Desde hace ya varias décadas la sociedad civil se ha impuesto como uno de los temas predilectos tanto de las ciencias sociales como de los actores políticos latinoamericanos. Ante semejante fascinación, uno no puede dejar de cuestionarse las razones que animan la renovación del interés por una noción que –aunque presente en el imaginario y la cultura occidentales desde mucho tiempo atrás– había permanecido ajena o marginada de los principales debates políticos y sociales. La realidad actual de América Latina nos enfrenta a problemas tan disímiles y urgentes como la pobreza, la desigualdad, la criminalidad, la debilidad de las instituciones. ¿Por qué, entonces, la sociedad civil concita tantas evocaciones en el debate? Para responder a esta pregunta habría que comenzar por reflexionar en torno de la imbricación entre sociedad civil y democracia, y analizar el papel de la primera como terreno potencial de la construcción o consolidación de la segunda.

En primer lugar, convendría recordar las condiciones específicas en las que comenzó el entusiasmo y la exaltación de la sociedad civil. El concepto fue rescatado tanto por la academia como por los actores políticos, al menos por dos caminos diferentes: por una parte, las organizaciones y los movimientos sociales, junto con las (recién creadas) ONG de varios países de América Latina, construyeron en la sociedad un espacio relativamente legal –independiente de los partidos– para canalizar demandas de cambio. Con ello, pusieron un toque popular y metapolítico a los procesos de sustitución de dictaduras militares por sistemas políticos democráticos. Por otra parte, en las sociedades del llamado «socialismo real» de Europa del Este la sociedad civil (re)surgió de la implosión de los propios sistemas que habían impedido y obstruido sistemáticamente la formación de autonomías sociales de cualquier tipo.

En ambos casos, se trata de un tema que se impulsa desde las «periferias», pero que resulta muy bien recibido en el centro, ya que coincide con la crisis no solo de los paradigmas y los grandes relatos, sino de los Estados de Bienestar. Alentados por la necesidad de (re)instaurar la institucionalidad democrática y el Estado de derecho, los propios actores, tanto como los académicos, sustituyeron las utopías y los proyectos revolucionarios de emancipación y lucha de clases con la apuesta por la sociedad civil. Así, a través de este concepto el (los) público(s) pudo (pudieron) conocer una pluralidad de actores no encasillables por su ubicación clasista sino representativos de un mosaico de intereses, procedencias e identidades, unificados en primer término por su compromiso con la democracia. Es en este sentido que puede afirmarse que la apelación a la sociedad civil renació, ella misma, como parte de un discurso democrático¹.

Con el paso del tiempo, y una vez alcanzado el objetivo principal de la restauración de las reglas y los procedimientos de la democracia en la mayoría de los países, el interés por la sociedad civil, lejos de decaer, ha ido aumentando cada vez más. En un escenario de crisis de los sistemas de partidos y creciente desconfianza acerca de la capacidad de las instituciones políticas para satisfacer las demandas de inclusión, equidad y transparencia que suponen una verdadera democracia, la sociedad civil y los movimientos sociales aparecen como actores políticos con pleno derecho. A la vez, en un proceso de ida y vuelta (que a continuación voy a intentar explicar), el establecimiento de regímenes democráticos ha impulsado el crecimiento y potenciado la capacidad de los actores sociales para influir en los procesos políticos y la propia noción de democracia ha terminado por incorporar a la sociedad civil (plural, diversa y empoderada) como un requisito para su normal funcionamiento.

Algunas precisiones conceptuales

Justamente por el enorme interés que despierta, uno de los grandes problemas con los estudios de la sociedad civil tiene que ver con los desacuerdos en torno de su definición. La cantidad de literatura producida al respecto sobrepasa las posibilidades de este espacio. No obstante, pienso que, ya sea que la entendamos como la esfera de las asociaciones voluntarias (Tocqueville), como ámbito comunicativo (Cohen y Arato) o como espacio de solidaridad², esta noción siempre refiere al menos a dos dimensiones: una institucional y otra simbólica, conectadas a su vez con el ámbito de los derechos y de la cultura política, respectivamente.

