Introducción

A pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, no siempre los empresarios adscriben a la derecha. Podemos, en efecto, encontrar grupos significativos vinculados al centroizquierda. Los empresarios, ya no digamos entre las diferentes naciones de América Latina sino incluso dentro de un mismo país, revisten profundas diferencias en lo político y en lo económico. Sus intereses son heterogéneos y atraviesan distintas díadas: grandes-pequeños; agricultores-industriales; industriales-financieros; abiertos-proteccionistas; nacionales-locales, etc. Por lo tanto, no se puede hablar genéricamente de «los empresarios» o «el empresariado» si lo que se pretende es determinar pautas de comportamiento ante algún problema, situación o tema en particular. No obstante lo anterior, puede afirmarse que la mayoría de los empresarios comparten una idea de sí mismos (una ideología) que les da unidad y los aglutina. Además, existe una representación legalmente reconocida y políticamente legitimada (tanto por los propios empresarios como por el gobierno y los actores fundamentales del sistema político), lo que nos permite hablar, en forma genérica, de «los empresarios». Es a esos líderes empresariales a los que nos referiremos en este trabajo, y a la cúpula de la organización empresarial como actor principal.

En términos generales, podemos identificar dos características del empresariado latinoamericano: por una parte, su diversidad y heterogeneidad, que se expresan cuando se instrumentan políticas económicas concretas (por ejemplo, la política industrial); y por la otra, su cohesión y unidad, que dependen del tipo y grado de amenaza a los elementos fundamentales del statu quo, ante lo cual desarrollan acciones políticas concretas y efectivas. Así, en la historia latinoamericana podemos observar que, cuando los aspectos básicos del orden establecido han sido puestos en cuestión, los empresarios han respaldado regímenes autoritarios, incluso militares, debido a que garantizaban los derechos de propiedad, el orden y la autoridad. Los casos de Perú durante el fujimorismo, Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet y México durante gran parte de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) son ejemplos de la variedad de modos de convivencia entre el actor empresarial y el gobierno en un contexto no democrático (Flores Andrade 2000 y 2004). Pero también son ejemplos de cómo, independientemente del régimen político, los empresarios han redefinido su relación con los gobiernos de turno para conseguir sus propósitos individuales o corporativos (Acuña; Durand; Flores Andrade 2004; Mancilla 1995).

En este proceso, el empresariado comenzó a ubicarse como un sujeto económico y político de suma importancia dentro de los sistemas políticos de la región (Garrido). Los procesos de transición a la democracia, la «escasa» representación del sector empresarial en el sistema político, la mala imagen que la sociedad tenía del empresariado y, fundamentalmente, los procesos de ajuste económico estructural provocaron una fuerte reacción por parte de los empresarios. En efecto, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Confederación de la Producción y el Comercio de Chile, el Consejo Coordinador Empresarial de México, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, la Unión Industrial Argentina y la Cámara Industrial de Uruguay, entre otras, se implicaron de diversas maneras en los procesos políticos y económicos de sus respectivos países.

En las líneas que siguen, argumentamos que la reconfiguración del sistema económico mundial, la hegemonía ideológica del neoliberalismo y la generalización de la democracia política han generado una profunda transformación, tanto en los empresarios como en la izquierda latinoamericana. Esto ha sido fundamental para, por un lado, atenuar la fobia tradicional del empresariado frente a los gobiernos de izquierda; y, por otro, para que la propuesta de cambios revolucionarios o sistémicos enarbolados durante mucho tiempo por la izquierda se sustituyera por iniciativas de reformas dentro del modelo de economía de mercado y democracia pluralista. Como ilustración de lo anterior, se expone brevemente la experiencia de los gobiernos de la Concertación chilena y su relación con los empresarios.

