Opinión
Octubre 2019

Fuego y furia en el «oasis» chileno

El aumento del metro fue la chispa que desató una desobediencia civil de amplias proporciones. Pero la potencia de la movilización deja ver que algunas placas tectónicas de la transición, contenida por una Constitución de la época de la dictadura, se están moviendo. Nuevas generaciones se han venido politizando y algunos pilares que se suponían inamovibles se han derrumbado.

Fuego y furia en el «oasis» chileno

El lunes 7 de octubre, un grupo de estudiantes secundarios convocó a una evasión masiva en el metro de Santiago (acceder sin pagar el boleto), en protesta contra el alza del precio. No era la primera vez que se convocaba a una manifestación de este tipo ante el incremento del costo del transporte público. El gobierno reaccionó como ya lo había hecho ante protestas previas. El presidente Sebastián Piñera las catalogó como una forma de vandalismo y, sobre el tema de fondo, se limitó a responder que había sido un panel de expertos el que determinó el aumento en virtud del mayor costo de la energía y del cambio en el valor del dólar. Cinco días después, la evasión y la ola de revueltas se expandió más allá del metro y derivó en la quema y el saqueo de varios establecimientos, incluido el edificio corporativo de una de las principales empresas de energía de Chile. El gobierno declaró el estado de emergencia y recurrió a los militares para vigilar las calles de la ciudad y reprimir el movimiento. Incluso se declaró un toque de queda total, lo que no ocurría, en Santiago, desde la dictadura militar.

¿Qué pasó en estos cinco días que explique un un levantamiento, y una furia social, casi sin precedentes en la historia reciente del país?

Santiago tiene uno de los transportes públicos más caros del mundo. Por otro lado, si bien en términos reales el precio se ha mantenido relativamente estable desde 2015, esta estabilidad se dio después de un aumento (por encima de la inflación) de casi 40% entre 2010 y 2015. Esta es una pequeña muestra de la forma en que ha funcionado el modelo económico y social de Chile, que le ha permitido ser uno de los países más ricos −y al mismo tiempo desiguales− de América Latina. Con frecuencia se menciona a Chile como un modelo a imitar, por su estabilidad macroeconómica e institucional, su economía abierta y el gasto social focalizado. De hecho, Piñera hace poco declaraba que Chile es un «oasis en una América Latina convulsionada» e incluso, cuando el estallido social tomaba fuerza, se comparaba con Odiseo. Así como el héroe literario se había puesto cera en los oídos para no escuchar el canto de la sirena y evitar caer en su trampa, Piñera evitaría escuchar los cantos de la «sirena populista».

Efectivamente, para entender la naturaleza de las movilizaciones, hay que comenzar por la institucionalidad que determina los precios del transporte público y la manera en que esta pretende prevenir el embrujo de la «sirena». Un panel de expertos determina, a partir de una serie de variables económicas, las tarifas del transporte público. Es una institución diseñada para mantenerse al margen de la política y se rige estrictamente por las condiciones de mercado. Desde esta perspectiva, se entienden los dichos del presidente del panel, quien acorralado por las protestas que comenzaban a sentirse en la capital, respondía: «Cuando suben los tomates, el pan, todas las cosas, no hacen ninguna protesta». El precio del transporte obedece a las fuerzas inexorables del mercado y estas son tramitadas, de forma aséptica y aislada del contagio político, por la experticia tecnocrática. Podrá gustar más o menos pero, como la ley de la gravedad, estos ajustes serían inevitables.

De este modo, la política pública deja de ser política y deja de ser pública. La cuestión de las pensiones es un asunto de falta de cotizaciones previsionales de los trabajadores y de envejecimiento de la población, que requiere ajustes de la tasa de cotización y de la edad de jubilación; el problema de la educación es un problema de «competencia entre oferentes privados», que requiere subsidios mejor calibrados, etc. Jaime Guzmán, uno de los autores intelectuales de la Constitución chilena, promulgada bajo la dictadura, describía así esta situación: «Había que asegurar que, si llegan a gobernar los adversarios [progresistas], se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, para que –valga la metáfora– el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario». Lo natural cuando una sociedad cambia es que los términos del acuerdo social cambien, pero la institucionalidad chilena busca precisamente evitar eso.

El resultado es que los movimientos sociales sobrepasan cada vez más el espacio político y rompen el sopor de una política neutralizada. En Chile, contra las apariencias, hay un tenso y delicado equilibrio que sostiene varias de las políticas públicas vigentes. Estas se sostienen en un discurso de inevitabilidad técnica y en una fuerte dosis de inercia. Cuando esto falla, el último recurso que le queda a la institucionalidad es la fuerza de la represión. En casi todos los conflictos sociales que Chile ha vivido desde el fin de la dictadura se observa el mismo patrón. Cuando un grupo afectado reclama por una política pública, la política se refugia en la institucionalidad técnica o en la lógica de los mercados. Sin embargo, cuando estas movilizaciones alcanzan una masa crítica, terminan develando los tipos de consenso social y político que se levantan detrás del muro técnico y privado.