Desde esta perspectiva, el análisis de la sociedad civil no se reduce a las organizaciones y las asociaciones sino que debe incluir además las identidades, los movimientos sociales, el espacio público y los discursos que los diferentes actores hacen circular en su interior; esto es, no solo el campo de la institucionalidad formal, sino el más difuso ámbito de las socialidades informales y su dimensión cultural. Así entendida, la sociedad civil supone una arena de relaciones solidarias y un espacio para el asociacionismo que posibilita un posicionamiento autónomo de la sociedad frente al Estado. Constituye por ello una trama de redes y organizaciones sociales (más o menos formalizadas e institucionalizadas) en cuyo interior se actualiza y tematiza la diversidad y la pluralidad de saberes, experiencias, intereses, objetivos y preferencias de los distintos grupos de la sociedad. Si desde la perspectiva institucional la sociedad civil está constituida por el conjunto de instituciones y organizaciones propiamente sociales (no económicas ni políticas), su dimensión cultural apunta tanto al conjunto de valores sociales como a los códigos simbólicos y narrativas que definen los criterios más generales de pertenencia y las virtudes que generan (o puede generar) una solidaridad social inclusiva.

Por otra parte, dado que lo que entendemos por sociedad civil no constituye más que una distinción analítica, es necesario tomar conciencia de su compleja relación con las esferas no civiles de la sociedad. Así, aun aceptando la distinción (clásica) entre el mercado –como espacio de las interacciones económicas– y el Estado –como ámbito de la regulación política–, no se puede dejar de considerar la existencia de «relaciones fronterizas», en forma de «relaciones facilitadoras» o «intrusiones destructivas» de estas esferas sobre la sociedad civil³.

Por el lado del mercado, esas intromisiones se evidencian en desigualdades e inequidades en el acceso al bienestar que obstaculizan la participación de todos en condiciones de igualdad. Desde el Estado, se manifiestan como restricciones y resistencias a la autonomía social. No obstante, existen también tendencias favorecedoras, dentro de las cuales me interesa destacar aquella que dimana del principio de relación individuo/Estado (la ciudadanía), ya que este constituye el terreno en que se anclan y se desenvuelven las solidaridades sociales sobre las que se erige la sociedad civil. La ciudadanía, como se sabe, concreta, a través de los derechos, los modos en que los actores sociales pueden participar en la dirección efectiva de los procesos políticos. Es a partir de la forma específica en que estos derechos se instituyen como se modelan los estilos de participación, determinando en lo fundamental los modos en que se ejerce el poder, y los espacios y canales (así como los límites) de intervención de los actores en la política.

Los derechos ciudadanos (en particular los civiles y políticos, pero también los sociales) constituyen la base mínima para la asociación y la concertación de intereses y perspectivas al margen del Estado y posibilitan la presión desde la sociedad hacia las autoridades y la intervención de los ciudadanos desde un ámbito no político. Más allá de la cuota de poder que se delega a los representantes en la institucionalidad democrática, a través de la participación ciudadana se ejerce esa otra parte del poder, cuya expresión se encuentra no en los canales formales sino en la acción colectiva y los movimientos sociales. En esos espacios civiles se propician las discusiones públicas que hacen visible a la sociedad frente al Estado.

Ahora bien, para escapar de las tentaciones panglossianas convendría subrayar que tanto la ciudadanía como la sociedad civil, en la misma medida en que son ámbitos de inclusión –y precisamente en virtud de ello– suponen también exclusión. En el caso de la ciudadanía, la definición de comunidad política a partir de derechos y obligaciones supone ya una delimitación; la restricción de los derechos políticos a ciertos grupos y la exclusión de otros⁴ es el ejemplo más visible del modo en que se reglamenta la exclusión.

Por su parte, en la sociedad civil, a pesar de que constitutivamente es una esfera de pluralidad de actores sociales y discursos públicos, también se producen exclusiones diversas. Existe un discurso que define el corazón de la sociedad civil, compuesto por antinomias que califican las cualidades positivas y negativas que demarcan y legitiman la pertenencia. Estos metalenguajes –que comparten y emplean los miembros de la sociedad civil– definen, a través de un código binario simple (amigo/enemigo, puro/impuro, sagrado/profano), quiénes son los que deben ser excluidos y reprimidos y quiénes los encargados de reprimir y excluir⁵.