Las transformaciones del empresariado

El papel de los empresarios y sus organizaciones en los sistemas políticos de la región se ha modificado en las últimas dos décadas. La reconfiguración del sistema económico mundial, la transición a la democracia y la consolidación de la economía de mercado han modificado las pautas tradicionales de la relación empresarios-gobierno. La tradicional «subordinación al Estado» y la «apatía» frente a la política se revirtieron a partir de las décadas del 70 y 80, cuando se inició una paulatina e irreversible politización del empresariado. En naciones tan disímiles como México, Brasil, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, éste comenzó a experimentar cambios en su estructura organizativa, en su mentalidad e ideología, así como en sus relaciones con el Estado, los partidos políticos y la sociedad. La transición a la democracia y, posteriormente, la ola neoliberal no se limitaron a sustituir a los militares por civiles, ni a una serie de medidas económicas: incluyeron un movimiento económico, político e ideológico destinado a enterrar el modelo de crecimiento por sustitución de importaciones y el Estado benefactor.

En estos procesos de reformas, los empresarios jugaron un papel fundamental: no solo las promovieron e impulsaron, sino que se constituyeron en el actor privilegiado del modelo económico. De forma individual o colectiva, apoyaron las estrategias de política económica de los gobiernos y, en muchos casos, cumplieron funciones de asesoría institucional, como ocurrió en México y Chile. En ese sentido, la relación entre los empresarios (en especial, los más poderosos) y los gobiernos tendió más a la colaboración que al conflicto.

En un periodo en que la economía dictaba el rumbo, los empresarios adquirieron cada vez más importancia. No solo sugerían las políticas públicas sino que, en ocasiones, eran los encargados de diseñarlas y coordinar su puesta en marcha. En este contexto, sus estructuras de representación adquirieron una influencia sustancial en el proceso político de los países de la región, debido a que eran considerados interlocutores importantes para el éxito, o fracaso, de las políticas estatales. En síntesis, su lugar estratégico en el nuevo modelo económico les proporcionó un amplio poder de negociación frente al Estado en detrimento de otros grupos sociales, como los obreros y los campesinos.

La nueva ideología de los empresarios incluyó una serie de ideas sobre sí mismos (como «hombres de trabajo» o «particulares», en oposición a lo estatal), sobre su importancia en la creación de la riqueza y, especialmente, sobre el reconocimiento legítimo de su espacio (la empresa) y sus beneficios. Se produjo, como consecuencia de todo esto, una revaloración positiva de sus actividades. En poco tiempo, lograron revertir la percepción negativa –que hacía referencia a los empresarios de visión cortoplacista, especuladores y aventureros– difundida en muchos sectores sociales. A los empresarios se les asignó, con mayor o menor énfasis, el rol de motores de la economía, de pilares del crecimiento económico del país. Lograron articular un discurso coherente y unitario. Y, aunque los conceptos no fueron novedosos, fue inédita la capacidad de revertir la imagen tradicional y presentarse como la clave del desarrollo y la modernización.

En casi todos los países latinoamericanos, la defensa de la economía de mercado, la demanda de relaciones laborales inherentes a ese modelo y una política económica acorde con lo anterior constituyeron el eje articulador del discurso empresarial. Conceptos tales como eficiencia, competitividad, innovación tecnológica, desarrollo económico, productividad, racionalidad y libertad fueron ampliamente difundidos y se plasmaron en una variedad de documentos y discursos. Los empresarios ya no querían ser meros espectadores, sino que se asumían como activos participantes de la dinámica política en general, y en la elaboración de las políticas públicas en particular. Se divulgó una nueva imagen del empresariado que subraya su carácter social y se hizo una defensa de la legitimidad moral, política y económica de la presencia y las actividades empresariales.