En el caso de las movilizaciones por el alza de tarifa del metro, el gobierno comenzó manifestando que era imposible revertir la medida. Unas 48 horas después, cuando el estallido social tomó más fuerza, el presidente anunció, contradiciendo su alegoría de Odiseo, que había escuchado la «voz de sus compatriotas» y que suspendería los aumentos. Hoy el Estado subsidia aproximadamente la mitad del costo del pasaje. En otras palabras, detrás de una institucionalidad técnica y en teoría despolitizada, hay una definición profundamente política: ¿por qué el Estado subsidia la mitad y no un cuarto o tres cuartos? Reconocer esta situación costó una semana de convulsión social. Más aún, es llamativo lo torpe y lento de la reacción si consideramos que Piñera se vio enfrentado a otra importante movilización social en su primer gobierno: la que lideraron or los estudiantes universitarios. En ese caso siguió el mismo guion y tuvo que retroceder al menos tres veces en lo que se declaraba como «posible» de realizar por parte del Estado.

A través de los movimientos sociales, la política se termina colando entre las grietas de estas reglas de hierro. Pero es un tipo de política particular. Las nuevas generaciones se han ido politizando en protestas fragmentadas, marcadas por momentos catárticos de explosión social y derrumbes de algunos pilares que se suponían inamovibles. Además de diversos movimientos estudiantiles, las mareas feministas y la lucha contra el sistema privado de pensiones son muestras de los cambios tectónicos en la transición chilena. También muestran el protagonismo creciente que han tomado las llamadas «clases medias emergentes». Formadas en el marco del neoliberalismo radical de los años 90 y 2000, perciben la fragilidad de su posición, desprovistas del colchón de seguridad social y obligadas a acudir al mercado para acceder a los servicios públicos (como educación, salud, pensiones, etc.). Además, el efectivo proceso de despolitización y desarme del tejido social ha traído la necesidad de formas de organización no tradicionales: pocos están sindicalizados, menos aún militan en partidos políticos.

Los movimientos sociales han hecho que sea posible rediscutir estas cuestiones en la política. Pero, a la vez, estos movimientos han hecho crujir las relaciones de representación política. Incluso la nueva izquierda chilena, encarnada en el Frente Amplio y heredera directa de la movilización de 2011, se ha encontrado con las movilizaciones actuales como espectadora, desde el lado de los representantes políticos. El estallido reciente no tiene cabeza o liderazgo conocido. Cuando el gobierno no pudo enmarcar las evasiones masivas en el espacio de la delincuencia común, pues según las encuestas las evasiones gozaban de un apoyo mayoritario en la población, intentó ubicarlas en el ámbito de la seguridad nacional y de la defensa ante «oscuros» grupos organizados que estarían manipulando a la población. Los partidarios del gobierno intentaron achacar el estallido a los designios de la izquierda: el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero lo cierto es que este estallido, más allá del apoyo de las fuerzas de izquierda, se dio completamente por fuera de los espacios de representación política y organización social tradicional. Y podía verse a jóvenes muy jóvenes −con una alta presencia de mujeres− en las movilizaciones.

Este es un movimiento acéfalo, que cuesta ubicar en la historia reciente de movimientos sociales. Si bien estos contienen fuertes componentes de horizontalidad, se consolidan en torno de orgánicos sociales tradicionales, como los sindicatos en el caso del movimiento contra las administradoras de fondos de pensiones (AFP) o las organizaciones estudiantiles en el caso de los movimientos educacionales y feministas. Quizás el antecedente más cercano son los movimientos autonomistas de resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet, que organizaban sus revueltas en forma de red, que incluían a estudiantes, pobladores y trabajadores, con poco espacio para el vanguardismo y la orgánica partidaria. Es posible que esta peculiaridad explique que, hasta ahora, el término que ha dominado el debate desde el mundo político sea «perplejidad».

Se cuenta que en 2014, a finales de su primer gobierno, los ministros salientes le regalaron a Piñera el libro de Charles Tilly Los movimientos sociales 1768-2004. Desde sus orígenes a Facebook. Una ironía sobre la que fue la mayor derrota de su primer gobierno: la incapacidad de hacerse cargo de la movilización estudiantil de 2011. Para muchos, fue la razón por la que el primer gobierno de derecha desde el fin de la dictadura no pudo entregar el poder a otro del mismo signo y terminó entregando la banda presidencial a una coalición de centroizquierda.

Por el momento, Piñera ha demostrado que su gobierno, normalmente hábil en la gestión comunicacional y el control de la agenda política, es completamente incapaz de asumir los desafíos de demandas desde el movimiento social. Sin embargo, más allá de los errores del gobierno, este estallido social revela un creciente proceso de desajuste entre las demandas sociales y su traducción política. Es posible que las protestas se apaguen con la misma velocidad que emergieron. Pero la próxima vez que se discuta la tarifa del metro será bien difícil negar que es una discusión con un trasfondo profundamente político. Lo que es más importante aún, la herida al relato exitista de Piñera parece fatal. En estos días se encuentra un grupo de avanzada de Donald Trump preparando su llegada a la reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Santiago en pocas semanas. El país que encontrará el presidente estadounidense dista mucho del «oasis» que Piñera quería mostrar.



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