Chile ha progresado significativamente en los últimos 10 años en sus índices macroeconómicos. Según la tabla de Desarrollo Humano del PNUD, con su puesto 34 se coloca a la cabeza de los países latinoamericanos. Sin embargo, la modernización puesta en marcha muestra serios déficits en el plano de la educación, salud, vivienda, medio ambiente, calidad del trabajo, participación ciudadana, seguridad y distribución del ingreso. Solo la profundización de la democracia y la realización de importantes reformas sociales podrán satisfacer las crecientes demandas ciudadanas por acceder a una mejor calidad de vida, exigida por una sociedad que quiere entrar al próximo milenio con mayor sustentabilidad económica, social y ambiental.

En este trabajo se analiza la política laboral aplicada en Costa Rica durante el periodo de ajuste estructural (1982-1998). En el mercado de trabajo ha conducido a una mayor inestabilidad y desprotección, y a la autonomización de los salarios respecto de las necesidades de los/as trabajadores/as. En la organización del trabajo se fomentan las prácticas que sustituyen el mejoramiento tecnológico con la mayor intensidad del trabajo. En la negociación colectiva se tienden a reducir aún más los espacios aumentando el poder de los empresarios. Lo que para unos -empresarios y gobernantes- es flexibilizar el trabajo para poder competir, para otros/as -trabajadores/as- es un aumento de la mayor libertad y poder del capital en las relaciones laborales.

Las elecciones presidenciales argentinas de octubre de 1999 terminaron con 10 años de gobierno peronista. Este resultado, si bien estaba anunciado, trajo también algunas sorpresas y no pocos desafíos. El desequilibrio institucional dentro de la coalición gobernante fue un asunto que el presidente De la Rúa tuvo que atender a pocas horas de ser electo; lo mismo respecto de las seguridades que espera el establishment económico. Mientras tanto, los anhelos civi-les que dieron nombre a la coalición (trabajo, justicia y educación) en breve se convertirán en demandas a la espera de tangibles resultados.

Uno de los supuestos más arraigados en las conceptualizaciones acerca de la política exterior latinoamericana, es que hasta 1989, año de la asunción de Carlos Menem a la presidencia argentina, este país tuvo un comportamiento errático en su política internacional frente a las naciones desarrolladas. Un análisis detenido de las votaciones en la ONU, muestra sin embargo que hasta 1991 esa tendencia no se modificó, y que si lo hizo después fue para ser coincidente con posturas de países cuyo perfil es completamente distinto al de la Argentina. Al nuevo gobierno le toca llevar adelante una política exterior más coherente, en tiempos de grandes desafíos.

Honduras se encuentra atrapada entre los estragos producidos por el huracán Mitch desde hace más de un año. Mientras tanto, se intensifica la actividad político-partidaria cuando aún no se promedia la actual gestión gubernamental, y hay una mayor presencia de la sociedad civil en el ámbito local y nacional. Transparencia, participación, descentralización, rendición de cuentas, reforma política y mayor responsabilidad ante lo público, son los temas de actualidad que motivan la participación ciudadana y que obligarán a los partidos políticos a definirse entre modernidad o tradición, de cara a los futuros procesos electorales.

El multilateralismo no termina de adecuarse a las nuevas condiciones del sistema internacional. Frente a la magnitud del cambio global no se ha producido un ajuste significativo en la institucionalidad internacional. Una de las principales carencias del sistema de relaciones políticas, económicas y de seguridad internacional se expresa en la ausencia de instituciones globales y en el establecimiento de normas efectivas y vinculantes para el conjunto de los Estados. La IX Cumbre de La Habana fue un éxito para sus anfitriones y para el proceso, aunque evidenció dificultades para concertar políticas en temas sensibles, así como problemas para efectivizar el cumplimiento de los compromisos contraídos en el contexto de la diplomacia de las cumbres.

El objetivo de este trabajo es mostrar otro enfoque sobre la teoría del capital humano y la educación. Se discute la aplicación del término ´capitalª a las personas. Una lógica secuencial intenta recorrer un camino desde las bases epistémicas del capital humano hasta la relación entre la teoría del capital humano y la educación. Se analiza si el capital humano de la educación es gasto de consumo o gasto de inversión. Tal discusión teórica deriva necesariamente en el abordaje de la incidencia de la teoría del capital humano en la realidad educativa de América Latina.

Se plantea que la democracia y el desarrollo son verdaderas expectativas de logro para las reformas educativas en América Latina. Se señalan posibles fortalezas y oportunidades para una transformación educativa que debería centrarse en la construcción de ciudadanía (basada en la escuela pública, un currículum emancipador y una formación docente jerarquizada y comprometida) a fin de revertir la debilidad y vulnerabilidad de nuestras sociedades cada vez más globalizadas y altamente inequitativas así como también para capitalizar la crisis de la modernidad.

