El nudo gordiano de la vía chilena al socialismo
Nueva Sociedad 10 / Enero - Febrero 1974
Introducción
El presente trabajo pretende ordenar algunos juicios de interpretación global acerca del periodo transcurrido entre octubre de 1972 y agosto de 1973. La cercanía de los acontecimientos supone un esfuerzo para captar el sentido general de los hechos estudiados casi durante su mismo acontecer. Por eso ha sido necesario encontrar un método que permita el distanciamiento crítico indispensable para no confundir el orden del pensamiento con el orden de los procesos. El procedimiento ha consistido en reconstruir el periodo a partir de momentos definidos de acuerdo con las características del hecho o fenómeno que domine cada coyuntura.
La lucha social se ha traducido en determinados fenómenos que caracterizan todo el periodo, pero de los cuales, durante su transcurso, es posible observar no solo su entrecruzamiento sino cómo a veces predomina uno u otro. Por lo mismo, estos procesos son claves para reconstruir el periodo como también para conferir un sentido a los hechos particulares. Distinguimos principalmente los siguientes: a) el desarrollo experimentado por el fraccionamiento de la burguesía, que se manifiesta en la pluralidad político-partidaria con que ha expresado sus intereses de clase; y, b) la transformación en las bases en que se da la lucha de clases que se ha traducido en la pugna entre los poderes del Estado, en un primer momento, y después en la aparición de nuevas formas de poder popular.
El análisis de la lucha de clases resulta más rico en elementos incorporados y más exacto cuando es el producto de profundizar en coyunturas consideradas como totalidades temporales, en cada una de las cuales se puede enfocar el análisis de las clases tanto en la interrelación de los procesos que hemos mencionado, como desde las estructuras que sirven de vehículo a la expresión de sus intereses.
Cada coyuntura no es posible de precisar en sus límites de iniciación y término; pero lo que sí cabe determinar es qué hecho, estructura o proceso culmina en ella; o bien, qué es lo que comienza en ella para proyectarse en el desenvolvimiento futuro de los acontecimientos. Es posible que en una coyuntura se manifieste un fenómeno sin que puedan constatarse sus antecedentes o las determinaciones que tenga sobre otros hechos por acontecer en el futuro, lo que puede estar apuntando a la discontinuidad de los procesos o a sus transformaciones cualitativas que hacen difícil establecer las concatenaciones internas necesarias. En todo caso, siempre es posible determinar el punto de crisis que sirve como criterio para determinar su particularidad histórica como momento de un proceso más comprehensivo y de duración temporal más extensa.
Tomando como base estos criterios, podemos distinguir tres momentos del periodo en cada uno de los cuales domina un aspecto particular del proceso social desencadenado por la lucha de clases del periodo comprendido.
El primer momento está caracterizado por el fracaso de la coparticipación de una fracción de la burguesía en la dirección del proceso revolucionario. Alcanza su punto de crisis con la huelga patronal del mes de octubre de 1972, donde surgen nuevas formas de poder y de legitimación.
El segundo momento corresponde al realineamiento de las fuerzas en pugna que se indica con la lucha de clases en el plano electoral (elecciones de marzo) para abrir curso después a un desplazamiento de la lucha a los frentes propios de los nuevos gérmenes de poder, surgido en octubre, y la correspondiente masificación en la estrategia de la burguesía. Alcanza su culminación con la huelga de un sector de los trabajadores de El Teniente (mayo-junio).
Finalmente, el tercer momento es el del arbitraje o del enfrentamiento que, reconociendo sus antecedentes con la aparición del poder popular, se inicia con el conato de golpe militar del 29 de junio y se caracteriza por el proceso de liberación y definición de las FFAA frente al peligro de las nuevas estructuras que ha forjado la clase obrera para expresarse. Alcanza su culminación con el acuerdo de la Cámara de Diputados acusando al gobierno de quebrantar el orden jurídico (agosto).1
Para examinar la correlación entre las fuerzas sociales debe tenerse en cuenta la forma en que se expresan las clases. Esta no es nunca casual, pero sí coyuntural. La forma puede expresar toda la fuerza de la clase o solo constituir la manifestación parcial, débil o atomizada de ella, lo que es determinante para que se produzca o no un cambio en la lucha de clases. Cuando decimos que la forma de expresión de la fuerza de clase puede ser total, estamos pensando que coincida la gravitación cualitativa y cuantitativa de la clase como fuerza social.
Así por ejemplo, la fuerza de la clase puede descansar en su función clave para la economía (como es el caso del proletariado industrial). No obstante, el proletariado en el plano electoral puede constituir una minoría ante una alianza ideológica, policlasista, manipulada por la burguesía, con sectores sociales parasitarios y dependientes de la propia actividad del proletariado industrial. Mientras que la huelga patronal de octubre fue una victoria táctica del proletariado y de los trabajadores en general, las elecciones parlamentarias de marzo constituyeron una victoria para la burguesía y sus aliados desde el momento en que pudieron transformar el Congreso Nacional en un efectivo instrumento de poder al servicio de sus intereses. En cambio, octubre no se proyectó en ningún instrumento de poder propio de los trabajadores (solo se tradujo en algunos embriones de poder popular como fueron los Cordones Industriales).
Pero con lo anterior se está aludiendo al plano en que coyunturalmente se da la lucha, pues dependerá de esta que la clase alcance su mejor movilización. Nos referimos al plano de la lucha de clases que facilite su cohesión interna y debilite la de la antagónica. Por plano de la lucha de clases entendemos el nivel de la realidad propia del complejo de estructuras sociales y culturales a través de las cuales se despliega, cada una de las cuales es parte de la totalidad social, pero que sirve de base a contradicciones especificas que determinan el comportamiento de la clase y mediatizan la relación entre ellas. Es precisamente con relación a los planos en que se desenvuelve la lucha entre las clases que asume la práctica social de los agentes movilizadores de estas (los partidos y la acción de los sindicatos orquestada bajo su dirección) la importancia de imprimir una dirección a un proceso objetivo.
En efecto, si a pesar de basarse la unidad de la burguesía como clase en una alianza ideológica entre sus diversas fracciones (en función de las cuales se impone una estrategia común consistente en la defensa de la institucionalidad), la clase obrera y sus aliados alcanzan dentro de la institucionalidad vigente una gravitación significativa, quiere decir que las contradicciones que sirven para cohesionar a la burguesía pierden eficacia y, en consecuencia, se debilita su acción como clase; incluso, si la clase obrera no logra una plena demostración de su fuerza a través de la expresión electoral.
Partiendo del supuesto de que la clase no constituye un todo homogéneo, se tiene que producir una reacomodación entre las diferentes fracciones internas de la burguesía, resultante de que la clase obrera no la antagoniza en el plano de la institucionalidad que le sirve de coaligante. Por lo tanto, debe encontrar una nueva forma de plantear sus contradicciones en un plano donde no solo se asegure su propia cohesión interna, sino también se promueva el fraccionamiento de la clase enemiga.
En este sentido, adquiere importancia el examen de los desplazamientos que se puedan producir entre las diferentes fracciones de clase. Este análisis solo es posible de realizar en situaciones coyunturales, pero que, en la perspectiva del periodo más extenso, permiten reconstituir a la clase como un todo. Si perdemos esta perspectiva del largo tiempo, en los análisis de coyuntura se puede caer en enfoques voluntaristas o de una excesiva racionalidad en el comportamiento de la clase. Toda vez que su óptica del corto plazo coloca en el primer plano de los procesos a los protagonistas de la historia, ya se llamen agentes movilizadores (partidos) o individualidades que dominen.
El análisis coyuntural de las clases exige, como ya mencionábamos, la inclusión del entrecruzamiento de dos aspectos del proceso de la lucha de clases: el que se refiere a su cohesión y fraccionamiento interno y el del plano en el cual se da la lucha.
El plano en que una clase despliega su lucha es un resultado, primero, de las condiciones en que pueda alcanzar su propia unidad interna (esto es, la forma que internamente asume la lucha entre fracciones por tomar el liderazgo de la clase en su conjunto); y segundo, de las formas concretas, históricamente posibles, que asume la lucha (esto es, de la cantidad y calidad de elementos de la realidad cultural y social que involucre).
Desde el punto de vista de las formas concretas que asuma la lucha, se puede decir que la lucha insurreccional rompe frontalmente con los elementos constitutivos de la ideología dominante, mientras que una lucha electoral supone utilizarlos para socavarla desde dentro.
En el primer caso, la confrontación se desenvuelve en una suerte de «vacío cultural», en cambio en la segunda situación se impulsa en el terreno propio de la burguesía. Las contradicciones antagónicas se manifiestan, de este modo, en forma distinta. Pero la forma en que la contradicción se expresa por su parte también desata sucesivas contradicciones menores. Así, la lucha electoral mediatiza la lucha de clases por la presencia de grupos de presión (o partidos políticos) que pueden llegar a oscurecer las contradicciones principales. Efectivamente, esta favorece la proliferación de expresiones autónomas de fracciones de clase, las cuales, por su parte, determinan otros niveles de contradicciones que corresponden a los grupos de presión y sus respectivos liderazgos. Lo que puede provocar como efecto que el contenido (valórico) de la contradicción sea tal que, aunque objetivamente sea antagónica, no asuma este papel, o a la inversa. Por ello el enfrentamiento electoral entre burguesía y proletariado, al tender a incorporar elementos polarizadores para esa forma de lucha, como ser el ataque a líderes o personeros políticos, puede hacerse de un contenido que disfrace el verdadero enfrentamiento de clases.
Un ejemplo de lo dicho lo encontramos en los intentos de la Unidad Popular por forzar una definición favorable de la Democracia Cristiana, mediante la táctica de atacar al sector freísta, en circunstancias en que una polarización planteada sobre estas bases, aunque correspondiera a diferentes intereses y compromisos, se mediatizaba por la figura de Frei como líder del partido. El efecto de esta táctica fue precisamente estimular la cohesión interna de la Democracia Cristiana. Aquí puede apreciarse cómo la polarización entre fracciones de la burguesía puede frustrarse cuando predomina el interés del grupo de presión que agrupa a dichas fracciones. Concretamente, sus intereses electorales y por mantener su organización como futuro partido de gobierno.
Considerando que es en las coyunturas donde se muestra más directamente la acción del agente movilizador sobre la clase, el carácter coyuntural del choque entre estas está determinado por las estructuras políticas en que se expresa. El conflicto puede ser mediatizado, como lo demuestra la experiencia chilena, cuando se confunde respetar la institucionalidad y aprovecharse de sus recursos, con el hecho de canalizar la lucha de clases necesariamente a través de los grupos de presión institucionalizados. Impulsar un proceso revolucionario dentro de aquella exige crear la institucionalidad de reemplazo, pero hacerlo por encima del clientelismo partidario, que cercena la posibilidad misma de una dirección única, esto es, superar su fraccionamiento político. Los partidos por eso deben superarse en el propio movimiento de masas que desencadenan en vez de volverse hacia este atomizándolo en zonas de influencia. Si la dirección de la clase no va más allá de los fraccionamientos propios de las zonas de influencia de los diferentes partidos de la clase, cualquier fraccionamiento de la burguesía, al crear la posibilidad de alianzas tácticas con fracciones de esta, puede generar una división entre una dirección reformista y otra revolucionaria; en circunstancias que el carácter reformista o revolucionario lo define la ausencia o presencia, respectivamente, de una dirección política única para el movimiento popular.
Con lo anterior no queremos formular juicios de valor ni postular ningún apriorismo acerca del comportamiento de las clases, sino destacar la importancia coyuntural que tienen las estructuras políticas en el realineamiento de las clases y de sus fracciones. De ahí que cuando nos proponemos el estudio del proceso mismo de su desarrollo pensamos que habrá que distinguir: a) entre el cambio en la correlación de fuerzas (o virajes, para emplear el término acuñado por Lenin); y, b) el cambio en el plano en que se da la lucha, determinado por los ajustes internos a las clases, incluyendo la cuestión de la relación entre clase y representación política. De manera más precisa, podemos definir el plano de la lucha de clases como la praxis que expresa a la clase, con las características que conforman su propio contexto, esto es, si la clase se mueve a través de partidos, de uno o de varios partidos, con sus correspondientes revestimientos ideológicos; o bien a través de organismos de base que reflejan mucho más espontáneamente su conciencia. Situación que naturalmente está en contraposición con la otra, que se define por un cuadro de valores muy diferente.
Puestos en la perspectiva de análisis reseñada, antes de entrar al estudio de cada una de las coyunturas mencionadas intentaremos exponer las ideas que inspiran la orientación básica del trabajo.
Proposiciones generales
a.- Las fracciones
Para entender los aspectos sociopolíticos más importantes de la conducta de la burguesía, debe partirse distinguiendo el segmento comprometido directamente con los intereses de la estructura monopolista de producción y de distribución, de la otra fracción, apoyada en la superestructura político-institucional.
Ante todo interesa, precisar que la relación que se establece entre ambas fracciones está determinada por la aparición histórica de un sistema de alianzas a través del cual el poder oligárquico amplió sus bases sociales, lo que ocurre simultáneamente con la hipertrofia burocrática estatal, que es un resultado de su utilización como instrumento substitutivo de la incapacidad de la burguesía por acumular.
La estructura social comienza a caracterizarse por una vasta gama de capas sociales que entran en alianza con los sectores de la clase económicamente dominante para compartir parte del ejercicio del poder político. Es el caso de las fuerzas sociales representadas por la Democracia Cristiana que a través del uso del poder político establecen vinculaciones con determinadas actividades económicas para así, posteriormente, llegar a forjar alianzas con los sectores que han controlado tradicionalmente el poder económico.
Esta burguesía gestora de intereses puede llegar a aceptar un margen relativamente amplio de cambios estructurales siempre que no cuestionen el régimen capitalista basado en la mediana y pequeña empresa.
Por eso la creación de un Área de Propiedad Social en el sector industrial y la liquidación del latifundio son proyectos posibles de impulsarse en tanto se garantice la participación en el poder político. Lo verdaderamente esencial para esta burguesía es controlar que una mayor intervención del Estado en la economía no atente en contra de la subsistencia de la mediana y pequeña empresa, como asimismo que las transformaciones hacia una economía socializada no conlleven una efectiva transferencia del poder hacia los trabajadores más allá de una simple captación y deformación pequeñoburguesa. O en reemplazo de esto, que amenace el control de centros claves de decisión para imponer una alianza entre ella y los sectores populares, pero al estilo de las alianzas restauradoras.
