Han pasado poco más de tres semanas desde que asumió la presidencia del Ecuador Lenin Moreno, promovido por el partido Alianza País (AP) que lleva ya diez años en el ejercicio público. Estos primeros días de gestión han estado marcados tanto por acciones estratégicas que van pautando la línea de la nueva administración, así como por conflictos al interior del partido de gobierno, en una coyuntura de reestructuración de mandos y sectores. Se trata de un proceso de transición en el que emergen, inevitablemente, los límites intrínsecos de AP como un conglomerado de fuerzas dentro del cual entran en disputan diversos proyectos políticos.

Las primeras acciones y posicionamientos del nuevo gobierno son fundamentales, considerando la expectativa social respecto al menos tres temas centrales, producto de la situación política del país. El primero tiene que ver con la necesidad –del gobierno, AP y Moreno- de ir (re)construyendo no solo legitimidad sino también popularidad. El segundo, se refiere a la capacidad de llevar a la práctica el discurso de cambio abanderado en campaña, sobre todo en temas como la apertura al diálogo y el replanteamiento de las prioridades económicas y políticas del Estado. Finalmente, la tercera tiene que ver con la necesidad de constituir una identidad diferenciada de la gestión previa de Rafael Correa, en función de una demanda social que le apuesta a una «continuidad con cambios», pero también de un proceso de debilitamiento de AP como proyecto hegemónico.

El gobierno comprendió el escenario y sus desafíos, constituyendo una agenda estratégica que pareciera responder a varias de las críticas y demandas que vienen acumulando la sociedad civil, sectores y grupos específicos de interés. En ese sentido, Moreno ensaya un estilo más conciliador y un liderazgo menos omnipresente. Así, marca significativas diferencias con el formato que caracterizó a Rafael Correa a lo largo de una década, que condicionó muchas de las relaciones entre el sector público y otros actores políticos, sociales y económicos.

Más allá de las intervenciones de Moreno propias de la agenda presidencial, los principales temas tratados durante estas semanas, sus negociaciones, soluciones o diagnósticos, han sido expuestos públicamente por los ministros o funcionarios encargados. La voluntad de diversificar vocerías, reduce la carga personalista de la política y la gestión pública. De esta manera, se refuerza la imagen de un gobierno más amplio en el que otros cuadros del oficialismo –en el Ejecutivo y el Legislativo- van ganando visibilidad.

Asimismo, la idea de la centralidad del diálogo para una gestión incluyente que viene posicionándose desde la campaña, continúa vigente tanto en Moreno como en su gabinete. Se han abierto varios frentes de trabajo y/discusión sobre diversos temas, evidenciando la disposición política de impulsar una administración más participativa. Además, la priorización de asuntos es también sugerente. No es casual que el primer conversatorio al que llama el presidente sea con la prensa; lo mismo sucede con los sectores productivos.

Finalmente, resulta relevante destacar una medida importante simbólicamente en cuanto a los cambios en el estilo de liderazgo y relacionamiento. Durante la década de gobierno de Rafael Correa, un elemento característico de su mandato fue un espacio semanal de rendición de cuentas -trasmitido por radio y televisión- en el que durante cuatro horas, detallaba sus actividades de la semana. Este recurso fue constantemente criticado por algunos sectores sociales, la oposición política y los medios de comunicación con el argumento de que era la plataforma en la que, de manera más clara, se expresaban las características autoritarias y conflictivas del gobierno. Además, iniciada la crisis, se reprochaba también el costo que tenía realizar cada uno de estos espacios considerados como propaganda política. Entre sus primeras acciones, Moreno decidió reemplazar este recurso por un informe semanas de no más de 20 minutos en el que se relatan las actividades llevadas a cabo por él y el resto de autoridades del gobierno, sin su intervención directa. Esta iniciativa, igual que las otras, ha sido valorada como positiva y, sobre todo, como muestra más de una forma diferente de liderar.

Más allá del estilo y de aquellos aspectos que tienen que ver con la figura de Moreno, se distinguen también otros elementos que van dando forma al nuevo gobierno y que expresan lo que, por ahora, se puede entender como una estrategia de diferenciación que, a largo plazo, podrá evaluarse en su traducción en la política pública. Se trata de temas como la conformación del gabinete, instancias de diálogo anunciadas o ya constituidas, iniciativas que empiezan a impulsarse o declaraciones a las que se debe presentar atención para ir desentrañando el momento político que vive Ecuador.

