El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ha decidido pasar a la ilegalidad. Al menos eso manifestó su Buró Político el pasado 20 de febrero, como remate de una serie de declaraciones que sus dirigentes han venido haciendo desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE), máximo órgano de Venezuela en aspectos comiciales, anunció las medidas para renovar los permisos de los partidos políticos existentes a finales de enero. De no cambiar las condiciones, afirman, no tendrán en problemas en volver a ser ilegales, como ya lo fueron entre 1948 y 1958, cuando fue proscrito por la Dictadura Militar; y entre 1962 y 1969, cuando se suspendieron sus actividades debido a la insurrección guerrillera que promovía el Frente de Liberación Nacional del que formaba parte. Sin embargo, a diferencia de las dos ocasiones anteriores, esto no ocurriría en el marco de la Guerra Fría y ni de un duro enfrentamiento con gobiernos anticomunistas, sino precisamente en medio de un gobierno que se proclama socialista, con estrechos lazos con Cuba y del que, además, ¡ha sido aliado hasta la víspera!

¿Qué es lo que pasa entonces? Aunque el problema puede hacer pensar en una resurrección del proyecto de unir a toda la izquierda en un solo partido como intentó sin éxito Hugo Chávez en 2008 cuando creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo solo nombre es bastante indicativo al respecto; hay algo bastante mayor en juego y lo del PCV es, acaso, sólo el efecto colateral de esa situación de envergadura. Muchos consideran que lo que se propone es replicar la experiencia de Nicaragua, en la que el partido del gobierno iría solo a las elecciones o, a lo sumo, enfrentado a un par de partidos de comparsa. En efecto, después de suspender el proceso para convocar un reférendum para revocar el mandato de Nicolás Maduro el 20 de octubre de 2016 mediante las sentencias de unos tribunales de provincia que muchos consideran írritas; y de enfriar la protesta opositora gracias a la Mesa de Diálogo con presencia del Vaticano, en el que del gobierno a cambio de bajar la presión de calle hizo un conjunto de promesas que, hasta el momento, no se han cumplido en prácticamente ningún caso, tiene ante sí el reto de un cronograma electoral con un 80% de desaprobación. Según todos los estudios, no hay modo de que obtenga un triunfo en las elecciones regionales y locales inicialmente pautadas para el año pasado, ni en las presidenciales del año próximo. Ante eso, y después de dilatar una y otra vez las elecciones regionales, el CNE anunció que primero es necesario, en atención a la ley electoral vigente, iniciar primero un proceso de renovación de los partidos.

Según esta ley, creada en 1965 en medio de la guerra de guerrillas, aquellos partidos que no han presentado candidatos propios en las dos últimas elecciones o que presentándolos obtuvieron menos del 1% de los votos, deben demostrar que al menos el 0,5% de los electores inscritos están dispuestos a ser sus militantes. Como los partidos de oposición se han presentado en los últimos comicios en un solo bloque, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), todos tienen que pasar por el proceso. Pero este no es el problema. El punto está en que el CNE puso unas condiciones que hacen casi imposible superarlo con éxito, comoquiera que deben reunirse las firmas en lapsos de dos días y en sólo 360 puntos en todos el país. Además, previamente se ha prohibido la doble militancia. Así, sólo los partidos que tengan muchos militantes y una maquinaria muy aceitada, tienen alguna posibilidad electoral. De lo contrario, nada más quedará la MUD en legalidad. Pero sobre ella también pende una demanda por supuesto fraude en la recolección de firmas para convocar el referéndum (tal fue la base de las sentencias del 20 de octubre). Si todo el juego sale como parece haber sido planeado, en las elecciones regionales y presidenciales próximas (pensemos que se convocarán finalmente), la oposición no podría participar.

Pero es casi imposible hacer una ofensiva de ese alcance sin que el «fuego amigo», como se dice en el argot militar, no afecte a alguno de los del mismo bando. Las medidas afectan al PCV y a otros aliados como Patria Para Todos (PPT), una escisión de la legendaria Causa R (Causa Radical), un movimiento creado por el ex comandante guerrillero y filósofo Alfredo Maneiro con el objetivo de renovar la izquierda en los años setentas; y Redes, otro partido de izquierda. Esto ha hecho que algunas de las voces más desafiantes vengan ahora de la extrema izquierda. El Buró Político del PCV retó al gobierno de asumir las «consecuencias históricas» de la ilegalización, mientras Juan Barreto, periodista y dirigente de Redes, ha afirmado por su parte que «nos encapucharemos» para seguir la lucha, en alusión a los «encapuchados», como se llamó en la década de 1990 a los jóvenes que hacían disturbios en las universidades con los rostros tapados. Entre el 11 y 14 de mayo se reunirá el XV Congreso del PCV, y ya se han apuntado representantes de muchos partidos comunistas del mundo para venir a respaldarlo en la eventualidad de una salida de la legalidad.

Este panorama, unido al reacomodamiento en el gobierno de sectores considerados de línea dura y una creciente tensión internacional, tanto con los nuevos gobiernos de latinoamericanos que no son aliados, como con la administración Trump, que se ha mostrado muy dura con la venezolana, auguran unas pruebas aún más duras para la democracia. Mientras el Secretario del Tesoro de EEUU, Steve Mnuchin, ha acusado sin ambages al vicepresidente Tareck El Aissami de narcotraficante, en un episodio más de lo que promete ser un asunto muy largo, en el que ya están presos en EEUU los sobrinos («narcosobrinos», en la jerga periodística) del presidente Maduro; los comunistas del mundo se unen para enfrentarlo. Nicaragua parece el modelo a seguir. Es el único aliado en firme que le queda, pero con un abanico de adversarios tan amplio que va desde Trump hasta la extrema izquierda, el modelo nicaragüense de Maduro es una apuesta muy alta y peligrosa. La posible ilegalidad de todos los partidos, incluyendo al PCV, pone el conflicto venezolano en otro nivel. No siempre es posible copiar lo que a otros les ha dado resultado y hay «consecuencias históricas» que es mejor evitar.