No trepidará este sector de la burguesía en sacrificar los intereses de las otras fracciones de la burguesía monopolista a cambio de mantener su posición de hegemonía política. Como representante de los intereses de la mediana y pequeña burguesía agraria, industrial y comercial, procurará alianzas para ganar el poder político con los trabajadores urbanos y los campesinos. Es el significado de los esfuerzos de la Democracia Cristiana cuando trata de imponerse al conjunto de la burguesía para llegar a plasmar una alianza de esta naturaleza bajo su liderazgo populista. Pero la pujanza de la clase obrera y de sus aliadas, la misma fuerza del movimiento popular, determinará gradualmente un desplazamiento, primero, desde los sectores «progresistas» de la democracia cristiana hacia su ala derecha, y después la imposición de la dirección de la fracción oligárquico-monopolista de la burguesía en alianza, cada vez más pro-imperialista. Políticamente esto se demuestra con el progresivo desplazamiento de las directivas más «progresistas» del partido Demócrata Cristiano, hasta culminar con el total control formal del partido por el «freísmo», y por la transformación de este en un instrumento de la burguesía como grupo-nexo, útil como anclaje entre sectores populares.
No obstante el hecho de que exista un margen de cambios que un segmento de la burguesía puede aceptar, lleva a configurar en el mesocratismo uno de los rasgos más característicos del proceso chileno. Pero esta inercia centrista coexiste con aquella otra de enfrentamiento abrupto entre las clases siempre que a esta burguesía agente y gestora no se le abran las puertas para compartir el poder político. Ya decíamos en un trabajo de enero de 19722 que si tal coparticipación en el poder no se logra, puesto que implica una modificación del Programa de Gobierno, la fracción político-progresista perderá influencia en el diseño de la política opositora madurando las condiciones para que lo haga la fracción más retardataria y que la burguesía como clase podría consolidarse en una estructura de poder colegiada, como es el Parlamento, y oponerlo al gobierno constitucional, que es una de las partes del poder popular.
Para comprender mejor los desplazamientos ocurridos entre estas fracciones de la burguesía y su consiguiente efecto en el predominio de una estrategia centrista o de enfrentamiento, es necesario tener una visión del comportamiento de los «sectores medios» y de la pugna entre los grupos de poder internos a las estructuras políticas. Comenzaremos con el primero de los dos aspectos porque el segundo de ellos será objeto del análisis en el nivel de cada coyuntura.
Desde los inicios mismos del gobierno de la Unidad Popular los sectores populistas «tomicistas» de la burguesía buscaron una alianza con las fuerzas populares que no llegó a prosperar. De haberse materializado habría permitido dar formalidad política al carácter mesocrático del proceso. Es fundamental observar que dicho fracaso se debió a la pérdida de poder del sector progresista populista dentro de la Democracia Cristiana y a la incorporación de grupos políticos de centro en la alianza de la burguesía monopolista. Quedó de manifiesto con el quiebre de las conversaciones entre el gobierno y la DC en el mes de julio de 1972, cuando se trató de impulsar la legislación que reglamentara el Área de Propiedad Social. Desde ese momento el fracaso de la alianza lleva a debilitar la tendencia centrista del proceso. Se empieza a producir el quiebre en las posibilidades de alianzas que se manifiesta en las reiteradas acusaciones constitucionales contra miembros del Gabinete y en el cuestionamiento cada vez más profundo que involucra la política de requisiciones, intervenciones y expropiaciones que propicia el gobierno. Circunstancia que se agudiza al recurrir el gobierno a la misma superestructura jurídica, que antes sirviera los intereses de la burguesía, pero que ahora ve transformada en el principal ariete en contra de sus intereses. Los resquicios legales políticamente constituyen la alternativa que ofrece la institucionalidad para no caer en la trampa centrista. Es por eso que el uso que se hace de tales recursos se transforma en el principal obstáculo para un entendimiento de coparticipación con sectores de la burguesía, contribuyendo a una división cada vez más profunda entre las fuerzas antagónicas.
Las alianzas restauradoras, a que hacíamos referencia, suponen un compromiso en el plano de la superestructura, es decir, que el respeto del molde institucional vigente se basa en una alianza política. Cuando ello no ocurre porque es posible avanzar en la política de transformaciones se rompe cualquier posibilidad de diálogo. Desde el ángulo de las clases los resquicios legales representaron un freno a la tendencia centrista, por un lado, y un precipitante en la cohesión de la burguesía en torno de su fracción más retardataria por el otro. Tendencia de reagrupamiento de la burguesía que compromete a vastos sectores medios. Es el caso de las distintas fracciones radicales que entran a fortalecer la alianza ideológica de la burguesía. Este proceso alcanza su culminación con la constitución de la Confederación Democrática, que, si bien tuvo objetivos estrictamente electorales, marca la iniciación de una estrategia muy bien articulada por la fracción más retardataria de la burguesía, representada en forma cada vez más elocuente por la alianza entre el PN y el sector demofreísta de la DC.
La agudización en la polarización de las fuerzas resultantes del fracaso de la fracción política progresista por participar en la dirección del proceso (se entiende que desde el Congreso y no integrando el Gabinete), hace muy poco viable la fórmula de centro como modelo político alternativo a la Unidad Popular.
Cada vez se aprecia con mayor claridad que la alternativa al modelo político de la Unidad Popular no puede ser un Frente de Centro, articulado en torno de partidos basados en sectores medios con cierto apoyo popular. En el contexto de polarización, la alternativa política al modelo de la Unidad Popular es, o la propia Unidad Popular como alianza de clases en la cual predomina un compromiso de la clase obrera con pequeña burguesía radicalizada ideológicamente, o bien el modelo popular en la gestión económica y social. Porque de mantenerse llegará inevitablemente a cristalizar en una estructura dual de poderes. Por eso para detener el proceso iniciado por la UP no es ya suficiente el modelo populista de derecha cuando por tal entendemos un disfraz al servicio de los intereses de la burguesía oligárquico-monopolista.
Sin embargo, si no ocurre una efectiva transferencia de poder hacia la clase obrera y los trabajadores en general, puede emerger un régimen basado en un compromiso de clase, con predominio de pequeña burguesía enquistada en el aparato institucional en cualesquiera de sus esferas de funcionamiento, muy reglamentado, con una coparticipación de las diferentes fuerzas sociales constitutivas de la alianza en esferas de poder compartimentalizadas. Los obreros en sus sindicatos y empresas; los campesinos con sus propias federaciones y confederaciones y partícipe del sector reformado de la agricultura, probablemente vinculados con la mediana y pequeña burguesía agraria sobreviviente de la Reforma Agraria; las Fuerzas Armadas reafirmadas en su verticalidad de mando y marginación del proceso social; los sectores medios agrupados en una suerte de poder gremial; y, finalmente, una élite política fundada en una alianza de pequeña burguesía de servicio y gestora poliideológica.
La polarización que hace improbable la fórmula de centro, tiene además efectos sobre la representación política de la burguesía. Tiene lugar una lucha por quien ejerce su liderazgo que entraña la necesidad de mantener un esquema policlasista de representación. La DC, para mantener su hegemonía, debe incorporar su anclaje en sectores populares en una estrategia de apoyo a la burguesía obligándose cada vez más a formas de movilización que descansen en una fuerte campaña anticomunista que, inevitablemente, conduzca a intensificar su derechización. No decimos determinar, sino intensificar, porque las capas medias, contingente preponderante de su composición social militante, enfrentada al dilema de revolución versus movilidad social se polarizan en términos de ésta última, presionando por ser defendidas de acuerdo con estos patrones ideológicos.
En efecto, las presiones sobre el consumo contribuyen, mejor que ningún bloqueo, al fracaso de una política de cambios estructurales, pues, ésta exige una transformación simultánea de los patrones ideológicos dominantes entre los que se encuentran los de consumo. Surge el imperativo de promover una reorientación en las expectativas de las masas, lo que es posible solamente terminando con una política meramente distributiva de ingresos, transformándola en ejercicio de poder efectivo en las distintas esferas de que se trata: en las empresas, en la educación, en el aparato institucional, etc.; y, a la vez, mayor autoridad que nazca de una mayor unidad política en la dirección superior del Estado. Probablemente uno de los rasgos del proceso chileno sea tener que pasar por una larga etapa en que la economía de consumo (herencia populista de la burguesía) deba irse transformando en nuevas formas de participación en las decisiones en términos de sustitución de unas necesidades por otras, de una racionalidad por otra, pero solamente a partir de la práctica de decisiones de los mismos grupos sociales participantes en el proceso de transformaciones.
La DC al tomar la defensa de los sectores medios basada en la ideología de consumo, sin impulsar nuevas tácticas de poder real, es llevada a contraer una alianza política con la extrema derecha, pasando a cumplir objetivamente el papel de hacer más fácil la aceptación del fascismo golpista, y contribuyendo a respaldar a la ideología dominante tal cual se ha desarrollado al servicio de la burguesía. Con una base social policlasista sólo puede mantener su liderazgo en el campo de la burguesía al precio de convertirse en instrumento de la fracción más retardataria de la clase. Es el destino además de todos los grupos políticos de centro.
La mantención de la pluralidad en las representaciones políticas cumple sin embargo la función de servir de disfraz que asegure a la burguesía oligárquica monopolista ampliar sus alianzas y con ello fortalecer la base de su fuerza; la alianza ideológica con vastos sectores medios e inclusive fuerzas populares. Este es un ejemplo de la mediatización de las contradicciones de clase por efecto de la presencia de estructuras políticas.
Si está claro que el precipitante de la cohesión de la burguesía es de carácter ideológico, en la medida que las fuerzas populares, sus partidos, no sean capaces de romperla será imposible su fraccionamiento, aunque este sea «objetivamente» posible por intereses contrapuestos entre sus fracciones. El hecho es que la fracción político progresista de la burguesía no puede romper con el molde ideológico dominante que es el que legitimará cualquier gobierno donde participe. Su encrucijada es que no puede oponerse al Gobierno Popular si con ello contribuye a crear condiciones que hagan después imposible su propia fórmula política de centro. En este sentido interpretamos la crítica de «irracionalidad" que el sector «tomicista» atribuye al comportamiento de la alianza Partido Nacional-sector demofreísta de la DC.
Consideradas desde el ángulo de la lucha entre fracciones de la burguesía, las alternativas de evolución presentan el siguiente panorama: si se impone la fracción más retardataria y su consolidación interna es suficientemente fuerte para avanzar más allá del limite de llegar a imponer un «gobierno de centro o social-demócrata», cualquiera sea su forma, el enfrentamiento con el movimiento popular es inevitable; pero si se produce un fraccionamiento por el predominio de fracciones interesadas en una transacción programática, entonces es verosímil una alianza, pero en la que la burguesía definitivamente haya perdido el poder político.
b.- Las capas medias
El predominio de una u otra fracción de la burguesía, y sus correspondientes estrategias de lucha, depende de la polarización de las capas medias. De ahí que convenga detenerse para formular a su respecto algunas apreciaciones.
El sistema capitalista se ha caracterizado por el desarrollo de un aparato de circulación y distribución en el que tradicionalmente se ha apoyado la clase dominante. Esta estructura ha determinado la aparición de diferentes gamas de capas medias.
Surgen grupos de pequeños y medianos empresarios fabriles (con baja tecnología y niveles de inversión), que se someten a una pauta muy inorgánica de crecimiento y que, en alguna medida importante, es la pauta de transformación de la industria artesanal. Por otra parte, la estructura misma del consumo, deformada por un efecto de demostración interna (resultado de las desigualdades de ingresos entre las clases y estratos sociales), determina que, junto a esta capa de pequeños y medianos empresarios, industriales y comerciantes, se genere toda una variedad de ocupaciones de servicios asociados directamente a dicha estructura de consumo. En forma paralela se aprecia la aparición de otras capas medias enquistadas en la burocracia del Estado que, como ya más adelante lo señalaremos, experimenta un rápido y complejo, a la vez que desarticulado crecimiento institucional para cumplir con la función de apoyar o sustituir a la debilidad acumulativa de la burguesía y, también, hará captar nuevos contingentes de capas medias.
La presencia de estas capas sociales «medias" constituye la base objetiva para desarrollar la imagen, propia de la ideología dominante de legitimación, de que Chile constituye una sociedad abierta, flexible, ya que la existencia de un continuo de estas capas ubicadas tanto en la producción, como en las estructuras propias del consumo y en el aparato institucional permiten una gran visibilidad social y con ello un fuerte impulso a la movilidad social. Todo lo cual se expresa en la formulación ideológica de que es posible la transformación de la sociedad dentro del marco definido por la legitimidad del propio orden establecido.
Por eso la estructura de consumo altamente proliferada como sistema de oferta de bienes viene a constituirse en una forma de consagración de todo sistema económico. No representa sólo un mecanismo que contribuya a la visibilidad social sino que, además, actúa como defensa de éste. De donde se desprende que cualquier cambio en el poder puede contar con un amplio consenso siempre que no altere dicha estructura de consumo. Su modificación (que es consustancial con la ruptura del sistema) polariza sectores y la pequeña y mediana burguesía entra a solidarizar con la estructura monopólica aunque sus intereses objetivos no se correspondan con los de aquella. Lo que se puede traducir en que según sea el modo de relación del empresario con el sistema económico dominante será su grado de polarización o no en contra de la burguesía monopólica. Podría ser el caso del comportamiento diferencial de los pequeños empresarios mineros en oposición a los pequeños comerciantes. Estos últimos por su mayor dependencia de la estructura de consumo están más interesados en la conservación del sistema. Comportamiento que también compromete a sectores de trabajadores asalariados en los servicios.
En una palabra, la circunstancia de que la burguesía se oriente hacia el aparato de circulación y distribución fomenta un alto desarrollo de la economía de consumo con su correspondiente estructura de servicios que, por su parte, también determina el surgimiento de nuevas capas medias. Pero, además, al tender el sistema capitalista a transformar a los sectores medios en aliados de la burguesía por la necesidad que este tiene de ampliar las bases de sustentación de su poder oligárquico, sirve de base para que se desarrolle un complejo andamiaje institucional que no es sino la expresión formalizada de la alianza entre los sectores medios y la burguesía.
Tanto a los grupos vinculados con la superestructura institucional como aquellos que se ubican en los servicios, necesarios para el funcionamiento para el mercado de consumo, los incluimos en el concepto de burguesía de servicio porque no están directamente vinculados con la producción.
La superestructura institucional constituye un sistema de organización del aparato de decisiones, control y consulta que está legalizado y que se expresa en un conjunto de instituciones más o menos armónico y más o menos autónomo. Dentro de este conjunto los individuos se ubican en las instancias de decisión, control y consulta. Por otro lado en el aparato técnico_burocrático de las empresas quienes dependen del sistema para el cumplimiento de sus funciones y cuyo status y nivel de ingresos se encuentran indisolublemente ligados al carácter del sistema, constituyen también parte de esta burguesía. Por último el conjunto de quienes orientan e impulsan la actividad del mercado de consumo, o que responden a demandas de servicios o productos exigidos por un mercado que descansa en la desigual distribución del ingreso, constituyen también parte de la burguesía de servicio3.
