Hasta hace pocas semanas, Venezuela parecía estancada, entre el abatimiento de una oposición fragmentada, un gobierno autoritario pero afianzado en el poder y una presunta mejora económica que entraba en estadio estacionario y comenzaba a declinar. 

Sin embargo, el pasado 17 de octubre se firmó en Bridgetown, Barbados, un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria opositora que trastocó el tablero político-institucional, económico y humanitario del país. Un día después, el 18 de octubre, la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alivió temporalmente algunas sanciones que recaían sobre los sectores petroleros y gasíferos. En ese marco, permitió transacciones relacionadas con oro, deuda y acciones emitidas por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Horas después fueron liberados varios presos políticos, en lo que pareciera un proceso progresivo de flexibilización interna a cambio de relajación de las sanciones externas. 

Y a todo esto debemos sumar la elección primaria de la Plataforma Unitaria que se celebró el pasado 22 de octubre, con una participación estimada de más de 2.300.000 electores dentro y fuera de Venezuela, en una muestra de asombrosa autogestión pese a las fisuras que mostró el proceso y a los ataques que recibió tanto del gobierno como de algunos de los propios opositores. María Corina Machado, líder del movimiento Vente Venezuela, resultó victoriosa con 93% de los votos emitidos. Dicho todo esto, ¿asoma en estos hechos un posible rumbo a la democratización en Venezuela?

Barbados: «activar» los derechos ciudadanos

Con el acuerdo firmado en Barbados, se abre un fino proceso de posible flexibilización política. El propio departamento de Estado de Estados Unidos publicó una «hoja de ruta» para avanzar en el levantamiento de inhabilitaciones administrativas impuestas por el gobierno de Maduro sobre líderes opositores. La consecuente relajación de las sanciones internacionales está vinculada a un proceso de negociación doble: primero, entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro y, luego, entre el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria. 

Para Estados Unidos, el objetivo principal es fomentar condiciones políticas y electorales más favorables de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Además, esta negociación responde al interés compartido de Estados Unidos, América Latina y Europa de mejorar la situación económica en Venezuela. Uno de los resultados deseados es la reducción del flujo de personas migrantes que atraviesan el continente en busca de la frontera sur de Estados Unidos. La Casa Blanca podría promover la flexibilización de sanciones sectoriales como un mecanismo para tratar de reducir el flujo migratorio. Por su lado, el gobierno de Maduro busca la eliminación de las sanciones sectoriales impuestas por el gobierno de Donald Trump después de 2019, cuyo objetivo era forzar su salida inmediata del poder. Esto se debe, en gran medida, a la proximidad de la campaña presidencial y a la necesidad de contar con fondos para financiarla y mostrarse como un gobierno capaz de solucionar los problemas de la gente -aunque el levantamiento de las sanciones le quitaría al gobierno una justificación a la mano para cualquier cosa que no funcione en Venezuela-.

En el terreno político-institucional, el primer punto que debe destacarse en estos acuerdos es el reconocimiento mutuo de las partes involucradas: gobierno y oposición. Ello es esencial para establecer una base sólida sobre la cual puedan construirse posibles relaciones de competencia política, pero también cooperación y confianza. La claridad en los roles, además, sienta las bases para delinear responsabilidades tanto del gobierno como de la oposición. Como gobierno que controla todas las instituciones del Estado, la elite madurista estaría en la obligación de cumplir lo acordado. Pero esto también compete a la oposición venezolana, que entre 2019 y 2022 persiguió una estrategia para desplazar a Maduro con un denominado «gobierno interino» nombrado por la Asamblea Nacional. El reconocimiento entre las partes ofrece la oportunidad de avanzar hacia una redemocratización, con elecciones competitivas y, eventualmente, la cooperación entre sectores contrapuestos.

El acuerdo de Barbados incorpora puntos importantes para lograr la apertura del régimen político. La realización de la primaria opositora de manera pacífica es un modesto, pero importante, resultado de la negociación. En el texto, se menciona la «promoción de un discurso público y clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo», la adopción de medidas «para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos en todo el territorio nacional», así como la «promoción del equilibro en medios de comunicación públicos y privados». Igualmente, se acordó invitar a misiones técnicas de observación electoral, incluyendo a la Unión Europea, el Panel de Expertos Electorales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Africana, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y el Centro Carter. La apertura de este camino marcaría una ruta para el restablecimiento de una dinámica democrática en Venezuela. Estos elementos representan un logro -al menos sobre el papel- tanto para los actores democráticos como para sus aliados internacionales, porque reflejan la necesidad de acompañamiento y transparencia para la solución de la crisis política en el país. 

