Opinión
Marzo 2020

¿Dónde quedó el progresismo?

En el ya no tan amplio espacio de la centroizquierda latinoamericana, la segunda década del siglo todavía joven termina con una vieja pregunta: ¿cuál es el lugar actual del progresismo? Terminados los ciclos liderados por Lula, Chávez, Mujica, Lugo, Bachelet, Morales, Correa y Néstor y Cristina Kirchner, las respuestas a esa pregunta suelen exudar más preocupación que autocrítica. Y, sin embargo, en el contexto del surgimiento de experiencias tardoprogresistas o neoprogresistas, esta última debería revelarse imperiosa.

¿Dónde quedó el progresismo?

Del progresismo al neoprogresismo

Inicialmente configurado en tiempos de crisis de las izquierdas tradicionales, el progresismo fue antes una sensibilidad de centroizquierda que una articulación orgánica de fuerzas políticas. La búsqueda de una conjunción entre mayor igualdad y respeto a los valores liberales -como la libertad de expresión y la defensa del orden democrático-, se conjugaba con una (a menudo auto) crítica hacia las experiencias armadas de las décadas de 1960 y 1970. Especialmente desde fines de la década de 1980, para quienes comenzaron a autopercibirse como progresistas, la democracia ya no era solamente un instrumento que facilitaba la vía insurreccional al poder, sino un valor en sí mismo. La caída del Muro de Berlín reforzó esas convicciones y, en la década de 1990, al tiempo que el Consenso de Washington parecía decretar que la democracia liberal y el capitalismo serían las claves de un Nuevo Orden Mundial que gustaba perfilarse como eterno, el progresismo apareció como la izquierda posible de la hora. A finales de esa década, con la publicación en The Economist del artículo Nuevas ideas para la vieja izquierda, parecía iniciarse una renovación intelectual y política para la centroizquierda de la región. Los intelectuales que firmaban aquel texto (el mexicano Jorge Castañeda y el brasileño Roberto Mangabeira Unger), habían promovido una serie de encuentros con dirigentes políticos de todo el continente bajo la consigna Alternativa Latinoamericana. Quienes participaron de aquellos encuentros cuestionaban la hegemonía neoliberal, aunque sin impugnar al capitalismo. Se formó así una suerte de «internacional progresista» en la que participaron intelectuales y dirigentes como Luiz Inácio Lula da Silva, José Dirceu, Dante Caputo, Carlos «Chacho» Álvarez, Ciro Gomes, Ricardo Lagos o Adolfo Aguilar Zinser.

Sin embargo, recién en la década siguiente pareció consolidarse una propuesta progresista que excediera lo meramente discursivo y las declaraciones conjuntas de buena voluntad. De la mano de quienes promovían el retorno del Estado, se tendieron puentes para una verdadera integración regional de proyectos progresistas, aunque para entonces muchos de sus portavoces habían adoptado una retórica nacional-popular que los distanciaba de sus antecesores inmediatos. En algunos casos, esos gobiernos caracterizados o (auto)asumidos como progresistas debieron enfrentar reclamos populares, tanto por su falta de respuestas económicas ante el agotamiento de los modelos que impulsaban, como por la llamada «cuestión democrática», es decir, la impugnación de las derivas autoritarias que experimentaron. Así, predominaron los discursos refundacionales, el fortalecimiento del rol presidencial y hasta los intentos de perpetuación por la vía de un ciclo ininterrumpido de reelecciones. El caso de Venezuela es el más ilustrativo, pero no es el único.
El contrapeso de aquellas experiencias fue el retorno de derechas más enfáticas, que buscaron articularse momentáneamente en el Grupo de Lima, del cual participaron con diverso énfasis presidentes como el chileno Sebastián Piñera, el argentino Mauricio Macri o el más extremo y preocupante Jair Bolsonaro. Neoliberales en los económico y, a menudo, reaccionarios y punitivistas en lo político, estos nuevos liderazgos posibilitaron la irrupción de un frente antiprogresista que diluyó las instituciones de integración regional construidas durante el ciclo progresista precedente.

Sin embargo, algunas experiencias recientes parecen tomar distancia de aquella tendencia de retorno de las derechas, reforzada en los últimos meses por la derrota del Frente Amplio en el Uruguay y, mucho más grave, por el retorno de los sectores más reaccionarios en Bolivia. Aunque con diferencias, tanto Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México como el Frente de Todos en la Argentina parecen encarnar un progresismo de nuevo tipo, que algunos han caracterizado bajo el poco preciso rótulo de tardoprogresismo, o incluso como neoprogresismo. Como ha señalado recientemente el politólogo Julio Burdman, uno de los artífices de esta conceptualización es el Instituto Roosevelt, del que participa el premio Nobel de economía Joseph Stiglitz. En la agenda del neoprogresismo, caracterizado como un paradigma alternativo al neoliberalismo, se incluyen herramientas como el aumento de los impuestos a los ricos, la promoción de leyes y mecanismo para evitar los monopolios, el incentivo a la inclusión de las mujeres y las minorías étnicas y el fortalecimiento de los sindicatos. Para el caso específico de nuestra región, quienes se manifiestan cercanos a estas ideas son conscientes de la necesidad de que aquellas iniciativas sean acompañadas por una mayor responsabilidad para encarar temas que preocupan a amplios sectores de la sociedad y que han sido talones de Aquiles para las experiencias de los progresismos populistas de los últimos años, como la seguridad y la transparencia institucional. Algunos de los integrantes del Grupo de Puebla, el foro político que busca fortalecer los intercambios entre fuerzas progresistas de la región, han reflexionado en este sentido. El ex-candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami, por ejemplo, manifestó recientemente que, en algunos casos, los gobiernos progresistas de la década pasada no construyeron verdaderas fuerzas políticas, sino que tendieron a depender de un solo líder, como ocurrió con el caso de Evo Morales, y también cuestionó que los gobiernos progresistas no fueron lo suficientemente intransigentes en el combate de la corrupción.

