En alguna parte de su libro La nueva economía presidencial, Gabriel Zaid se pregunta: «¿Cómo acabar con el presidencialismo sin acabar con el país?», con el nuevo modelo económico de apertura e integración del TLC se han puesto las bases para que la economía mexicana deje de ser presidencial; pero todavía nos falta, como pide Zaid, que «la ley deje de ser presidencial, que el sufragio presidencial deje de ser el sufragio efectivo». La pregunta que agregamos es: ¿Cómo acabar con el sistema de partido de Estado sin acabar con el país? ¿De dónde venimos, qué significó el 21 de agosto de 1994, cuáles son los escenarios imaginables del futuro, cuál es la agenda, hacia dónde vamos?

La conjunción entre modernidad y espacio nacional, propia de la historia y el pensamiento latinoamericanos, se escindió. Parafraseando a los modernistas podría decirse hoy que «es posible ser modernos sin ser nacionales». La globalización provoca un nuevo tipo de desarraigo de los segmentos económicos y culturales elevados respecto de las sociedades nacionales, integrándolos a una totalidad que los distancia de los grupos sociales más pobres, marginales al mercado de trabajo y de consumo. El «Tercer Mundo» vive hoy un proceso de desintegración en tanto entidad homogénea. La mundialidad se encuentra «dentro» de nosotros.

A partir de la derrota electoral del sandinismo en febrero de 1990, se rompió el impulso nacional a favor de la revolución social. Pero ha continuado, aisladamente, la resistencia social por sectores específicos, a la ofensiva de restauración conservadora implementada por el gobierno. Aunque forzosamente la resistencia social no puede continuar por tiempo indefinido debido a que las masas están fatigadas y desilusionadas. La misma política del gobierno de «firmar y cumplir jamás» incrementa la desmovilización, la despolitización y el cansancio de los sectores sociales empobrecidos. Es a esta política que la dirección de los sandinistas ortodoxos se encuentran asociados. Pero esto no pueden saberlo, ni siquiera sospecharlo, los campesinos y obreros que se entregaron en cuerpo y alma a la revolución sandinista.

El día 3 de febrero de 1995 se celebró el sexto aniversario del golpe del 2 y 3 de febrero de 1989 que conmovió los cimientos de la vida política nacional, embarcando al Paraguay en un proceso de transición a la democracia, dejando atrás un largo período de regímenes autoritarios. Hoy por hoy, los balances que se hacen de lo ocurrido tienden a repetirse con énfasis. Por lo general, se alaba al proceso en cuanto a los avances en el campo de los derechos políticos y civiles, la conformación de un sistema de partidos más competitivo, las reformas a nivel de la estructura Jurídica formal y una inserción más armónica del Paraguay en el concierto de naciones. Sin embargo, existe también una sorprendente coincidencia en las críticas. Los dedos acusadores recaen en la falta de atención a los problemas sociales (desde la calamitosa situación en la que se encuentran unas 200.000 familias campesinas, hasta la falta de acceso a servicios de saneamiento, salud y educación básicos y los alarmantes índices de desempleo y desocupación); en el dilatado y lento proceso de renovación del Poder Judicial; en el imperio de las prácticas corruptas a todos los niveles, y; en la sobrevivencia de caudillos militares que mantienen una identidad político-partidaria y alimentan proyectos políticos personales en el interior del partido de gobierno, el Partido Colorado.

Un proceso de modernización excluyente, acentuado en los años 80, transformó a los actores sociales y también sus relaciones en el sector rural. Los latifundistas han quedado subordinados a las fuerzas del capitalismo global y nacional. La economía campesina, a pesar de que todavía es un proveedor importante de empleo y alimentos básicos, es un sector relativamente en decadencia, y muchos campesinos han sido marginados como productores, quedando condenados a un nivel de subsistencia mínimo y/o a buscar empleos asalariados.

En el presente artículo se analiza cómo los acuerdos de libre comercio centrados en Washington sirven de instrumento de reestructuración o, dicho de otra manera, de marco Institucional y condicionante que promueve y consolida la reestructuración neoliberal. El uso de acuerdos Internacionales y multilaterales para condicionar las políticas nacionales ha caracterizado la experiencia política de América Latina y de otros países durante el período de posguerra. Las Instituciones de Bretton Woods (el Fondo Monetario Internacional y el BM) solieron imponer «paquetes de políticas» a los países periféricos como requisito para la prórroga de préstamos y del mérito crediticio. Hoy día la condicionalidad adopta formas diversas. EEUU impone con regularidad paquetes de políticas similares en sus acuerdos bilaterales y multilaterales.

