El 6 de diciembre de 2015 la oposición venezolana obtuvo el más grande de los triunfos electores desde que el chavismo llegó al poder: con una diferencia de más de 15 puntos sobre la coalición del gobierno, obtuvo 56,22% de los escaños de la Asamblea Nacional. Con esa mayoría calificada quedaba, básicamente, en condiciones de hacer lo que quisiera. Estos resultados abrieron las esperanzas de una gran cantidad de venezolanos aquejados por una situación económica que se deterioraba, una escasez creciente en los anaqueles y unos índices de criminalidad pocas veces vistos en el planeta (un estudio de Gallup ya consideraba a Venezuela el país más peligroso del mundo en 2014). Con la economía en contra, una estruendosa derrota electoral y la popularidad por el suelo, el final de la presidencia de Nicolás Maduro parecía cosa de meses. De hecho, la oposición prometió hacerlo apenas tomó el control del Parlamento, dando los pasos necesarios para activar el referéndum para revocar su mandato contemplado en la Constitución.

Ha pasado un año y pocas de esas esperanzas se han cumplido. Con una situación económica aún peor, una delincuencia que no amaina y una aversión al gobierno que ronda la rabia y la indignación, los venezolanos miran hacia 2017 con miedo e incertidumbre. Y las razones sobran: la inflación supera el 500% (otras fuentes calculan un número peor) y se ha convertido en la más alta del planeta; solo entre los meses de noviembre y diciembre el bolívar se devaluó más de 100%, lo que ha pulverizado los sueldos y hace augurar una inflación todavía mayor; la escasez de medicinas se calcula en 80%, lo que ha significado una verdadera tragedia para los enfermos de cáncer y los portadores de VIH; la malaria, de la que nos declaramos orgullosamente libres en la década de 1960, vuelve a expandirse (ya se cuentan más de 200.000 casos); y el índice de homicidios es de unos 90 muertos por cada 100.000 habitantes. Ante este panorama, el gobierno cierra las puertas de una transición democrática y cercana.

En efecto, a través de unas 30 sentencias, un Tribunal Supremo de Justicia que parece dispuesto a darle siempre la razón al gobierno ha suprimido para los efectos prácticos al Parlamento. En septiembre fue más allá y declaró nulos todos los actos de la Asamblea hasta tanto no desincorpore a los diputados del estado Amazonas, sobre cuya elección pesa una querella introducida por el partido de gobierno. Al juramentarlos de todos modos, la Asamblea también desconoció al Tribunal, lo que escaló la crisis institucional. El punto más alto de esa crisis se alcanzó en octubre, cuando el presidente presentó el presupuesto de 2017 al Tribunal Supremo y no al Parlamento, tal como lo estipula la ley. No obstante, hasta entonces parecía haber una rendija: el proceso de recolección de firmas para convocar a un referéndum revocatorio seguía en marcha. Era, según las encuestas, la esperanza de más de 70% de la ciudadanía. Pero lo que empezó a llamarse «el Madurazo» acabó mal. Una sentencia de cinco tribunales penales de provincia suspendió la recolección final de las firmas para activar el referéndum el día 20 de octubre. Después de esa decisión (para la que los tribunales no estaban habilitados), los politólogos comenzaron a sindicar a Venezuela como un modelo autoritario similar a otros de los que hoy cunden por el mundo.

A diferencia de Recep Tayyip Erdoğan, Vladímir Putin, Viktor Orbán, Ley y Justicia en Polonia y otros casos similares, Maduro es muy impopular y sufre las consecuencias de un experimento socialista completamente fracasado. Además, su contexto internacional es más bien adverso. Venezuela ha sido suspendida del Mercosur, mientras el escándalo de los sobrinos de su esposa (uno de ellos hijo de crianza) presos en Estados Unidos por narcotráfico amenaza con crecer. Para colmo de males, Standard & Poor’s colocó a la estatal petrolera PDVSA en default selectivo. Cuando la oposición se presentó dispuesta a responder en la calle y a escalar la crisis enjuiciando a Maduro en el Parlamento, este aceptó sentarse a una mesa de negociaciones con la mediación del Vaticano y de los ex-presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Aunque los indignados opositores nunca aceptaron la negociación de buena gana, el acuerdo inicial hizo pensar por momentos en una transición más o menos pactada. Pero mientras la oposición cumplía con su parte enfriando la calle a un altísimo costo político (bajó siete puntos en las encuestas y ya parece públicamente fracturada), el gobierno no ha dado pasos claros para cumplir la suya liberando presos políticos y abriendo una ruta electoral. La carta de monseñor Pietro Parolin filtrada en los medios demuestra ya cierto nivel de exasperación en la Santa Sede.

Sin embargo, el diálogo ha servido al menos para darle más notoriedad a la crisis en el ámbito internacional, al incorporar a un jugador clave con el Vaticano, y para demostrar que dentro del gobierno las fisuras empiezan a exhibirse de forma clara. Era públicamente reconocido que los diversos grupos gubernamentales manifestaban contradicciones contenidas por el objetivo común de mantener el poder y, según piensan muchos analistas, buenas tajadas en los negocios que han estructurado en torno de él. Pero la incapacidad de tender puentes con la oposición empieza a costarle caro al chavismo y algunos de sus sectores ya parecen entenderlo. En 2017, PDVSA debe cancelar unos 9.000 millones de dólares en bonos, que nadie sabe de dónde saldrán, y es probable que el escándalo de los «narcosobrinos» crezca en los siguientes meses y salpique a otros personeros. Ya todos, y no solo los opositores, tienen más motivos para temer que para estar contentos. En 1965, la Billo’s Caracas Boys (entonces la orquesta más popular del país) popularizó un canto puertorriqueño titulado «Cantares de Navidad», que se ha convertido en un clásico que se escucha todos los años. Su estribillo dice que en las navidades «unos van alegres / otros van llorando». La letra se refiere a la dicotomía entre pobres y ricos, pero este año el socialismo bolivariano ha logrado la igualdad: todos van llorando (en un estudio reciente, 41% de los encuestados afirmó que estas serían las peores Navidades de su vida).

Con tanta gente disgustada, con tanta indignación y sin posibilidades aparentes de mejoras, es difícil pensar en algo distinto a un gobierno de fuerza si el actual no ofrece algún tipo de desembocadura democrática. Pero es una apuesta alta y peligrosa: la disposición de los diversos sectores del chavismo a hacerla determinará en gran medida el futuro del país. Ojalá que más allá de estar todos (o casi todos) llorando, el año 2017 no venga tan mal como pinta.