No obstante, ni la ciudadanía ni la sociedad civil son realidades estáticas, sino campos dinámicos de luchas y disputas, ya que se trata de construcciones históricas que están expuestas a la intervención de los actores. Por ello, los criterios de inclusión/exclusión van sufriendo variaciones, ampliaciones y/o restricciones sucesivas. En la sociedad civil, es la circulación de los contradiscursos de numerosos movimientos sociales e identidades grupales en el espacio público lo que modifica los contenidos empíricos asociados a las cualidades positivas de pertenencia. En cuanto a los derechos ciudadanos, no solo han crecido en cantidad –a los derechos civiles se sumaron los políticos, los sociales y, más recientemente, los culturales–, sino que también se han extendido los grupos acreedores a ellos. Es en gran medida gracias a la circulación de los discursos alternativos propuestos desde las narrativas de la sociedad civil que cambian los criterios de pertenencia, lo cual genera presión para la definición de nuevos derechos ciudadanos y la incorporación de otros sujetos.

En este sentido, los movimientos de mujeres constituyen un paradigma ampliamente conocido. Estos movimientos (en principio desde el sufragismo) enarbolaron la bandera de la igualdad de géneros para conseguir el disfrute de sus derechos políticos. Más recientemente, han logrado defender desde una perspectiva feminista su propia crítica a la tradición política liberal moderna que construyó su sentido del individuo y el ciudadano desde el ideal del varón, logrando modificar tanto el marco legal (derechos) como las narrativas sociales de lo femenino.

Si bien el ejemplo de la mujer es uno de los más conocidos, existen otros grupos sociales que han sido codificados como individuos o ciudadanos «de segunda» (indígenas, minorías raciales y religiosas, grupos de identidad sexual diferente y muchos otros), en virtud de lo cual han sido tradicionalmente excluidos de la sociedad civil como miembros con pleno derecho, sin permitir por muchos años su participación en los espacios discursivos ni en las instancias públicas y de interacción colectiva. Con ello, se les ha impedido la posibilidad no solo de una participación política democrática en condiciones de igualdad (y equidad), sino también la pertenencia legítima a la sociedad civil.

Por ello, la creación de un espacio público plural y democrático es a la vez condición y consecuencia del empoderamiento de la sociedad civil. Esta esfera constituye un espacio (disputado) de comunicación que a menudo ha prescindido de la discusión pública de las diversas inequidades que la articulación Estado/mercado/sociedad produce. Los movimientos sociales y demás organizaciones sociales han cuestionado, por una parte, las narrativas que circulan en el espacio público como demarcadoras de la pertenencia a la sociedad civil, y, por otra, la definición de los temas relevantes para el interés común. Estas nuevas tematizaciones, tanto como su actuación en los diversos escenarios nacionales, constituyen desafíos diversos a las nociones culturales centrales y a las definiciones tradicionales de la sociedad y la política. Desde esta perspectiva, sostengo que la actividad y el auge de los movimientos y otras organizaciones sociales en América Latina han contribuido, a partir de su intervención en los procesos de democratización, a modificar el horizonte simbólico de la política, modelar una nueva relación entre Estado y sociedad, redefinir los criterios simbólicos de inclusión y los valores de la sociedad civil, ampliar y transformar el espacio público y, finalmente, proponer una nueva comprensión de la ciudadanía democrática. Por ello, esta imbricación entre democracia, ciudadanía y sociedad civil constituye un marco de partida amplio y abarcador para la discusión de la contribución social a la política latinoamericana.

Mucho ruido y suficientes nueces: sociedad civil y democracia en América Latina

He situado el punto de partida de esta reflexión en el momento de la irrupción de sistemas políticos autoritarios de diverso cuño, y su extensión por buena parte de la región. Estos regímenes no solo suspendieron garantías y conculcaron derechos ciudadanos, sino que violaron los más elementales principios de respeto a la vida y la integridad de las personas, lo que colocó el tema de los derechos humanos, la ciudadanía y la democracia en el centro de los debates sobre el cambio político. Fueron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los movimientos contra la tortura y de familiares de detenidos y desaparecidos, la Vicaría de la Solidaridad, junto con otras asociaciones de derechos humanos, quienes no solo denunciaron los atropellos cometidos por los regímenes de excepción, sino que encabezaron la resistencia y las protestas contra las dictaduras militares.

