Publicación basada en una serie de entrevistas con especialistas en temas agrícolas de varios países de América Latina. Entrevistados: Diego Arias, Francine Brossard, Antonio Carillo, Alceu Castilho, José Catalano, Olga Cavalli, Gonzalo Colque, Carmen Diana Deere, Fernando Eguren, Marcia Espinal, Caio Galvão de França, Ercilia Franco Cedeño, Mariano Fressoli, Yamila Goldfarb, Silvia Gorenstein.

En América Latina y el Caribe, si bien la pobreza estuvo en constante baja en la última década, sigue persistiendo un alto nivel de desigualdad. Esta se manifiesta también en el ámbito rural, donde agricultores familiares y empresas especializadas en el agro tienen distintos niveles de integración a las cadenas agroalimentarias. El empleo agrícola se está precarizando, y persiste la pobreza rural en todos los países de América Latina.

Para enfrentar estos desafíos, se pueden pensar políticas públicas que fomenten la empleabilidad, a través de la formación y la capacitación, y el auto empleo. También debe mejorarse el mercado de trabajo, tanto facilitando el acceso a él como asegurándose de que todos los actores que lo constituyen vean sus derechos respetados.

Las posibles alternativas que presenta el ordenamiento jurídico para resolver la colisión entre el derecho a la alimentación y la propiedad intelectual representan sólo soluciones provisorias. En vista a ofrecer soluciones radicalmente efectivas y no meramente formales en favor del derecho a la alimentación son necesarias normas de acceso a los recursos más plurales.

Luego de presentar un bosquejo de la recepción internacional del derecho humano a la alimentación así como de la protección comercial de las invenciones biotecnológicas, este trabajo ofrece un esquema de posibles soluciones para la colisión entre estos dos sistemas jurídicos a partir de la perspectiva programática de la democratización del conocimiento. Así, a través de la propuesta de la democratización solidaria de las normas de acceso a los recursos se arriesga una hipótesis en favor de una convivencia solidaria y democrática en la constelación transnacional.

El Acuerdo de París aparece como un triunfo en la lucha contra el cambio climático. Los países ya están presentando sus Contribuciones Nacionales. ¿Qué implicancias podrían tener para la agricultura latinoamericana?

Las transnacionales agroalimentarias desempeñan un papel clave en la dinámica de un proceso que incorpora diferentes territorios a las relaciones de producción y consumo global. A través de sus inversiones y modalidades organizativas, conforman complejas estructuras (redes, mallas) y al actuar en múltiples localizaciones ejercen el gobierno de diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias bajo marcos regulatorios y competitivos en los que se combinan de manera compleja instancias nacionales, regionales y mundiales.

No solamente la economía agrícola sino también la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe, en particular para los pequeños productores rurales, estarán particularmente en riesgo en caso de una fuerte variabilidad del clima.

Unos 53 millones de personas –aproximadamente 45% de la población de la región– forman parte de la población económicamente activa rural. Se trata de un sector altamente vulnerable, cuya protección social se vuelve inestable a medida que la estructura de empleo se orienta más hacia la estacionalidad.

La estructura agraria del subcontinente comparte algunos elementos que se relacionan con la concentración de la tierra y otros recursos del sector rural en pocas manos, un alto grado de inseguridad jurídica de la tenencia de la tierra y usos del recurso que configuran indicadores de baja productividad.

¿En qué consiste la agricultura urbana, un fenómeno de uso del espacio cada vez más común en las ciudades del hemisferio Norte y del Sur?

En un mundo que se enfrenta al desafío de un aumento sustancial de la población y simultáneamente del consumo de ganado, es hora de pensar cuál es el modelo de producción predominante en la región, cómo funciona, cuáles son sus límites y también qué cambios se pueden esperar tanto en la demanda de productos agrícolas como en los sistemas de cultivo.

Tenemos que cambiar el rumbo de nuestra especie, y la agricultura urbana ya es en América Latina y el Caribe un movimiento de supervivencia y de resistencia que puede contribuir a ello, afirma la investigadora cubana María Caridad Cruz. Sus razones no son solo los beneficios relacionados con la seguridad alimentaria y la inclusión social, la disminución de los costos de traslado o la generación de ingresos y empleo, entre otros, sino también su capacidad para generar un cambio sustancial en el quehacer y la cultura de la gente a favor de la supervivencia del planeta.

En la última década se redujeron el hambre y la pobreza en América Latina, que afectan particularmente a las zonas rurales. A pesar de estas mejoras, la situación de los campesinos de la región sigue planteando desafíos para el desarrollo rural. Las mujeres y los trabajadores siguen expuestos a dificultades como migraciones, desigualdades y violaciones de derechos. A la hora de enfrentar estos retos, se hace más evidente la necesidad de la integración regional para fomentar un crecimiento igualitario.

Malthus ha sido criticado durante décadas por subestimar el potencial de la innovación científica y tecnológica para alimentar a una población mundial en crecimiento permanente. Pero a menos que estemos dispuestos a aceptar una amplia gama de consecuencias ambientales indeseables, la tecnología por sí sola no podrá garantizar la seguridad alimentaria en 2050; debemos regular la demanda de alimentos si queremos seguir demostrando que Malthus estaba equivocado.

Computadoras que cocinan e inversores que le han echado el ojo a lo que comemos: la verdura, la carne y los huevos provendrán muy pronto de laboratorios. Suena espeluznante, pero ¿podría acabar con el hambre?