La polarización política que acompaña las narrativas de «suma cero» de la mayoría de los conflictos armados en el mundo, que hoy afectan a más de 56 Estados, ha tomado tal fuerza que se han cerrado, casi por completo, los espacios para hablar de iniciativas de paz y construir soluciones consensuadas de corto o mediano plazo. En este clima encarnizado, ni aun la gestión de pausas y corredores humanitarios cuenta con consensos mínimos, a pesar de las graves afectaciones sobre la población civil. La guerra entre Rusia y Ucrania, la disputa entre Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno Karabaj y, ahora, la escalada militar entre Hamás e Israel son los ejemplos más visibles. La parálisis frente a los costos humanos del uso de la fuerza también se da en los escenarios de conflicto de baja intensidad, donde los Estados han perdido el monopolio de la violencia para garantizar condiciones mínimas de seguridad, lo que da lugar a flujos de migrantes forzados, refugiados y desplazados expuestos a una violencia cotidiana y carentes de protección internacional. 

América Latina ocupa un lugar particular frente al escenario de conflictividad en ascenso. Al tratarse de una zona periférica del Sur global y meridional de Occidente, se ve beneficiada por su reducida importancia estratégico-militar y su lejanía tanto geográfica como cultural de guerras extrarregionales. Durante los años de la Posguerra Fría y aún más después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la región preservó su distancia de los principales focos de conflicto de la geopolítica mundial y mantuvo activos sus compromisos con la paz regional y la solución pacífica de las disputas territoriales regionales, su adhesión a los regímenes de no proliferación y el descarte de agendas de intolerancia religiosa y discriminación étnica en sus sociedades. 

La diversidad latinoamericana frente al conflicto en Oriente Medio 

La eclosión del conflicto el 7 de octubre pasado debido al ataque terrorista de Hamás contra población civil en Israel no ha sido ajeno a América Latina. Tres factores conectan a la región con la guerra: las posiciones históricas y actuales de los países frente a las disputas territoriales y reclamos contrapuestos entre el Estado de Israel y quienes defienden la causa palestina; los contextos domésticos de cada realidad nacional, con los pesos y las voces de las comunidades de origen judío y árabe-palestino que inciden en los medios y afectan la opinión pública; y los niveles de autonomía y aquiescencia de cada país frente a Estados Unidos, combinados con el lugar de los vínculos con Israel en las políticas exteriores latinoamericanas. 

Un mapeo no exhaustivo nos permite ajustar el foco sobre el mosaico de las diásporas en la región y los impactos en víctimas y rehenes generados por el conflicto. En Chile reside casi medio millón de chilenos de origen palestino; se trata de la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe. Tres israelíes de origen chileno fueron asesinados y hay un rehén en manos de Hamás. En Argentina, la colectividad judía suma 180.000 personas, la cuarta diáspora en el mundo, mientras ocho argentinos murieron y hay 22 rehenes en manos de Hamás. A principios de los años 90, el país sufrió dos atentados terroristas que tuvieron como blancos la Embajada de Israel en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, ambos en Buenos Aires. En el caso de Brasil, murieron asesinados tres ciudadanos del país y el gobierno busca la liberación de 29 rehenes retenidos en la franja de Gaza. En Brasil hay una colectividad judía de aproximadamente 120.000 personas, la segunda en América Latina, y cerca de 60.000 refugiados o inmigrantes palestinos. En Colombia viven aproximadamente 100.000 personas de origen palestino de distintas generaciones y cerca de 2.000 judíos. Dos colombianos murieron en el ataque de Hamás. En México, la población judía es de algo más de 60.000 personas y se conoce una pequeña comunidad de origen palestino, en tanto que hay dos rehenes mexicanos en manos de Hamás que el gobierno trata de liberar. La convivencia interétnica e interreligiosa pacífica, a lo largo de sucesivas olas migratorias, se ha destacado como una singularidad latinoamericana.