En síntesis, hay grupos sociales que por su modo de relación con la estructura productiva se polarizarán en favor de la burguesía oligárquico-monopolista, como es el caso de los medianos y pequeños empresarios; mientras que aquellos dependientes de la burocracia estatal podrán polarizarse a favor de las fuerzas de cambio en tanto mantengan su identidad como grupos instrumentales. El resto de las capas medias, ya sea si son de la economía del consumo o estén incorporadas al andamiaje jurídico-institucional, oscilarán de acuerdo a si los cambios estructurales de fondo afecten a la estructura de consumo o a la institucionalidad.
c.- Los grupos instrumentales y los grupos nexos de la burguesía
Nuestra exposición anterior conlleva una afirmación tácita cual es que para las capas medias, cualquiera sea el orden de la realidad en que se desenvuelvan, es fundamental la gravitación de la dimensión ideológica para explicar sus propias contradicciones.
Destacando a este factor ideológico como determinante es posible trazarnos un cuadro que, aunque esquemático, incluye las diferentes opciones que han caracterizado el comportamiento de las «capas medias" durante el período que se inicia con el gobierno de la Unidad Popular.
Las alternativas pueden resumirse en las siguientes:
i.- Experimentar una verdadera decantación político ideológica volcándose hacia la burguesía entre las diferentes fracciones de ésta. Políticamente se expresa en la fusión entre la fracción PIR y DR (del antiguo Partido Radical) y su aproximación político ideológica al P.N., eje de la fracción más retardataria de la burguesía.
ii.- Afirmarse en el aparato institucional (que no debe confundirse con la burocracia estatal), en que descansa la democracia liberal burguesa. Políticamente se expresa fundamentalmente en la D.C.
iii.- Incorporarse al proceso revolucionario sometiéndose a una rápida radicalización ideológica. Políticamente se expresa en la alianza del Partido Radical (CEN) con el eje comunista-socialista.
La primera alternativa de evolución de estos sectores, representa una consolidación de la burguesía a través de una supeditación a sus intereses de parte de la burguesía de servicio y con ello la posibilidad de un control por la fracción más retardataria a de la burguesía de cualquier Frente de Centro que se intente forjar. En este sentido consideramos que son grupos instrumentales de la burguesía oligárquicomonopolista.
La segunda y tercera alternativas, representan diferentes formas de escisión entre la burguesía y las capas medias. Su diferencia básica consiste en que en la segunda de ellas las capas medias asumen el rol de nexo entre la burguesía y los sectores populares, mientras que en la tercera situación están determinadas por un comportamiento antagónico con respecto a la burguesía.
Si comparamos ahora la segunda alternativa con la primera habría que decir que aquella refleja la formulación de una estrategia de centro por las propias capas medias, en tanto que éste constituye la forma de legitimación centrista de la propia burguesía oligárquico-monopolista. Por lo mismo que la segunda alternativa se basa en la pretendida autonomía de las capas medias es la más contradictoria y débil de todas atendiendo al hecho de que se plantea en un contexto de aguda polarización de clases. Su carácter queda fijado en su postulación populista que trata de compatibilizar la mantención de la estructura capitalista, que es su base de sustentación, con la creciente presión de los trabajadores. En este sentido decimos que constituye un grupo nexo de la burguesía.
La conveniencia de defender la base institucional que asegura los intereses de la burguesía de servicio, determina que los factores ideológicos tengan una gran influencia en la conducta de estos sectores sociales. Se aprecia muy claramente lo afirmado en el caso de los grupos políticos instrumentalizados por la burguesía y en los grupos políticos de capas medias que han tomado también la representación de sectores populares. Es el caso en particular del PIR y de la DC, respectivamente.
La DC representa la legitimación populista del orden establecido, desde el momento que representa una alianza entre una fracción de la burguesía, aquella burguesía de servicio en contradicción con la fracción oligárquico-monopolista, por su misma autonomía de intereses, y un vasto sector de capas populares. Esta autonomía se refuerza por la alianza popular que se orienta a disputarle el control político a la burguesía monopólica. Sin embargo, cuando la burguesía monopólica opta por una estrategia de centro (facilitada por los llamados grupos instrumentales, que es el caso de la primera alternativa) sus contradicciones con aquella disminuyen. Lo que se refleja en la política impulsada por la tendencia demofreísta de la DC de acercamiento total hacia el PN. Asimismo durante la gestión de gobierno de la DC se pudo observar, especialmente a partir de 1967 cuando ceja en sus esfuerzos de Reforma Agraria, cómo se transforma en impulsor de una neoburguesía industrial en su condición de agente de inversiones extranjeras, lo que determina una fractura de la burguesía que explica la división entre Tomic y Alessandri en Septiembre de 1970. Lo interesante es que esta fractura aparentemente se mantuvo en razón de una división en los grupos de presión empresariales, llegando a sobredeterminar un fraccionamiento político de la burguesía. No obstante que el problema debe ser objeto de análisis particular, podemos adelantar como explicación provisoria que ello fue posible porque el plano donde definía (y define) sus intereses la «burguesía freísta» era (y es) el control institucional de la actividad económica y, fundamentalmente, su vinculación con el capital extranjero. Esto es, por constituir una burguesía gestora que es el rasgo que la lleva a encontrar intereses comunes con la fracción oligárquico-monopolista de la burguesía. Se produce entonces un acercamiento recíproco: por parte de esta burguesía de servicio transformarse en exponentes políticos de la fracción monopolista, y de parte de ésta última para legitimar sus posiciones en torno de una ideología populista y centrista.
En este contexto, definido por los grupos nexos de la burguesía, hay que interpretar el papel que para el desarrollo de tendencias mesocráticas cumplen los grupos instrumentales, por su enquistamiento principalmente en el aparato burocrático del Estado.
La participación de ciertas capas en la administración del Estado durante decenios desarrolló en ellas patrones ideológicos propios del funcionamiento y estructura de éste. La ideología del servicio público, la seguridad, las diferenciaciones jerárquicas, la oportunidad institucionalizada del ascenso, el prestigio de las relaciones sociales con los grupos de más altos ingresos, etc., constituyen el síndrome de una ideología cuya base social son los grupos instrumentales cuya función ha sido contribuir a mantener el consenso sobre el sistema de dominación vigente, cuya expresión máxima es el propio Estado, base de sustentación y diferenciación social de ellas. Pero esta« misma circunstancia hace que se produzca una intensa penetración de elementos ideológicos provenientes de estas capas medias de ideología de la clase dominante. Ello facilita un amplio consenso que puede permear hasta los estratos sociales más bajos de la población.
Como su ideología es la propia del grupo dominante, o bien que éste comparte la de aquellos, cuando se precipita una crisis o una revolución que derrumba las bases materiales del sistema de dominación, y con ello se produzca el quiebre y desplazamiento de la clase dominante, se acentúa en estas capas medias instrumentales una alianza ideológica con aquella y a la vez la necesidad de afirmar su propia identidad como grupos instrumentales. Su principal defensa está en la mantención de su ideología en la forma más orgánica y cohesionada posible (papel que han tratado de cumplir las fracciones segregadas del PR). A este objetivo contribuye la burguesía oligárquico-monopolista alimentando su estrategia, tanto en defensa, primero, como de ofensiva, más tarde, con valores provenientes de la ideología de estas capas. Como una ilustración de lo que decimos, podemos señalar su insistencia en el orden, jerarquía, seguridad, oportunidad individual, igualdad como sinónimo de «sociedad proletarizada», eliminación de los símbolos de prestigio y diferenciación (variedad en los artículos de consumo, supresión de los bienes suntuarios, etc.) técnica y eficiencia en oposición a ideología y cambio, etc. No obstante, pueden comprometerse en cambios, en la estructura económica cuando estos se limitan a ser el resultado de una lucha entre fracciones de la burguesía. Pero es diferente la situación cuando se pone en peligro a la burguesía en su conjunto, ya que entonces también se cuestiona su condición de grupo instrumental. En estas circunstancias la ideología centrista de estas capas se impone como aglutinante de la burguesía y como elemento de legitimación para que asuman un papel destacado en su estrategia. La cual se reviste por supuesto de un marcado carácter mesocrático: el predominio de elementos propios de la ideología radical y demócrata cristiana.
En efecto, a medida que el fraccionamiento de la burguesía es superado como consecuencia del antagonismo creciente entre las clases, se produce inevitablemente un ajuste a las nuevas condiciones objetivas. Es fácil de que esto ocurra en el plano estrictamente ideológico en razón de que la burguesía tradicionalmente ha ido compartiendo elementos ideológicos de las capas medias. El proceso de ajuste en los patrones ideológicos históricamente se ha movido desde el momento en que la ideología liberal fuera desplazada por la radical, y esta por la demócrata cristiana en proceso de derechización; derechización que responde a la dinámica de los grupos nexos de la burguesía de pasar primero por una fase preliminar de populismo de izquierda, con una fuerte preeminencia ideológica, pero que a medida que se consolida la alianza con la fracción más retardataria de la burguesía se frena su desarrollo. El demofreísmo representa el punto de freno a las potencialidades del populismo de izquierda (propio de la campaña presidencial de 1964) necesario para consolidar dicha alianza (sector demofreísta de la DC.-PN.).
El desarrollo de una ideología de centro con elementos propios de las doctrinas radical y demócrata-cristiana es parte del proceso de fraccionamiento de la burguesía desarrollado entre 1964 y 1970. Es un período clave porque en ese lapso, por primera vez en la historia, adquiere hegemonía sobre la clase una fracción política que detenta la función de grupo nexo, lo que supone alianzas, equilibrio de intereses, concesiones. Hasta ese momento las ideologías de centro se habían asentado en los grupos instrumentales pero sin ninguna autonomía respecto de la clase. Es lo que diferencia a la DC. del PR. de la década del 40. Tanto es así que la misma burguesía, después de su derrota en las elecciones parlamentarias de 1965, se refunde, procurando definirse programáticamente y también en su rostro social con una clara orientación mesocrática (en oposición a una de índole oligárquica). La derecha oligárquica (en un sentido ideológico) termina en ese momento histórico para dar paso a la derecha mesocrática, que es la antesala de la derecha fascista.
La tendencia a estructurar una ideología mesocrática representa el momento de la sustitución completa de la antigua ideología oligárquica cuando culmina, después de la crisis de 1930, todo un proceso de reacomodación económica y social (que se traduce en el surgimiento de nuevos grupos económicos, el desplazamiento entre sectores de la economía, el desenvolvimiento del aparato estatal e institucional adquiere mayor ritmo por efecto de la intervención del Estado en la economía, se acrecienta el contingente de profesionales y técnicos, universitarios y no universitarios, se intensifica la urbanización, etc.). Es recién en 1965 cuando el cuadro se asienta con la crisis definitiva de la hegemonía de la burguesía oligárquica-monopolista. Ya no se trata de alianzas manipuladas por este núcleo que caracterizaron toda una larga etapa dominada por los grupos instrumentales (gobiernos radicales, Partido Agrario laborista con Ibáñez, participación del Partido Radical en el gobierno de Alessandri). Ahora, en cambio, se trata de la supeditación de ella en una fracción política capaz de aliarse con sectores populares por su mayor capacidad de control y manipulación de movimientos policlasistas; lo que ocurre no solamente por el increíble desarrollo de la superestructura institucional (medios de comunicación de masas, tecnocracia pública y privada, proliferación de los centros de influencia institucionalizados, etc.), sino además por su compromiso con los intereses político-ideológicos del capitalismo mundial y sus vínculos con los centros de inversión extranjera.
Todos estos procesos contribuyen a polarizar a las vastas capas medias entre las dos agrupaciones de fuerzas que se perfilan.
Las coyunturas
Planteamiento general:
La estrategia impulsada por la burguesía reconoce más que etapas varios tipos de ofensivas.
Sin considerar los primeros meses, que fueron de desconcierto ante las medidas que el gobierno aplicaba dentro de la legislación en virtud de un decreto - ley del año 1932, la ofensiva se orienta de inmediato a atacar la falta de representatividad del gobierno. Sirven para este propósito las derrotas electorales que sufrieron las fuerzas de gobierno, en las elecciones de julio de 1971, de enero de 1972 y marzo de 1973. Sin embargo a medida que el gobierno insistía en la aplicación del programa, sin comprometerse en alianzas que permitieran la participación de fracciones de la burguesía, se comienza a articular una ofensiva en base a la utilización de los demás poderes del Estado que mantuvieran, durante los primeros meses, una actividad ceñida estrictamente al cumplimiento formal de sus atribuciones y, desde luego, prescindiendo de cualquier atisbo de compromisos contingentes (Tribunales de Justicia, Contraloría especialmente).
Esta nueva ofensiva, sin excluir la anterior, se orienta a estrechar el cerco legal e institucional del gobierno para así cuestionar no ya su representatividad sino que la misma Juricidad, vale decir, el equilibrio entre los poderes del Estado por el presunto desconocimiento por parte del Ejecutivo de la competencia e imperio de las actuaciones del Poder Judicial y el Congreso.
De esta manera, tras el objetivo manifiesto de romper la legitimidad del gobierno basada en su legalidad de constitución, se avanza en el desarme del Estado que comienza a ser rápidamente reemplazado por legitimidades en pugna, esto es, por la pura presencia de las fuerzas sociales desnudas de cualquier mediatización institucional o ideológica, sin perjuicio de utilizarse armas institucionalizadas, pero, en un contexto, en el que cada esfera de poder se anula en tanto tal con las otras. Comienza a imponerse como poder no ya la autoridad jerárquica sino la fuerza social misma. Por eso el desenlace de la lucha de clases puede ser desfavorable para el proceso revolucionario si la lucha continúa dándose dentro de los moldes de la institucionalidad imperante, ya que éste constituye el plano en que la burguesía afianza su alianza ideológica y, por consiguiente, incrementa su fuerza social, mientras que el movimiento popular se frena en su empuje por el límite de la legalidad imperante.
Pero mientras el forzamiento a la legitimidad del gobierno se limite al cerco institucional sin apoyo de masas será insuficiente para crear un vacío de poder. En relación con esta situación la burguesía y sus aliados barajan diferentes fórmulas de reemplazo. Ellas son un abanico que se extiende desde el golpe militar lisa y llanamente hasta el acuerdo parlamentario con el gobierno. Hay sin embargo un rasgo común en todas ellas: la implementación de una línea de centro exige el respaldo militar. El cual para lograrse requiere superar la contradicción FFAA- Poder Popular, que la derecha ha tratado de agudizar con el único resultado previsible: o neutraliza a aquellas ante el peligro de su ruptura, o bien las divide, con lo cual no hace sino debilitar las posibilidades de un golpe exitoso. Es incuestionable que el único freno real a los intentos golpistas de un sector de las FFAA vinculado a la fracción retardataria (alianza demo-freísta, y P.N.) es la organización de un poder popular; pero también juega un papel decisivo la división interna de la burguesía que se manifiesta en dos hechos principales: primero, una mayor agresividad en las actuaciones del ala progresista de la D.C., y segundo, la deserción de la base sindical de participar en la estrategia golpista.
