El mes pasado, Puerto Rico presenció un levantamiento popular que llevó a la renuncia de su gobernador, Ricardo Roselló. Las movilizaciones, que se llevaron a cabo durante poco más de dos semanas, sobrepasaron el millón de manifestantes en las calles, en un país de un poco más de tres millones de habitantes. En ellas se expresó el intento de llevar a cabo un proceso de transformación del liderazgo político portorriqueño y de las instituciones del país.

Las protestas se alimentaron de grupos que venían engendrando una serie de reclamos que varias administraciones habían ignorado. El gobierno de Rosselló simulaba adoptar medidas progresistas en los medios noticiosos y sociales, mientras desarrollaba políticas que afectaban a varios sectores de la población. Estos sectores incluían a grupos feministas, como la Colectiva Feminista en Construcción, que habían exigido la declaración de un estado de emergencia para atender la crisis de violencia de género existente en Puerto Rico. Incluían también a agrupaciones de maestros del sistema de educación público, cuyos cargos peligraban ante las imposiciones de políticas de austeridad.

Ya con estas molestias caldeándose, surgieron denuncias del mismo liderazgo político del gobierno de Rosselló que apuntaban a esquemas de fraude y venta de influencias en organismos públicos. Las protestas respondieron también a una serie de recientes investigaciones que llevó a cabo el FBI sobre casos de corrupción en el gobierno de Puerto Rico. A estas alegaciones e investigaciones se sumaron las acciones del ex-gobernador Rosselló, quien admitió haber administrado un escandaloso chat en una plataforma llamada Telegram.

La revelación del chat desató una rabia casi universal en Puerto Rico. El país se desbordó en las calles y en las redes sociales. En el chat aparecían altos funcionarios del gobierno despotricando en contra de sus contrincantes políticos y burlándose de los propios adeptos de su partido (el Partido Nuevo Progresista). Además, se mofaban de sectores marginados de la población.

Varios analistas también señalan que el chat contenía evidencia de la comisión de varios delitos que ahora están bajo investigación por el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Ni las investigaciones del Departamento de Justicia ni las excusas tibias que ofreció Rosselló alentaron la confianza en el pueblo, que cada día innovaba en las maneras de mostrar su desdén por la figura del gobernador y por los oficiales electos del Partido Nuevo Progresista.

Como secretaria de Justicia, la ahora gobernadora Wanda Vázquez (de estrecha relación con Rosselló) tuvo que inhibirse de investigar este chat por haber sido mencionada en él. Allí se evidencia cómo el gobernador Roselló defendió la permanencia de Vázquez en su puesto, aun mientras la entonces secretaria de Justicia enfrentaba un juicio por sospechas de haber ejercido influencia indebida sobre un caso que involucraba a su hija.

Ante este panorama y ante la magnitud sin precedentes de las protestas, Rosselló anunció su dimisión al cabo de las dos semanas de haber comenzado las protestas. Su renuncia dejó una incógnita sobre quién sería su sustituto. Buena parte de la población planteó que esa decisión no le podía competer a Rosselló ni al Partido Nuevo Progresista, ya que habían perdido todo tipo de legitimidad ante los ojos del electorado (que le había dado el voto por uno de los márgenes mas pequeños en la historia electoral de Puerto Rico). Sin embargo, esas voces no fueron escuchadas y Rosselló comenzó el proceso para seleccionar a su sucesor.

El ordenamiento legal en Puerto Rico estipula que, ante la renuncia, muerte o incapacidad de un gobernante, asciende a la Gobernación la persona que ocupe la Secretaría de Estado. De haber una vacante en ese puesto, la Gobernación le toca a la Secretaría del Departamento de Justicia. Con miras a escoger un sucesor a su gusto, Rosselló decidió nombrar al licenciado Pedro Pierluisi para tomar las riendas de la rama ejecutiva del gobierno.

Pierluisi es una figura controversial en Puerto Rico. Durante su estancia como representante del pueblo portorriqueño en el Congreso de Estados Unidos, impulsó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta ley, que contó con apoyo bipartito y la firma del entonces presidente Barack Obama, impuso una Junta de Control Fiscal como medida para enfrentar la crisis económica que actualmente atraviesa Puerto Rico. La Junta ha utilizado los poderes que le confiere la Ley PROMESA para ordenar que se adopten medidas de austeridad económica con miras a pagar la deuda de Puerto Rico. Además, ha evitado acceder ante el reclamo de que se audite esa deuda (se alega que una cuantiosa porción se emitió ilegalmente).