Una agenda para el siglo XXI

Trátese de tardo o de neoprogresimos, una certidumbre parece empezar a arraigar en quienes buscan superar las limitaciones de las experiencias iniciadas en la primera década del siglo: la seguridad y el combate contra la corrupción no deberían ser temas regalados indolentemente a los portavoces de las derechas. Respecto de la cuestión seguridad, la necesidad de atenderlos ya estaba presente en los clásicos de la tercera vía, aquella encarnación del progresismo de los noventa que rápidamente demostró sus límites en la práctica. Sin embargo, «duro contra el delito; más duro contra las causas del delito», aquel viejo adagio de Tony Blair, fue uno de los tópicos de campaña del Frente Amplio uruguayo cuando Tabaré Vázquez pugnaba por su retorno a la Torre Ejecutiva de Montevideo. Como ha señalado recientemente la socióloga chilena Lucía Dammert, los progresismos latinoamericanos no lograron introducir una diferencia securitaria sustancial en el tiempo en que gobernaron.

Por su parte, la crítica de la corrupción ha sido uno de los motores de la campaña del «tardoprogresista» Andrés Manuel López Obrador, y ha movilizado a sectores de izquierda y de centroizquierda en Colombia. Incluso en la Argentina, el actual presidente Alberto Fernández, más allá de sus alianzas de la hora, se había mostrado crítico de aquellas prácticas en los años finales del gobierno del Frente Para la Victoria. Parece un ejercicio saludable: las cuestiones vinculadas a la ética pública no deberían ser un mero pasatiempo de clases medias, o de personas obnubiladas por los esplendores del discurso liberal, o liberal-republicano. En algunos círculos nacional-populares, el epíteto de progresista, o, más aun, su forma condensada –progre–, comenzó a utilizarse despectivamente. Para quienes se proponen como encarnación de la realpolitik, el progresismo clásico aparece en algún punto de intersección entre el panglosianismo político y el almabellismo autoindulgente. Sin embargo, las sociedades suelen ser menos cínicas que sus dirigentes y pretendidos portavoces de ocasión, y está bien que sea así; es tiempo de que aquellos que intervienen por izquierda en el discurso público lo entiendan. Sobre todo porque sus defecciones en este terreno terminan siendo capitalizadas por las derechas; incluso por las más recalcitrantes.

Una agenda neoprogresista tampoco debería desatender la cuestión institucional. La caída del consenso neoliberal que signó —aunque es cierto que con características y consecuencias disímiles— a los países de la región en la década de 1990, generó un ámbito favorable para experiencias que, más allá de sus diferencias, veían en el retorno del Estado una suerte de bajo continuo que, si bien no propiciaba variaciones interesantes en la estructura armónica de las economías regionales, al menoslas sostenían mientras la sinfonía de las exportaciones se desarrollara al ritmo de los precios altos de las comodities. Pero en algunos casos, ese éxito permitió que se hiciera la vista gorda ante iniciativas que a veces jugaban en el límite de la institucionalidad y que, en algunos casos, demostraban directamente ribetes autoritarios. La institucionalidad democrática, reducida a menudo a un mero formalismo, aparece en estos discursos como mera garante de un statu quo que obtura cualquier perspectiva de transformación profunda, e incluso es minimizada estéticamente por su «falta de épica», justamente, uno de sus mayores méritos. El caso Venezuela, acicate discursivo preferido por las derechas continentales, es el mejor ejemplo de hasta qué punto la falta de autocrítica de las izquierdas termina siendo capitalizada por fuerzas que oscilan entre el conservadurismo neoliberal y el autoritarismo exhibido a la intemperie, como el que gusta cultivar el presidente Bolsonaro.

Sin embargo, no todo en el neoprogresismo es disputa de agenda con la derecha. Nada de aquello tiene sentido si no se combate la desigualdad. Con ese fin, quienes empiezan a dar carnadura a perspectivas neoprogresistas proponen, por ejemplo, aumentar los impuestos a las grandes fortunas. Al decir de Joseph Stiglitz, si a pesar de las bajas cifras de desempleo el capitalismo estadounidense le está fallando a sus ciudadanos, el progresismo puede ofrecer una solución viable para salir del lodazal. La pregnancia de ese discurso puede constatarse incluso en las internas del Partido Demócrata. Pero en el caso de América latina, el problema parece ser aun mayor, ya que no se trata solamente de reducir las desigualdades sociales, sino de impulsar economías pujantes y competitivas, una empresa de otras dimensiones y de difícil alcance. Justamente, este parece ser el mayor desafío para los años venideros. Más allá de la atendible agenda de ampliación de derechos, hoy vitalmente saludable gracias al empuje del movimiento feminista, ¿cuál es la apuesta a futuro del progresismo? Dicho de otro modo, ¿cuál es la idea de progreso que manejan actualmente quienes se definen a sí mismo como progresistas? De lo fecundo de las respuestas dependerá que la pregunta inicial de este artículo, la pregunta eterna sobre las limitaciones del presente, pueda tener algún sentido.



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