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La cuestión militar. El golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano

El golpe de Estado en Honduras desmiente la creencia de que las asonadas militares y la interrupción del orden constitucional eran cosa del pasado. El rol de las Fuerzas Armadas fue clave para el derrocamiento de Manuel Zelaya e implica un peligroso precedente para la región. El artículo analiza la historia militar de Honduras, clave en la guerra contrainsurgente en Centroamérica, y sus sólidas relaciones con Estados Unidos, que mantiene una base en territorio hondureño, y concluye que asegurar la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas es crucial para evitar que este tipo de episodios se repitan en el futuro.

La cuestión militar. El golpe de Estado en Honduras como desafío a la democracia y al sistema interamericano

Introducción

El 28 de junio de 2009, en Honduras, la democracia se puso en tensión; también se pusieron a prueba las capacidades del sistema interamericano para evitar golpes de Estado y la interrupción de la institucionalidad. Hasta el momento, se pensaba que los cuartelazos eran cosa del pasado, pues en los últimos 15 años ningún intento de asonada militar había tenido éxito en América Latina. Lo sucedido en Honduras rompió con la creencia de que se había superado la apelación a los militares para resolver diferendos políticos o crisis de gobernabilidad. Los militares fueron la pieza decisiva para derrocar al presidente Manuel Zelaya. Solo con su apoyo fue posible sacarlo de la residencia presidencial y llevarlo a Costa Rica contra su voluntad. Si el presidente hubiera sido juzgado en el país por los poderes Judicial y Legislativo se hubiera desatado una grave confrontación política, más aún cuando algunos sectores populares respaldaban fuertemente a Zelaya. El gobierno de facto instalado tras el golpe, encabezado por Roberto Micheletti, sobrevivió en medio de un gran rechazo externo, sostenido por una oligarquía cohesionada y convencida de que derrocar a Zelaya, sin importar los costos, implicaba salvar al país del chavismo. Fue un golpe de Estado exitoso, restaurador de un viejo orden oligárquico que se pensaba superado.

El poder de las Fuerzas Armadas

Históricamente, tal como sucedió en otros países de América Latina, las Fuerzas Armadas hondureñas supervisaron y controlaron a la ciudadanía: más que orientadas a la defensa externa, se configuraron como una fuerza de control político interno. Desde el siglo XIX Honduras fue definido como un «país bananero», con una pequeña elite económica local apoyada por compañías estadounidenses, que gobernaba con la mano dura de los militares. Desde el inicio del proceso de democratización, sin embargo, parecía que el país se modernizaba políticamente al ritmo del resto de América Latina. Pero como también ocurre en otros países de la región, el incompleto control democrático sobre los militares funcionó como el elemento decisivo de la ruptura del Estado de derecho. A ello se agrega una conducción civil muy débil por parte de Zelaya, elegido presidente en 2005, quien había emprendido políticas que polarizaron al país, acercándose a la liga bolivariana encabezada por Hugo Chávez. Esto activó la resistencia de la oligarquía, la clase política tradicional encabezada por el Partido Nacional y sectores conservadores de la propia fuerza política de Zelaya, el Partido Liberal, liderados por Micheletti, además de la resistencia de la justicia y los sectores medios. A esta cruzada anti-Zelaya se agregaron los factores de poder más importantes de la política hondureña, que solo actúan en el momento preciso: los militares y el clero. El golpe de Estado hizo trizas el principio firmado por los países latinoamericanos en la Carta Democrática Interamericana, en el sentido de que ya no eran posibles los golpes militares, ni viables ni legítimos los gobiernos emanados de ellos. Micheletti pudo gobernar Honduras por más de seis meses y resistió el embate de la comunidad internacional, principalmente de América Latina y Estados Unidos.

Algunos antecedentes históricos

Aunque Honduras no experimentó una guerra civil como sus vecinos, fue parte activa de los conflictos regionales y su territorio funcionó como base de operaciones de grupos paramilitares. Fue en esa etapa, en los 80, cuando se solidificó la relación entre las Fuerzas Armadas hondureñas y las estadounidenses: Honduras se convirtió en un aliado de EEUU en la estrategia de derrocamiento del gobierno revolucionario de Nicaragua y en el esfuerzo para evitar el triunfo del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Las Fuerzas Armadas de Honduras se beneficiaron de esta alianza: Honduras adquirió, mediante préstamos muy generosos, un escuadrón de aviones F-5, con lo cual EEUU le otorgó un rol privilegiado a la Fuerza Aérea de ese país. En reciprocidad, el gobierno hondureño permitió a EEUU el uso militar del aeropuerto de Palmerola-Soto Cano, donde se estableció una fuerza estadounidense que permanece hasta hoy, empleada para la guerra contra el narcotráfico en la región.

Pese al proceso de democratización del sistema político que se inició en 1980 con las elecciones para la Asamblea Constituyente, las Fuerzas Armadas de Honduras lograron conservar un lugar protagónico, sin desaparecer del juego público, ya fuera como importantes agentes económicos o como agentes del orden público. En los 90, una vez producidas las transiciones a la democracia en el istmo centroamericano, la debilidad institucional y legal favoreció la extensión de las actividades delictivas, con el avance del crimen transnacional cometido por las maras. Honduras pasó de situarse en el ojo del huracán de las guerras de los 80 a sufrir una clara descomposición social producto de la debilidad del Estado y de las condiciones sociales que ubican al país –junto a Haití, Bolivia y Nicaragua– entre los más pobres del continente.

La ausencia de juicios a los militares por los abusos de derechos humanos cometidos durante los gobiernos autoritarios creó un sentido de impunidad que se diseminó en la sociedad y en los organismos de seguridad. Ni las policías ni los ciudadanos hondureños han internalizado la idea de rule of law, de imposición del derecho y supremacía de la justicia. El sistema de sanciones es arbitrario y no prevalecen reglas éticas y morales que garanticen el cumplimiento de la ley. Pese al aporte de los organismos de defensa de derechos humanos, son conocidos la parcialidad y el descrédito de la justicia.

La reducción de las fuerzas militares hondureñas, parte de las reformas civiles que se implementaron también en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, incluyó el fin del servicio militar obligatorio y la creación de un sistema voluntario. Este cambio no apuntaba a la necesidad de profesionalizar a las Fuerzas Armadas: su objetivo era eliminar un mecanismo de control social en un contexto en el cual se había redefinido la escala de las amenazas tras los acuerdos de paz en los países vecinos. Así, la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, aprobada en octubre de 2001, fijó una serie de pautas para instaurar la supremacía civil y ratificó el carácter de servidores públicos de los militares, pero no estableció una política de defensa clara.