Como uno de los arquitectos de PROMESA, Pierluisi se había ganado varios enemigos. Además, utilizó las «puertas giratorias» para fungir como cabildero una vez que abandonó su puesto como representante en el Congreso. Así, comenzó a ofrecer consultoría legal a la Junta de Control Fiscal que él mismo ayudó a crear. Como si fuera poco, se ganó la enemistad de ambientalistas que rechazaban su cabildeo a nombre de la compañía AES, responsable de depositar cenizas cerca de varias comunidades en el municipio de Peñuelas y de contaminar abastecimientos de agua. A favor de su nombramiento había pocos, pero incluían al líder de la mayoría demócrata en Congreso, Steny Hoyer, y a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Aun con estas objeciones, Pierluisi aceptó el nombramiento de Rosselló y se aprestó a comparecer en la Legislatura de Puerto Rico para una visita de la Cámara de Representantes. En esta visita, invocó numerosas veces el privilegio de ser abogado y evadió contestar preguntas que podían perjudicar su viabilidad para el puesto de secretario de Estado. Ese puesto le permitía convertirse en gobernador de Puerto Rico tras la renuncia de Roselló. Pierluisi se negó, además, a entregar la documentación requerida para que se lo considerase como candidato a un puesto de gobierno –incluyendo sus estados financieros y planillas de contribución de impuestos–. En cambio, ofreció una declaración jurada donde afirmaba que cumplía con todos los requisitos.

Pese a conocer estas irregularidades y la reprobación popular, la Cámara de Representantes confirmó la nominación de Pierluisi al puesto de secretario de Estado, contando con la cantidad mínima de votos a favor requeridos. El Senado, por su parte, al no haber convocado a una sesión extraordinaria para la tarde del viernes que culminaría con la renuncia de Roselló, no emitió un voto sobre la nominación de Pierluisi a la Secretaría de Estado y, consecuentemente, a la Gobernación de Puerto Rico. Como Pierluisi no fue confirmado por el Senado, surgió lo que algunos tildan como una crisis constitucional en Puerto Rico. Se debatía si era constitucional que se produjera la sucesión de la Gobernación de Puerto Rico a un Secretario de Estado que solo había sido confirmado por la Cámara Baja de la Legislatura. Varios grupos demandaron la impugnación de su nombramiento. Entre estos grupos no solo estaba el Senado, sino también organizaciones de la sociedad civil y funcionarios surgidos de elecciones, como la alcaldesa de la ciudad capitalina de San Juan, Carmen Yulín Cruz.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico aceptó una petición del Senado de Puerto Rico de tomar el caso con urgencia con el fin de determinar si el nombramiento de Pierluisi era constitucional y declaró unánimemente que no lo era. El 7 de agosto, Pierluisi abandonaba la mansión ejecutiva. Ese mismo día y durante la tarde, el Tribunal celebró una ceremonia de toma de posesión por parte de la entonces secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez.

A pesar de la legalidad del ascenso de la ahora gobernadora Vázquez, se espera que las protestas continúen. Las manifestaciones se mantienen en pie porque el electorado portorriqueño parece haber retirado el consentimiento a ser gobernado por el Partido Nuevo Progresista. En este sentido, el gobierno de turno en Puerto Rico ha perdido su legitimidad. Su permanencia en el poder es un acto de desafío a las formas de democracia participativa que ahora surgen en el país. La insistencia de los líderes del Partido Nuevo Progresista de mantenerse en el poder pese a la desaprobación popular pone de manifiesto las limitaciones del formalismo del voto como mecanismo único de constituir un gobierno democrático. Actualmente, varios sectores en Puerto Rico se están dando a la tarea de construir una democracia desde abajo, en asambleas comunitarias que discuten diferentes vías para enfrentar la crisis económica, política y social que vive el país. No han abandonado las urnas como mecanismo para mostrar la sensibilidad pública, pero han reconocido que para evitar que las urnas sean un ataúd, se requiere reformarlas y transformar el sistema político portorriqueño.

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