Durante la década de 1990, los países latinoamericanos avanzaron hacia la consolidación democrática enfocándose en una cuestión importante: la transformación del papel de los militares y la instalación de un control civil democrático por sobre las Fuerzas Armadas. Con algunas excepciones, los militares se mantuvieron ausentes de la escena política del siglo XXI. Hasta hace unos meses.

En el ya lejano 2019, los uniformados irrumpieron en las calles otra vez. Llamados por el poder político, aparecieron en las fotos, detrás de los escritorios y dentro de los tanques. El año 2020 trae nuevamente a estos actores a escena. Esta vez, responden al llamado político por motivos diversos y sin signos ideológicos. Lo que acecha no es el descontento social sino, acaso, un enemigo invisible. El contraste es chocante y el tiempo es un falso dilema.

En gran parte del mundo, los ejércitos dejan a un lado las armas y los entrenamientos y salen a patrullar calles, construir hospitales desde cero y proveer logística, organización y asistencia humanitaria para los ciudadanos de sus países que sufren la crisis del coronavirus. Hasta hace poco tiempo, en esos mismos lugares, respuestas militares buscaron medir el pulso de la sociedad. No fue hace tanto que Martín Vizcarra, Lenín Moreno y Sebastián Piñera posaban rodeados de uniformados, mientras que Evo Morales dimitía por la «sugerencia» del Ejército. Pero 2020 nos presenta otro panorama.

La proximidad temporal con los eventos del año pasado nos invita a una nueva dicotomía. Líderes latinoamericanos han recurrido a las guarniciones militares no para imponer orden y control social, sino para asistir de manera logística y operativa a gestionar una crisis de magnitudes similares a las de un conflicto bélico. Lo que llama la atención no es la novedad, dado que históricamente, en contextos de conflictos armados, los militares han puesto sus activos a disposición de los Estados. Lo que llama la atención es su papel radicalmente contradictorio al de hace unos meses.

Frente a un virus que ataca al mundo entero, los Estados han decidido replegarse y priorizarse, forzando a que los uniformados que asisten en conflictos casi permanentes en otros rincones vuelvan a sus territorios. Las misiones de paz en agenda internacional corren peligro. La interrupción de cadenas de provisión de bienes y personas a través de las fronteras pueden agravar los desafíos humanitarios, al afectar la llegada de suministros médicos y otros elementos esenciales a personas necesitadas en países afectados por guerras. Los desplazados y los refugiados se llevan lo peor de la tajada.

La tentación autoritaria

Militarización de las calles, toques de queda, geolocalización, datos personales y privados a merced de los Estados y una sociedad dispuesta al escrache de quienes infringen la ley. En diversos países sobrevuelan, además, las tendencias a aplicar y extender los poderes de emergencia del gobierno. Ante el miedo a lo desconocido e incierto, las personas buscan al Estado para sentirse protegidas, aceptan sus controles y ceden sus derechos. Es importante tener Estados con redes de protección social e instituciones capaces de controlar la violencia. Pero no poder controlar el malestar ciudadano puede derivar en una tentación autoritaria. El descontento está en pausa. ¿Pero cuánto tiempo puede aguantar si esto no acaba?

En el mundo en general y en América Latina en particular, la democracia liberal está retrocediendo de manera consistente. La crisis solamente acelera estas tendencias. El desafío de nuestra región es aún mayor. Nuestras débiles instituciones, nuestras jóvenes democracias, los niveles de informalidad y la poca capacidad de maniobra de Estados que ya vienen en emergencia económica recurrente complican cualquier tipo de contención y seguridad social en una región que, hasta hace poco, experimentaba excesos militares y policiales.

Si prestamos atención, puede que no implique de por sí el riesgo de una vuelta de las botas al poder, pero sí plantea preguntas que hace rato viajan en el vacío sin respuestas aparentes. ¿Cómo hacer para que las Fuerzas Armadas retengan funciones institucionales legítimas sin tener roles intrusivos en la política? ¿Cómo hacer que el poder militar no abuse del Estado de excepción para hacerse con ese rol y apalancar «otro tipo» de poder?

Las preguntas de siempre

La capacidad logística de la institución militar ha resultado de gran utilidad para combatir la pandemia, lo que ha motivado dudas sobre su modernización y, primordialmente, su rol. Detrás de un posible recelo con «lo militar», gran parte de la sociedad se pregunta para qué sirven las Fuerzas Armadas en tiempos de paz. La ausencia de conflictos interestatales y la naturaleza criminal de los desafíos de seguridad doméstica contemporánea han incluso planteado la disolución de la institución y la constitución de fuerzas civiles de defensa, como las de Costa Rica o Panamá. Sin embargo, hay quienes argumentan que aún queda un espacio prominente que ocupar para las instituciones militares convencionales. Los desafíos a la identidad militar pretenden redefinir el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y exterior, así como en misiones tradicionales y no tradicionales. Hoy en día, estas fuerzas buscan un propósito, una identidad, una misión y, por qué no, un lugar en la sociedad. ¿Será posible que su gestión en estas crisis les devuelva ese lugar que buscan?