La preocupación por una mayor movilización de masas se dirige claramente a estructurar un poder de base que apoye la lucha librada en el plano superestructural. Es el caso de las huelgas de transportistas, del comercio, de los colegios profesionales y también los intentos por explotar el reivindicacionismo obrero. No hay que olvidar que en esta táctica de volcarse a los frentes de masas coexisten a lo menos dos estrategias de la burguesía: por una parte aquella que busca crear el vacío de poder propicio para un golpe y, de otra parte, la que persigue crear las condiciones para una transacción programática con el contenido de una dirección centrista. Ambas orientaciones corresponden a la lucha interna por el liderazgo de la burguesía entre una fracción retardataria oligárquico-monopolista y una fracción política populista escindida entre un sector pro-imperialista y un sector progresista. La consolidación de una alianza entre el sector pro-imperialista (demofreísta) y la fracción oligárquico-monopolista, culmina con el desplazamiento de la directiva del PDC del sector progresista en el mes de Mayo. De esta manera se asegura una mejor articulación y una mayor agresividad de la burguesía, que trae como consecuencia una agudización de la polarización social, determinando que ciertas instituciones, como la Iglesia, entren a cumplir un papel de árbitro.
El fraccionamiento de la burguesía como determinante para la forma definitiva que asume el conflicto de clases pues, si bajo el liderazgo freísmo-PN., la burguesía logra cohesionarse y fortalecer sus alianzas con sectores de la burguesía de servicio, la salida política no podrá ser de carácter pacífico.
El fraccionamiento de la burguesía clase está mediatizado por la presión de las estructuras políticas en que se expresa. Estas con su propia dinámica interna (tales como los vehículos ideológicos, la tradición común de lucha, la lealtad a la organización, etc.), influye para que las polarizaciones de la base social no se proyecten fácilmente hacia la cúspide de los centros de decisión partidaria y, a la inversa, las que tengan lugar en ésta se puedan proyectar fácilmente hacia la base. Este proceso toma características específicas cuando se trata de los grupos nexos de la burguesía, ya que en ellos son consustanciales por su contenido policlasista los movimientos pendulares entre una dirección política progresista y otra conservadora (que además reconocen una sucesión alternada en el tiempo). Un ejemplo son las alternativas de dirección política en la DC. De ahí por qué el fraccionamiento de la burguesía se reduzca a simples tensiones derivadas de discrepancias estratégicas. La posibilidad efectiva de su fraccionamiento depende, o de una presión de la base popular por segregarse de la organización arrastrando consigo a sectores de la burguesía de servicio, o que representantes de la burguesía de servicio en dicha organización tengan control de centros de decisión (dirigentes parlamentarios, sindicales) y decidan segregarse provocando un cambio en la correlación de fuerzas a través de distintas expresiones: la primera forma mediante un reagrupamiento de fuerzas sociales; la segunda a través del control de más poder institucional (modificando una mayoría parlamentaria). Ninguna de las dos es autónoma respecto de la otra en cuanto a una recíproca influencia.
La burguesía objetivamente está determinada a revestirse de formas populistas, acompañada de represión, pues su salida descansa en su capacidad política para mantener una alianza en base a un compromiso ideológico que implica concesiones a la economía de consumo. Ello es posible sólo si su núcleo dirigente cuenta con el pleno respaldo del imperialismo (en apoyo crediticio, inversiones, asistencia tecnológica, etc.) para que este populismo sea efectivamente un instrumento al servicio de sus intereses. Lo dicho significa que una masificación en la ofensiva de la burguesía beneficia a la fracción oligárquico-monopolista, en tanto está aliada con sectores de la burguesía de servicio gestora de los intereses extranjeros; esto es con el sector político proimperialista. El imperialismo no puede llegar a forjar una alianza con el sector progresista de la fracción política populista cuyo destino histórico propio está cancelado si no cuenta con apoyo militar.
Surge el embrión del poder popular y se inicia la lucha por la nueva legalidad: Las dos líneas coexistentes en el proceso.
A esta coyuntura la denominamos de «coparticipación por ser el momento en que surgen materialmente las nuevas formas de poder y de legitimación». Alcanza su punto de eclosión durante la huelga patronal de octubre de 1972.
La crisis de Octubre mostró con gran claridad durante su transcurso y desenlace las diferentes alternativas contenidas en el proceso revolucionario chileno: la posibilidad del enfrentamiento y la del acuerdo centrista sin que éste último significara necesariamente un retroceso. Se quiebra la estrategia golpista de los sectores ultraconservadores imponiéndose una línea de centro que se expresa en la vía electoral (elecciones parlamentarias de Marzo de 1973).
Pero la burguesía enfrenta esta lucha impulsando dos estrategias paralelas: ganar el Parlamento para imponer el plebiscito y ganar en el Senado los dos tercios para poder votar la acusación en contra del Presidente.
Hasta octubre domina tras muchas contradicciones la estrategia de centro para ser reemplazada durante octubre por una línea que persigue agrupar a la burguesía por encima de sus fraccionamientos políticos, en torno del poder gremial, expresión directa de los intereses empresariales. Sin embargo superada la crisis se empieza a imponer la estrategia DC., que se fortalece después de las elecciones.
En verdad la situación post-octubre corresponde a una pugna entre las fracciones de la burguesía por definir donde está el centro real de las decisiones. O son los partidos, ya sean fusionados o todavía diferenciados; o es el poder gremial, que ha emergido con la pretensión de cumplir funciones de motor y coordinación de las diferentes representaciones políticas de la burguesía. Corporativismo gremial que compromete al sector progresista de la fracción político populista de la burguesía (dirección de Fuentealba del PDC.); pero que en tanto pueda penetrar y anclarse en el seno de las fuerzas populares justifica objetivamente la pluralidad de representaciones político-ideológicas de la burguesía, aunque, cada vez más claramente, instrumentalizada por el gremialismo económico que es la manifestación de masificación de la estrategia de la fracción retardataria (esto es, la alianza entre los demofreístas y los nacionales). Es lo que queda planteado para los sectores ultra-conservadores desde la crisis de octubre y lo que efectivamente le ha venido ocurriendo al sector progresista de la fracción político populista hasta culminar en Mayo de 1973.
Resultó esta incapaz de imponer una línea propia sin siquiera contribuir a una orientación centrista del proceso cuando, en julio de 1972, se estuvo a punto de concretizar una alianza programática sobre las tres áreas de la economía. La fusión de la burguesía por su base se refleja en el fortalecimiento creciente del freísmo y su alianza desembozada con el Partido Nacional; proceso que se expresa en un acercamiento de este último hacia el PDC. (con la aparición de corrientes internas favorables al freísmo). Simultáneamente tiene lugar la opacidad también creciente del sector progresista o tomicista.
El proceso que se inicia con la crisis de Octubre plantea como cuestiones de fondo si el grado de cohesión interna alcanzado por la burguesía es capaz de determinar un comportamiento afín de todas sus tendencias político partidarias. ¿Hasta qué punto es posible desatar una contradicción interna a la burguesía? ¿Cuál es el limite en que es posible profundizar el proceso de transformaciones en base a una división de la burguesía, sin provocar su reagrupamiento político? Las respuestas hay que buscarlas en el carácter primero de la fracción político populista (como grupo nexo de la burguesía), y en seguida en la dinámica interna de los sectores progresistas. ¿Cuál es la naturaleza e intensidad de los cambios que puede aceptar en contradicción con el núcleo oligárquico-monopolista? Políticamente se expresará en la capacidad del «tomicismo» dentro del PDC. para enfrentarse al «freísmo», controlar el partido o dividirlo, y comprometerse en la política anti-monopolista y anti-imperialista del gobierno.
Las interrogantes anteriores vinculan la crisis de octubre con las elecciones del mes de marzo, porque en ésta ocurre una forma distinta de polarización social. En octubre queda de manifiesto un reagrupamiento de la burguesía desde su base social en la forma de un corporativismo gremial que alcanza a comprometer el sector progresista de la fracción político populista. En marzo, en cambio, se vuelve a fortalecer este último, pero el que controla y capitaliza es el sector pro-imperialista demofreísta que desplaza al sector progresista para asegurar su alianza con los sectores monopolistas de la burguesía, germinada ya durante octubre.
La polarización de las clases puede tener lugar a nivel de las fuerzas sociales como también diluirse al encauzarse a través de los partidos u otras formas de representación organizada. Sus efectos sobre la correlación de fuerzas son distintos. Así en octubre tiene lugar una típica polarización por la base (tanto por la burguesía como por el proletariado) que determina sus propias formas de expresión; mientras que en marzo se diluye a través de los partidos políticos. Lo que demuestra que la fracción político populista de la burguesía puso de manifiesto su naturaleza de grupo nexo que, en un contexto de polarización «abierta» (para oponerla a la que se expresa por vías institucionalizadas), como fue octubre, predominaran sus nexos con las otras fracciones de la burguesía reduciendo su base popular a clientela de su populismo. Sólo puede romper con esta tendencia fundamental cuando es posible contrarrestarla en el plano de la negociación, a nivel de grupo de presión. Esto es, sólo puede polarizarse en contra de la burguesía en el plano de las superestructuras.
Allí donde reina con absoluta soberanía la burguesía de servicio. Por eso se aprecia el característico movimiento pendular de los grupos nexos: en octubre se confunde con la burguesía oligárquico monopolista; en marzo en cambio, pretenda volver a dar realce a una línea de centro populista, aunque dirigida por la alianza surgida de sus nexos con la fracción retardataria de la burguesía y que se forjara al calor de octubre.
Hasta la crisis de octubre el cuadro es de un rápido deterioro de la tendencia de centro que conduce a fortalecer al eje retardatario de la burguesía. Sin embargo ciertos procesos determinan que jueguen todavía factores en favor de esta tendencia, no obstante el quiebre que ha experimentado (agravado a partir de julio de 1972 cuando fracasan las conversaciones sobre las tres áreas de la economía). Entre estos destacamos la política de distribución de ingresos y el incremento de la tendencia a consumir.
En realidad, la política distributiva de ingresos que el gobierno impulsa desde sus comienzos, estuvo orientada a avanzar en el corto plazo en la conquista del poder político. La materialización de este objetivo era posible solamente de dos maneras: o ganando mayoría en el Congreso o transfiriendo poder hacia la clase trabajadora. Pero no podía suceder ni lo uno ni lo otro. Desde luego porque no correspondían elecciones parlamentarias sino hasta dos años después; y en seguida, porque para que hubiese podido efectuarse una transferencia de poder se tendrían que haber creado las estructuras económicas básicas, lo que comienza a implementarse recién a mediados de ese año (1971). Se produce entonces un desajuste entre el proceso político y el económico que hace que la política formulada para ampliar la base de apoyo social, quede reducida a efectos estrictamente monetarios. El resultado es una intensificación de la tendencia al consumo y, en consecuencia, es un afianzamiento de la ideología dominante.
La Unidad Popular no hace, en ese periodo inicial de desorientación y desunión de la burguesía, ningún intento por elevar el plano de la lucha a nuevas formas de organización capaces, no sólo de servir de contrapoder al detentado por la burguesía, sino que de movilización ideológica para romper con las deformaciones de la economía de consumo. Rota la opresión política con la elección del Gobierno Popular, los trabajadores encauzan sus energías de acuerdo con la inercia que determina en ellos la socialización de los patrones ideológicos dominantes, contribuyendo a ello el aumento en el poder adquisitivo. Por eso revestía en ese momento una importancia estratégica una movilización ideológica en contra de la deformación del consumo en vez de utilizar lo proclividad hacia éste para ganar apoyo fácil.
No se inicia ninguna ofensiva orientada a desarrollar la conciencia política a partir de las prácticas cotidianas de trabajo (organización del trabajo, problema de jerarquías en las empresas, nuevos incentivos etc.), subsistiendo todo el mundo de pequeñas contradicciones que han conformado la vida del trabajador bajo el dominio de la burguesía. Lo anterior no es causal sino que una demostración de que la dirección política de la UP. se paraliza frente al dilema entre movilidad social versus revolución, sin resolver ni en uno u otro sentido. El factor determinante es la fuerte influencia que ejerce en su seno la pequeña burguesía de servicios, que a pesar de su radicalización ideológica, continúa estando determinada por los valores propios de las capas medias; especialmente por su tendencia, derivada de estar ubicada en la superestructura, a efectuar los cortes entre las fuerzas sociales en un plano exclusivamente ideológico. De esta manera su enfoque de la movilización no es sino una proyección del fenómeno de la movilidad social. Incapaz de romper con la economía de consumo procura hacer participar de esta a la gran masa de trabajadores como una de las conquistas alcanzadas por el cambio político. Resulta así que se retrasa el desarrollo de una nueva conciencia liberada de la ideología burguesa, ya que la radicalización de esta pequeña burguesía consiste en desarrollar alguna autonomía, para disputarle a la burguesía oligárquico-monopolista el control del poder político, pero nunca supone un rompimiento con la ideología dominante. En efecto, la dirección política aparece como prisionera de esta ideología en una situación particularmente grave si consideramos que el arma de movilización utilizada por la burguesía es la ideología dominante. Como indicio de la pobreza de la contraofensiva popular puede señalarse el contenido del lenguaje político, de un mecanicismo casi geométrico, que olvida absolutamente la dimensión cultural. Este compromiso del consumo, estimula tendencias centristas si estamos de acuerdo en considerar que la revolución de las expectativas cuando contagia a los sectores populares, tiende a afianzar el liderazgo cultural pequeño burgués de los procesos revolucionarios.
El germen del nuevo poder
La huelga patronal de octubre al extremar las tensiones sociales hizo posible romper con las estructuras tradicionales de autoridad y preparó las condiciones para la creación de nuevas formas de poder. Estas estructuras (representadas en el primer Cordón Industrial de Los Cerrillos) son la base para que se precipite una ofensiva en contra de la institucionalidad vigente. Nuevas valoraciones y formas de conducta afloran, se rompe con la atonía del espíritu revolucionario, un tanto adormecido por los vaivenes de la burocracia. Un sentimiento de solidaridad y de confianza y una demostración de la incapacidad de la burguesía, nacen de esa coyuntura. Todo un conjunto de condiciones subjetivas son plasmadas en esas tres semanas que profundizan y sedimentan la conciencia política de las masas. Toda una capacidad potencial de nuevas acciones emerge pero que, en vez de ser desplegada en toda su fuerza, se encauza dentro del molde institucional actual.
Decíamos que una de las formas para alcanzar el poder político era transfiriendo poder hacia los trabajadores, pero que al no poder realizarse había contribuido a intensificar la tendencia al consumo. Por eso es que el desarrollo del embrión de poder popular, surgido durante octubre, se debe enfrentar en el contexto determinado por la lucha emprendida por la burguesía para reafirmar su hegemonía cimentada en la economía de consumo.
