El pasado reciente nos ha demostrado una tendencia global hacia la democratización de los regímenes políticos en una escala que bien podría hacerse irreversible. Por lo menos en los países socialistas, la tendencia ha sido impuesta a los poderes establecidos, es decir, éstos deben tomarla en cuenta y adaptarse a sus exigencias o perecer. En los países capitalistas del Tercer Mundo, el llamado por la democracia no ha alcanzado la misma dimensión popular y frecuentemente se limita a las clases medias y a estamentos de la sociedad urbana organizada, por ejemplo, los sindicatos. Aun en tan estrecha escala, la tendencia señala un salto cualitativo en la penetración de una conciencia democrática a través del sistema político de muchísimos países tercermundistas.

En el Paraguay, la ruptura con el Estado liberal es protagonizada por la Revolución Febrerista; más de seis décadas después, el golpe de febrero del 89 rompe con el Estado-Partido militarizado y proyecta la organización del Estado democrático. El consenso democrático se basará en la constitución de la sociedad civil, la cual se derivará de algún modo del proceso de democratización. En tanto en 1936 los sectores sociales se enfrentaban a través de lógicas antidemocráticas, en 1989 el marco democrático permite la emergencia de los antagonismos y, a la vez, su gestión pacífica.

Antes del golpe que derrotó al general Alfredo Stroessner, dictador que gobernó casi 35 años Paraguay (1954-1989), pocos se atrevían a declararse antiestronistas; después del golpe dado por el general Andrés Rodríguez, que defiende como programa de gobierno la tarea de democratizar al país, poquísimos reconocen haber sido estronistas en el pasado y casi nadie reivindica serlo en el presente. De ahí que, \'legitimidad de la dictadura\' dice hoy complicidad política o esclavitud consentida; refleja un rostro político que muchos paraguayos prefieren olvidar.

El capital y el trabajo, las incipientes fuerzas sociales protagonistas de la primera modernización capitalista del Uruguay (1875), pusieron de manifiesto tempranamente antagonismos y conflictos. En ocasiones fueron resueltos a través de la negociación sindical-empresarial, en otros casos se expresaron colectivamente mediante la huelga, también hubo circunstancias en las que el Estado actuó como árbitro normativo o como detentador de la coacción física. Con un sindicalismo unificado hace 25 años, que conserva su perfil clasista y cierto grado de cohesión programática en torno a la crisis estructural uruguaya, la reglamentación del derecho de huelga - reclamada por empresarios y esgrimida por gobiernos - pende como una amenaza sobre la vida sindical. Una nueva clase trabajadora asiste a estos intentos, en un contexto de desconcierto cultural del sindicalismo frente a los nuevos tiempos y prácticas cotidianas de los sectores asalariados.

Ecuador no es una excepción en América Latina. Al igual que en otros países - Perú y Venezuela, por ejemplo -, también aquí alcanzó el poder un partido de la Internacional Socialista. Su llegada al gobierno, con un candidato que ya había intentado sin éxito ser presidente en 1978 y 1984, tuvo como trasfondo un programa y un discurso socialdemócratas.

Con la llegada de Jorge Serrano al poder, el 14 de enero de este año, se inició en Guatemala el segundo período consecutivo presidido por un civil, después de 40 años de gobiernos militares. Y aunque han transcurrido ya cinco años desde que el demócrata cristiano Vinicio Cerezo inició la transición hacia un sistema democrático, las instituciones del país no han logrado consolidarse lo suficiente como para pensar que el proceso ha llegado a su término. En el momento en el que Serrano, de tendencia conservadora, asumió la presidencia, la sociedad guatemalteca continúa caracterizada por un desarrollo sectorial disímil. El sector militar y el económico, en los que existe un alto grado de organización y coherencia, contrastan con la debilidad del sector social, escasamente organizado y el político, que a pesar de los avances no ha logrado ocupar todo el espacio que le corresponde. Aún así, el hecho de que Cerezo haya sobrevivido a dos intentos de golpe de Estado y haya concluido su gobierno, hacen pensar que el Ejército está decidido institucionalmente a dar paso a los civiles en la administración de la cosa pública.