El reencauce de la acción política y las demandas de cambios hacia la sociedad civil significó el reemplazo del gran tema de la «revolución social» por el de la transición democrática. Esto ha tenido importantes consecuencias para la política latinoamericana de las últimas décadas. Lo que me interesa subrayar aquí es que la sociedad civil, en tanto protagonista central de las transiciones democráticas en el Cono Sur y en los procesos de pacificación en Centroamérica, contribuyó no solo al cambio de régimen, sino también a una mayor apertura y pluralidad en las diversas esferas sociales. Teniendo como impulso inicial el discurso de los derechos humanos, que fomenta y se nutre de narrativas y estrategias de acción colectiva legitimadoras de una definición de la equidad basada en las diferencias entre los grupos, el despertar de la sociedad civil abonó la democratización del espacio público. Los procesos de transición potenciaron –junto al reclamo de la restitución de la institucionalidad democrática y la protección de la vida y la dignidad humanas– la inclusión de otros asuntos claves, en particular aquellos que el discurso político tradicional había rechazado, relegado o silenciado, como los derechos sexuales, la violencia doméstica, el control del propio cuerpo, la responsabilidad por el cuidado del medio ambiente y los derechos colectivos anclados en usos y costumbres culturales. La politización de las cuestiones de género, etnia e identidad sexual que emergió desde la sociedad civil amplió los temas sujetos a debate en la esfera pública. Estos contradiscursos propiciaron el cuestionamiento de la propia definición de lo público.

Con la conversión de ciertos temas en asuntos de interés general emergieron nuevas zonas, desde las cuales los actores –antes marginados o subordinados– podían discutir sus problemas como públicos y hacerlos ingresar a las agendas políticas. Estos nuevos espacios facilitan a los diversos actores sociales la difusión de sus propias enunciaciones y la defensa de posiciones alternativas que significan mayores posibilidades de la participación en el espacio público.

En la América Latina postransición, y a pesar de los múltiples obstáculos que han enfrentado, los movimientos sociales (feministas, de democratización, de derechos humanos, étnicos, etc.) y las ONG han logrado convertir muchas de sus preocupaciones en insumos para la elaboración de políticas públicas. La creación, en la mayoría de los países, de instituciones como las defensorías del pueblo, los ministerios de la mujer, los institutos indígenas, de protección al migrante y agencias especializadas en la atención a grupos vulnerables (menores, personas con capacidades especiales, etc.), responden a la transformación de las narrativas sociales y la cultura política que ha promovido la sociedad civil.

La centralidad del discurso de los derechos humanos en el «despertar» de la sociedad civil ha tenido también consecuencias para la definición social de la ciudadanía. La recodificación de los principios de igualdad y libertad en función de los derechos abstractos de la persona humana (y no de los ciudadanos nacionales) implica el reconocimiento tácito de nuevos derechos (culturales y de autodeterminación), con lo cual no solo se amplían los derechos de ciudadanía, sino que se propician y legitiman las movilizaciones y acciones colectivas basadas en identidades particularistas y grupales específicas. Los discursos pluralistas han estimulado demandas de políticas de identidad que acentúan los reclamos y legitiman la aparición de derechos colectivos que ofrecen nuevas bases para definir la participación. La inclusión explícita de «derechos de cuarta generación» en las reformas constitucionales impulsadas por las nuevas democracias refleja estas presiones. Como resultado, hoy en día la mayoría de los países reconoce –junto a los civiles, políticos y sociales– derechos étnicos⁶, derechos ambientales⁷ y derechos de género⁸.

Si aceptamos que los movimientos sociales, al afirmar la diferencia, debilitan la relación ciudadanía/universalismo, hay que convenir que estos cambios de la política significan también un desafío al universalismo de los derechos y a los criterios de la igualdad. El establecimiento de cuotas en la representación político-institucional apunta a una reconceptualización de aquella noción de ciudadanía que había privilegiado siempre a los hombres, los blancos y los heterosexuales, y tiende a la búsqueda de formas de participación más cercanas al ideal democrático de la soberanía popular. La comprensión de la ciudadanía propuesta por los movimientos sociales implica no solo una recomposición del poder en el interior del sistema político, sino también la diseminación de nuevas prácticas (económicas, sociales y culturales) que pueden engendrar un orden social democrático.

En esta reformulación –que privilegia la importancia de la acción colectiva autónoma, la autoorganización y las formas de cooperación social y participación ciudadana–, las nuevas prácticas se orientan por los principios de convivencia democrática (como tolerancia, pluralismo, respeto a la diferencia, solidaridad), pero también propician nuevas formas de lucha política que pueden canalizar elevadas cuotas de ira y enojo social. Así, entre los movimientos sociales podemos encontrar desde las paradas festivas para exigir los derechos de los gays o las marchas ciudadanas de silencio contra la inseguridad pública y la impunidad, hasta movilizaciones de intensa protesta, como el movimiento de los piqueteros y el «cacerolazo» en Argentina, o la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en México, que demuestran la decisión de la sociedad de luchar para ser tomada en cuenta e introducirse en la política (aunque deslindándose de los partidos y por fuera de los sistemas de representación).

