y dispuestos a reprimir, cómo es posible que haya sectores retardados en el ámbito internacional que estén pensando reconocer estas elecciones donde los militares juegan un papel de gendarme»19.

Por último, cabe concluir este análisis preguntándose si los militares serán sujeto de juicio político o judicial por su actuación fuera de la ley en el golpe del 28 de junio. Por el momento no se vislumbra esta posibilidad. Por ello, seguramente se fortalecerá su rol político como «garantes de la estabilidad», rol autoasignado por la autonomía real de la que gozan, por encima de los poderes del presidente, el Congreso y la Justicia. Está claro que el 28 de junio la ley se violó en dos sentidos: se rompió la «cadena de mando» constitucional, al subordinarse a otros poderes del Estado (el Legislativo y el Judicial) en lugar del Ejecutivo, y no se actuó conforme a derecho en la captura y traslado de Zelaya a Costa Rica. Por eso, si no se revisa, política y legalmente, la actuación de los militares en la crisis, se habrá retrocedido notablemente en los tibios avances que se habían logrado en la construcción de relaciones cívico-militares democráticas.

Palabras finales

La crisis de Honduras genera importantes repercusiones en los sistemas de prevención de conflictos tanto a escala regional como hemisférica. Los mecanismos subregionales, como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Tratado Marco de Seguridad Democrática, fueron rebasados. Igualmente, la Carta Democrática Interamericana mostró ser un documento no vinculante, ante la imposibilidad de ser usado como referente multilateral con resultados efectivos para hacer retroceder una violación del orden democrático. Reaparece así la amenaza a la democracia en Honduras, y en el resto de la región, mediante la utilización de las Fuerzas Armadas como soporte para resolver conflictos políticos. En Honduras se reconstituyó la institucionalidad política tras las elecciones del 29 de noviembre de 2009 y la asunción de Lobo, pero la democracia quedó herida y debilitada.

En este marco, no hay que soslayar la importancia de efectivizar la conducción democrática de las Fuerzas Armadas. Para evitar que esta historia trágica se repita en otro país, pues el golpe es una amenaza para todos los pueblos de América Latina, es necesario garantizar el control civil pleno de las Fuerzas Armadas. La búsqueda de un equilibrio entre la estabilidad económica y política, por una parte, y la terquedad de perdurar en el poder, por otra, puede derivar en un descuido a la necesaria institucionalización de los militares. Con ello se avalan diferentes formas de autonomía militar, que encubren el temor a actuar sobre las Fuerzas Armadas, consideradas como el único actor con capacidad de plantear una alternativa al recambio democrático, o el temor a perder un aliado utilizable como soporte político ante una imprevista pérdida de dominio. O, como hemos visto en Honduras, se crea el riesgo de una restitución conservadora, ilegítima y antidemocrática, que nunca hubiera triunfado sin la arbitraria colaboración de los militares.