Las cosas no han sido como «debían ser». O, al menos, como los «expertos» pronosticaron que «iban a ser». La mayoría de los narradores de «la transición en Cuba» concibieron el inicio de tal proceso a partir de la muerte de Fidel Castro. Casi siempre el deceso del Comandante guerrillero venía asociado a un proceso de fractura dentro de la elite de poder cubana. La transición debía partir de «X» y arribar a «Y»; para ser legítima, debía incluir a un grupo muy claro de actores sociales y políticos; debía hacer avanzar al país hacia una economía de mercado y un sistema multipartidista; el arribo al escenario anterior daría por consumada «la reconciliación nacional» y, entonces, Estados Unidos podría levantar el dispositivo de sanciones contra la isla. Nada de esto ocurrió, y a la altura del año 2017 nos encontramos en los umbrales de una transición «a la cubana»; que no ha sido, ni ya podrá ser, ni «a la española», ni «a la chilena».

El retiro del poder del ex-presidente Fidel Castro, en 2006, trajo aparejado, en muy poco tiempo, el inicio de la reforma «raulista». En el discurso público del presidente Raúl Castro (y del resto del gobierno) se habla no de «reforma», sino de «actualización del modelo», para lograr «un socialismo próspero y sustentable». El propio Raúl ha llegado a afirmar que se trata de una actualización «económica»; a veces ha dicho que se trata también de una actualización «social»; y, a la salida de la audiencia privada con el papa Francisco en el Vaticano dijo, por primera y única vez, que la actualización sería también «política». Tras el fallecimiento del ex-presidente y comandante Fidel Castro, y del casi seguro retiro (dentro de un año) del presidente Raúl Castro, el país está abocado a acometer sustanciales transformaciones, a institucionalizar un verdadero «cambio de época». La vida lo impone.

¿Tiene Raúl «un plan» de cara al futuro?

¿Qué sabemos de las intenciones del gobierno cubano de cara a 2018? Pues sabemos que en el futuro tendrá lugar en el país una reforma constitucional (pero no tenemos idea de cómo será dicho proceso, ni cómo podrá participar, o no, la sociedad civil). Sabemos que el gobierno avanza hacia algo parecido a una «reforma política», por la cual la dinámica parlamentaria será transformada en varios sentidos: a) tendremos menos diputados (actualmente son 612 y el hemiciclo de la Cámara de Representantes, donde sesionará la nueva Asamblea, en el Capitolio nacional, tiene menos de 200 escaños); b) se aspira a un Parlamento más plural (aquí no sabría decir qué puede entender el gobierno cubano por «más plural»); y c) se aspira a una profesionalización del quehacer de los diputados. Se ha dicho públicamente que tendremos una nueva Ley Electoral, de la cual solo conocemos que los mandatos, en todos los niveles del Estado, serán limitados a dos periodos de cinco años cada uno. También tenemos noticias de que se quiere avanzar, en todo el territorio nacional, hacia una descentralización efectiva de la dinámica sociopolítica y económica de los municipios cubanos (esto último constituye un viejo sueño de la Segunda República, consagrado incluso en la Constitución «del 40»; y, además, existe un «experimento» al respecto en las provincias de Artemisa y Mayabeque). Sabemos que el presidente Raúl Castro quiere retirarse el 24 de febrero de 2018 (algunos opinan que se quedará como primer secretario del Partido Comunista de Cuba), y que Miguel Díaz-Canel Bermúdez es la persona designada para sustituirlo al frente de los Consejos de Estado y de Ministros. Estas cosas que sabemos, funcionan al modo de pequeñas luces que parpadean envueltas de una densa niebla y que solo nos permiten un conocimiento fragmentario de la orientación y la profundidad de las intenciones del gobierno cubano.

El contexto de los cambios

Sabemos que el contexto en que deben ocurrir estos cambios trascendentales es el peor de los últimos 15 años: a) la crisis venezolana, asociada a los bajos precios del petróleo, ha puesto en jaque el crecimiento del PIB cubano; b) Cuba ha perdido a sus principales aliados políticos en América Latina, producto de la ofensiva de «las derechas» en el hemisferio; c) en medio de la crisis económica y producto de la renegociación de la deuda externa con el Club de París, México, Japón, etc., la isla ha tenido que comenzar a pagar cuantiosas sumas de divisas a sus acreedores internacionales; d) el triunfo electoral de Donald Trump ha estremecido al mundo e impactará, inexorablemente, sobre el proceso de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos; e) el dispositivo del embargo/bloqueo volverá a ser utilizado como cabeza de lanza por sectores políticos cubanoamericanos en su afán de «aplastar» al «régimen cubano»; f) los sectores antiembargo (en Miami y Washington) parecen aturdidos y dispersos ante la nueva coyuntura; y g) el cansancio parece ser el signo distintivo en sectores importantes de la ciudadanía en la isla (sobre todo, entre los más jóvenes).