Este proceso fue liderado por un nuevo empresariado, más moderno y cosmopolita, más dispuesto a participar en la dinámica política, incursionar en los mercados y participar en la competencia internacional, y menos propenso a seguir las pautas tradicionales de paternalismo estatal. Las características de esta nueva generación, educada en las mejores instituciones del extranjero y con una visión más moderna de los negocios, posibilitaron una fácil asimilación del credo neoliberal en el mundo empresarial. Paralelamente, ante los retos que presentaba la nueva lógica del comercio internacional, los empresarios modificaron sus organizaciones representativas, haciéndolas más técnicas y dotándolas de gestión estratégica moderna.

La renovación de la izquierda

Al igual que la de los empresarios, es necesario destacar la enorme heterogeneidad de la izquierda latinoamericana: hay múltiples matices, que abarcan a una diversidad de partidos, grupos y posiciones (no solo en la región, sino dentro de un mismo país), con las más variadas tendencias, que difícilmente pueden ser homologadas. El Partido de la Revolución Democrática mexicano, el Partido Socialista chileno, el Partido de los Trabajadores brasileño o el Frente Amplio uruguayo, por mencionar solo algunos ejemplos, están lejos de ser idénticos. No obstante, aquí nos referiremos de manera general a «la izquierda» para definir aquellas posiciones que se ubican en sentido contrario a los principios y valores del neoliberalismo. Aunque tradicionalmente existe un bagaje político-ideológico básico entre los partidos de izquierda (su identificación con los intereses de la clase obrera, su voluntad de ampliar la participación de los trabajadores en los ámbitos de la empresa, su rechazo a la democracia burguesa, sus ataques beligerantes a la propiedad privada y el capital), en la actualidad se considera de izquierda toda aquella opinión o posición que vaya en sentido contrario a la agenda del Consenso de Washington.

La izquierda, al igual que los empresarios, no fue inmune a las modificaciones del entorno. Dos sucesos de envergadura han influido en su reorientación: por un lado, el colapso del socialismo real en Europa, que le restó cohesión y viabilidad; y, por otro, la reconfiguración del sistema económico mundial (y los procesos de innovación tecnológica, flexibilidad laboral, primacía del mercado como regulador de la vida social, competitividad, apertura comercial y eficiencia de los aparatos productivos). La convergencia de democracia liberal y economía de mercado marca los límites y las posibilidades de acción política de las alternativas contestatarias o reaccionarias al modo de producción capitalista.

Dentro de este proceso de cambios, uno de los más sintomáticos es la moderación discursiva. A diferencia del pasado inmediato, cuando defendía la necesidad de cambios revolucionarios, en la actualidad el discurso de la izquierda sustituye dichas expresiones por las de reforma, transformación gradual o reorientación de las políticas económicas, pero dentro del modelo de economía de mercado. Ya no se pide derrocar y cambiar la forma de gobierno burguesa, sino que se demanda eficacia al gobierno o, en todo caso, la sustitución de los gobernantes a través de los mecanismos de la democracia liberal. Las categorías de clase social, pueblo y lucha de clases han sido sustituidas por las de sociedad, ciudadanos y sectores sociales.

Como parte de estos cambios, la izquierda ha comenzado a reconocer la importancia de los empresarios en el desarrollo económico, además de considerarlos importantes para el mantenimiento de la gobernabilidad. No es exagerado afirmar que, salvo excepciones (como la Venezuela de Hugo Chávez), sus marcos conceptuales y prácticos se han modificado considerablemente. Se trata de una izquierda más pragmática y gradualista, sin las posiciones tradicionales de confrontación con los gobiernos de turno, que postula un capitalismo más humano y un socialismo democrático y responsable (Walker). En la moderación del lenguaje de la izquierda han incidido las experiencias autoritarias más recientes. La salvaje embestida represiva sufrida por muchos líderes y grupos sociales ha dejado una profunda huella (Walker) y ha influido en las estrategias políticas de la izquierda, revalorizando la democracia y lo que ella implica (valores, principios y discursos). Como resultado de las nuevas coordenadas ideológicas, políticas y económicas impuestas por la globalización, no existe lugar en el discurso de la izquierda (si quiere tener posibilidades de acceder al poder y gobernar) para invocar la autosuficiencia económica ni el planeamiento económico estatal, y menos aún para el retiro de los foros y los regímenes económicos internacionales.

