25 años de dibujo político en NUEVA SOCIEDAD

El proceso de globalización de los mercados en este fin de siglo, a la vez que desarticula la agricultura tradicional, genera desempleo y margina a grandes sectores de la población, abre un espacio para movimientos sociales cuya identidad se diferencia de la clásica lucha de clases entre capital y trabajo. Articulados a los partidos políticos, pero no dirigidos por éstos, esos movimientos construyen alianzas de intereses con varios segmentos sociales y tratan de sensibilizar a la opinión pública a favor de sus acciones. Las facilidades de comunicación, el acceso a las redes internacionales de prensa, la simultaneidad entre una acción y su repercusión internacional, son factores que facilitan el alcance de sus objetivos y, al mismo tiempo, influyen en sus metodologías de acción.

En agosto de 1985, el gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) dicta el Decreto Supremo 21060, que marca el inicio de la Nueva Política Económica (NPE) en Bolivia. Muy rápidamente, ese decreto logra la estabilidad monetaria que no sólo detiene la crisis económica en la que se encontraba el país sino que, hasta hoy en día, es el incuestionable e intocable garante de lo eficaz y necesario de la NPE. Esa quiebra se la venía arrastrando desde fines de los años 70 y llegó a su sima durante el gobierno de Siles Suazo (1982-1985), en el que la manifestación más visible de la crisis fue la [hiper]inflación, que alcanzó a 329% en 1983 a 2.177% en 1984 y a 8.170% en 1985 (Morales, p. 133, y pássim para todo lo relativo a la NPE). Por otro lado, las medidas de relocalización (i.e. despidos masivos) que acompañan al 21060 y que fundamentalmente afectaron a los trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), marcan el principio del fin de la omnipresencia del Estado en la escena empresarial en Bolivia; proceso que culmina con las recientes medidas de capitalización y afines dictadas y en parte ejecutadas durante el gobierno de Sánchez de Losada (1993-1997) en cumplimiento de su global Plan de Todos (PdT).

En los últimos veinticinco años, en Centroamérica ocurrieron amenazas históricas al status quo, que se iniciaron con las luchas guerrilleras en Guatemala y Nicaragua, a comienzos de los 70 y se profundizaron con la victoria sandinista, en octubre de 1979. Alcanzaron un momento culminante cuando el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) tomó impunemente la ciudad de San Salvador, en diciembre de 1989. El ciclo revolucionario termina, mas que emblemáticamente, con la derrota del Frente Sandinista en las elecciones democráticas de febrero de 1992 y, pulcramente, en la mesa de negociaciones, un mes antes del mismo año, en Chapultepec (el FMLN), y en ciudad de Guatemala (la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala, URNG), en 1996. En ambas fechas, la guerrilla se había apropiado ya de la realidad del derrumbe socialista y la futilidad de la estrategia revolucionaria.

Rigurosos, la visión de los observadores contemporáneos, en nuestro asunto, protagonistas, es el último peldaño de una escalera de interpretaciones, que baja en dirección al suceso. Su primer peldaño es el sistema de referencias de la narración histórica, que no puede ser independiente del horizonte de expectativas sociales. En mi caso personal, la cronología de Nueva Sociedad confunde todos los planos. Actor, cronista, historiador. El escenario, los avatares de un oficio a la defensiva, la obsesión por el poder político y la búsqueda del buen sentido. Pero vayamos por partes... Había una vez la idea de toda la historia. Estructuras, coyunturas y acontecimientos sincronizaban en un perfecto mecanismo de relojería cuyos secretos sólo se revelan a la ciencia de la sociedad. Una ambición holística que explicaba y sujetaba la universalidad. Luego vinieron los sistemas mundiales, los números, las series y las curvas.

A los pocos días del asesinato del futbolista Andrés Escobar -por un autogol?- en el partido que resultaría en la eliminación de Colombia del Mundial de Fútbol en 1994, alguien le comentaría a García Márquez: En este siglo en Colombia sólo han pasado tres cosas importantes: en 1948 el 9 de abril; en 1967 la publicación de Cien años de soledad; y en 1993 el 5-0 de la selección de Colombia contra Argentina en Buenos Aires. García Márquez se rió y comentó: \"Y tú sabes qué es lo grave de esa vaina que dices? Que es cierto. Por disímiles que parezcan la violencia política, la literatura y el fútbol, estos tres eventos en Colombia tienen rasgos comunes: los tres son constitutivos de la imagen del país en el exterior, los tres son entonaciones, formulaciones, versiones de la violencia en Colombia, de sus causas o consecuencias; los tres son fenómenos masivos\".