En la relación sociedad/mercado también se producen alternativas civiles. Las organizaciones de consumidores y deudores como El Barzón, en México, constituyen defensas sociales y resistencias –en forma de acción colectiva– a la lógica del mercado. Entre las estrategias innovadoras en este frente, se pueden mencionar las que desarrolla el Movimiento de Comercio Justo, que ha sido capaz de activar y movilizar la cooperación y la solidaridad de la sociedad civil –por fuera de las grandes corporaciones de distribución y comercio– en busca de mayores oportunidades para los productores agrícolas latinoamericanos y de formas más equitativas de comercio entre Sur y Norte.

En los balances sobre las democracias latinoamericanas se hizo evidente que las transiciones, a pesar de haber modificado las instituciones, no siempre resultaron en verdaderos Estados de derecho ni en el respeto efectivo de los derechos ciudadanos (especialmente para los grupos más desfavorecidos). Teniendo en cuenta esta realidad, bajo el impulso de los nuevos discursos sociales los debates sobre la consolidación y la calidad de las democracias se han enfocado en la necesidad de aumentar la participación de la sociedad en los procesos políticos y los controles sobre el poder del Estado. Los acentos recientes en la necesidad de reforzar los procesos de rendición de cuentas y la creciente influencia de la noción de gobernanza colocan a la sociedad civil como un actor político de primera línea. En ambos casos se apela a la intervención de la sociedad en los procesos de deliberación, tanto en torno de las metas y objetivos de mediano y largo plazo como del tipo de relaciones que deben caracterizar una gobernación democrática. Desde esta visión, el papel de los actores no se sitúa en la toma del poder, sino en la posibilidad de incidir en las decisiones colectivas y «vigilar» el desempeño de los gobiernos⁹.De ahí que otro de los resultados de la actuación de la sociedad civil en los procesos de construcción y consolidación de las democracias sea la modificación del papel del Estado como regulador de las relaciones políticas. Este proceso se evidencia en un desplazamiento del locus de la política en al menos dos sentidos: por un lado, se produce el traslado de las luchas políticas al terreno de la sociedad civil y los ámbitos ciudadanos; simultáneamente, tiene lugar la aparición, bajo el influjo de los procesos de globalización, de un campo transnacional (político y social).

Respecto a lo primero, la progresiva deslegitimación de los gobiernos (elegidos democráticamente) ha motivado un cambio en la percepción del Estado y una transformación de la relación tradicional entre este y la sociedad. A partir de la puesta en vigor de las medidas de ajuste neoliberal, nos enfrentamos a una especie de «satanización» del Estado, que encuentra lugar tanto en los discursos expertos antiestatistas como en los proyectos de las organizaciones sociales.

Junto a la proliferación de luchas ciudadanas «apartidarias», muchas de las funciones tradicionales del Estado –adelgazado como efecto de su reestructuración neoliberal– fueron expropiadas a aquel por la sociedad civil. Las ONG latinoamericanas, en los últimos años, se han abocado a suplir los vacíos que la acción estatal dejó en labores de asistencia social, desarrollo rural, salud y educación. Desde una posición de autonomía respecto al Estado e independencia financiera (aunque precaria), las nuevas ONG sirvieron además de «refugio» para un conjunto de profesionales y antiguos activistas sociales que salieron del empleo formal o estatal a partir de las crisis, así como para un gran número de jóvenes que no encontraron lugar en el mercado laboral.

Con los años, las demandas sociales se han hecho cada vez más diversas, heterogéneas y complejas, y las organizaciones sociales han asumido tareas y compromisos que el Estado no ha podido resolver en asuntos tan diferentes como la salud reproductiva, los derechos del consumidor o la seguridad pública. A la vez, muchas de estas organizaciones han llevado adelante proyectos de educación ciudadana, formación de liderazgos y trabajo con grupos vulnerables, con lo cual también han contribuido a fortalecer a la propia sociedad civil.