Esto ha acentuado un mayor pragmatismo en las acciones y los discursos, como lo atestigua recientemente Evo Morales, quien aceptó moderar su discurso para tranquilizar a la comunidad empresarial y no alejar el apoyo de la clase media. En poco tiempo, ha dejado atrás las palabras «expropiación» y «revolución», para poner el énfasis en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica de la propiedad privada, y ha destacado su voluntad de encabezar un gobierno que fomente la inversión nacional y extranjera.

El pragmatismo es hoy, entonces, una práctica común tanto entre los empresarios (para proteger sus intereses individuales y colectivos) como entre la izquierda (para incrementar sus posibilidades de gobernar). Se trata, sin embargo, de un pragmatismo con sentido positivo, que ha resultado fundamental en la gobernanza de los sistemas políticos de la región, al flexibilizar y ensanchar el horizonte de convivencia. De este modo, el espacio político resulta menos rígido y compartimentado que en otras épocas, cuando la ideología y las posiciones extremas establecían un juego de suma cero entre izquierda y empresarios.

Empresarios y gobiernos en Chile

Los empresarios chilenos son, desde un punto de vista ideológico, bastante homogéneos. Fervientes partidarios de la derecha y, hasta hace poco tiempo, abiertamente «pinochetistas», han jugado un papel fuertemente político: su adhesión al gobierno de Pinochet rebasó los límites de la defensa de sus intereses estrictamente corporativos (Huneeus), ya que no solo ayudaron a implantar el modelo económico, sino que contribuyeron a consolidar un tipo de orden político autoritario. La ideología empresarial, difundida y arraigada durante la dictadura, ha sido una verdadera fuerza defensora de lo que consideran ataques al statu quo. Los ha dotado de argumentos y de una visión compartida, no solo de sí mismos, sino también de la economía y la política. Tienen, por lo tanto, un mayor talante ideológico, consecuencia de su adhesión explícita al régimen militar y de la traumática experiencia del gobierno de la Unidad Popular.

Su rol político ha sido ligeramente distinto bajo los diferentes gobiernos democráticos. Durante el de Patricio Aylwin, entre 1990 y 1994, hubo un periodo de desconfianza y cautela, consecuencia de la difícil coyuntura económica de 1991-1992, que motivó al presidente a impulsar una reforma tributaria y laboral; después, sin embargo, sobrevino una fase de acercamiento y confianza. Durante los gobiernos de Eduardo Frei y Ricardo Lagos, el modelo económico se consolidó y, a partir de la década del 90, los empresarios han participado como nunca antes en el proceso de desarrollo del país. Hubo algunas confrontaciones, por supuesto, pero fueron más bien excepcionales.

A pesar de las diferencias, los gobiernos de la Concertación se caracterizaron por su moderación política y por haber consolidado la economía de mercado. Aylwin, al igual que sus sucesores, llevó adelante, a pesar de las presiones, una cuidadosa gestión macroeconómica e impulsó una serie de acuerdos tripartitos con los empresarios y los sindicatos. Hubo, durante este periodo, un amplio consenso entre gobierno y empresarios sobre el modelo económico. La Concertación no se propuso cambiar el modelo económico de Pinochet, y en todo caso buscó modificar algunos instrumentos de política económica con el propósito de reorientar sus costos y beneficios. En ese sentido, no fueron los temas económicos, sino los problemas de subordinación militar al poder civil y la cuestión de los derechos humanos los puntos más conflictivos.