La deformación capitalista del consumo es la gran estrategia de lucha de la burguesía. Con ello procura enajenar a la alianza popular a la mayor cantidad posible de sectores medios, y comprometer e insertar a sectores populares especialmente de trabajadores por cuenta propia. En este sentido el campesinado es receptivo en grado extremo, lo que se agrava mas todavía si a lo dicho se agrega su espontánea deformación pequeño burguesa. La descomposición de la economía colectiva, el desarrollo de todas las formas de apropiación privada tienen sus consecuencias económicas (desabastecimiento, mercado negro) pero también otras de orden político. Constituyen la base para alianzas con la burguesía a través de la mediana burguesía agraria. Si es cierto que el campesinado durante la crisis de octubre no se alineó con las clases dominantes no quiere decir que esté orgánicamente con las fuerzas revolucionarias. La pasividad campesina, su gran fuerza a través de la historia, logrará jugar un papel en uno u otro bando. Pero difícilmente mediante formas tan activas como huelgas masivas y generalizadas. Predominan sus apetencias de pequeño productor, especialmente cuando tantos han alcanzado la condición de propietarios independientes por efecto de la Reforma Agraria. Con lo cual la estrategia de la burguesía cimentada en la economía de consumo, terminará aislando a los sectores más conscientes del proletariado industrial.
De ahí que el papel del poder popular sea doble: por un lado frenar la ofensiva de la burguesía en el campo de los abastecimientos, y en seguida servir de instrumento para crear nuevas formas de legitimación. La primera tarea exige resolver los estrangulamientos del consumo, pero sin caer presos de los mecanismos que imponen la mantención de la misma estructura de consumo capitalista. La segunda función se cumplirá en la medida en que el nuevo poder sea económico y social. Por lo mismo debe considerarse en su estructuración el papel de las capas medias en su condición de aliados que ejercen una tarea instrumental en el manejo del aparato estatal y en la infraestructura de servicios. Su participación aparece como necesaria para no romper abruptamente con las formas de legitimación.
Pero la transformación en las formas de legitimación planteadas en la crisis de octubre tropieza con la barrera de la legalidad y de la expectativa de movilidad que exigen, ambas, recurrir a la ideología de consenso. La legalidad es la barrera impuesta por la burguesía; las expectativas de movilidad son una autobarrera puesta por la propia dirección del movimiento popular que habría podido ser superada si la crisis de octubre se hubiera prolongado más tiempo o no se hubiere optado por una solución centrista. La prolongación de la crisis significaba haber creado las condiciones para transferir poder y crear formas nuevas de movilización en vez de haber rápidamente transformado a las FFAA en árbitros de la situación. La proyección de la crisis de octubre desde este punto de vista significaba darle a la salida centrista, que aparecía inevitable, un contenido diferente. En lugar de aparecer las FFAA en el papel de conciliadores que salvaban a la burguesía de una derrota estratégica imponiéndose una derrota táctica, se hubiera podido vigorizar y desarrollar todas las nuevas formas de poder, desterrar la influencia de los grupos sociales instrumentales y forzar un acuerdo de centro que en ese momento implicara un fraccionamiento de la burguesía. Prolongar el conflicto para derrotar al poder gremial de la burguesía en vez de facilitar la transferencia del eje de gravedad de la clase desde los partidos hacia éste.
Conviene en efecto señalar que la crisis de octubre al poner de manifiesto la debilidad de la burguesía frente a la fuerza de los trabajadores, en el plano de la economía, sin embargo no se proyectó hasta provocar una crisis en el sistema de la hegemonía ideológica. La burguesía por influjo de su burguesía de servicio pudo mantener sus posiciones en virtud de su «poder» superestructural. Pero otra circunstancia determinante en que no se provocara una crisis de hegemonía, especialmente de sus formas de legitimación, fue la alianza entre la pequeña burguesía de servicios radicalizada con el sector progresista de la fracción político - populista de la burguesía.
La etapa que se inicia en octubre es de rompimiento de la ideología de consenso. Es el choque entre la ideología de consenso y la organización del poder popular, lo que define y caracteriza al proceso revolucionario después de octubre. Esto se refleja, entre otros síntomas, con la creciente necesidad de los trabajadores por encontrar medios intelectuales propios de expresión en su lucha por desplazar de los centros de poder a las clases dominantes y a los viejos cuadros políticos tradicionales de la dirección del movimiento. La aparición de periódicos obreros y de corresponsales, como el desafío de la base a estructuras partidarias, son fenómenos que nacen en octubre y que continúan un curso de desarrollo todavía muy limitado a condiciones coyunturales. No adquieren regularidad orgánica pero evolucionan en esa dirección. En cierto sentido comenzó a cuestionarse a las representaciones políticas de sus intereses de clase que, de una u otra forma, con momento de choque y conciliación, de distanciamiento y ajuste recíproco, se aprecia en las relaciones entre los Cordones Industriales y la CUT.
Las vacilaciones de la dirección política de la U.P., explicables por su composición social como por la proximidad de las elecciones de Marzo (1973), influyen para que la solución de la crisis se orientara por una fórmula centrista. Las elecciones constituyen el punto de convergencia de las estrategias de centro tanto de la burguesía como del movimiento popular. Efectivamente, para la fracción político populista de aquella, derrotada la estrategia golpista de los trabajadores, las elecciones representan la oportunidad para poder, en base a su pretendida expresión policlasista, llegar a legitimar su liderazgo sobre el conjunto de la clase. Para el movimiento popular las elecciones representan la posibilidad de mantener la base de su representatividad frente a las FFAA; por eso es que al tomar este camino la dirección política no hace más que postergar la cuestión política planteada durante octubre: cambiar las bases de su representatividad política por otras que reflejen más directamente a la nueva correlación de fuerzas con sus exigencias de nuevos canales de expresión.
Era imperativo entonces enfrentar a las elecciones. Para la cual se requería un camino de centro que apaciguara las tensiones acumuladas. Es lo que vienen a garantizar las FFAA objetivamente interesadas en impedir que el conflicto de clases desemboque en una ruptura de su unidad institucional. El gabinete Prats (comandante en Jefe del Ejército) viene a representar aquel punto de acuerdo que puede alcanzarse entre la fracción político populista de la burguesía con el movimiento popular. Constituye, en consecuencia, dicho gabinete ministerial cívico-militar una anticipación del compromiso programático, la imposición de una línea de centro y la cabal manifestación del consenso en torno de cambios estructurales ineludibles. Fortalece a la legitimidad burguesa lo que se manifiesta en la campaña de «paz social», leit motiv que justifica la participación de los militares en el gobierno.
La opción por una línea de centro que conlleva la conciliación de fuerzas supone, además, el respeto irrestricto a la institucionalidad. Respeto que se convierte inevitablemente en un freno para que la movilización popular encuentre sus cauces propios de expresión. En consecuencia la movilización del pueblo comienza a servir de respaldo a la legitimidad burguesa del propio poder popular, esto es, que su emergencia no alcanza a perturbar la «paz social» y que la constitución de su base material, el área de propiedad social, tenga que estructurarse por ley. El resultado es que durante el lapso comprendido entre octubre y marzo, no se avanza en ninguno de los objetivos. El ímpetu popular termina hundiéndose en las arenas movedizas de la democracia liberal cuando, con motivo de iniciarse la campaña electoral, se acentúan las pugnas electorales y con ello se fortalecen las tendencias de grupos de presión de los propios partidos de la U.P., agravando el carácter clientelístico de sus bases y debilitándose el avance hacia la constitución de una dirección política unitaria.
Lo particular del caso chileno es la pluralidad de vanguardias políticas con personería para considerarse representantes de la clase. Si se mantiene aquello de que la vanguardia es una sola, el conflicto de octubre pudo hacer madurar las condiciones para que la clase presionara por encima de sus mutilaciones; mutilaciones que se manifiestan en la formación de clientelas partidistas y por consiguiente, expresarse en la estructuración de la vanguardia política única. Lo anterior adquiere especial importancia cuando consideramos que la burguesía inicia en ese momento un fuerte movimiento de transferencia de poder desde los partidos hacia los gremios.
El centrismo no constituye, en verdad, una desviación ya que es un vicio inherente al proceso; un rasgo presente por la naturaleza institucionalista de la vía elegida para promover las transformaciones y en contra del cual es preciso luchar. Por ello pensamos que es pertinente plantearnos cuestiones como las siguientes: el área social de la economía, es decir, el desarrollo y fortalecimiento del poder económico y político de los trabajadores, ¿puede corresponderse con un cambio en los mecanismos de representación de la democracia burguesa liberal? ¿Hasta que punto el poder económico de los trabajadores puede coexistir con un poder político compartido por una fracción de la burguesía? Desde el momento que el poder popular pueda en tanto succionar la base popular de apoyo de la fracción político populista, como escapar a su control (por estar este poder popular constituido al margen de la institucionalidad imperante), en que se ha cimentado como grupo dominante, provoca su gestación y desarrollo todo tipo de choques que, a su vez, sirven de estimulo base para que la fracción retardataria, cuyas contradicciones con el poder popular son de orden fundamentalmente económico, pueda ampliar su estrategia de mantener y profundizar la alianza ideológica con la fracción político populista. En cualquier caso se trata de dos formas diferentes de quiebre de la hegemonía burguesa; o por la polarización de la base social de los grupos nexos de la burguesía o por la pérdida de estos de su capacidad de manipulación sobre los sectores populares.
Lo expuesto anteriormente tiene una enorme significación si lo proyectamos a la concepción de la vía chilena hacia el socialismo. Esta, al exigir mantenerse dentro de la institucionalidad supone, como condición básica, que pueda cristalizar en la representación política de la burguesía, o en su base social misma, una división entre su fracción retardataria y la fracción político populista. Esto es entre aquella fracción en condiciones de aceptar un margen de cambios, con transferencia incluso de poder hacia los trabajadores (empresa de trabajadores), hasta límites imposibles de aceptarse por la fracción oligárquico monopolista de la burguesía. En caso de no ocurrir el fraccionamiento no será posible un cambio revolucionario que no sea mediante un enfrentamiento frontal de las clases. No habrá en tal evento un camino mesocrático hacia el socialismo.
Poder Popular y Fuerzas Armadas
La incorporación de las FFAA en el Gabinete las transforma en árbitros para una solución de centro siempre que puedan conservar su unidad institucional en un contexto de polarización creciente de las fuerzas sociales.
¿Cuál es el límite que de sobrepasarse determina una oposición entre la aplicación de un programa anti-monopolista y anti-imperialista y la ideología desarrollista de las Fuerzas Armadas? ¿Sus intereses institucionales son incompatibles con la transferencia del poder hacia los trabajadores? En octubre se plasma por primera vez una alianza entre las FFAA y el poder popular planteándose de inmediato interrogantes que sólo el transcurso de las sucesivas coyunturas permitirá ir aclarando. Limitémonos por el momento a fijar los factores que inciden en la evolución que experimente.
La hipótesis que formulamos sostiene que el comportamiento de las FFAA estará determinado por el predominio de sus intereses de clase o de grupo de presión. Es la particular relación que se establece entre ambas condiciones que determinará el límite a que nos referíamos. Más fuerte será su actuación como grupo de presión si es apoyado en el cumplimiento de sus funciones. La política de la U.P. ha tendido a reforzar precisamente este aspecto. En esa medida el límite de compromiso con los cambios lo fijará su dependencia del poder legal. Por eso, si hipotéticamente el movimiento popular dejara de detentarlo, las FFAA no podrán aceptar mayores cambios que aquellos que pueda interesarse en promover el poder legítimo de la burguesía, en nuestro caso el Congreso. Se entiende que predomina un interés de grupo de presión cuando la polarización de clases no llega a romper su jerarquía y además cuando conserva su capacidad para adoptar definiciones orgánicas como institución.
Según si la dependencia del poder constituido se base exclusivamente en su condición de grupo de presión o, por el contrario, se entremezclen condicionantes de clase, podrán experimentar las FFAA una oscilación en sus posiciones que se agudizará en la medida en que la disputa de las clases llegue a romper las estructuras jerárquicas del Estado y pase a predominar una indisimulada disputa entre poderes institucionales. En esta forma también el contenido de una línea de centro para las FFAA podrá reconocer un margen de variación más o menos amplio. Este será el centro de la lucha de clases en relación con las fuerzas armadas después de octubre.
Desde un punto de vista estrictamente de clases no son antagónicos la creación de un área de propiedad social y de nuevos gérmenes de poder popular con el respeto de las FFAA como grupo técnico-profesional, toda vez que la actual etapa porque atraviesa el proceso descansa en una alianza de obreros y campesinos con pequeña burguesía de servicio (de la que las FFAA en conjunto son parte y especialmente su oficialidad). La mejor demostración de lo que afirmamos lo constituyen los esfuerzos que posteriormente inicia la burguesía para desatar contradicciones entre las FFAA y los trabajadores (que analizaremos con motivo de la Ley sobre Control de Armas) , cuyo propósito es comprometerlas en sus intereses de clase a través del expediente de crear en ellas la dualidad de obediencia: por una parte con el Poder Ejecutivo y de otra con el Congreso. Es sin duda ésta una consecuencia de orden sociológico de la ilegalidad del gobierno. Y el predominio de intereses de clase resulta de perderse su cohesión interna como consecuencia de oscilar entre dos poderes del Estado.
Este es el proceso que la burguesía estuvo obligada a iniciar ante la posibilidad de que cristalizara después de octubre una alianza entre las FFAA y el Poder Popular. Era indispensable impedirlo. Los esfuerzos en tal sentido se apoyan por igual en las dos fracciones de la burguesía. La clase se une ante la inminencia de perder sus instrumentos de poder político. Las discrepancias relativas a las formas de utilizar tal poder quedan momentáneamente relegadas a un segundo plano.
En resumen la crisis de octubre demostró: a) Un desplazamiento de los centros de decisión de la burguesía hacia los gremios, soldando desde la base sus divisiones superestructurales que continúa aceptando como necesarias demostraciones de pluralismo ideológico; b) A las capas medias en repliegue al enfrentar crudamente su dilema principal: revolución versus movilidad social, precipitada por los estrangulamientos provocados por las política económica del gobierno y la inteligente utilización por la burguesía de elementos de la ideología de consumo; c) Un campesinado marginado y á la expectativa de quién sea el ganador: si la burguesía o el proletariado; y, d) Un proletariado cohesionado y organizado que demostró su superioridad sobre la burguesía y sus aliados, que comienza a encontrar sus propias formas de expresar su fuerza, por lo mismo capaz de oponerse a cualquier modelo político alternativo de carácter populista, pero impotente para sostener al gobierno si es aislado y la lucha de clases continúa desarrollándose dentro de la institucionalidad que es ventajosa para la alianza burguesa.
Como proyección de la coyuntura se podría pensar que lo más probable es una alianza de clases en la que el poder popular cumpla el rol de desplazar como eje de la alianza de las fuerzas populares desde la pequeña burguesía hacia los trabajadores, y terminando por enfrentarse a un gobierno árbitro en la dinámica de ser o no ser instrumento de este poder popular.