Un día antes de la firma del acuerdo, el propio Maduro, en una airada alocución, señalaba que efectivamente se «activarían» y «reactivarían» garantías electorales. Reconocía así implícitamente que el Poder Ejecutivo, que él controla, puede jugar con las garantías y derechos inherentes a la Constitución. El desafío central se centra en la asimetría de poder entre los actores en pugna: mientras la oposición se encuentra desgastada y atomizada, el gobierno se siente fortalecido, y el gobierno de Joe Biden tiene la convicción de que la estrategia de «presión y quiebre» no ha surtido resultados. 

El cambio de dinámica es evidente por el apoyo inmediato y conjunto que recibió el acuerdo por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que fue acompañado de medidas coordinadas de flexibilización de sanciones y calculada liberalización interna. El acuerdo deja abierta la puerta para avanzar más en los derechos civiles y políticos, «conforme a la Constitución y la ley» que, como mencionaba Maduro, tiene provisiones que se pueden «activar» o mantener en el letargo institucional autoritario. La pregunta que surge es: ¿cómo pueden los actores democratizadores en Venezuela presionar la «activación» de los derechos civiles, políticos y económicos de la población? Esa agenda enfrenta sustanciales obstáculos, incluso tras este acuerdo. 

¿De acuerdos elitistas a acuerdos democráticos?

Una característica esencial de la política venezolana es su carácter vertical. En otras palabras, los partidos políticos y, en cierta medida, la sociedad se han acostumbrado a entender la acción política como un asunto de partidos y de sus líderes. Los procesos de negociación no son una excepción a esta visión. La mayoría de las negociaciones y diálogos, incluido el desarrollado en el pasado en México, así como la firma del acuerdo de Barbados, se han llevado a cabo a puertas cerradas y estuvieron a cargo de elites cuestionadas, lo cual ha generado críticas por falta de transparencia y por la exclusión de la sociedad. Si bien es fundamental concretar espacios de comunicación abierta fuera de los micrófonos y proteger los acuerdos, la escasa validación de los liderazgos y sus propuestas revela un profundo déficit democrático de las elites políticas y contribuye a la apatía en la sociedad, en especial en un contexto de crisis multinivel. 

La responsabilidad de hacer que estos acuerdos puedan ser más legítimos recae sobre todo en la oposición. Establecer canales de comunicación constantes, mediante los cuales se informe sobre los beneficios y carencias de los acuerdos, demostrará su convicción de involucrar a la sociedad en el proceso. El desafío es aún mayor dado el entorno de censura y control mediático que enfrenta Venezuela. Es por ello que la oposición debería ser creativa en la difusión de información y promoción de debates públicos sobre los acuerdos y su eventual democratización. 

Pero el asunto central es habilitar canales de participación activa de la sociedad organizada en el monitoreo e implementación de los acuerdos. Las democracias consolidadas, y también aquellas en construcción, se nutren de una participación de múltiples actores como sindicatos, universidades, empresarios, comunidades, pueblos indígenas, colectivos feministas y ambientales. Procesos de negociación y paz, desde Colombia hasta Irlanda, ratifican que la participación de actores sociales es clave en la resolución de conflictos. Para que grupos de la sociedad civil puedan contribuir deben contar con espacio de participación, y el poder del Estado debe cesar en su política represiva contra defensores de derechos humanos y de los trabajadores. La progresión de los acuerdos por venir debe incorporar garantías que vayan más allá del evento electoral, que faciliten espacios de participación social y de expresión de demandas materiales, institucionales y simbólicas dirigidas tanto al gobierno como a los partidos de oposición. 

El cambio de ruta en la confrontación ofrece hoy la oportunidad de reconstruir la confianza entre diferentes sectores de la sociedad. Con independencia de quién o quiénes enfrenten a Maduro en 2024, la creación de mecanismos consensuados por la sociedad civil para supervisar la implementación de los acuerdos y presionar en pos de su cumplimiento puede contribuir al acercamiento entre actores políticos y sociales que, hasta hace poco, mantenían posiciones enfrentadas. Adicionalmente, la presencia de observadores internacionales y nacionales es positiva, no solo porque busca generar confianza en el proceso y sirve de disuasivo para malas prácticas electorales, sino porque además permite profundizar en la construcción de redes y capacidades para la defensa de los derechos político-electorales de la sociedad venezolana. 