El entorno cercano: aperturas, retornos y permanencias

Por el compromiso de «cambio con continuidad» que suponía el triunfo de Lenin Moreno, la conformación del gabinete ministerial suscitó gran expectativa. Además, la composición de los equipos de trabajo de un nuevo gobierno develan también asuntos de orden político que tienen que ver con la distribución de fuerzas al interior de un partido, así como con los acuerdos que van estableciéndose con otros actores durante la campaña.

No cabe aquí un análisis exhaustivo de la constitución del gobierno, sin embargo es posible destacar algunas características importantes. En primera instancia, lo más significativo en relación al gabinete ministerial -así como a cargos cercanos al presidente- es la presencia de figuras que fueron parte del momento originario de AP, del diseño e impulso del proyecto o de sus primeros años¹. Algunos se mantuvieron vinculados temporalmente a la anterior administración; no obstante, otros se había separado por diferencias de diversa índole y hoy regresan, dándole fuerza a una fracción específica al interior del movimiento.

Paralelamente, se conservan también cuadros de AP que llevan ejerciendo distintas funciones de manera ininterrumpida durante estos diez años y que son quienes han ido conformando la estructura de militancia de alto rango del partido. Incluso, cabe destacar que en carteras fundamentales -como son el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Minería y la Secretaria de la Gestión Política- se mantendrán a la cabeza los mismos funcionarios actuantes en el gobierno anterior.

El gabinete y los distintos cargos –e incluso candidaturas- que AP ha tenido designar, reflejan claramente la situación del partido que experimentó varias rupturas previas incluso al proceso electoral. Hoy la organización se encuentra en una situación de ajuste y ordenamiento de las diferentes facciones que la componente, en medio de un proceso de reestructuración de su correlación de fuerzas interna. Del desenlace de este proceso, que sin duda será conflictivo, dependerán, en parte, los límites y alcances del proyecto de Moreno.

Más allá de las condiciones de AP, otra características relevante en la conformación del equipo de gobierno de la nueva administración es que revela una apertura a ciertos sectores sociales y empresariales que se encontraban al margen de la administración pública hasta ahora². Su composición evidencia un escenario más abierto al diálogo político y menos afín a los perfiles tecnocrático de la administración de Correa.

La agenda: encuentros y desencuentros; reformas y persistencias

La gestión de gobierno de las últimas semanas tiene algunos hitos fundamentales que marcan no solo prioridades de acción, sino también instancias en las cuales se desmarca de lo que se venía haciendo hasta ahora. La mayoría de iniciativas impulsadas están incorporadas en el discurso de Moreno desde la campaña y tienen que ver con temas como la austeridad y eficiencia en el gasto público, el estado de la economía y el fisco, una gestión inclusiva y participativa, el control y sanción frente a la corrupción, así como el afianzamiento y mejora de la política social.

Una de las medidas que apunta a fortalecer la idea de cambio del nuevo gobierno -tomada en el paquete de los diez primeros decretos presidenciales- promovió una reforma institucional a través de la eliminación o reemplazo de ciertas entidades, bajo el argumento de que ya cumplieron su función. Así, Moreno establece un ruptura inicial con la que se va diferenciando y consolidando una identidad propia. Más allá de su sentido práctico, se trata de una jugada estratégica que responde a algunas de las críticas que venían instalándose en el debate nacional durante los últimos meses respecto el tamaño del Estado, no solo en relación a la crisis, sino también a la función que desempeñaban organismos públicos sin un mandato claro³.

Asimismo, la nueva administración le apuesta a un diálogo prioritario con algunos de los actores que han estado en conflicto con AP hasta ahora o con los cuales no se establecieron canales de comunicación efectiva. Tal es el caso de los sectores productivos del país que mantuvieron una relación con Rafael Correa marcada por discrepancias y altos niveles de conflictividad. El actual gobierno anunció durante su primera semana la creación de un Consejo Consultivo Productivo y Tributario encargado de articular el diálogo público-privado, conformado de manera paritaria. Dando un giro al discurso oficial, Moreno ha destacado la importancia de contar con un sector privado que funcione como pilar de la economía del país y su proceso de reactivación.

Frente a esto, organizaciones empresariales y productivas han manifestado ya su interés y dicen tener listas las agendas y propuestas. Se entrevé así una predisposición diferente. Está por verse su real impacto; sin embargo, la aproximación y las condiciones de debate expuestas inciden en el imaginario social a la hora de caracterizar positivamente los pasos que da al nuevo gobierno.