La incorporación de la diversidad como eje de reflexión y acción en sistemas de educación incluyentes en América Latina, atravesada por la cuestión del reconocimiento y respeto de las identidades culturales, nacionales, étnicas, raciales, religiosas y genéricas, sugiere un nuevo contexto para los debates educativos. Con la búsqueda de la diversidad se redefinen la calidad, eficacia, equidad y responsabi-lidad social de la educación planteadas por las reformas, así como plantea una renovación y resignificación de las tensiones entre uniformidad y diferencia y lo construido y lo objetivado, que afectan la comprensión de la relación cultura-educación-política. Requiere de una actitud mental crítica y abierta cuyo eje de funcionamiento epistémico sea la deconstrucción-reconstrucción, para captar los efectos actuales de la diversidad cultural en la educación.

El estudio de la movilidad social en la sociedad rural boliviana, considerando los procesos de estratificación social y las formas como se atribuyen los estatus sociales, permite cuestionar el rol de la escuela en el desarrollo del individuo y de la sociedad. Una revisión histórica deja ver que la escuela rural forma parte de un sistema de movilidad donde el comercio y el transporte juegan un papel de primer orden. El análisis de la distribución de las desigualdades y la forma del ascenso social, cuya eficacia está basada en la diversificación de actividades profesionales, conduce a una percepción diferente de la formación de clases y de la estratificación social: descubre la permeabilidad de las clases sociales y por tanto la fluidez de los actores.

Este trabajo centra su interés en la institucionalización que ha alcanzado la educación superior como campo de estudio en América Latina, y en cómo ha estado entorpecida por la desarticulación que existe entre los distintos espacios donde se producen conocimientos y entre estos y los espacios de toma de decisiones. Para ello se utiliza el enfoque conceptual de las tres esferas -investigación, directores y gestores académicos, y política oficial- que ha sido propuesto para el análisis de las relaciones investigación-toma de decisiones en los países avanzados. Se concluye que, para el caso de América Latina ese enfoque es incompleto, ya que no incluye la presencia de organismos regionales e internacionales, los cuales han tenido un peso específico en el desarrollo de la investigación en la región.

La educación, sujeta desde la Independencia a los intentos modernizadores ilustrados, no logró observar la diversidad cultural de América Latina. En el siglo XIX a través de la distinción barbarie/civilización y en el siglo XX bajo la fórmula del Estado docente, la educación cedió ante la fuerza unificante de fines económicos o políticos. La actual complejidad de las sociedades latinoamericanas rechaza aquella unidad y exige para la educación un nuevo rol: la preparación para la coordinación de diferencias. El objetivo de la igualdad social, impulsado desde la educación y vigente por dos siglos, deja su lugar a una integración pragmática donde cada instancia pasa a ser entendida desde su particularidad.

El estudio de las minorías puede enfocarse desde múltiples aspectos, por ende, es necesario establecer qué entendemos por minorías e identificar los factores que ello implica. Hasta el momento continúa el debate legal sobre los derechos de las minorías, no existiendo una estrategia efectiva que atienda con equidad y eficiencia a estos grupos. Al comienzo del nuevo milenio, el escenario ling¸ístico latinoamericano se muestra firme frente a las reformas educativas neoliberales que tratan de aplastar la identidad de cada una de las culturas minoritarias de nuestro continente.

Hay un nuevo discurso de la interculturalidad en América Latina, resultado principalmente de las movilizaciones y demandas indígenas de los años 90 y las recientes reformas constitucionales y educativas que reconocen el carácter nacional pluriétnico y pluricultural. La pregunta crítica que examina este ensayo es hasta qué punto este nuevo discurso ya oficializado en varios países de la región, representa un cambio real que toma en cuenta la jerarquía y la hegemonía histórica, o más bien significa una nueva estrategia de dominación cultural que tolere, controle y desmovilice la diferencia. Por medio de una discusión sobre los antecedentes educativos, los planteos políticos indígenas y el lenguaje y propósito de las recientes reformas, intenta contribuir a la búsqueda por comprender e implementar la interculturalidad y construir naciones plurales.

Durante la última década, en las políticas hacia los sistemas universitarios en varios países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay) se identifica un cambio. Pasan a coincidir con líneas más generales de reforma de la gestión encarnadas en la teoría de la ´nueva gerencia públicaª. Se introducen así mecanismos como la evaluación institucional, la descentralización y segmentación de la oferta pública, la constitución de mercados internos en el sistema universitario y la promoción de la oferta privada, entre otros. Esta reforma implica un cambio significativo en la relación entre gobiernos y universidades, que impacta fuertemente en aspectos vitales como la autonomía, gobierno y homogeneidad de estas instituciones.