En la madrugada del 20 de diciembre de 1990, no es el tronar de la metralla y de las bombas lo que domina el desolado panorama de lo que quedó del barrio del Chorrillo. Un viento fresco hace titilar cientos de velas que iluminan pequeños altares y cruces. Los sobrevivientes salieron de los tugurios, hangares y miniapartamentos donde ahora viven y llenaron de luz el recuerdo de los horrores de la invasión. En el templo de Fátima - una de las pocas edificaciones todavía en pie - se celebró un rito ecuménico y después miles de personas realizaron una procesión del silencio.

Edgardo Lander UCV Caracas, 1990, 320 pp. El derrumbe del «socialismo real» ha provocado una rápida huida de dogmáticos de diversos antiguos «credos» y «sectas» marxistas, a un antimarxismo tan mecánico e irreflexivo como lo eran sus antiguas creencias. Y huyen - naturalmente - hacia el «progreso» y la «modernidad», y predican un nuevo catecismo - esta vez neoliberal - con el fanatismo de los conversos y el dogmatismo intacto. A su vez, algunos arrinconados defensores de las antiguas convicciones se refugian aun más en la «teoría» frente a la perversa realidad que «les pasa por encima».

A lo largo del debate sobre la Asamblea Constituyente, y como tema fundamental, se encuentra el Estado de sitio. Medio siglo de régimen de excepción - con la macabra consecuencia de violación de los derechos humanos y períodos oscuros de represión -, hace de ésta una cuestión de especial trascendencia en todo empeño por afianzar el Estado de derecho en Colombia e institucionalizar una amplia democracia participativa. El autor elaboró el presente documento atendiendo a una invitación del presidente César Gaviria Trujillo, para que recogiera en una iniciativa precisa sus opiniones y sugerencias sobre la materia.

En la Argentina, los mecanismos de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial poseen una forma puramente política, lo cual repercute en la subordinación de los jueces a otros estamentos. La falta de poder del Poder Judicial se pone de manifiesto en la tolerancia frente a los avances de las agencias ejecutivas, como recientes episodios de renuncia al ejercicio de control de las mismas y la jurisprudencia del máximo tribunal lo indican. Respecto al funcionamiento del sistema de justicia penal, se destacan la ausencia de resguardo de los derechos fundamentales, como así también una labor cotidiana selectiva y excluyente de la administración judicial frente a distintos sectores de la población. La situación resulta tan acuciante que superar el carácter inquisitorial de los procedimientos judiciales constituiría ya un avance notorio.

La eficacia de las constituciones depende de su capacidad para equilibrar la permanencia necesaria al derecho con los cambios sociales, y su existencia real, de que responda a la legitimidad inherente al Estado de Derecho. Los cambios constitucionales, se pueden hacer por mutación, que no entraña alteración del texto constitucional y por reforma, según el procedimiento legislativo dificultado previsto en las propias constituciones. El primer caso explica la aparente inmutabilidad de algunas constituciones europeas y la de Estados Unidos; pero en el caso de las reformas, contra la creencia de que las latinoamericanas las padecen con abrumadora mayoría, puede mostrarse que existen constituciones europeas frecuentemente reformadas y que, por el contrario, hay latinoamericanas que lo han sido poco. Sin embargo, para determinar el valor de las reformas ha de atenderse a las condiciones materiales que las originan, pues las hay que responden a exigencias jurídicas y las que son obra de poderes de hecho encubiertos.