Con el traslado de algunas funciones del Estado hacia la sociedad civil, el desplazamiento de la discusión y el debate sobre los problemas cruciales a los ámbitos ciudadanos (civiles), y la reticencia a la representación político-partidaria por parte de diversos grupos, el Estado-nación dejó de ser la instancia política por excelencia para convertirse en una (no la única) de las instancias de transformación social y de distribución del poder. Con ello, la arena política se dilata y se acerca a la sociedad y la participación ciudadana. La sociedad civil, en tanto ámbito en el que se discute desde la actuación de los políticos hasta las decisiones económicas, ha ensanchado los canales de participación, y ofrece continuidad a la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones tras los procesos electorales. Asimismo, en esta redefinición, el Estado pasa a ocupar un lugar más modesto y pierde su exclusividad como foco de organización; en su lugar, comienzan a privilegiarse la autonomía social y la autogestión. En esta nueva relación, la sociedad civil pasa a ser el espacio de las demandas y (el ejercicio de) la ciudadanía democrática.

Dado que la sociedad civil supone el establecimiento de relaciones horizontales (que desafían y resisten la verticalidad de las relaciones Estado-sociedad), con otras esferas asociacionales como la Iglesia, la academia, los medios de comunicación y los propios partidos políticos, el desplazamiento del locus de la política conlleva su ampliación. A su vez, la multiplicación de las iniciativas y movilizaciones sociales politiza el terreno de la sociedad civil misma y contribuye a desdibujar una frontera que antaño se tenía por definida y diferenciadora. Las asambleas barriales en Argentina y el Movimiento Ciudadano de Andrés Manuel López Obrador en México constituyen espacios de acción donde las demandas de cambio político emergen de lo social y desestiman a los partidos.

No obstante, si bien estas ampliaciones suponen insumos positivos para la democracia, no se pude dejar de advertir que el crecimiento y «superactivismo» de la sociedad civil, vis a vis el retraimiento del Estado, contribuyen a la fragilidad de las instituciones democráticas. Teniendo en cuenta la histórica debilidad del Estado en América Latina y las tradiciones de su cultura política, esta «hipertrofia» de la sociedad civil puede convertirse en una causa de ingobernabilidad que impida o dificulte el normal desempeño de los gobiernos legítimamente constituidos. Las experiencias de confrontación y expulsión de varios presidentes en países como Ecuador o Bolivia invitan a pensar con mayor moderación el papel de la sociedad civil en el fortalecimiento de las democracias.Paradójicamente, con el empoderamiento y politización de la sociedad civil y el auge de los movimientos sociales se está produciendo de manera simultánea una despolitización de la ciudadanía (en su sentido tradicional), ya que los sujetos comienzan a participar no tanto como ciudadanos políticos sino como mujeres, indígenas, gays, etc. Esta despolitización puede, en ocasiones, propiciar y estimular el surgimiento de liderazgos populistas o apuntalar políticas antidemocráticas.

A todo esto se suma la creciente competencia de las identidades particularistas de grupo con la identidad política de ciudadanos. Algunos movimientos sociales han comenzado a redefinir lo colectivo desde una perspectiva más local y referida a atributos específicos, lo cual, de alguna manera, cuestiona la definición moderna de lo colectivo como lo nacional. Los reclamos de autonomía defendidos por movimientos indígenas o regionales en Ecuador y Bolivia, por ejemplo, constituyen enormes desafíos para la política democrática.

Tampoco se pude dejar de advertir que, a pesar de su contribución a la apertura y la democratización de los espacios, la propia sociedad civil no constituye una esfera de absoluta armonía y acuerdo en torno de los ideales democráticos. Los actores democráticos coexisten con fuerzas antidemocráticas y valores autoritarios; junto a las zonas civiles vemos claramente zonas inciviles. Al fin, la sociedad civil es un mosaico donde encontramos a los grupos de defensa de los derechos humanos y los movimientos de protección a sectores subordinados, pero también a los fundamentalistas, los neonazis, los racistas, las mafias y los grupos del crimen organizado.

La sociedad civil en tiempos de la globalización

Para finalizar y completar esta reflexión, quisiera discutir la emergencia de un campo transnacional que comprende también a la sociedad civil. No cabe duda de que la globalización económica y financiera ha impactado la esfera cultural, lo que adiciona nuevas aristas para pensar la sociedad civil. Si en el ámbito nacional el Estado y la esfera de las instituciones de representación y competencia partidaria están siendo rebasados por la sociedad, fenómenos como la globalización y el aumento de las migraciones lo están haciendo en la arena internacional. La internacionalización –que traslada muchas de las decisiones y debates a instancias supranacionales– produce la transnacionalización de los discursos y una «sociedad civil global» que influye en las discusiones, los lobbies y las presiones sobre los Estados.