Algo similar sucede con los medios de comunicación, que fue otro tema sensible durante las anteriores administraciones de AP. En este sentido, resulta sugerente el conversatorio organizado por Moreno con representes de la prensa en su primer lunes en funciones. Tras haber afirmado en su discurso de posesión que buscará una relación «fresca y dialogante» con la prensa, durante este encuentro instó tanto a los medios, como a los periodistas, a construir consensos en torno a las propuestas para modificar la Ley de Comunicación; Ley que ha sido especialmente controvertida y que tanto AP, como Rafael Correa, han defendido e impulsado durante varios años⁴.

Moreno sostiene que la Ley es buena pero que debe ser mejorada. Los sectores involucrados piden la revisión de aquellos artículos que pueden resultar excesivamente restrictivos y/o punitivos. De esta manera se abre otra línea de diálogo que el mandatario apuntala anunciando además que él y sus ministros deberán acudir permanentemente a los medios de comunicación para informar sobre su gestión, posicionándolos nuevamente como interlocutores válidos.

Resulta significativo el hecho de que el presidente exhorte públicamente a su gabinete a mantener una relación directa con la prensa. Como se ha dicho, su estilo tiende hacia un manejo menos personalista de la política. Varias han sido las señales en este sentido durante las últimas semanas en temas de relevancia nacional en los cuales, sus respectivos ministros han sido voceros activos en medios y redes sociales.

En esta misma línea, otro tema que no ha estado exento de conflictos y críticas en años anteriores fue el proceso de reforma educativa impulsado a fin de mejorar la calidad de la formación superior en el país. La ausencia de debate, socialización o involucramiento de las universidades y docentes en el diseño de la propuesta, así como los excesivos requisitos impuestos a un sistema universitario que requiere de mucho más tiempo para poder responder, fueron las principales razones expuestas por los involucrados. Hoy destacan no solo los diálogos impulsados recientemente desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación con varios sectores universitarios, sino también la presentación de una reforma a la Ley de Educación Superior que incluye temas que han sido especialmente polémicos durante los últimos años⁵.

Los espacios de debate, así como los interlocutores que va reconociendo el gobierno, dan cuenta de un nuevo escenario en el país. Aunque está por verse hacia dónde van los diálogos y las reformas, hoy se leen como una señal de apertura, al igual que los cambios en el discurso y/o manejo de áreas fundamentales. Tal es el caso del Ministerio de Finanzas, en donde se gestiona la respuesta a uno de los principales desafíos que enfrentará Moreno: la situación económica del país.

Desmarcándose del discurso que se venía sosteniendo hasta ahora por el oficialismo, la administración de Moreno ha ido posicionando una perspectiva diferente en el manejo de las finanzas nacionales. Se ha destacado la importancia del sector privado y su convivencia en armonía con la economía popular y solidaria como cable a tierra en relación al proyecto original de AP; se reconoce el déficit fiscal y la necesidad de buscar una solución al respecto; se destaca la importancia de impulsar las reformas necesarias para atraer la inversión extranjera directa, así como el acercamiento a organismos de crédito internacional que permitan al gobierno cumplir con sus objetivos.

Además, el Ministro de Finanzas dio un giro significativo –incluso simbólicamente- al abrir la posibilidad de que el dinero electrónico sea manejado por la banca, con el fin de que cumpla con su objetivo de reducir la demanda de dinero físico. Correa fue categórico al afirmar que eso no era una posibilidad, al punto que a día de hoy ha expresado públicamente sus críticas respecto de la postura que ha tomado la nueva administración⁶.

Finalmente, un asunto esencial a ser destacado, sobre todo por la clara distancia que marca respecto de la administración anterior, es la relación del gobierno con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En una reunión con los altos mandos de ambas instituciones y los ministros vinculados al tema, Moreno explicitó su intención de establecer una relación descongestionada y fluida desde el respeto a sus instancias institucionales. A su vez, en medio de un discurso en el que reiteró su confianza frente a dichas instituciones, les encargó su seguridad, posicionándolas como las únicas fuerzas a cargo de dicha función. Esto sucede en el marco de la creación de un servicio de protección presidencial, como guardia civil armada, impulsado por Correa antes de dejar su cargo que generó molestia en militares y policías.