La diversidad de reacciones de los países frente al conflicto, además de un reflejo humanitario inmediato, refleja la historia de posiciones individuales desde 1947 frente a la fundación del Estado de Israel y la postergación del reconocimiento de un Estado palestino soberano. De manera general, la región comparte el apoyo a la creación de dos Estados, expresado en repetidas votaciones del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mantiene el endoso a los Acuerdos de Oslo y ha manifestado solidaridad humanitaria con el pueblo palestino. Las diferencias de posturas en las políticas exteriores latinoamericanas estuvieron, y todavía están, influidas por el tipo de vínculos con Estados Unidos. Las actuaciones diplomáticas con orientaciones más autónomas han incluido posiciones de apoyo a la creación de un Estado palestino, lo que en los últimos 12 años significó la ampliación diplomática de la Autoridad Nacional Palestina en la región. En los regímenes bolivarianos, el apoyo a la causa palestina contiene un tinte ideológico asociado a las banderas políticas domésticas y los alineamientos internacionales. En el otro extremo, las ambiciones territoriales del Estado de Israel han merecido el apoyo de líderes políticos de extrema derecha en la región, en algunos casos reforzados por la colaboración militar y de inteligencia israelí. Tales extremos no han comprometido la señalización inmediata desde la región de un piso común de sensibilidad humanitaria frente a los costos en vidas del conflicto.

El reto de apuntalar un piso común humanitario 

Si comparamos los impactos secuenciales de la guerra en Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, observamos una espiral de frustración e incomprensión mutua entre América Latina y las potencias occidentales. En el primer caso, el desencuentro se manifestó en las solicitudes no atendidas de sanciones económicas a Rusia y apoyo bélico a Ucrania por parte de las máximas autoridades europeas y estadounidenses. El principal desencuentro ahora es el endoso incondicional de Washington a la respuesta militar de Israel. Este apoyo implica ignorar los costos en vidas de la población civil y legitima, en nombre del derecho a la defensa, el rechazo a un alto al fuego y la apertura de corredores humanitarios. El punto de convergencia de las posiciones latinoamericanas da prioridad al derecho internacional humanitario sobre otras consideraciones relativas al terrorismo y a las disputas territoriales en juego. 

Las coincidencias no han sido fruto de negociaciones intrarregionales, pero sí la resultante de una memoria diplomática colectiva comprometida con el primado del derecho internacional. Sin embargo, un escenario de posicionamientos dominantes en la región, hacia un lado u otro del conflicto, tendría tres efectos negativos: abrir espacios para alianzas extrarregionales que exponen a América Latina a presiones y tensiones ajenas y costosas; desviar el foco político central de la cuestión humanitaria; y, por último, exacerbar la polarización política interna y la fragmentación regional. Al mismo tiempo, la percepción de que la neutralidad no alcanza mueve las posiciones diplomáticas en la región, como lo han demostrado los gestos de Bolivia, Colombia y Chile.

En el ámbito de la gobernanza global se desgastan los caminos del diálogo y la negociación para frenar y revertir las consecuencias humanitarias del conflicto entre Israel y Hamás. Durante el mes de octubre, en el Consejo de Seguridad de la ONU, bajo la presidencia de Brasil, se discutieron seis proyectos fallidos de resolución a los que se sumó la baja efectividad de la resolución para una pausa humanitaria aprobada en la Asamblea General de esa institución con el apoyo mayoritario del Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC). La actuación de Brasil en la presidencia del Consejo, acompañado por Ecuador, fue una marca del compromiso latinoamericano con la resiliencia de un multilateralismo activo y propositivo a favor de la paz. Al final, el país contó más con el sostén del secretario general de la ONU que con el apoyo de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que no ahorraron su prerrogativa de poder de veto. 

Actualmente, el piso común latinoamericano frente a la guerra en Oriente Medio obliga a imaginar opciones viables de humanitarismo desarmado para atender a la población civil, asegurar la liberación de los rehenes, acelerar el alto al fuego, activar los mecanismos multilaterales contra crímenes de guerra, en particular la Corte Penal Internacional (CPI), y mostrar posibilidades de diálogo hacia una paz interreligiosa como la que existe en la región. En nombre de un humanitarismo desarmado, América Latina procura hacer escuchar su voz crítica y aprehensiva frente a los riesgos de que las potencias mundiales repitan errores que solo exacerben la banalidad del mal a escala mundial.