A pesar de enfrentar salarios, contribuciones a la seguridad social e impuestos elevados, así como un extenso conjunto de restricciones y regulaciones, los inversionistas muestran una notoria preferencia por invertir en países altamente desarrollados. Ello es bastante sorprendente, considerando que las empresas tienden a maximizar utilidades y, por lo tanto, a minimizar costos. ¿Por qué razón las empresas escogen invertir en países de salarios, impuestos y regulaciones elevados? ¿No debería la competencia forzarlas a localizar la producción en cualquiera de los muchos países de este mundo en donde la gente está dispuesta a trabajar por salarios mucho menores y donde los impuestos, las regulaciones y las restricciones son insignificantes y fácilmente evitables?

La teoría y práctica convencionales del desarrollo han sido una expresión del poder sobre otras sociedades y economías - un reflejo de la creencia en el destino manifiesto de Occidente. El desafío marxista trató de hacer surgir otra forma de poder basada en principios socialistas, pero también aquí hubo una tendencia a suscribir una posición privilegiada para los patrones y significados occidentales del desarrollo. En la discusión actual sobre la significación y las disposiciones del desarrollo, la política de producción y despliegue de conocimientos ha devenido cada vez más en una cuestión cardinal.

Pese a los 30 o 40 años de «cooperación para el desarrollo», no ha sido posible mejorar la situación en el verdadero «Tercer Mundo» en forma sustancial y permanente. En amplias zonas - Africa subsahariana, Asia central y meridional, incluso los Andes - las condiciones de vida para la masa poblacional son ahora, como mucho, insignificantemente mejores que en el momento de la descolonización. Tampoco en los muy citados países umbral latinoamericanos, tipo Brasil o México, se puede anotar dentro del balance una modernización decisiva, sino tan sólo una modernización social, sectorial y regionalmente limitada. También somos testigos de una sudización dentro del Norte, con dimensiones dramáticas sobre todo en algunas metrópolis norteamericanas, y en «regiones desguazadas» de Gran Bretaña u otros países europeos. Ese proceso se alimenta por igual de la migración del Sur y del Este, y de los problemas no solucionados que surgieron de la salida de la sociedad industrial, del consecuente cambio estructural y del desafío del Extremo Oriente. También la transición de la sociedad industrial a la sociedad de servicios es un proceso asincrónico en su dimensión mundial.

Es preciso ubicar la aparente «recuperación» económica latinoamericana (crecimiento de la producción, las exportaciones y el ingreso por habitante) en el contexto de la crisis de la deuda que la precedió, los cambios estructurales producidos por los ajustes y las consecuentes reformas en la política económica. La dinámica subyacente de este proceso de reestructuración, sus repercusiones sociales y las respuestas políticas dadas por diversos estratos no debe disociarse del análisis. Finalmente, es importante observar que la naturaleza y el impacto de los nuevos flujos de capital en la economía (el resurgimiento de la Inversión privada directa) pone en tela de juicio su capacidad para generar el desarrollo a largo plazo.

Entre los líderes tradicionales de la izquierda, de la derecha y de todos los matices intermedios de la región, se manifiesta ocasionalmente con mayor claridad que entre los dirigentes sindicales la escasa identificación con los problemas ambientales. En América Latina, y en el resto del mundo, una red entre ONGs, especialistas y militantes a favor del desarrollo sustentable son quienes pueden construir propuestas alternativas al modelo ecónomo vigente, y darle posibilidades de viabilidad ciertas a mediano plazo.

Si América Latina no quiere ser ningún Paraíso Terrenal bucólico, ninguna Jungla paradisíaca con serpientes emplumadas y amazonas prometedoras, como lo sueñan los europeos, sino que reclama un puesto entre las regiones desarrolladas del mundo, y aspira a participar en la competencia por la tecnología, el mercado y el poder, debe ventilarse la pregunta referente al valor estratégico del subcontinente. Por ahora se ha definido lo que no quiere ser Latinoamérica: por ejemplo, un nicho ecológico que renuncie parcialmente al desarrollo para garantizarle a los Estados Industrializados la continuación, sin estorbos, de su Industrialismo devorador de recursos.