En definitiva, todas las iniciativas, declaraciones y medidas tomadas durante estas semanas no expresan todavía lineamientos de política pública. Marcan prioridades y un estilo de gobierno, determinan una hoja de ruta, establecen voluntades políticas. Permiten identificar las rupturas inmediatas entre ambas administraciones e incluso al interior del partido y sus distintas facciones. Se requerirá de un seguimiento no sólo para poder evaluar acciones más concretas sino también para determinar las características del gobierno a largo plazo.

La lucha anti corrupción como escenario de fondo

Las últimas semanas han estado marcadas por las gestiones que se realizan a nivel nacional en torno al caso Odebrecht. Hasta antes de la posesión de Moreno, no había ni resultados ni acciones contundentes. En esta coyuntura, el tema de la corrupción se ha convertido en objeto de disputas políticas por protagonismo, así como también en un recurso para la desmarcación. Se trata de un mecanismo de legitimación potente, dada la coyuntura.

Moreno ha respondido con una visión global del problema que se evidencia en la convocatoria a todos los poderes del Estado para debatir una estrategia conjunta. La Estrategia Nacional por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción será el instrumento en el que se definirán tanto políticas como acciones concretas para enfrentar y prevenir la corrupción.

A esto se suma, paralelamente, la conformación de un Frente de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, creado por al gobierno y conformado por representantes de la sociedad civil, la academia y la administración. Esta iniciativa tendría cuatro atribuciones: proponer estrategias y mecanismos para la prevención de la corrupción en el sector público y privado; exhortar a las entidades correspondientes para activar y aplicar los mecanismos de control e investigaciones; proponer iniciativas de educación que promuevan una cultura de transparencia y presentar propuestas de políticas y normas.

Así, nuevamente, se evidencia una postura de trabajo colectivo y la centralidad del diálogo en los procesos impulsados desde lo público. Sin embargo, no todas las personas convocadas a ser parte han aceptado y se trata de una iniciativa que ya ha recibido críticas porque existen otras instituciones del Estado con el mismo mandato, porque se considera que hay otras medidas que deben llevarse a cabo antes y que serían más efectivas, porque una parte significativa de sus miembros son militantes de AP y eso genera un desbalance.

La corrupción es un tema que aún tiene mucho trabajo por delante y que no genera consensos. El bloque oficialista en la Asamblea no ha logrado ponerse de acuerdo frente a temas relacionados, el gobierno no consigue una convocatoria representativa que apoye su línea de acción y, entre medio, se suscitan lecturas contrapuestas entre algunos sectores de AP, incluyendo al ex presidente Rafael Correa. Es un tema que deja muchos elementos pendientes y que demandará de un seguimiento. En este sentido, cabe destacar que de sus resoluciones dependerá buena parte de la credibilidad del nuevo gobierno. Existe una significativa expectativa social al respecto que responde a una evaluación del sistema judicial nacional y de la autonomía e independencia de las funciones del Estado.

Los pendientes

Se han marcado ya algunas pautas respecto de temas de gran relevancia; pautas que evidenciarían una coherencia con el discurso de campaña que prometía mantener pero, sobre todo, mejorar lo alcanzado. Empero, frente a esto hay también algunos asuntos que permiten avizorar la extensión de los conflictos que viene arrastrando el oficialismo con determinados sectores. Se trata de asunto en los que el gobierno de Moreno aún no ha tomado una posición clara o, frente a los cuales, se han dado pasos que parecen seguir la tendencia de la última década.

La primera ley aprobada por la nueva Asamblea –de mayoría AP- fue la ley que abre la puerta a los transgénicos en el país, fuertemente criticada por agrupaciones indígenas y ambientalistas. Será difícil encontrar espacios de diálogo con dichos sectores si el gobierno no muestra una voluntad de cambio. Está por verse si los temas vinculados a medios ambiente –como por ejemplo, las concesiones petroleras en el ITT o la explotación minera y maderera- son asuntos que entran en la línea de continuismo o en la cambio. No hay una política consistente aún e incluso se evidencian contradicciones⁷.