Se crean condiciones para traspasos de poder y se estrecha el cerco institucional del gobierno:
La relación entre los ejes de la burguesía y la ofensiva de ilegitimidad.
La coyuntura que analizamos se extiende desde mediados de febrero de 1973 hasta el momento de la promulgación parcial de la Reforma Constitucional referente a las tres áreas de la economía. En primer lugar, desde febrero, porque es el momento en que derrotada la estrategia del derrocamiento del gobierno por vía electoral que permita un cuestionamiento y la convocatoria a nuevas elecciones presidenciales. La promulgación, por otra parte, porque marca el instante en que la burguesía transforma al Congreso en un co-gobierno y se inicia una etapa de autonomización creciente entre los poderes del Estado. Se comienza a producir el desarme del Estado que logra mantener un mínimo de cohesión en base al papel articulador de las FFAA, a su vez sometidas a un fuerte movimiento pendular entre los poderes legítimos.
Los resultados electorales al descartar la estrategia de la ultraderecha de llegar a provocar un cambio de gobierno, produce un reajuste interno a la burguesía en torno del sector pro-imperialista de la fracción político-populista: el freísmo. Este comienza a impulsar una estrategia que junto con mantener la cohesión de la burguesía trata de dividir a la clase obrera.
Este doble juego lleva a la fracción político-populista a conducirse en dos planos contradictorios: uno, el de la movilización de masas y declaración de aceptar cambios que le permitan mantener su anclaje popular pero que son el producto de las tensiones internas entre el sector pro-imperialista y el sector progresista; y el otro plano, que es el de la representación de los intereses de los grupos empresariales. Estos últimos exigen una acción del eje populista que pone en peligro su cohesión como grupo nexo de la burguesía y los sectores populares indispensables a ésta para ampliar su base de apoyo. El reemplazo del grupo de Fuentealba de la dirección del P.D.C. por el grupo de Frei constituye una manifestación del desplazamiento de la dirección de la clase hacia el eje populista; pero también la confirmación de Onofre Jarpa como presidente del P.N., en el último congreso de esa colectividad, es una demostración de las contradicciones entre los intereses políticos de la fracción populista y los propios de los empresarios.
La razón de lo anterior es que el «freísmo» representa a una burguesía gestora de intereses foráneos para la cual es importante, no tanto la defensa de determinados intereses empresariales, como la preservación del sistema político. Por eso se plantean desajustes entre la representación política y los intereses de la clase, especialmente de sus grupos monopólicos. Lo que provoca que estos se canalicen hacia formas más agresivas de representación. Ello hace que se reactualice la estrategia de la fracción más retardataria. Se vigoriza Patria y Libertad. Connotados dirigentes empresariales reconocen pública militancia en esa organización. Ello hace que se reactualice la estrategia de la fracción retardataria de forzar la ilegitimidad del gobierno comprometiendo al sector freísta. Su objetivo es precipitar una acción de las FFAA, colocadas en la situación de dependencia dual, a que nos hemos referido, o bien obligar a una rectificación de fondo que se traduzca en una coparticipación en la dirección del proceso. Por eso la estrategia de ilegitimidad del gobierno se vincula con la transformación del Congreso en una suerte de co-gobierno.
En este contexto sin embargo las fuerzas partidarias de una línea de centro siguen actuando. Lucha de tendencias que se entabla paralelamente con la consolidación de la dirección freísta - P.N. en el campo de la burguesía.
Un modelo de centro, en un contexto de aguda polarización de clases, no puede imponerse porque exige para sostenerse una base social policlasista y un fraccionamiento de la burguesía. En términos concretos se tendría que expresar en un dominio del PDC sobre el PN en la dirección de la burguesía, y, dentro de la DC, en un predominio del sector progresista sobre el freísta. Lo que no es factible en tanto se mantenga incólume la alianza ideológica de la burguesía bajo dirección combinada del freísmo y el PN. Sin embargo, si la burguesía continúa manteniendo la diversidad de sus organizaciones políticas se debe a esta pugna interna. La manifestación de pluralismo partidario e ideológico en verdad oculta una lucha interna que básicamente consiste en los intentos de la fracción por crear un núcleo de decisiones que se trasforme en el punto de aglutinación de la burguesía (el poder gremial), en oposición con los intentos del sector progresista de la fracción político-populista por crear, dentro de la alianza burguesa, un contrapoder de naturaleza centrista (alianza DC - PIR)4).
El planteamiento formulado por Allende, a mediados de marzo, de que hay que precipitar la constitución del partido único de la revolución, sirve a la burguesía para superar sus discrepancias internas en torno de la estrategia de la ilegitimidad. Ante el planteamiento del Partido Unico la extrema derecha lideriza un contraataque en base a que éste significa la cancelación de la vía democrática por la U. P. Por lo mismo es un imperativo alzarse en defensa de la institucionalidad vigente (Congreso, Tribunales, Contraloría), en contra del intento por crear el poder paralelo. Poder apoyado en masas manipuladas, en las que no está representado «todo el pueblo» sino sólo quienes están «por el socialismo».
Cualquier intento por cohesionar a la dirección política del movimiento popular es motejado de «insurreccional». El resultado que esta contraofensiva produce internamente es debilitar todavía más la posibilidad de acción autónoma del sector progresista, pues cae envuelto en la alianza ideológica de defender la democracia a pesar de que las elecciones de marzo habían creado las condiciones, derrotada la estrategia golpista, para que hubiese impuesto su liderazgo. Una vez más demuestra su debilidad, tal como lo hiciera en julio del año anterior. Sucede así como la necesidad de cohesión de la izquierda es convertida por la burguesía oligárquico - monopolista en un factor de aglutinación en beneficio de sus intereses5.
Pero la estrategia de declarar la ilegitimidad del gobierno continúa desarrollándose para lo cual se aprovechan múltiples circunstancias y acontecimientos creados por la política de gobierno. Casi un mes más tarde, la presentación del Proyecto Escuela Nacional Unificada, planteado con absoluto desconocimiento de la estrategia seguida por la derecha sirve para desencadenar una nueva ofensiva de carácter ideológico, incluyendo desmanes callejeros. Ofensiva que, además, tuvo una consecuencia secundaria aunque estratégicamente muy importante, como fue que sirvió para debilitar las iniciativas tendientes a fortalecer el poder popular que venía estructurándose desde el mes de octubre.
En los hechos desencadenados con motivo de la ENU se puede observar la coexistencia de dos líneas de acción por la burguesía. Está desde luego el intento por restar al gobierno toda legalidad y de este modo romper los vínculos que mantienen las FFAA como grupo de presión. Pero también se encuentra presente la presión por obtener un compromiso programático, aunque ambos objetivos orquestados bajo una misma dirección en razón de la incapacidad de autonomía del sector progresista de la fracción político populista. Esta última línea de acción alternativa con muchas probabilidades de ganar aliados en el campo del movimiento popular, en caso de que su dirección continúe limitándose a las exigencias de legitimidad del gobierno para evitar las oposiciones entre éste y sus necesidades de funcionamiento con las presiones populares con sus propios objetivos y necesidades. De perseverarse en esta orientación estrictamente institucionalista es presumible esperar, o el derrocamiento del gobierno, o que se alcance una alianza con la fracción político progresista de la burguesía. Situación en la que el gobierno podrá asumir el papel de árbitro entre esta y el movimiento popular; pero revestida de gran transitoriedad que rápidamente tendría que deteriorarse en favor de los intereses unidos de la alianza burguesa.
Reflejo de lo anterior es el Gabinete Ministerial del mes de marzo. En realidad al reafirmar la lucha puramente institucionalista de las clases, después de octubre y de las elecciones de marzo, constituye un retroceso. En que sentido? Simplemente continúa planteando la polarización de las fuerzas sociales dentro del esquema que es favorable para que la burguesía mantenga su cohesión interna; esto es, en base al conflicto entre Gobierno y Régimen Institucional. Punto de choque que marcará la evolución de la lucha en los meses siguientes. En este contexto hay que ubicar la iniciativa de la DC para reabrir el debate sobre la Reforma Constitucional de las tres áreas de la economía, que había permanecido encarpetado en el Senado, precisamente, desde julio de 1972. Nos referiremos a este aspecto más adelante cuando tratemos la cuestión del co-gobierno.
El dilema siempre presente en el proceso chileno es que ante el avance de este la burguesía luchará por imponer la contradicción legalidad-ilegalidad con lo que no hace más que encubrir la lucha de clases detrás de la defensa de un sistema de vida que garantice el libre juego entre todos los intereses sociales, ideológicos y económicos. A este dilema las fuerzas populares deben contraponer la creación de una nueva institucionalidad, que no sea sino la formalización del embrión de poder popular. De lo contrario serán encajonadas inevitablemente dentro de la legalidad vigente (en espíritu y letra) con el consiguiente deterioro de sus relaciones con las FFAA.
El retiro de los ministros militares (marzo de 1973) marca la reanudación de la misma línea anterior al paro de octubre de continuar expandiendo el área de propiedad social mediante el recurso de los decretos de insistencia. Lo que interesa es, que no se recoge el cambio de situación provocado después de la huelga patronal, en cuanto a que surge un poder popular (si bien embrionario todavía con grandes potencialidades) que constituye el único camino capaz de definir un curso a los acontecimientos fuera del zapato chino que encierra el dilema legalidad - ilegalidad. Pero esto supone transferir poder para desplazar el plano de la lucha de clases en forma de desnudarla de la contienda entre Poderes del Estado. Mientras no se haga inexorablemente se caminará hacia un callejón sin salida.
El Gabinete de Marzo continúa con la línea de respeto interno a la institucionalidad. Confunde lo que es robustecer las bases institucionales del gobierno con lo que es afirmar el poder de acción directa de las clases en que dicho poder encuentra su base de sustentación. Cuidando de mantenerse dentro del respeto a la legalidad (no hay más respeto que el compromiso programático si no media un fraccionamiento de la burguesía), el gobierno orienta su conducta precisamente por los caminos donde mejor puede dar la lucha la burguesía. No se preocupa de abrir un nuevo cauce impulsando la constitución del poder popular para transformar en un ariete que rompa, pulverice, el frente ideológico y material de la alianza burguesa.
En razón de lo anterior es que pensamos que el Gabinete de Marzo marca el punto en que las fuerzas desencadenadas durante la crisis de octubre, que también se expresan aunque por otros canales en marzo, son refrenadas. Es en este contexto que cabe recordar una observación que formulábamos (en un trabajo de enero de 1972, ya citado), relativa a que la «nueva legitimidad para que pueda expresarse necesita de un nuevo consenso. El cual no puede esperarse como el nuevo Mesías sino que debe ser el producto de la lucha diaria por la nueva conciencia de obreros, campesinos y capas medias. El poder político, más que un instrumento de promoción de cambios, operando en el círculo cerrado de la ideología dominante, ha de servir de ariete para romperlo aunque signifique que la celeridad de las medidas de cambio tenga que ajustarse al ritmo de la ofensiva ideológico-institucional».
Al no intentar siquiera romper ese círculo cerrado, en razón del plano en que continúa librándose la lucha de clases, el Gabinete de Marzo representó un repliegue de las potencialidades que se mostraron durante octubre y marzo. La fuerza que se hizo patente en estos dos acontecimientos exigía ser canalizada por una nueva institucionalidad que fuera capaz de traducir a las transformaciones cualitativas experimentadas por los trabajadores. En vez de eso se cae doblegado por la ofensiva de la burguesía para reducirse al plano en que ésta desea librar la lucha. La razón: dentro de la institucionalidad burguesa no existen otras alternativas que el enfrentamiento o el compromiso cuando no existe, por no haberse desarrollado, un contra-Poder. El poder popular define la única posibilidad de que el proceso marche por la vía pacífica sin detener su avance.
El Gabinete de Marzo cierra un ciclo en el cual las fuerzas revolucionarias al demostrar su cohesión y empuje exigían sus propias vías de expresión, y marca el comienzo de un periodo encerrado en el dilema: o enfrentamiento o gestación de poder popular.
Se ha confundido por la dirección del movimiento popular, lo que es fortalecer las bases institucionales del poder político (gobierno) con lo que es afirmar el poder de acción directa de las clases en que se sustenta.
La tendencia a constituir el co-gobierno
Hemos afirmado que la estrategia de la ilegitimidad del gobierno impulsada por la burguesía, con mayor ahínco desde Marzo, se vincula con la transformación del Congreso en un efectivo co-gobierno.
La estrategia de la burguesía orientada a declarar primero la ilegitimidad del gobierno para imponer después el co-gobierno legitimo, determina la posibilidad para que las FFAA, ante esta dualidad de poderes, puedan actuar institucionalmente en caso de no prosperar la capitulación del gobierno. Se inicia la fase estratégica del co-gobierno con la discusión del proyecto de las tres áreas de la economía aunque disfrazada detrás de la consigna del equilibrio de poderes. Su esencia de convertir al Parlamento en el co-gobierno para declarar al Poder Ejecutivo en rebeldía frente a la legalidad burguesa, se inserta en la perspectiva de lo que dijéramos en el trabajo de Enero de 1972 de que «una burguesía débil y fraccionada sólo puede encontrar respaldo en una estructura de poder colegiado... y de que el resquebrajamiento de la estructura de poder institucionalizado nos coloca en la coyuntura de una disputa de poderes» en la cual la fracción oligárquico monopolista transforma al Congreso en «la posibilidad de afianzar sus intereses de grupos de presión y para ello puede no dudar en replantear una nueva versión del parlamentarismo».
La declaración de rebeldía del Poder Ejecutivo frente a la legalidad en consecuencia de haberse planteado el conflicto de las clases en el plano en que la burguesía podría alcanzar su mayor cohesión, mientras que las fuerzas populares tenían que luchar por apoyarse en su propia legitimidad pero dentro de la legalidad burguesa. Lo que significa desmovilización y freno al desarrollo de los nuevos embriones de institucionalidad nacidos de la presión de las masas de ser el producto de un despotismo ilustrado.
El punto en que hace crisis la coyuntura del co-gobierno es cuando el Poder Ejecutivo se niega a promulgar la Reforma Constitucional sobre las tres áreas, provocando un choque frontal en los otros Poderes del Estado. Es el instante en que se desencadenan los hechos tanto sobre el riel de la ilegitimidad del gobierno como de la creciente ofensiva del Congreso por ejercer control sobre las FFAA (uno de cuyos mecanismos es la Ley sobre Control de Armas). Pero el tiempo de la coyuntura estará determinado por toda la controversia acerca de las tres áreas de la economía, que se viene arrastrando prácticamente desde fines de 1971 con la presentación del proyecto Hamilton-Fuentealba. Lo que ha ocurrido es que durante este lapso se han producido cambios en las correlaciones de fuerzas entre las clases, como asimismo en el interior de éstas.