Un aspecto crítico que a menudo se pasa por alto es la situación en la que llega la oposición a estas negociaciones. En general, la oposición venezolana se ha sentado a las mesas de diálogo desde posiciones de debilidad, lo que plantea desafíos adicionales en la búsqueda de sus objetivos. Esta debilidad remite a dos cuestiones. En primer lugar, su fragmentación, con diferentes facciones y líderes que compiten por el liderazgo y la representación. En segundo lugar, sus estrategias divergentes (maximalistas versus moderados). Y la división interna ha mermado su capacidad para presentar un frente unido al momento de negociar con el gobierno. 

En este último acuerdo, la negociación bilateral entre Caracas y Washington pone de relieve la falta de músculo propio de la oposición en el proceso. En este sentido, el acuerdo no es el resultado de la fuerza relativa de los actores democratizadores, sino de su debilidad, mientras Estados Unidos, como actor externo, buscaría una victoria en su política exterior. En contraste con sus opositores, Maduro, a pesar de enfrentar presiones internacionales, mantiene una posición de fortaleza relativa. Y en ese marco, su círculo más cercano está dispuesto a hacer ciertas concesiones tácticas. 

El desequilibrio de poder refuerza la relevancia de la reestructuración del campo opositor. Hace un año, los integrantes de la Plataforma Unitaria vieron en el método de las primarias una oportunidad de revitalizar sus estructuras, reconectar a la población con la estrategia electoral y recuperar la iniciativa. En ese sentido, la primaria del 22 de octubre permitió enganchar nuevamente a la población opositora con la estrategia electoral, rearticulando su capacidad organizativa alrededor de la construcción de una nueva mayoría. Pero pese a las ventajas de este proceso, la primaria también ha generado fragmentación y discordia.

El ocaso de la vieja guardia

Los partidos opositores, debilitados por la represión gubernamental pero también por las fallidas estrategias opositoras maximalistas, iniciaron el proceso interno de primarias sin contar con consensos mínimos programáticos ni mecanismos para la toma de decisiones y resolución de conflictos, y enfrentaron grandes retos logísticos para llevar adelante el proceso. Haber organizado la primaria es en sí mismo un logro extraordinario. La primaria es un espacio de competencia entre actores que necesitan cooperar entre sí. 

Esta primaria representó el ocaso de los partidos que dominaron la política opositora desde 2015, el llamado G4: Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP). Tres de estos cuatro partidos retiraron (PJ y VP) o no se postularon (UNT) candidatos al proceso de primarias. 

En el caso de PJ, Henrique Capriles Radonski retiró su postulación alegando que la inhabilitación administrativa que pesaba sobre él le impedía competir y que prefería trabajar por una candidatura «viable». PJ no nombró un nuevo candidato ni ofreció su apoyo a los postulantes que participaron en la contienda, lo que ha traído como consecuencia el descontento en su militancia y simpatizantes. 

Por su parte, Freddy Superlano, abanderado por VP, declinó su candidatura en favor de María Corina Machado, como resultado de la poca intención de voto que mostraba en las encuestas, así como por las presiones provenientes de la dirigencia exiliada del partido para aglutinarse alrededor de Machado. Esto supone la reedición de la alianza que tenían estas organizaciones en 2014, cuando promovieron manifestaciones que denominaron «La Salida», cuyo objetivo era lograr una vía fáctica para sacar a Maduro del poder y el desplazamiento de Capriles después del fracaso en las elecciones presidenciales de 2013. Esta alianza se rearticula, pero ahora a favor del retorno a una estrategia electoral.

En el caso de la tradicional AD, Carlos Prosperi no logró aglutinar la fuerza política necesaria para mostrar competitividad frente a Machado, lo que demuestra que la estructura del partido está debilitada. En la recta final de la campaña e incluso el mismo día de la elección, Prosperi denunció presuntas irregularidades en una errática muestra de incapacidad para lidiar con los conflictos internos y un franco deseo de sabotear el proceso. Su propio partido desestimó su denuncia al día siguiente de la primaria. Finalmente, el gobernador del estado Zulia y líder de UNT, Manuel Rosales, si bien no se inscribió en las primarias, declaró que mantiene su aspiración a la Presidencia de la República, lo que supone una incertidumbre sobre si reconocerá la candidatura de Machado o se postulará por su cuenta.

Fue Machado, históricamente crítica de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y de los procesos de negociación y participación electoral, la elegida como candidata de unidad para la elección presidencial de 2024. Este giro es importante dado que, por años, la ex-parlamentaria lideró boicots electorales y estrategias maximalistas en la búsqueda del «quiebre y colapso» del régimen autoritario. 