La existencia de organizaciones no gubernamentales (ONG) de carácter mundial (no afincadas en un país determinado) y que se ocupan de temas comunes a toda la especie humana, como la protección del medio ambiente, la restricción a las armas de destrucción masiva, la pobreza y el hambre o las consecuencias negativas de la globalización, es el fundamento del concepto de «sociedad civil global»¹⁰. Muchas ONG latinoamericanas están integradas a redes internacionales, como Amnistía Internacional, Oxfam o Greenpeace. Esto significa que forman parte de esa sociedad civil global y que, por lo tanto, los énfasis y la selección de sus objetivos y metas (junto con los financiamientos) a menudo se deciden a partir de intereses no necesariamente nacionales. Otras, aunque comprometidas con proyectos locales, dependen totalmente de agencias de cooperación internacional para desarrollar sus actividades, especialmente en Centroamérica.

Esta situación tiene consecuencias ambivalentes. Por un lado, la sociedad civil global fortalece la autonomía social en lo nacional y proporciona una fuente de recursos económicos, solidaridad y legitimación nada despreciable. Pero por otra parte se colonizan las agendas y las acciones se desligan de las decisiones de sus ejecutores. En el caso del zapatismo, por ejemplo, la puesta en acción, rápida y oportuna, de la sociedad civil internacional, logró imponer un freno y moderó la respuesta del Estado mexicano al movimiento insurgente. Utilizando tanto los medios tradicionales como las nuevas tecnologías de comunicación, los zapatistas lograron apoyos de diversos lugares del mundo; la movilización simultánea de la opinión pública y la sociedad civil local e internacional les otorgó la visibilidad necesaria para obligar al gobierno a negociar. En este caso, la «sociedad civil global» funcionó como un recurso poderoso de influencia interna. También en el mismo sentido puede pensarse en los beneficios de la participación de la sociedad civil internacional como observadora de procesos electorales controvertidos y, más recientemente, en la condena al golpe en Honduras.

Sin embargo, el establecimiento de redes horizontales entre las ONG, y entre ellas y las instancias internacionales de financiamiento, y su incorporación a los numerosos foros mundiales de debate y discusión (como las conferencias sobre la mujer, la niñez o los problemas de las minorías étnicas) producen en América Latina una internacionalización de las agendas de los movimientos, que implica el ingreso de los mismos temas a la discusión pública y cívica de los distintos países. Esto genera una uniformización de los issues de las políticas nacionales en función de una agenda transnacional. Este «colonialismo» de las agendas a menudo hace que las organizaciones desechen problemas de gran importancia local para satisfacer el trabajo sobre asuntos que interesan a los países desarrollados y a sus agencias estatales o sus asociaciones civiles de cooperación.

Otro ángulo de la globalización de la sociedad civil se puede apreciar en el ámbito de los derechos y la ciudadanía. Con el aumento (y la modificación) de los flujos migratorios, aparecen «membresías duales»¹¹ y «ciudadanías transnacionales»¹² que desvían los criterios de pertenencia del modelo del Estado-nación hacia la globalidad, anclándose en una noción desterritorializada de la ciudadanía. El discurso transnacional derivado de la globalización proporciona modelos para las acciones de los migrantes dentro de tanto los países receptores como los expulsores. En este proceso, la sociedad civil se dilata y comienza a incluir a los migrantes y sus organizaciones, cuyos temas e intereses entran a formar parte de las agendas nacionales.

En América Latina, donde la migración se ha multiplicado en los últimos años y donde una gran parte de las economías tiene en las remesas un rubro fundamental de ingresos, este es un tema de gran relevancia. La extensión de las sociedades civiles hacia las comunidades transnacionales (los mixtecos de California, los dominicanos de Nueva York, los otabalos de Europa, los bolivianos de Argentina, los cubanos de Miami o los peruanos que viven en Chile) adiciona una zona de acción colectiva e incorpora otros grupos que se pueden movilizar (y, de hecho, se movilizan) no solo para trata sus temas como migrantes, sino para opinar e influir sobre los problemas nacionales (como en el caso de los colombianos en la protesta contra la violencia y el secuestro desarrollada simultáneamente en casi todas las ciudades de América y Europa).