En realidad la iniciativa cuando se planteó en octubre de 1971 tenía como propósito implementar la política de co-participación en el proceso que impulsaban las directivas DC de orientación tomicista. Pero después de las elecciones de marzo, tras permanecer siete meses sin tramitación en el Senado, es reflotada por el sector demofreísta como instrumento de su alianza con el PN. Sus objetivos estratégicos obviamente son otros. No se trata y de co-participar en un proceso de cambios sino de frenarlo abruptamente. Juega a favor de esta posibilidad el hecho de que el fraccionamiento de la burguesía se ha debilitado. Esta burguesía ha entrado a consolidarse en torno de la dirección demofreísta - PN que impulsa una política mucho más agresiva y aglutinante de la alianza ideológica burguesa. Si a esta circunstancia agregamos que muchos otros centros de poder no están controlados por las fuerzas populares, además de las FFAA y el Parlamento (tales como prensa, radio, colegios profesionales, etc.), concluimos que se restan posibilidades para que el sector progresista de la fracción político populista pueda participar en alianzas programáticas que representen un efectivo fraccionamiento de la burguesía. Toda vez que su papel se va reduciendo a influir sobre ciertos centros de decisión; ya que, o ha perdido su contacto con las bases populares (sometidas a un proceso de fascistización creciente, como sería el caso, principalmente, de los grupos profesionales), o éstas, las bases más conscientes, ya se han polarizado en favor de la política de gobierno.
En esta situación la reactivación del proyecto de las tres áreas y su rápido despacho por el Congreso Pleno entra a cumplir un objetivo adicional al que primitivamente se propusiera. Ya no se trata exclusivamente de reglamentar el Área de Propiedad Social sino de cuestionar al gobierno mismo. En efecto se trata de fortalecer al Congreso Nacional como núcleo de decisiones del Estado. Se acepta, es cierto, que el área estatal de la economía se incremente pero siempre que su desarrollo esté sancionado por el poder colegiado por excelencia. Incluso se establece una prohibición para que los empresarios privados puedan entrar en acuerdos con el Estado, representado por el gobierno, en cuanto a entregar sus industrias o a perfeccionar acuerdos que aseguren formas mixtas. Se exige como requisito previo, para definir la composición de las tres áreas tanto social como mixta de la economía, una ley aprobada por el Parlamento que constituye una especie de tutoría de éste sobre los empresarios. Un verdadero bonapartismo colegiado que surge de la debilidad interna de la propia burguesía que pasa a depender de su representación política, arrinconada en el Poder Legislativo, así como antes dependía del Estado cuando detentaba directamente el poder político. Por lo tanto cualquier traspaso de empresas tiene que hacerse por ley. Todo lo cual podría significar simplemente que se reafirma la tesis del co-gobierno con todo lo que implica de freno al proceso, especialmente cuando ocurre teniendo lugar una consolidación interna de la burguesía. Sin embargo hay algo más porque, simultáneamente con aprobar disposiciones sobre el Área Social, el Congreso sienta el principio de que sus acuerdos pueden adoptarse por simple mayoría, incluyendo desde luego el rechazo de los vetos del Poder Ejecutivo. De esta manera va más allá que establecer un co-gobierno para llegar hasta el cuestionamiento del gobierno a través de declarar su interdicción de facto.
Se hace patente el cerco institucional del gobierno. O este acepta la tesis del Congreso de que las Reformas Constitucionales necesitan para ser aprobadas de la simple mayoría, o en caso de desacuerdo verse obligado a convocar a plebiscito. En esta forma el Congreso rompe con el principio de equilibrio de poderes, y tiende a afianzarse en su alianza ideológica cuando confía en una política de manipulación de masas, que, en el fondo no es sino la instrumentalización de la ideología dominante en su beneficio.
Pero la estrategia del doble poder crea una situación política nueva: el peligro de la guerra civil. Desde principios de mayo, el movimiento popular desencadena una fuerte contraofensiva en contra de la guerra civil que determina, en el campo de la burguesía, una trizadura entre sus fuerzas democráticas y fascistas que debilita la capacidad de ésta para ahondar en su ofensiva. Se refleja esto en los intentos de la fracción retardataria por imponer la unidad de acción y en general en la respuesta que se da a la ofensiva del movimiento popular. Ante el peligro de una definición de la población entre los partidarios de la guerra y sus enemigos que trata de imponer el peligro del totalitarismo marxista. Se observa en esta táctica una gran coincidencia entre el sector demo-freísta y el PN. El temor a la guerra civil facilitará la conquista del poder total por los marxistas, se argumenta. Y algunos antecedentes históricos sirven para alimentar esta campaña. Se cita en particular el caso de Checoslovaquia cuando el Presidente Benes cedió a la presión comunista y sin que mediara un hecho sangriento, en pocas horas, se produjo el salto hacia el poder total. En esta forma se reviste la oposición entre fascistas y demócratas por la de decidido y complaciente ante los embates del «totalitarismo marxista». Sin embargo esta situación permite que el sector progresista de la burguesía se fortalezca o, a lo menos, inicie una ofensiva más decidida, en pro de un camino «racional» que no inhiba la viabilidad de una fórmula de centro, aunque sea con el aval de los militares pero que garantice la permanencia de la institucionalidad.
Se entrecruzan de este modo diferentes tipos de contradicciones que llevan a una oposición entre la DC y la extrema derecha fascista (Patria y Libertad), y también probablemente, al surgimiento de una corriente democrática dentro del propio PN.
El entrecruzamiento entre las diferentes formas de acción de la burguesía, y los desplazamientos que se producen entre una y otra, se reflejan en los cambios de correlaciones internas a los partidos. Así el repliegue del grupo golpista de Onofre Jarpa (quién pasa a un segundo plano, entre febrero y mayo), se corresponde con el ascenso del freísmo dentro de la DC y de una corriente pro-demócrata cristiana dentro del Partido Nacional. Pero la debilidad demostrada por el freísmo en la Junta Nacional del PDC, en mayo último, determinó un resurgimiento del grupo de Onofre Jarpa en el Congreso Nacional del PN, celebrado a comienzos de junio. En la base de estos cambios se encuentra el fraccionamiento de la burguesía en grupos internos, que a veces se cohesionan como un bloque, otras en cambio se fragmentan en distintos tipos de alianzas. Estas dependen de si la dirección la retiene la representación política de la burguesía o los grupos empresariales.
En ese sentido se produce una dinámica interna a la burguesía que expresa a las alianzas entre el sector fascista-nacionalista de la representación política con los empresarios (ejemplo de la cual seria la vinculación entre el PN controlado por el grupo de Onofre Jarpa, con la Sociedad Nacional de Agricultura, Sociedad de Fomento Fabril y otras asociaciones patronales); o bien de éstos últimos con la representación política de la burguesía comprometida más bien con los intereses imperialistas y extranjeros en general. Este es el caso del freísmo interesado mucho más en luchar por preservar un sistema político (basado en la captación y manipulación, propio de su condición de grupo nexo con sectores populares), que en defender a determinados empresarios. Ofrece una apariencia más «democrática» ya que, en su calidad de agente de inversiones extranjeras, está objetivamente en condiciones de aceptar cambios internos que afecten a grupos de empresarios nacionales.
Las expresiones formales de estos grupos internos son difíciles de identificar por cuanto coexisten en los diferentes partidos de la burguesía. Sin embargo se pueden observar alianzas mas o menos permanentes: a) Entre el freísmo y los «sectores blandos» del PN en razón de cumplir ambos grupos la función de agentes del capital extranjero; b) el sector fascista nacionalista del PN reconoce, por su parte, más vínculos con los intereses nacionales de la burguesía, rasgo que paradojalmente comparte con el sector progresista de la DC, en tanto éste último procura un modelo político en base de la participación para asegurar el funcionamiento de la mediana y pequeña empresa, y el otro propicia un modelo corporativista para garantizar lo mismo; pero antagonizan por cierto debido a su orientación fascista y democrática.
La tendencia fascista nacionalista en su pretensión de representar los intereses de los empresarios nacionales y de la pequeña burguesía, requiere de una alianza con la representación política más vinculada con el imperialismo para sostener su modelo corporativista basado en la captación y manipulación populista. Desde la perspectiva distinta que confiere la alianza entre partidos, en este caso del PN y del PDC, representa lo mismo que lo que en esencia ha pretendido ser la propia DC, con la salvedad importante de orientaciones ideológicas distintas. La función de nexo de la DC, como producto de la agudización de las tensiones entre las clases, se reafirma en la alianza demo-freísta - PN. Claro que está sujeta a la disputa acerca del liderazgo interno de la burguesía. Sin embargo hasta el momento ha logrado predominar la capa política pro-imperialista favorecida por sus vínculos con sectores populares que contribuyen a ampliar el apoyo social a la alianza. Pero en la misma medida el freísmo contribuye a fortalecer la alianza que propugna el sector fascista nacionalista de la burguesía. Si es cierto que puede (el freísmo) continuar detentando el liderazgo superestructural, también es cierto que lo hará hasta cuando el sector fascista nacionalista reúna la fuerza suficiente, no sólo para desplazarlo en la dirección de la burguesía en su conjunto, sino además en su papel de intermediario con los intereses extranjeros. Por último no se trata más que de pugnas entre fracciones y grupos internos de la burguesía. Sus diferencias más ostensibles serán en lo que respecta a sus estilos distintos de política.
Pero a pesar de todo lo expuesto, creemos que la determinación más significativa surgida de la situación de inminencia de guerra civil, son los efectos que ésta produce en las FFAA.
La división de las FFAA en grupos internos de «izquierda» y «derecha», capaces de comprometerse con una mayor radicalización del proceso, en una y otra dirección, se neutraliza por la existencia de un fuerte sector técnico profesional interesado en mantener la unidad de la institución ante la eventualidad de enfrentamientos masivos.
Hasta el conato de golpe del 29 de junio (desatado por un grupo instrumentalizado por la extrema derecha golpista), el grupo técnico profesional favoreció objetivamente con su actitud a la política de gobierno. Se podría decir que es el sector de militares que mejor encarna el carácter y papel de grupos de presión de las FFAA por sobre los intereses de clase de sus componentes. Sin embargo después del 29 de junio se precipita la tendencia favorable a una definición clasista de las FFAA. Es el caso de los intentos de golpe de oficiales de la Armada y de la Fuerza Aérea, encabezada por el general Ruiz Danyau. Este fenómeno de definición clasista tiene, entre otras consecuencias, la de reducir al grupo técnico-profesional a una posición de marginación y de ambivalencia frente al gobierno. Lo que tiene su base en la brecha institucional cada vez más profunda que se crea entre dos poderes legítimos en pugna con sus propias exigencias de lealtad frente a las FFAA. Sin duda es la renuncia del general Prats González la que marca el momento en que se pasa a esta nueva actitud.
Por todo lo anterior conviene insistir nuevamente en el carácter ideológico de la alianza burguesa. Habrá que destruirla pero no respetando a la formalidad institucional vigente, como ha sido hasta el momento, sino que deberá oponérsele una alternativa que se materializa en base al desarrollo orgánico de un poder popular no comprometido en las reglas del juego demo-liberales. La importancia de esto está en impedir que, a través de la dirección de la alianza demo-freísta-PN, se fortalezca una combinación de fuerzas policlasistas encabezada por el sector freísta nacionalista.
El momento del arbitraje o del enfrentamiento:
La lucha por una definición de las Fuerzas Armadas:
La pugna de las fuerzas sociales concretamente comienza a girar en torno del reconocimiento de los embriones de poder popular que, como manifestaciones de la nueva estructura de relaciones sociales que emerge, exigen ser partes de la estructura del Estado.
El sofocamiento del intento de golpe del día 29 de junio puso en el primer plano la cuestión de la verdadera base de sustentación del gobierno. Comienza una etapa (que todavía no ha terminado) en que la lucha entre el movimiento popular y la burguesía gira en torno del control de las fuerzas armadas. Lucha en la que la burguesía procura debilitar al poder popular tanto en imagen como objetivamente frente a aquéllas. Como ejemplo de la primera táctica nos permitimos citar los siguientes párrafos del diario El Mercurio, aparecidos en su edición del 1° de Julio, en que trata de separar a las FFAA del gobierno disminuyendo al poder popular como obstáculo a cualquier acción de éstas. Comienza destacando que las FFAA constituyen «el único poder efectivo que queda en el país, tanto por su espíritu como por su fuerza» y que, por consiguiente, «el verdadero apoyo del gobierno reside en la lealtad de los militares, pues ni los minoritarios partidos marxistas ni las bandas de malhechores del poder popular constituyen una base para resistir el desastre económico...» Se plantean además dudas de si existen arsenales a que pueda echar mano la Central Única de Trabajadores y que no estén bajo control de las FFAA, en forma de debilitar su capacidad de acción o resistencia.
La acción de la burguesía se orienta desde este instante a someter sus intereses a los de las FFAA, aceptando el margen de cambios que éstas estén dispuestas a aceptar. Se reafirma una orientación centrista con las FFAA como dirigentes, ya no como meros árbitros, en tanto representan la única fuerza capaz de mantener al proceso dentro de la institucionalidad. Se les reconoce por la burguesía el papel de articulados del aparato del Estado desarmado en que predominan cada vez más claramente las fuerzas sociales desnudas de toda mediatización, poseedora cada una de su propia legitimidad. Por lo tanto inevitablemente debería reconocérseles también el papel de «partido de centro», que las fuerzas políticas de la burguesía son incapaces de asumir como solución política sin apoyo militar irrestricto. Se ocultan, tras una gama de intereses políticos y sociales de naturaleza mesocrática, los intereses oligárquicos - monopolistas que las FFAA pudieran no sentirse identificados con sus propias aspiraciones.
La estrategia de la burguesía avanza desde la fase de la ilegitimidad y co-gobierno a la de la intervención militar. La DC controlada por el sector freísta, exige participación militar en la administración del gobierno en su línea de asegurar las condiciones que hagan el proceso reversible políticamente. Pero la ambigüedad de su comportamiento se acentúa. Así mientras niega los instrumentos legales (Estado de Sitio) para detener la sedición, formula declaraciones contrarias a todo golpe. La explicación de tales ambigüedades se encuentra en que mientras los intereses de su burguesía de servicios y en general de las capas medias representadas en ella se vinculan con los intereses del resto de la burguesía, su base sindical exige un comportamiento definidamente anti-golpista. En relación con el primer aspecto juega un papel importante la influencia del PIR sobre la burguesía de servicio DC, especialmente sobre el sector demo-freísta, pero también, en alguna medida, sobre el sector progresista, para mantener abierta la alternativa de una fórmula de centro que pueda liderizar y afianzar a la derecha. Por otro lado su base sindical se compromete con la política desencadenada por la CUT, de toma de industrias y empresas después de los sucesos del 29 de junio.