¿Por qué María Corina?

Para entender por qué María Corina ganó las primarias, es esencial considerar el desgaste de la oposición tradicional y sus partidos, y la capacidad de la postulante de Vente Venezuela de posicionarse como outsider pese a ser parte del establishment opositor. Con un discurso antichavista, «purista», articulado a promesas de «orden» y libertad de mercado, Machado, como Hugo Chávez en su momento, moviliza y atrae a diversos grupos, desde románticos que añoran los tiempos del ex-dictador militar Marcos Pérez Jiménez hasta nuevos «bukelistas», liberales, pasando por opositores exhaustos y descontentos. 

Además, el auge de Machado se alimenta de agravios y rencores acumulados. Antes de su giro estratégico hacia la vía electoral, la candidata se había presentado como una vengadora, relegada por las elites de distinta naturaleza. El temor que en otras épocas suscitaba María Corina, con su fascinación por el libre mercado y su poco atenuado conservadurismo social, se ha ido desinflando, al menos entre sectores opositores. Y ello no debe extrañar: después de un lustro de profunda crisis social y económica, fue el propio gobierno bolivariano el que abrió el país a los designios del mercado, dolarizó de hecho la economía y dejó a la sociedad a su suerte, desprovista de la protección del Estado social venezolano. El viejo discurso renovador, de justicia social y pretendidamente feminista de la Revolución ha sido reemplazado por alianzas con sectores ultrarreligiosos y por el empoderamiento de una elite rapaz y depredadora. Y es en este contexto donde María Corina puede emerger como una líder «atrapatodo», pese a su discurso radical.

Sin embargo, si no se gestionan las prácticas sectarias, el triunfo de Vente Venezuela podría generar una nueva división en la oposición. La crisis del llamado «gobierno interino», que se desconectó de la propia institución que le daba legitimidad, la Asamblea Nacional, y se convirtió en un espacio administrativo alrededor de su representante, Juan Guaidó, y los intereses cortoplacistas y rentistas de quienes lo rodeaban es una buena advertencia hacia el futuro. 

En el caso de Machado, su liderazgo enciende alarmas en algunos actores, ya que tiende al personalismo, al populismo de derecha y a la polarización. Pese a su moderación táctica en los últimos meses y a sus llamados a la unidad nacional, María Corina y su entorno han estado históricamente entre las voces opositoras más radicales. Su tono de superioridad moral, que en el pasado funcionaba como estrategia de la antipolítica, y las descalificaciones hacia el resto de la oposición podrían condicionar su capacidad para liderar a un grupo tan heterogéneo. Estas prácticas también son comunes entre sus asesores más cercanos, quienes a menudo tildan de «chavistas» a quienes disienten con ellos, contraviniendo los valores liberales que predican. 

Después de haber recibido un mandato claro con su contundente victoria en las primarias, la candidata unitaria y su entorno deben demostrar que su giro es genuino y no oportunista. Ser una opción creíble y confiable para el resto de la oposición y la sociedad venezolana pasa por contener, en primer lugar, a sus seguidores y entorno radical y también por mostrarse capaz de gobernar un país diverso y ayudar a sanar las heridas históricas de una población fracturada. 

Una vez más, la oposición venezolana se encuentra en un punto de inflexión y enfrenta la apremiante necesidad de establecer mecanismos efectivos para la articulación, la coordinación y la resolución de conflictos internos. Ahora, el principal reto de la dirigencia opositora será reorganizarse, reconocer los liderazgos emergentes sin abandonar los logros alcanzados previamente, incluido un equipo negociador hábil que ha acumulado una experiencia nada desdeñable y una Comisión Nacional de Primaria capaz de organizar un complejo evento ciudadano autogestionado y con tantos factores en contra. 

Como candidata unitaria, Machado lleva ahora la mayor responsabilidad en la búsqueda de coordinación y co-construcción de una ruta democratizadora. Sin coordinación, cualquier acuerdo o elección resultará inútil para la oposición. Reconocer que la atomización la perjudica y aleja del objetivo democratizador es la primera clave para avanzar hacia una Venezuela más democrática. La oposición deberá aprovechar de manera pragmática las garantías electorales negociadas, al tiempo de demandar que en Venezuela se «activen» todos los derechos políticos y económicos de la población, con el acompañamiento de sus aliados internacionales y trazando mecanismos de verificación y seguimiento a esos compromisos.