Opinión

Puerto Rico exige democracia

La crisis en Puerto Rico no tiene fin. A pesar de la renuncia de Roselló, el pueblo sigue en pie. Wanda Vázquez, la nueva gobernadora, enfrenta a una ciudadanía que está ejerciendo nuevas formas de participación política e imprimiendo lógicas sociales distintas a las conocidas en el país. La situación colonial está siendo discutida por parte de la ciudadanía.

Puerto Rico exige democracia

El mes pasado, Puerto Rico presenció un levantamiento popular que llevó a la renuncia de su gobernador, Ricardo Roselló. Las movilizaciones, que se llevaron a cabo durante poco más de dos semanas, sobrepasaron el millón de manifestantes en las calles en un país de un poco más de 3 millones de habitantes. Las manifestaciones expresaron el intento de llevar a cabo un proceso de transformación del liderazgo político puertorriqueño y de las instituciones del país.

Las protestas se alimentaron de grupos que venían engendrando una serie reclamos que varias administraciones habían ignorado. La administración Rosselló simulaba adoptar medidas progresistas en los medios noticiosos y sociales, mientras desarrollaba políticas que afectaban varios sectores de la población. Estos sectores incluyen grupos feministas, como la Colectiva Feminista en Construcción, quienes habían exigido la declaración de un estado de emergencia para atender la crisis de violencia de género existente en Puerto Rico. Incluían también a agrupaciones de maestros del sistema de educación público, cuyos cargos peligraban ante las imposiciones de políticas de austeridad.

Ya con estas molestias caldeándose, surgieron denuncias del mismo liderazgo político de la administración Rosselló que apuntaban a esquemas de fraude y venta de influencias en agencias públicas. Las protestas responden también a una serie de recientes investigaciones que ha llevado a cabo el FBI sobre casos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico. A estas alegaciones e investigaciones le sumaron las acciones del ex gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, que admitió haber administrado un escandaloso chat en una plataforma llamada Telegram.

La revelación del chat desató una rabia casi universal en Puerto Rico. El país se desbordó en las calles y en las redes sociales. En el chat aparecían altos funcionarios de la administración de Rosselló despotricando en contra de sus contrincantes políticos y burlándose de los propios adeptos de su partido (el Partido Nuevo Progresista). Además, se mofaban de sectores marginados de la población.

Varios analistas también señalan que el chat administrado por el gobernador Ricardo Roselló contenía evidencia de la comisión de varios delitos que ahora están bajo investigación por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Ni las investigaciones del Departamento de Justicia ni las excusas tibias que ofreció Rosselló alentaron confianza en el pueblo, que cada día innovaba nuevas maneras de mostrar su desdén por la figura del gobernador y por los oficiales electos del Partido Nuevo Progresista.

Como secretaria de Justicia, la ahora gobernadora Wanda Vázquez (de estrecha relación con Rosselló) tuvo que inhibirse de investigar este chat por haber sido mencionada en el mismo. En el chat se evidencia cómo el gobernador Ricardo Roselló defendió la permanencia de Wanda Vázquez en su puesto, aun mientras la entonces secretaria de Justicia enfrentaba un juicio por sospechas de haber ejercido influencia indebida sobre un caso que involucraba su hija.

Ante este panorama, y ante la magnitud sin precedentes de las protestas, el gobernador Ricardo Rosselló anunció su dimisión al cabo de las dos semanas de haber comenzado estas protestas. Esta renuncia dejó una incógnita sobre quién sería su sustituto. Buena parte de la población planteó que esa decisión no le podía competer a Ricardo Rosselló ni al Partido Nuevo Progresista, ya que habían perdido todo tipo de legitimidad ante los ojos del electorado (que le había dado el voto por uno de los márgenes mas pequeños en la historia electoral de Puerto Rico). Sin embargo, esas voces no fueron escuchadas. Ricardo Rosselló comenzó el proceso para seleccionar a su sucesor.

El ordenamiento legal en Puerto Rico estipula que, ante la renuncia, muerte, o incapacidad de un gobernante, ascendería a la gobernación la persona que ocupe el cargo de la Secretaría de Estado. De haber una vacante en ese puesto, la gobernación le tocaba a la secretaria del Departamento de Justicia. Con miras a escoger un sucesor a su gusto, Ricardo Rosselló decidió nombrar al licenciado Pedro Pierluisi para tomar las riendas de la rama ejecutiva del gobierno de Puerto Rico.

