El financiamiento de los partidos políticos es uno de los grandes temas del debate político actual. En Venezuela, la constitución prohíbe expresamente cualquier forma de financiamiento público a las organizaciones políticas, lo cual, como demuestra la investigación en la que se basa este artículo, genera rechazos entre los dirigentes partidarios. Pero el problema no es el origen público o privado de los fondos, sino los mecanismos de control que se apliquen. El tema adquiere especial relevancia en un momento como el actual, marcado por el debate en torno de una nueva reforma constitucional y la decisión de Hugo Chávez de unificar en una sola fuerza a todos los partidos y grupos políticos que lo apoyan.

Las negociaciones entre la Unión Europea y Centroamérica para la firma de un Acuerdo de Asociación generan temores y esperanzas en ambos bloques. El proyecto se presenta como algo más que un TLC tradicional: incluye componentes de diálogo político y cooperación que exceden el aspecto económico, será negociado por los dos bloques (y no país por país) y posiblemente incluya una participación importante de la sociedad civil. Pero todavía persisten muchas dudas. Para superarlas, los países centroamericanos deben avanzar en una integración más efectiva, única forma de que el Acuerdo de Asociación contribuya a una inserción internacional en términos más justos y competitivos.

La decisión de la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú de lanzar su candidatura presidencial para las elecciones del 9 de septiembre en Guatemala sacudió el panorama político. Aunque las encuestas la ubican en cuarto lugar, su postulación tiene posibilidades de ascender, quitándole votos al favorito, el centrista Álvaro Colom. Cualquiera sea el resultado, el próximo presidente deberá enfrentar los desafíos de reducir la pobreza, combatir el crimen organizado y el narcotráfico y avanzar en políticas de inclusión de los pueblos indígenas, todo esto en el contexto de un Estado débil y un sistema político fragmentado.

En 1952, tras largos días de batallas entre la población y el ejército, la Revolución Nacional Boliviana derrocó al gobierno y se convirtió en el experimento de cambio más radical de América Latina. Sin embargo, sus iniciativas de nacionalización del cobre, reforma agraria y redistribución de la riqueza fracasaron ante la presión de las masas y las dificultades de gestión. Hoy, Evo Morales enfrenta desafíos similares. Para superarlos, debe mirar al pasado en busca de lecciones útiles para el futuro. Solo así Bolivia se liberará del péndulo que, a lo largo de su accidentada historia, la ha condenado al ir y venir entre los extremos.

Bolivia atraviesa una coyuntura compleja que supone, también, una oportunidad histórica para conjugar el reconocimiento cultural de los sectores indígenas excluidos con un desarrollo económico equitativo y un nuevo orden institucional. Para superar este triple desafío, los líderes deberán privilegiar una lógica deliberante, de reconocimiento del otro y de búsqueda de resultados concretos, como sucedió con el seleccionado de fútbol que en 1994 logró clasificar para el campeonato mundial. Si Bolivia logra conciliar economía y sociedad, si construye un nuevo tipo de Estado y si consolida un pacto de igualdad en la Asamblea Constituyente, no solo podrá aspirar a un nuevo mundial de fútbol: también podrá demostrarle al mundo que un proceso de modernidad emancipatoria puede provenir de la periferia.

Desde el siglo XIX, Bolivia ha constituido un caso paradigmático de disputas y desacuerdos entre sus elites políticas respecto a los objetivos del desarrollo nacional, lo que ha frustrado sus posibilidades una y otra vez. Hoy, el gobierno de Evo Morales tiene muchas chances de romper esta maldición, ya que cuenta con un sólido apoyo social y los recursos del gas. Para ello deberá desarrollar sus capacidades internacionales, cada vez más relevantes debido a la ubicación de Bolivia en el corazón de Sudamérica y su posición estratégica como paso entre los dos oceános.

En el gobierno de Evo Morales conviven tres tendencias: el indigenismo, el estatismo y el populismo, articuladas por el nacionalismo como referencia común y por el liderazgo unificador del presidente. El artículo sostiene que, en última instancia, la orientación populista prevalece sobre las demás. Como se trata de una tendencia políticamente poco clara, que se define más por su método que por sus objetivos, no ha permitido que el gobierno consolide un rumbo definido. Hoy, Evo Morales se encuentra sometido a las presiones contradictorias de sectores y grupos sociales cada vez más fragmentados y dispersos, y corre el riesgo de buscar refugio afirmando su caudillismo, lo cual crearía una gobernabilidad frágil y poco democrática.

La nacionalización de los hidrocarburos, la principal decisión económica del gobierno de Evo Morales, fortaleció los ingresos públicos y le permitió a Bolivia superar los 10.000 millones de dólares de PBI. Sin embargo, sería un error pensar que con eso alcanza. A lo largo de su historia, Bolivia ha cambiado varias veces de modelo económico, pasando del estatismo al neoliberalismo, sin alterar nunca un patrón de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales. El reto posneoliberal de Bolivia consiste, entonces, en construir una economía de base ancha que incluya más actores, exportaciones más diversificadas y una mayor variedad de articulaciones internas y externas.

El artículo repasa los diferentes componentes de la personalidad política de Evo Morales y se detiene en un momento esencial de su trayectoria: la decisión de transformar el movimiento social de cultivadores de coca en un partido político que participe del juego institucional. En Bolivia, contra lo que sostienen las teorías más difundidas, esta decisión fue consecuencia de la cerrazón del sistema político y no de su apertura. El salto a la política era la única opción posible para poner en práctica demandas largamente respaldadas. Hoy, el Movimiento al Socialismo es una fuerza amplia y heterogénea que ocupa casi todo el campo político y que, si combina acciones que fortalezcan al Estado, redistribuyan la riqueza y respeten la legalidad democrática, puede fácilmente convertirse en hegemónica.

¿Es indigenista Evo Morales? ¿Impulsa un proyecto posneoliberal? ¿Qué lugar ocupan los movimientos sociales? ¿Cuál es la influencia real de Hugo Chávez? ¿Cómo debe interpretarse la nacionalización de los hidrocarburos? ¿Qué pasará con la Asamblea Constituyente? ¿Y con la autonomía de Santa Cruz? El artículo formula preguntas –y ensaya respuestas– acerca de algunos de los principales temas de la realidad boliviana actual, con la intuición de que, más allá de los resultados finales y de la evaluación sobre la marcha del gobierno, el país atraviesa una serie de profundos cambios que marcarán un antes y un después en su historia.

La llegada de Evo Morales a la Presidencia no ha resuelto los problemas pendientes de Bolivia: las tensiones con los nucleos opositores que reclaman autonomía, sobre todo con el Comité Civíco de Santa Cruz, sumadas a los conflictos con los prefectos y las reivindicaciones de los pueblos indígenas, han puesto al gobierno en una situación difícil. Fortalecido económicamente por los mayores ingresos consecuencia de la nacionalización de los hidrocarburos, el gobierno ha optado por satisfacer, en la medida de lo posible, los reclamos de sus bases. Esto ha llevado a un copamiento del Estado por una nueva cohorte de funcionarios, a menudo poco calificados, y ha acentuado la arraigada costumbre de llevar los reclamos a la calle mediante paros y bloqueos.