Febrero de 1972. Los resultados electorales eran difundidos por radio y televisión. Todo el país estaba pendiente del escrutinio y conforme avanzaba, más se perfilaba una derrota del partido de gobierno. Todavía faltaba mucho, pero con lo conocido se podía prever el saldo final: una victoria opositora. ¡Interrupción! Sin justificaciones de por medio, el Consejo Central de Elecciones suspendió la transmisión y ya no se supo nada. Más tarde, el anuncio de la imposición: el partido oficial había triunfado. El domingo 20 de febrero se celebraron elecciones presidenciales y el fraude cambió la decisión mayoritaria del electorado. El gobierno empezó a mejorar solamente cuando se suspendió el anuncio de los resultados en la radio y la televisión, comentó con ironía The Economist.

Al igual que otros casos latinoamericanos, el Perú ha experimentado durante los últimos veinticinco años una serie de experiencias traumáticas que exacerbaron sus problemas seculares y cuyas consecuencias siguen acosando la imaginación y las conductas individuales y colectivas. De todas esas experiencias, la más dramática ha sido la actuación del Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso. La destrucción y las muertes causadas con sus sanguinarios actos terroristas contribuyeron, conjuntamente con otros factores, a agudizar la debilidad tradicional de las instituciones del Estado, a profundizar las divisiones y los enfrentamientos sociales y políticos que acabaron por desgastar y anular a sus protagonistas. Estas condiciones produjeron, a su vez, un estado general de temor y de pesimismo acerca del futuro del país.

La democracia venezolana cumplirá cuarenta años de existencia ininterrumpida el 23 de enero de 1998. Conforma, junto con Costa Rica, Colombia y México, una de las más antiguas democracias del continente latinoamericano. Constituye este período el más largo en nuestro país, en materia de experimentación con un tipo de sistema político en toda su historia independiente. Supera en longevidad no sólo al régimen castro-gomecista (36 años) sino también al sistema político oligárquico de Páez y Monagas (29 años) y la dominación guzmancista (14 años). Sin embargo, en los últimos ocho años (1989-1997) la democracia venezolana ha sufrido una serie de embates políticos, sociales y económicos, que han hecho dudar de su antigua resistencia y de sus posibilidades de continuidad en el futuro.

Según Claude Lefort, la sociología política da por sentado que las sociedades democráticas modernas se caracterizan, entre otras cosas, por el hecho que delimitan una esfera de instituciones, relaciones y actividades políticas que se diferencia de otras esferas que serían económicas, jurídicas, etc. La política, dice, es vista como el lugar donde los partidos compiten entre sí, y donde se configura y se reproduce un dispositivo general de poder. Luego agrega: se acepta este modo de manifestarse de lo político sin ... examinar la forma de sociedad dentro de la cual ocurre y se legitima la división de la realidad en distintos sectores. El hecho de que en un momento dado la política esté circunscrita en el seno de la vida social tiene un significado político ... [que] plantea el tema de la constitución del espacio social, de la forma de sociedad o la esencia de lo que alguna vez se llamó la ciudad.

El pensamiento político y social sobre este continente ha estado atravesado históricamente por una tensión entre la búsqueda de sus especificidades y miradas externas, que han visto estas tierras desde la óptica reducida de la experiencia europea. En forma asociada, se ha dado la oposición entre la apuesta por las ricas potencialidades de este Nuevo Mundo, y el lamento de su diferencia en contraste con el ideal representado por la cultura y la composición racial europea. Sin embargo, las miradas externas, propiamente coloniales y la aflicción de la diferencia han sido ampliamente hegemónicas. Basta una revisión somera del texto de las primeras constituciones republicanas para ver cómo el pensamiento liberal, al buscar realizar un trasplante para instaurar aquí una réplica de su lectura de la experiencia europea o norteamericana, hace abstracción de las condiciones culturales e históricas particulares de las sociedades a propósito de las cuales se propone legislar.

Me pregunto: cuál sería la manera posible de referirse a la historia política chilena cuando esa historia es a la vez personal, corporal, sin caer en el absorto vértigo testimonial o en el previsible ejercicio de construir una mirada inteligente o distante sobre acontecimientos que radican caóticamente -sin principio ni fin- en la memoria y cuyas huellas perviven en una atemporalidad transversal que, a menudo, asalta perceptiblemente en el presente. Pienso en cómo hablar cuando no se proviene de las ciencias sociales o de la política o de una disciplina particular que examine concienzudamente los hitos sociopolíticos y sus nexos. Pienso, desde mi lugar literario, que quizás en la palabra golpe pueda radicar una clave para aproximarme a esa historia, a la historia marcada por los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 en Chile.