En 1530 fue trasladado a la colonia brasilera el sistema enfitéutico por el cual la Corona portuguesa detentaba el dominio directo y concebía el dominio útil de la tierra. Contra este esquema, en la primera mitad del siglo XIX se levantaron los hacendados cafetaleros de los estados de Río de Janeiro y San Pablo. El proceso brasilero fue esencialmente diferente del modelo clásico. Mientras que en Europa hubo necesidad de ruptura entre la propiedad de la tierra y el capital, aquí, por el contrario, se dio la unión. A partir del golpe militar de 1964, se conoció la mayor aceleración en la concentración agraria simultáneamente con una notoria escalada de asesinatos de campesinos. Los poderes públicos siempre acreditan legitimidad a los latifundistas, determinando el initio-litis, la expulsión de los campesinos de la tierra que, a veces, secularmente ocupan. Sin un cambio estructural, para el Poder Judicial nada emergerá de innovador y compatible con la realidad contemporánea.

La prioridad política internacional del tema de la droga deriva fundamentalmente del diagnóstico interno que realizaron respecto de ella las últimas administraciones estadounidenses La región andina, como zona de producción primaria, se enfrenta a los riesgos de la militarización hemisférica, como así también pende la amenaza sobre la Cuenca del Caribe, ámbito privilegiado de distribución Un complejo sistema de equilibrios internacionales, la oposición de sectores contrarios a las intervenciones y la cada vez más inevitable opción por la legalización, constituyen los factores que acaso descompriman la presión política y jurídica sobre los Estados de América Latina.

En el marco de la teoría de la separación de poderes, la independencia del Poder Judicial constituye más un mito que una realidad cuando se trata del contexto latinoamericano. Este fenómeno no es sólo visible en el nivel de las Cortes Supremas, sino también en los demás jueces federales y nacionales. La cuestión judicial latinoamericana posee dos aspectos centrales y de vital importancia: el grado de realidad de la independencia judicial y el mecanismo de selección y elección de los jueces. Algunas aristas del sistema judicial argentino resultan extremadamente representativas de los desafíos y problemas de la jurisdicción en América Latina.

Durante la última década, se ha producido una modificación cualitativa en el carácter de las violaciones a los derechos humanos en gran parte de América Latina. Ahora las víctimas están menos capacitadas para recurrir a instancias judiciales que investiguen sus denuncias y, paralelamente, aquéllas han visto disminuir paulatinamente su capacidad de administrar justicia frente al avance político e instrumental de las agencias ejecutivas. El derecho internacional americano de los derechos humanos resulta una vía apta para quienes intentan defender los espacios del Derecho frente a la amenaza del genocidio.

Si los escasos cien años de vida de la pediatría remiten al «descubrimiento» del niño como categoría médica específica, el aun mas joven derecho penal de menores da cuenta del «descubrimiento» del niño como categoría socio-jurídica. En la larga historia de creación y desarrollo de las normas jurídicas, la especificidad de este nuevo derecho constituye un problema nuevo que reclama novedosas soluciones.

Asistimos a un agudo proceso de transformación de las relaciones sociales que afecta al conjunto de la formación socioeconómica de la sociedad moderna. El derecho se ve necesariamente interpelado, especialmente si lo consideramos como parte constitutiva de las relaciones de producción capitalistas. Dentro del proceso evolutivo del capital se produce un abandono paulatino de las estructuras de regulación global inherentes al Estado benefactor, cuyas instituciones sufren un acelerado proceso de envejecimiento. La nueva fase del capitalismo no está suficientemente constituida, lo que dificulta su comprensión y critica por el movimiento social. A pesar de ello, ya aparecen algunos indicios que dan cuenta de la nueva estructura, provisionalmente denominada como capitalismo desregulado. En este contexto asistimos a una nueva etapa de la regulación jurídica, que aquí se denomina de pluralismo jurídico para significar un proceso todavía difuso En el seno de estas transformaciones tenemos dos hechos de decidida importancia: por un lado, el dinamismo de los nuevos movimientos sociales y, por otro, el proceso de globalización de la economía.