Desafíos del relevo político de la «generación histórica»

¿Qué elementos (de sentido común) deben estar siendo valorados internamente por el gobierno cubano (que no aparecen explicitados en su discurso público)? Sea quien fuere quien asuma el liderazgo político de Cuba después de Raúl Castro y desee afianzarse efectivamente en «el sillón de la hegemonía», deberá afrontar cuestiones ineludibles de cara al futuro. En manos de «esa persona» (incluso dando por hecho que podríamos tener un liderazgo más «colegiado»), quedará el desafío de destrabar el nudo gordiano de la reforma económica cubana: la dualidad monetaria, con sus implicaciones en materia de estabilidad económica y social.

Tendrá que decidir cómo redimensionar la gran empresa estatal socialista (como mecanismo de mantenimiento de los recursos estratégicos del país en manos del Estado) y deberá esbozar los marcos de una nueva estrategia de inserción internacional para Cuba (tanto para el sector público como para el privado). Deberá lograr cifras de inversión extranjera directa (IED) por encima de 2.000 o 2.500 millones de dólares anuales para garantizar un crecimiento del PIB de 5% a 7% cada año. Y deberá hacer lo anterior guardando el equilibrio político necesario para no ceder, en demasía, cuotas de soberanía nacional, ni ceder un milímetro ante los potenciales reclamos de desmantelar los servicios de cobertura universal conquistados por la nación cubana.

Deberá edificar un complejísimo liderazgo sobre las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Órganos de la Seguridad del Estado, el Partido Comunista Cubano (PCC) y una sociedad cada vez más transnacionalizada y plural. A la vez que reconstruya el consenso político en el país, tendrá que lidiar con la incapacidad del PCC para, sobre la base de un nacionalismo de matriz abierta, convertirse en una fuerza centrípeta que aglutine bajo su armadura institucional un sistema de tendencias políticas comprometidas con la soberanía nacional, el desarrollo económico, la justicia social y una democratización política «a la cubana».

Deberá lidiar con los poderes norteamericanos (con los poderes «blandos» y con los «duros»). Deberá abrir vías de diálogo y cooperación con las diásporas cubanas, sobre todo las afincadas en EEUU, y lidiar con el «ADN político» diferenciado de las elites empresariales de la diáspora floridana.

No menos trascendente será el «acomodamiento» que deberá tener lugar en relación con los actores sociales y políticos cubanos, su acceso a la esfera pública y su interacción con el sistema político (la tríada Ley de Asociaciones-Ley de Prensa-Ley Electoral, esenciales para destrabar –o no– el rompecabezas social cubano).

Se debería propiciar un debate nacional amplio en torno de la justicia social, que convierta la equidad en el principal eje de convergencia de todo el espectro político cubano, y que esta realidad pueda traducirse en un consenso republicano estable y duradero. Deberían mantenerse y mejorarse los sistemas universales de salud y educación para todos, y la existencia de un vigoroso movimiento sindical, que sea un actor clave en las relaciones capital-trabajo. Todo lo anterior habla, a fin de cuentas, de la necesidad de articular unos marcos de libertad adecuados para que los cubanos construyan el país que deseen habitar en el siglo XXI. Los escenarios que estamos por vivir serán el resultado de los dinamismos presentes en la sociedad cubana, de la correlación de fuerzas en la arena internacional y de su incidencia sobre la isla, y de la visión estratégica por parte del gobierno cubano.

El retiro del presidente Raúl Castro de la primera línea de la política nacional, en el próximo mes de febrero de 2018, pondrá al país abruptamente frente a sí mismo. Con él se marcha el último gran referente de autoridad de la nación, tanto para sus seguidores políticos, como para sus adversarios y enemigos. Quien lo sustituya al frente de los destinos nacionales deberá construir su legitimidad a partir de un proyecto propio, nuevo; que busque y logre «hacer acoplar», con delicadeza y maestría, las piezas del rompecabezas nacional. Sea quien fuere, deberá tener la altura de un genuino «hombre de Estado», que definitivamente logre enrumbar a Cuba por los mares inciertos del siglo XXI.