Nunca, ni antes ni después, me sentí tan ajena, tan salvajemente separada de la sociedad argentina como en los meses de la guerra de Malvinas. Una Plaza de Mayo obnubilada había recibido, en una especie de paroxismo nacionalista, la invasión ordenada por el general Galtieri. Si el festejo del Mundial del Fútbol de 1978 reveló que las pasiones colectivas pueden ser singularmente oscuras; si los estudiantes secundarios que celebraron el triunfo futbolístico de Tokio, al año siguiente, mientras los familiares de desaparecidos hacían cola para entrevistarse con la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, parecían el mejor resultado del que podía vanagloriarse la dictadura, la guerra de Malvinas fue el momento más tenebroso. Algunos fuimos derrotistas y discutimos desde esta posición con quienes, en el exilio y en la Argentina, creyeron descubrir, en esa exacerbación irracional de las querellas territoriales y en ese paradójico renacer del nacionalismo, una ocasión para avanzar primero con los militares contra los ingleses, y, humillados los ingleses, forjar una unidad nacional victoriosa que, a su turno, derrotara a los militares. Olvidaban, como lo escribió Carlos Altamirano en ese momento, que la invasión a las Malvinas no se puso en marcha para iniciar la liquidación del proceso militar comenzado seis años atrás, sino para sacarlo del atolladero y conducirlo al cumplimiento de sus metas. La derrota, continuaba Altamirano sólo precipitó el resquebrajamiento de un régimen que vio en la recuperación de las Malvinas un camino para resolver sus problemas, incluido el de su legitimidad. No pasó tanto tiempo como para que esos hechos se transformen en historia. Comienzo por ellos porque creo descubrir allí algunas sugerencias para la situación presente.

El 6 de junio de 1990 por la mañana, un quiteño de clase media y en el umbral de los cincuenta años (blanco-mestizo, por ende, miembro de lo que he calificado en otros trabajos de ciudadano del sentido práctico) enciende su televisor mientras, como de costumbre, se sienta a tomar su humeante café con leche; entre sorbo y sorbo sigue de reojo los informativos televisados, como todos los días. Pero esa mañana sucede algo imprevisto; sorprendido no puede sacar los ojos de la pantalla; queda absorto y pensativo. Descubre un hecho social inimaginable para la opinión pública ciudadana desde fines del siglo pasado: grupos, multitudes de mujeres, hombres y niños vestidos de poncho y anaco invaden la carretera panamericana y levantan barricadas; cierran la entrada de varias ciudades; recorren las calles y plazas de las capitales de provincia de la Sierra: exigen la presencia de las autoridades del Estado para que les escuchen y negocien. Son indios. Se cuentan en cientos de miles, un millón, quizás más; manifiestan en los espacio públicos; se manifiestan: hablan. Días luego, encuentro a mi amigo quiteño todavía inquieto por las imágenes que descubrió en la pantalla de su televisor aquella mañana; me confía: figúrate, yo que daba por supuesto que ya no quedaban indios en el país, descubro en la televisión que hay millones; salen de todas partes; viven en la miseria.

Ha sido tan acelerada la globalización y tan abruptamente aplicadas sus políticas en los últimos quince años de la historia de México, que este país, maltrecho como nunca, permite hoy una doble lectura, contradictoria, casi esquizofrénica: es, por una parte, la sociedad del desorden, de la atomización, de la fragmentación salvaje, de la generación exponencial de pobres y de los más poderosos ricos de nuestra época, de la anomia social, de la delincuencia generalizada, de la narcopolítica, de la militarización del sureste mexicano y de la más horrenda corrupción resumida en la voz Carlos Salinas de Gortari, y resumida en los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio, el candidato priísta a la presidencia de la República y de Ruiz Massieu, secretario del PRI, que enlutaron al país en el año de 1994. Pero es, sin duda por lo mismo, la tierra de las más grandes esperanzas, la del zapatismo y la del cardenismo, la de la búsqueda desesperada por encontrar alguna salida, un camino de redención, algo que nos permita vencer la impotencia, que atempere a esos poderes inconmensurables que van por todas las venas, desde Washington y las grandes trasnacionales, pasando por las televisoras, los radios, las universidades, los intelectuales... hasta los más recónditos poblados del sur, del sureste y del centro, en donde fuerzas militares que parecen de otro país persiguen y aniquilan a los liderazgos sociales sólo por intentar resistir a los proyectos del gran capital trasnacional y de los gobiernos neoliberales a su servicio.

El 30 de noviembre de 1980, al octavo año de dictadura, la ciudadanía uruguaya sorprendió al mundo. Convocada por el gobierno militar se pronunció en contra de un proyecto de reforma constitucional que aspiraba a fundar una nueva república, a partir de un armazón institucional híbrido aunque no muy original. En contrapartida, resultó aquel un acto refundador de la democracia: el país se reencontraba, sin estridencias pero desde convicciones, con tradiciones cívicas que mucho le habían costado; el gobierno, a su vez y a su modo, no pudo entonces menos que aceptar el veredicto ciudadano, reconocer su derrota y cambiar el rumbo. Allí comenzó la transición democrática. La secuencia transicional, situada entre aquel 1980 y 1984, cuando se celebran las elecciones nacionales que dan el triunfo a José María Sanguinetti, es la bisagra del último cuarto de siglo en el Uruguay, la inflexión en virtud de la cual es posible mirar cómodamente la historia contemporánea del país, hacia atrás y hacia adelante.