Como medida contraofensiva al conato de golpe del 29 de junio se desencadena una toma masiva de industrias (ordenada por la CUT) que produjo una gran extensión en las bases materiales del poder popular. Se produce también una mayor convergencia táctica entre el PS y el P.C., respecto a respaldar y a desarrollar estas nuevas formas de poder. Su emergencia más vigorosa, por un lado, junto con la agudización de las tensiones en la DC, se constituyen en obstáculos para que la intervención militar pueda pasar de la etapa institucional (como garantía de «paz social» desde dentro del Gabinete) a la sustitución completa del gobierno. De manera abierta se inicia una competencia entre dos tipos de alianzas: la alianza de la burguesía con las FFAA y la del poder popular con aquellas, cuya solución determinará las alternativas de evolución del proceso en el corto plazo.
Pero la definición del tipo de alianzas que se imponga dependerá de la dinámica interna de las FFAA, oscilando entre sus intereses de grupo de presión o de clase.
La burguesía procura inclinar el péndulo a través de movimientos de masa protagonizados por el poder gremial, que trata de transformar en el contrapoder al poder popular, y estrechando el cerco institucional del gobierno para lo cual se esfuerza en instrumentalizar a las propias Fuerzas Armadas a través de la aplicación de la ley sobre control de armas. En la medida que se produzcan choques entre éstas y el movimiento popular se contribuye a los ataques en contra de las FFAA, y, en consecuencia, a alcanzar una identificación entre su espíritu de grupo con los intereses de clase que se manifiestan más armónicos con la sobrevivencia de ellas en su función profesional. Pero, en la medida que la alianza demo-freísta - PN, trata de forzar un pronunciamiento militar abierto, desencadenan una serie de tensiones internas a la fracción político-populista en cuanto a sustituir al gobierno popular o participar de algún modo en su dirección. La discrepancia entre la tendencia «tomic» y la de «frei», respecto a los intentos de golpe, constituyen una expresión de lo que decimos.
El movimiento popular en su política frente a las FFAA se desdobla en dos líneas. En primer lugar, está el camino del centro impulsado por el gobierno que persigue comprometer a las FFAA en un acuerdo más amplio con el sector progresista de la fracción político-populista. La debilidad de este sector de la burguesía es la que puede facilitar las presiones por una definición clasista de las FFAA, favorable para la burguesía. La razón: que no habrá un camino que una los «intereses del cambio» con los «intereses de la democracia, representados por tal sector progresista de la burguesía según la percepción ideológica de los militares. Allende con el Gabinete de Julio pretende ofrecer tal unión mediante la política del diálogo.
Segundo esta el camino de oponer a las FFAA un poder popular plenamente desarrollado, que a raíz de la agudización del cerco legal y del crecimiento de las condiciones de pronunciamiento militar (en el sentido ya antes señalado de fraccionamientos de grupos), cambia su carácter. Se transforma en el verdadero antagonista de la burguesía y es por eso que éste desata toda su fuerza en contra suya. Se inicia fuertemente la campaña del desarme popular. El senador Bulnes formula un abierto llamado a las FFAA denunciando al poder popular como un ejército marxista. Poco después la Cámara se pliega a los ataques acusando al gobierno de crear un ejército paralelo y simultáneamente, se compromete a las FFAA en choques con el movimiento popular mediante el allanamiento de locales industriales y sindicales.
Se abre así la coyuntura de tener que avanzar exigiendo una nueva legalidad forzando un pronunciamiento de la DC respecto de la organización del poder popular. No hacerlo significa querer avanzar sin las masas, restringidos al juego de posiciones de la burguesía de servicio a niveles superestructurales. Debemos recordar que en la capa dirigente del movimiento popular, hay sectores de esta burguesía que, aunque radicalizada ideológicamente, reconocen también tendencias a aislarse en esos mismos niveles. En verdad, los acontecimientos del 29 al dar preeminencia a los factores políticos permiten avanzar en este sentido. No hacerlo significará caer prisioneros de los problemas económicos y permitir que la burguesía reorganice su estrategia en base a los desajustes económicos que provoca el proceso, agravado por la imposibilidad de adecuar las estructuras institucionales a las exigencias económicas del mismo. Entre éstas cabe destacar que la capacidad de dirección del movimiento popular se ve limitada por tropiezos burocráticos, pero también por el burocratismo que rápidamente ha socializado esa pequeña burguesía dirigente. Por eso cuando surgen estructuras autónomas con mayor agilidad y menos impedimentos formales para actuar es posible dar pasos de avance. En esta perspectiva hay que evaluar la aparición de la CUT, como un poder real influyendo en forma determinante sobre la no devolución de las empresas. Pero, si el gobierno pretende con su política ejercer tutoría sobre los Cordones inevitablemente será arrastrado a frenar esa fuerza y a convertirse en árbitro de las pugnas sociales. Nuevamente se plantea la necesidad de un desplazamiento en el plano de la lucha: deben ser las estructuras de poder popular las que ahora directamente planteen un reto de definición al sector progresista de la fracción político-populista de la burguesía y a las FFAA. De no ocurrir así se derivará hacia diálogos y alianzas superestructurales, niveles en los que aquélla es (o pudo ser) influyente e imponerse una orientación mesocrática. Lo que es peor, se crearán las condiciones para una alianza entre componentes de la burguesía de servicio que cumplan tareas dirigentes en ambos bandos en pugna.
La situación actual contiene las condiciones para un eventual fraccionamiento de la burguesía. Su profundidad y alcance es difícil determinarlo pues dependerá del grado de polarización clasista que experimentan los sectores populares incorporados en la fracción político populista. Esta está condicionada a una serie de mediatizaciones, como las propias de pertenecer a organizaciones partidarias, compromisos ideológicos, ambivalencia populista del sector progresista de dicha fracción, etc. Pero la misma ofensiva desatada por la fracción retardataria de la burguesía (huelgas, acusaciones, peticiones de renuncia al Presidente, hostilidad frente a oficiales militares favorables a un equilibrio interno de las FFAA, etc.), es demostrativo de sus esfuerzos por imponerse sobre la burguesía cohesionada internamente y también por superar los impedimentos para provocar una intervención militar. El péndulo militar está vacilante. Se trata entonces de empujarlo. Para la alianza demo-freísta - PN cualquier orientación centrista que conduzca a una alianza entre el movimiento popular y las FFAA es inaceptable ya que contribuye a consolidar el proceso de transformaciones. Consolidación que se lograría al precio de generar probablemente una oposición de izquierda, pero que en lo sustantivo haría al proceso irreversible políticamente. Por eso no puede haber diálogo que no entrañe capitulación o, en su reemplazo, proceder crudamente al derrocamiento del gobierno. Pero aquí es donde surge internamente en la burguesía una división ideológica que la debilita para servir de apoyo a un golpe exitoso. Es interesante observar las vacilaciones de un sector de la fracción político - populista entre el golpe o la presión directa de los cauces institucionales. El senador Aylwin expresa a este sector muy bien, cuando se lamenta de la crisis de convicciones democráticas por la que atraviesa el país. «La mayoría de los chilenos, decía, ha perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile... sea porque son muchos los que abusan de la palabra 'democracia' sin creer en ella, o porque en uno u otro extremo de la gama política chilena hay muchos que jamás han sido verdaderamente democráticos y tienen mentalidad totalitaria».
Es propio de la política del diálogo propiciado por el gobierno de la cual hace parte la Iglesia una orientación centrista que no controle la fracción oligárquico-monopolista sino una alianza entre el sector progresista de la fracción político-populista y los partidos populares (y de la cual se pretende hacer parte a las FFAA). La fracción oligárquico monopolista de la burguesía desarrolla diferentes iniciativas tendientes a evitar dicho fraccionamiento, ya que de tener lugar su estrategia de la ilegitimidad llegará a un punto muerto. En este caso tendría que recurrir a explotar los problemas económicos, a través de movimientos reivindicacionistas u otras formas distintas destinadas a romper la política económica del gobierno y desatar la hiperinflación; línea de acción que tiene el inconveniente de provocar contradicciones entre la representación política de la burguesía en su conjunto y los intereses específicos del sector privado empresarial.
Surgen algunas preguntas: ¿Cómo se comportarán las FFAA en el caso de un fraccionamiento de la burguesía? ¿Cómo encauzará la presión popular si la burguesía se fracciona y un sector de ella entra en alianzas con el gobierno? ¿Enfrentará éste a una oposición de izquierda? De ser así, ¿cuál seria su papel en el proceso? ¿Cómo se puede ir estructurando la nueva institucionalidad, o sea, la transformación del aparato del Estado? ¿El fraccionamiento de la burguesía determina que ella pierda su cohesión ideológica?
La última de estas cuestiones apunta a un aspecto central de todo nuestro desarrollo: la posibilidad de recuperar una orientación centrista a pesar del fraccionamiento de la burguesía. La relación entre ideología e intereses materiales es diferente en la fracción retardataria que en la política populista. En la primera se puede supeditar lo ideológico a los intereses reales en forma de poder canalizar la acción como clase a través del vehículo proporcionado por la ideología de consenso sustentada por la fracción político populista. La posibilidad de encontrar el ajuste entre los intereses oligárquicos y los intereses ideológicos de la fracción político populista determina la unidad de acción de la burguesía. Tal ajuste se facilita por la necesidad objetiva de una ideología de consenso atendida la composición heterogénea del PDC, como órgano de expresión de la fracción político-populista. Para éste tal ideología cumple la función de mantener su unidad interna.
A manera de recapitulación diremos que en el trasfondo del comportamiento de la burguesía como clase, encontramos una fracción oligárquico - monopolista y otra fracción político populista que históricamente se ha descompuesto en dos sectores: uno de carácter neo-capitalista vinculado a la representación de intereses extranjeros y con una actitud pro-monopólica; y otro, vinculado con los intereses de la mediana y pequeña empresa nacional, y detentadores de una actitud anti-oligárquica, reformista, y participacionista. En este contexto actúan grupos instrumentales de la burguesía que sirven a sus intereses de hegemonía manteniendo su unidad como bloque. Son las fracciones segregadas del antiguo Partido Radical, resabios ideológicos de la antigua burguesía industrial e intervencionista, que abandonan sus arrestos anti-oligárquicos y se decantan con la fracción retardataria u oligárquicomonopólica de la burguesía en su papel de gestores políticos encargados de instrumentalizar estrategias de centro que compensen las debilidades de la DC y con ello asegurar la unidad del bloque de la clase.
Por ello es que cualquier camino de centro reviste un carácter fuertemente ideológico que encubre, a través de una de sus fracciones, el interés del bloque burgués en su conjunto. Sin embargo la transformación de éste en fracciones, que se han desarrollado y afirmado a nivel de la superestructura político institucional, crea las condiciones para un mesocratismo que puede cumplir un papel táctico para el proceso revolucionario. Su factibilidad dependerá de la derrota de la fracción oligárquico-monopolista; es decir, de la capacidad del movimiento popular y de sus partidos de romper la alianza ideológica de la burguesía.
Es una exigencia de la vía chilena lograrlo.
Nota de la Redacción:
La súbita interrupción del proceso de cambios chileno y la violenta instalación de un gobierno militar en ese país, plantean nuevos y angustiosos interrogantes a la sociedad latinoamericana. Esta revista es una tribuna dispuesta a acoger esa discusión. Con el artículo de Hugo Zemelman, iniciamos la publicación de los aportes que sobre esta materia realicen distintos científicos sociales chilenos y latinoamericanos, sin que ello signifique que Nueva Sociedad necesariamente comparta las opiniones vertidas por los autores.
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1.
Este trabajo fue elaborado y terminado dos semanas antes del golpe militar del 11 de septiembre. Sus afirmaciones, por lo tanto, hay que apreciarlas con esta limitante.
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2.
«La oposición política al gobierno de Allende enero 1971-enero 1972», de Hugo Zemelman y Patricio León (publicado en Government and Oposition, agosto de 1972).
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3.
Puesto que dicho concepto se refiere a los individuos que: a) se ubican en instancias de control de la superestructura jurídico-política; b) se ubican en la instancia de control de los servicios vinculados a la estructura de consumo; y c) a los que integran la capa técnico-burocrática que vincula a la empresa con el sistema y que los hace partes inherentes de dicho sistema, todos los individuos (pagados en sueldo o salario), que no se incluyen en las instancias de decisión y control, obviamente no forman parte de la burguesía de servicio.
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4.
La burguesía comienza a sostener que está en condiciones de aceptar cambios, que no se trata de volver a restaurar situaciones pasadas pero que el logro de los objetivos de progreso social debe alcanzarse dentro de la paz social (o encarnada en las FFAA en oposición a la lucha de clases que promueve la izquierda). La expectativa que la burguesía desarrolla de las FFAA es la de representar el límite de avanzar sin profundizar la lucha de clases que pone en peligro su propia integridad institucional. Se insinúa de que si éstas desean mantener su unidad, base de su poder, deben presionar para detener la movilización popular, acompañándose de concesiones programáticas de la burguesía ante las FFAA, como estar dispuesta a aceptar cambios pero en «paz social». Por lo mismo se manifiesta preocupación ante el rumor de que los militares saldrán del Gabinete pues constituyen la garantía de que la polarización de las clases se detiene. Esta situación variará después del conato del 29 de junio, pues a partir de ese momento se elimina toda cuestión de paz con progreso para centrarse fundamentalmente en la toma del poder por los militares, sin parar en que su ofensiva pueda hacer peligrar la unidad institucional de las FFAA. Más aún, diremos que después del 29 de junio las FFAA dejan de ser una garantía como unidad y la derecha pasa a la ofensiva de polarizarlas, trasladando al seno de estas la responsabilidad de decidir el curso de los acontecimientos. Encubre sus propósitos detrás de la obligación de las FFAA de aplicar la ley sobre Control de Armas.
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5.
Las escasas posibilidades de fraccionamiento de la burguesía obedecen, especialmente cuando predominan vínculos ideológicos a una multiplicidad de hechos internos de la clase. Entre éstos cabe señalar aunque sea repitiendo algunos, los siguientes: a) el surgimiento del poder gremial que incluye a la gran burguesía y a la pequeña burguesía; b) el predominio del grupo de presión freísta en el manejo del PDC, debido principalmente a sus vinculaciones financieras extranjeras; c) la debilidad del sector progresista que ha perdido su función de nexo con sectores populares (o los disputa fuertemente con el grupo freísta) reduciéndose a un nivel superestructural, como es el Parlamento; pero especialmente por su incapacidad de visualizar un camino alternativo a los de los partidos populares marxista-leninistas, sin caer en posiciones anti-comunistas; d) la circunstancia de que la dirección política de la fracción oligárquico-monopolista está en manos de un grupo social más decidido que los últimos vástagos de la oligarquía dominante, que detenta una concepción nacionalista, no oligárquica, sino más bien mesocrática, que la capacita para un margen mayor de alianzas con otras clases y estratos sociales.