Pedro Pierluisi es una figura controversial en Puerto Rico. Durante su estancia como representante del pueblo puertorriqueño en el Congreso de los Estados Unidos, Pierluisi impulsó la ley PROMESA. Esta ley, que contó con apoyo bipartito y la firma del entonces presidente Obama, impuso una Junta de Control Fiscal como medida para enfrentar la crisis económica que actualmente atraviesa Puerto Rico. La Junta ha utilizado los poderes que le confiere la ley PROMESA para ordenar que se adopten medidas de austeridad económica con miras a pagar la deuda de Puerto Rico. Además, ha evitado acceder ante el reclamo de que se audite esa deuda (se alega que una cuantiosa porción se emitió ilegalmente).

Como uno de los arquitectos de PROMESA, Pierluisi se había ganado varios enemigos. Además, utilizó las puertas giratorias para fungir como cabildero una vez que abandonó su puesto como representante en Congreso. Así, comenzó a ofrecer consultoría legal a la Junta de Control Fiscal que él mismo ayudó a crear. Como si fuera poco, Pierluisi se ganó la enemistad de ambientalistas que rechazaban su cabildeo a nombre de la compañía AES, responsable de depositar cenizas cerca de varias comunidades en el municipio de Peñuelas y de contaminar abastecimientos de agua. A favor de su nombramiento había pocos, pero incluían al líder de la mayoría Demócrata en Congreso, Steny Hoyer, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Aun ante estas objeciones, Pedro Pierluisi aceptó este nombramiento de Rosselló y se aprestó para comparecer en la Legislatura de Puerto Rico para una visita de la Cámara de Representantes. En esta visita, numerosas veces invocó el privilegio de ser abogado y evadió contestar preguntas que podían perjudicar su viabilidad para el puesto de Secretario de Estado. Ese puesto le permitía convertirse en Gobernador de Puerto Rico tras la renuncia de Roselló. Pierluisi se negó, además, a entregar la documentación requerida para que se lo considerase como candidato a un puesto de gobierno -incluyendo sus estados financieros y planillas de contribución de impuestos-. En cambio, ofreció una declaración jurada afirmando que cumplía con todos los requisitos.

Aun conociendo estas irregularidades y la reprobación popular, la Cámara de Representantes optó por confirmar la nominación de Pedro Pierluisi al puesto de Secretario de Estado, contando con la cantidad mínima de votos a favor requeridos. El Senado, por su parte, al no haber convocado a una sesión extraordinaria para la tarde del viernes que culminaría con la renuncia de Ricardo Roselló, no emitió un voto sobre la nominación de Pedro Pierluisi a la Secretaría de Estado y, consecuentemente, a la gobernación de Puerto Rico. Como Pierluisi no fue confirmado por el Senado para ser Secretario de Estado, surgió lo que algunos tildan como una crisis constitucional en Puerto Rico. Se debatía si era constitucional que se produzca la sucesión de la gobernación de Puerto Rico a un Secretario de Estado que solo había sido confirmado por la Cámara baja de la Legislatura. Varios grupos demandaron la impugnación de su nombramiento. Entre estos grupos no solo estaba el Senado, sino organizaciones de la sociedad civil y oficiales electos, como la alcaldesa de la cuidad capitalina de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptó una petición del Senado de Puerto Rico de tomar el caso con urgencia con el fin de determinar si el nombramiento de Pierluisi era constitucional. El Tribunal Supremo declaró unánimemente que no lo era. El 7 de agosto, Pierluisi abandonaba la mansión ejecutiva. Ese mismo día y durante la tarde, el Tribunal celebró una ceremonia de toma de posesión para la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez. A pesar de la legalidad del asenso de la ahora gobernadora Wanda Vázquez, se espera que las protestas continúen. Las manifestaciones se mantienen en pie porque el electorado puertorriqueño parece haber retirado el consentimiento a ser gobernado por el Partido Nuevo Progresista. En este sentido, el gobierno de turno en Puerto Rico ha perdido su legitimidad. Su permanencia en el poder es un acto de desafío a las formas de democracia participativa que ahora surgen en el país. La insistencia de los líderes del Partido Nuevo Progresista de mantenerse en poder ante la desaprobación popular, pone de manifiesto las limitaciones del formalismo del voto como mecanismo único de constituir un gobierno democrático. Actualmente, varios sectores en Puerto Rico se están dando a la tarea de construir una democracia desde abajo, en asambleas comunitarias que discuten diferentes vías para enfrentar las crisis económicas, políticas, y sociales que vive el país. No han abandonado las urnas como mecanismo para mostrar la sensibilidad pública, pero han reconocido que para evitar que las urnas sean un ataúd se requiere reformarlas y transformar el sistema político puertorriqueño.

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