Esta transnacionalización de la sociedad civil se favorece por y se acompaña de la aparición de un nuevo campo comunicativo online que acerca a zonas menos organizadas de la sociedad civil a los debates sociales centrales. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación conforman comunidades virtuales amplias y desterritorializadas. La aparición de internet y el reciente auge de redes sociales como MySpace, Facebook, Twitter y Youtube, así como la llamada «blogosfera», han abierto espacios de interacción que representan un recurso asociativo adicional y una vía más expedita de movilización. Estas opciones virtuales poseen un dinamismo único para la comunicación, facilitan el cruce de las fronteras, son más transparentes y menos permeables al control estatal, resultan relativamente económicas (en tanto no requieren grandes recursos para su producción y distribución) y tienen la capacidad de introducir alternativas, difundir las iniciativas y los proyectos de asociaciones independientes y movilizar solidaridades muy rápidamente y al margen de los grandes monopolios de la información. Por ejemplo, la campaña ciudadana por el voto nulo en las pasadas elecciones presidenciales en México se llevó a cabo principalmente en la red, aprovechando las ventajas de este medio para manifestar el malestar de la sociedad con los partidos políticos.

La posibilidad de comunicarse de manera directa e inmediata favorece el establecimiento de contactos múltiples y rápidos y proporciona un medio para la actividad de asociaciones y activistas marginales o informales, y por ello representa un potencial para la revitalización de la sociedad civil¹³. A la vez, constituye un campo para la (re)creación de solidaridades y la renovación de formas de involucramiento político y social y se erige como un «locus alternativo» para la esfera pública, que acerca el ideal habermasiano de comunicación hacia un espacio virtual que multiplica las posibilidades de asociación.

No obstante, hay que subrayar que los alcances, repercusión e influencia de estas tecnologías son todavía limitados y desiguales, por lo que este desplazamiento de la sociedad civil hacia los espacios virtuales tiene una arista no precisamente democrática. Por una parte, algunos analistas han advertido sobre el peligro de que relaciones efímeras y superficiales (como las que se producen en la red) puedan sustituir los vínculos estables y profundos que han caracterizado a los movimientos y asociaciones¹⁴. Por otra, en el contexto latinoamericano, caracterizado desde siempre por la inequidad y la marginación de amplios sectores populares, se puede convertir en un espacio de reproducción (más que de contestación) de las desigualdades económicas y sociales, ya que su utilización depende del acceso a recursos, educación y habilidades.

A pesar de ello, también es un hecho que los usos sociales de Internet por parte de sectores específicos han estimulado la aparición de grupos informales y potenciado la acción y el impacto de numerosas organizaciones marginales. Esto es lo que ha ocurrido recientemente en Cuba, donde, a través de los blogs, el correo electrónico y las redes sociales, se ha difundido la acción de grupos culturales independientes y organizaciones disidentes tradicionalmente silenciadas por la prensa oficial. Ello muestra que, aun con sus limitaciones, el debate crítico que se desarrolla en este nuevo espacio, surgido como efecto social del uso social de la tecnología, representa una innovación en la acción colectiva y origina nuevas dinámicas de la contestación que amplían el espacio de la sociedad civil hacia la red.

Un paso atrás: una reflexión final que no es una conclusión

Así como la sociedad civil moviliza a una pléyade de defensores (entre los que me encuentro), otros advierten contra su mistificación e idealización. En este texto he tratado de resaltar los vínculos entre sociedad civil y democracia, y por ello he elegido una mirada que acentúa su empoderamiento y sus aportes a la restauración y consolidación democráticas; asimismo, he querido subrayar el potencial de la sociedad civil para la construcción de formas de relación en las que el ciudadano no sea un súbdito del Estado sino el verdadero soberano.

Esto no quiere decir que piense que la sociedad civil es un sustituto del Estado o sus instituciones, ni que las ONG deban asumir todas las funciones estatales ni que la política haya dejado de ser el juego de los partidos por el ejercicio del poder. Ya que he apuntado que la sociedad civil se erige (y se fortalece) sobre las libertades y los derechos ciudadanos, solo puedo pensarla como productora de insumos, demandas y presiones para los partidos y como contrapeso, vigilancia y fiscalización del Estado. Al fin y al cabo, tanto las ampliaciones que he discutido aquí como la posibilidad de su crecimiento y vigorización requieren de un Estado de derecho que proteja la libertad, y de unas instituciones que garanticen las condiciones mínimas para una participación efectiva.

Bibliografía

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