En Argentina, por ejemplo, se ha dispuesto la producción y distribución de alcohol en gel, mascarillas y trajes en fábricas militares, repatriación de ciudadanos y apoyo a las fuerzas de seguridad en tareas de contención social, con el cuidado expreso de no pisar aguas tormentosas en un terreno tan sensible de nuestro país: la seguridad interior. En un lugar donde las Fuerzas Armadas traen los peores recuerdos, la pandemia les ha dado motivos a los militares para distanciarse de ese pasado.

Las Fuerzas Armadas son un seguro. La mera presencia de militares convencionales funciona como disuasión creíble a cualquier posible conflicto interestatal. No significa que vaya a haberlo, pero siempre es mejor estar asegurado. Además, varios gobiernos de la región han optado por capacitar y entrenar a sus militares en el involucramiento en operaciones de paz, la ayuda humanitaria y el apoyo logístico en momentos de catástrofe natural. También han sido utilizadas para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y han participado en la implementación de programas sociales. A veces, están poco preparadas para asumir este tipo de tareas no tradicionales.

En Bolivia, por ejemplo, la incorporación de un paradigma de «seguridad integral» condujo a un reemplazo de la visión clásica de seguridad por una visión multidimensional con foco en la integración y el desarrollo. Esto les permitió abarcar aspectos internos relacionados con la estabilidad política involucrándose en políticas sociales, la retención de una importante cuota de poder y un alto nivel de autonomía para la planificación presupuestaria, el diseño de planes y el control del gasto, con un debilitamiento de la supervisión civil de las actividades militares. Los resultados no son prometedores.

No es curioso que países con déficits estructurales, burocracias débiles y Estados que no alcanzan a colmar las necesidades sociales en todo el territorio empleen a sus Fuerzas Armadas para cubrir esas necesidades. En un continente de instituciones y partidos políticos débiles, este tipo de relación puede resultar peligrosa. Los países latinoamericanos no deben caer en esa trampa: que los uniformados alcancen altos niveles de relevancia puede condicionar las transformaciones democráticas deteriorando la calidad de la institucionalización del control civil y limitando a los gobiernos a la contención del poder militar.

La situación que América Latina enfrentó en 2019 dejó en claro que algo agita la región. La pandemia no tapa el sol. Gobiernos de diversos signos políticos están atravesando situaciones que tienen algo en común: la democracia debilitada. Teniendo en cuenta que las Fuerzas Armadas se entrenan y organizan para proteger la soberanía y la integridad territorial del Estado frente a una agresión externa, repensar el rol de esta institución en los países de la región es, ciertamente, un signo de los tiempos. Será fundamental contemplar la capacidad para prever escenarios como el actual y pensar posibles hipótesis de conflicto fuera de lo tradicional.

El fin del amor (o de la seguridad humana)

Parafraseando al analista político Juan Elman, el multilateralismo en crisis obstaculiza cualquier tipo de ayuda y estrategia colectiva. Ante la pandemia, los Estados han decidido mirar hacia adentro revitalizando la soberanía territorial westfaliana y al Estado como principal decisor. No es que se hubiera ido, pero el orden liberal occidental proponía, con sus reparos y distinciones, asistir en conflictos donde los derechos humanos se violan sistemáticamente. Si la tendencia del nuevo siglo se exacerba y las instituciones multilaterales, ya débiles, quedan obsoletas, el lugar de la seguridad y la asistencia humanitaria puede desaparecer.

Si bien esta afirmación se encuentra atada al dinamismo y la volatilidad de los tiempos, los mecanismos de protección internacional a la humanidad están amenazados por el avance de las tendencias estatales y nacionalistas. Ante un panorama mundial de fronteras cerradas, vuelos interrumpidos, economías en recesión, personal militar enfermo, falta de suministros y de cadenas de provisión, velar por los olvidados puede quedar en último lugar. Los sistemas de cooperación internacional deberán enfrentarse a un ambiente financiero desafiante, donde las iniciativas para garantizar paz y seguridad y proveer asistencia humanitaria pueden sufrir recortes presupuestarios de gran escala.

Esta vez, no solo América Latina, sino los olvidados e indignados del mundo en general, corren con la suerte adversa de que los mecanismos multilaterales no estén a la altura de proveer paz y seguridad en sus geografías. Los Estados vuelven y se repliegan. La pregunta es si podrán encontrar en la coordinación y la cooperación humanitaria un salvavidas para los más necesitados. El panorama es incierto. Las rutas de asistencia están interrumpidas, los efectivos han vuelto a sus países y el arsenal multilateral se retrae. El retorno de la seguridad nacional pone en jaque lo mejor que ha logrado la sociedad internacional: la asistencia humanitaria.