El inicio de 1992 fue ante todo un tiempo de esperanza. Apenas 15 minutos antes de la medianoche, límite del mandato de Javier Pérez de Cuellar como Secretario General de Naciones Unidas, se firmó el compromiso entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que fue ratificado el 16 de enero en el Castillo de Chapultepec, México. Con esto se daba por terminado un conflicto armado que para algunos había comenzado en 1980, para otros existía desde 1970 y para otros más se había desatado con la gran masacre indígena campesina de 1932.
En 2002 mucha de esa esperanza había desaparecido. Dos violentos terremotos, el 13 de enero y el 13 de febrero de 2001, habían abierto las vísceras de un país en descomposición . En diciembre de 2000 se había aprobado la dolarización de la economía. Cientos de salvadoreños y salvadoreñas abandonaban el país optando por la migración indocumentada. Una nueva guerra se libraba–y aún se libra, quizá más cruenta- en las calles, en los barrios, en las zonas marginales, en las cárceles, esta vez no entre bandos declarados sino entre las pandillas, el crimen organizado, la policía y el ejército.
Las raíces económicas y sociales del conflicto no habían sido abordadas adecuadamente por el acuerdo de paz y éste necesitaba un gobierno que pudiera hacer realidad la concertación económica y social pendiente. Salvo el tema agrario, el acuerdo de paz dejó el resto de la tarea al Foro para la Concertación Económica y Social (FCES), posponiendo la parte difícil de la negociación y trasladándola a otros en el futuro. Instalado en 1993, la historia del FCES fue fugaz. La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), principal organización empresarial y representante de la oligarquía salvadoreña, nunca lo reconoció formalmente. Desde los trabajadores se hizo un esfuerzo histórico en presentar ya desde 1992 la llamada “Agenda Laboral Prioritaria” . Esta agenda fue levemente discutida y presentada en el FCES pero las reuniones fueron “suspendidas temporalmente” en febrero de 1994, argumentando que las elecciones de marzo de ese año politizarían las discusiones.
En esa ocasión, una vez más ARENA ganó las presidenciales y el FCES nunca fue reabierto. En su lugar se creó el Consejo Superior del Trabajo (CST), que avaló durante más de una década todas las medidas propuestas por el gobierno neoliberal de ARENA. Algunas de ellas fueron: 1990-1994: saneamiento de la banca (es decir, absorción de las deudas por parte del Estado) y su posterior privatización. 1992-2007: promoción mediante la eliminación de impuestos y tolerancia de los abusos laborales a las zonas francas y los recintos fiscales. 1990-2013: liberalización del comercio exterior mediante el desmantelamiento del aparato institucional y la firma de Tratados de Libre Comercio con México, Estados Unidos y la Unión Europea. 1997-2000: privatización de los servicios esenciales (telecomunicaciones, electricidad, puertos y fondos de pensiones). 1990-2007: flexibilización del mercado de trabajo reflejada en
desmantelamiento del sindicalismo en el sector estatal; reformas al Código de Trabajo en 1994, promovidas aparentemente en concordancia con los principios de la OIT, aunque en la práctica fomentaban la división y atomización del movimiento sindical; masivos programas de “retiro voluntario”, eliminando 50 mil plazas de trabajo en 1995; congelamiento de los salarios mínimos para contener la demanda; desmantelamiento del sindicalismo y la negociación colectiva en las empresas privatizadas; desmantelamiento del sindicalismo y la negociación colectiva en la industria manufacturera y del sector privado; desincentivo a los nuevos contratos colectivos (no se registró ninguno en el sector privado entre 1989 y 2009).
A esto se sumó que la dolarización, impuesta en el año 2000, entregó las reservas internacionales estatales de divisas a la banca ya privatizada y en manos de la oligarquía salvadoreña.
Lo que sucedió en el quinquenio 2009-2013, con el primer “Gobierno del Cambio” de Mauricio Funes y el FMLN, es material para un razonamiento aparte. Pero en el marco del ascenso del nuevo gobierno del FMLN el 1º de junio de 2014 es pertinente recordar que, para atender los problemas como la desbordante violencia social, donde pandillas y crimen organizado han encontrado un terreno fértil para florecer, hay que atacar las “causas estructurales que dieron origen al conflicto armado”.
Por ello es urgente apostar a la concertación económica y social para desmontar las imposiciones que durante 20 años hicieron de caldo de cultivo a lss demenciales situaciones actuales en El Salvador.
* Salvadoreño. Coordinador del Centro de Estudios y Apoyo Laboral (CEAL) y corresponsal de prensa de la Unión Internacional de Trabajadores del Alimento (UITA).
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