Por otra parte, la inserción de Chile en el sistema internacional, los límites impuestos por las instituciones y los acuerdos suscriptos tranquilizaron a los empresarios. En ese sentido, los distintos tratados de libre comercio (con Estados Unidos, México, la Unión Europea, Canadá, el Mercosur, Corea y China, entre otros) han sido fundamentales para reafirmar el estrecho margen para un viraje económico radical. En esta situación, se define una relación de trabajo constante entre los empresarios y el gobierno, evidenciada, por ejemplo, en la inclusión de los más importantes empresarios en las delegaciones oficiales de las misiones comerciales.En este contexto de integración económica, la cooperación entre empresarios y gobiernos, así sean de izquierda, es clave, por ejemplo, para enfrentar eficazmente los retos que imponen las deliberaciones sobre los acuerdos comerciales, para mejorar la competitividad en los mercados internacionales y fortalecer las cadenas productivas nacionales. La inserción en el sistema económico mundial ha servido para confirmar la voluntad del gobierno chileno de trabajar conjuntamente con los empresarios. Así, toda vez que el modelo económico no es cuestionado, los empresarios, tras varios años de políticas neoliberales, muestran mayor sensibilidad por el aspecto social del modelo.

Por su parte, los empresarios demandan el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y el principio de subsidiariedad del Estado, en un marco de mayor eficiencia. Consideran sumamente importante impedir los ofrecimientos demagógicos que, a su juicio, no solo crean falsas expectativas, sino que pueden generar graves perjuicios económicos. Reclaman, además, ser incluidos en las negociaciones de los acuerdos comerciales y de integración y sostienen que, para que éstos sean exitosos, deben fortalecerse sus estructuras institucionales.

Conclusiones

La historia reciente muestra que es posible hacer coincidir la estabilidad democrática con el crecimiento económico: como revela el caso chileno, la lógica del desarrollo económico no necesariamente está reñida con la estabilidad social y política; ambas, incluso, se complementan. Al mismo tiempo, la inestabilidad no es conveniente para los intereses de los empresarios. Este reconocimiento permitió encontrar caminos para disentir, pero, sobre todo, para cooperar.

La moderación de la izquierda y el pragmatismo de ambos actores han mejorado la convivencia. La izquierda y los empresarios ya no se oponen, corriéndose a los extremos del espectro ideológico, sino que se acercan al centro, debatiendo cuestiones relacionadas con el diseño técnico de las políticas económicas. Implícitamente, se reconoce que la gobernabilidad de los sistemas políticos actuales pasa por el centro.

El dilema que deberán enfrentar los partidos de izquierda que acceden al gobierno es cómo compatibilizar las necesidades de empleo, bienestar, rentabilidad, eficiencia y competitividad internacional con las demandas sociales de sus simpatizantes. En otras palabras, cómo resolver la confrontación de las necesidades técnicas y pragmáticas del arte del gobierno con las ofertas discursivas que formularon para ganar las elecciones. Las reglas del juego democrático implican compromisos con sus procedimientos y principios, por lo que a la izquierda no le resultará fácil, ni exento de costos, pasar por alto esos mecanismos.

Una de las lecciones de las transiciones a la democracia ha sido el carácter gradual de los cambios, en contraste con las costosas consecuencias sociales y políticas de un «giro de campana». Por lo que, si bien existe un discurso que puede parecer peligroso para la continuidad de las políticas económicas del Consenso de Washington, la realidad es que aun los presidentes considerados de izquierda, como Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva, han cumplido con sus compromisos económicos internacionales, como el pago de la deuda, y siguen la lógica del mercado mundial.

Tras décadas de políticas neoliberales, si bien se han acrecentado la esperanza y el deseo de una modificación del statu quo actual, también se han debilitado y fraccionado los vínculos tradicionales de acción política de la izquierda. Forzada a ver el limitado horizonte de un cambio radical en el corto plazo, no hay lugar ni probabilidades de éxito para las estrategias que atenten contra la realidad económica y política internacional. Por todo esto, lo que se avecina en el panorama latinoamericano no es una tendencia al viraje radical, sino el acercamiento de la izquierda a la economía de mercado y la democracia.

Bibliografía

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