Existen, por otra parte, algunos temas pendientes que han estado en el debate pero que aún no queda clara cuál será su concreción; tal es el caso de un pedido de amnistía para 177 personas e indulto para otras 22 por parte de la CONAIE, bajo el argumento de que se trata de dirigentes que ejercieron el legítimo derecho a la resistencia en el 2015 frente a medidas tomadas por el régimen de Rafael Correa. La organización ha condicionado la posibilidad de un diálogo con el gobierno a las resoluciones de estos casos que consideran actos de persecución política. Tanto la Asamblea, como el Ejecutivo, han manifestado que se analizará cada caso por separado para determinar la pertinencia de acceder a sus pedidos. A día de hoy, se ha dado el indulto a un líder indígena de la Amazonía. Moreno lo anunció diciendo: «¡Buenas noticias! El diálogo empieza a dar frutos.»

Finalmente, entre sus primeros decretos, Moreno elimina el Plan Familia, que fue la iniciativa pública impulsada por Rafael Correa para la prevención del embarazo adolescente, desde una perspectiva de recuperación del rol central de la familia. Dicha política fue un punto de quiebre importante con sectores sociales vinculados a temas de género que trabajan sobre la salud sexual y reproductiva. Su perspectiva, profundamente conservadora, generó un retroceso en las cifras, así como en la concepción de la política pública que no debería legislar a partir de una carga moral o de la imposición de valores y creencias.

Moreno afirmó que habrá un cambio de enfoque con una orientación desde la libertad con corresponsabilidad. Esto ha generado una reacción positiva en sectores que llevan años en conflicto con Correa por sus límites en cuanto a la comprensión de asuntos vinculados a las problemáticas de género. Las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema están a la expectativa de poder intervenir no solo en el diseño e implementación de una estrategia integral sobre sexualidad, sino también respecto de muchas de muchas deudas pendientes en términos de derechos.

A poco menos de un mes de iniciadas las actividades del nuevo gobierno, estos son solo algunos de los temas pendientes, sobre todo, con actores sociales con los cuales el gobierno de Correa no logró establecer consensos ni diálogos. La relación que Moreno y su equipo establezca con dichos sectores, será también una expresión del alcance de sus reformas.

En definitiva

Este repaso por las primeras tres semanas de gobierno de Lenin Moreno evidencia, sobre todo, una disposición al diálogo y la inclusión de otros sectores. En alguna medida, se ha ido marcando el camino para el cumplimiento de sus objetivos en términos de llevar a la práctica el discurso de cambio y constituir una identidad, así como una línea de gestión, diferenciadas de la de Rafael Correa. La posibilidad de alcanzar tanto legitimidad como popularidad -propias y consistentes- demandará de más tiempos y de la concreción de aquellos pasos iniciales que se han ido dando.

Cabe destacar el hecho de que existe una expectativa de diversos sectores sociales y políticos por la apertura de un nuevo tipo de relacionamiento desde el Estado y el gobierno con las demandas sociales. Bajo dichas condiciones, hay una mayor concurrencia de actores y el escenario político se amplía en términos no solo de participación, sino también de posibilidad de representación.

No obstante, paralelo a la construcción de un escenario que pareciera más incluyente, varios son los temas que van generado distancias entre la actual y la anterior administración de AP. Moreno y su equipo se han esforzado por formular una política de gobierno nueva así como una «marca» propia. En esa línea, se han planteado varias reformas legales, se han abierto espacios de discusión a sectores que antes estaban fuera o en confrontación con Correa, se han modificado asuntos que fueron bandera central de la década pasada.

En medio de dicha coyuntura de construcción y consolidación de gobierno, hay una excesiva presencia de Correa en el escenario nacional. En la medida en que están en debate varios elementos que provocan lecturas contradictorias y/o confrontadas, el ex mandatario se ha encargado de exaltar las diferencias en redes sociales permanentemente, cuestionando a la actual administración, a la bancada de la Asamblea e incluso al partido.

Esta intervención supone una distorsión en el espacio de actuación de Moreno y su equipo. Además, evidencia públicamente las rupturas el interior de AP, debilitando el proyecto y generando cuestionamientos a su actual espacio de gestión pública.

Bajo estas condiciones, la naturaleza del cambio y la resolución de estas tensiones y distintas narrativas, están por verse. Ambos factores marcarán el futuro del gobierno de Moreno. Han pasado solo tres semanas, quedan cuatro años que definirán tanto la situación del país en relación a un proyecto que generó profundos cambios pero que necesitaba de correcciones; así como la situación de un partido al que le urge un trabajo interno de estructuración y de desarrollo orgánico que le permita, entre otras cosas, gestionar sus problemas y disputas constantes.