Introducción

El 17 de noviembre de 2013, cerca de 6.696.229 personas acudieron a las urnas para votar por los candidatos presidenciales, parlamentarios y del consejo regional que guiarán los destinos de Chile en el periodo 2014-2018. A diferencia de anteriores elecciones, estos cargos se eligieron a través del mecanismo de inscripción automática y voto voluntario, innovación que generó algunos interrogantes sobre las estrategias, las proyecciones y los resultados de la competencia política en el país. Específicamente, estos interrogantes estuvieron vinculados a tres puntos fundamentales. El primero se relacionó con el nivel de participación electoral de estos comicios, en medio de una crisis de legitimidad del sistema político. El segundo se refirió a la capacidad de Michelle Bachelet para obtener los votos necesarios para triunfar en primera ronda. Los problemas de la coalición de gobierno para designar el candidato oficialista, sumados a una adhesión sostenida de Bachelet en las encuestas, permitían pensar que la candidata de la centroizquierda podía obtener más de 50% y retornar a la senda de los dos primeros gobiernos de la Concertación. Finalmente, el tercer interrogante tenía relación con la oportunidad de la centroizquierda para conseguir las mayorías dentro del Congreso, especialmente en un contexto de alta demanda ciudadana por cambios estructurales en el país.

Los resultados de los comicios del 17 de noviembre y el 15 de diciembre de 2013 (segunda ronda), lograron responder estos interrogantes. En primer lugar, los niveles de participación fueron claramente los más bajos del periodo post-autoritario, hecho que incluso levantó voces de cuestionamiento sobre la legitimidad del sistema y la conveniencia de mantener la voluntariedad del voto. En segundo lugar, no se concretaron las expectativas de Bachelet de ganar en primera vuelta. Si bien su votación alcanzó 46,67% (21% más que la candidata oficialista Evelyn Matthei), la postulante de la coalición de centroizquierda Nueva Mayoría no logró la mayoría absoluta, principalmente por el desempeño del también progresista Marco Enríquez-Ominami y los otros candidatos desafiantes (en conjunto obtuvieron 28,3%). En tercer lugar, la correlación de fuerzas en el Congreso favoreció de manera importante a los miembros de la Nueva Mayoría, pues alcanzaron 67 de las 120 plazas en la Cámara de Diputados y 21 de las 38 en el Senado.

¿Democracia de la abstención?

En Chile, las elecciones presidenciales y parlamentarias se realizan cada cuatro años. En el primer caso, si ninguno de los candidatos obtiene más de 50% de los votos, se debe acudir a una segunda ronda, como ha ocurrido en las cuatro últimas elecciones presidenciales. A diferencia de Patricio Aylwin (1990-1994) y Eduardo Frei (1996-2000), la competencia política ha llevado a dos vueltas a los presidentes Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010), Sebastián Piñera (2010-2014) y ahora nuevamente a Bachelet (2014-2018). Para el caso de las elecciones parlamentarias, los candidatos son elegidos a través de un sistema electoral por el que surgen dos parlamentarios por cada circunscripción, llamado comúnmente «binominal». Se trata de un sistema que tiende al statu quo, dado que si el primer candidato no logra duplicar los votos del segundo, ambas listas –mayoría y minoría– colocan un parlamentario cada una.

Por otro lado, el cambio en el mecanismo de inscripción electoral y votación ha sido una de las mayores innovaciones en esta elección. Si bien su estreno se concretó en los comicios municipales del año anterior, la prueba de fuego de su aplicabilidad estuvo en las presidenciales y parlamentarias de 2013. Antes de esta reforma, en Chile se utilizaba una combinación inusual de inscripción voluntaria y votación obligatoria, combinación que estaba generando efectos sostenidos de envejecimiento del padrón electoral –producto de la baja inscripción juvenil– y congelamiento en las propuestas programáticas de los partidos. En consecuencia, el cambio de sistema se justificó como una reforma que ayudaría a «refrescar» la política, al integrar a cerca de cinco millones de personas, en su mayoría pertenecientes a una generación que no alcanzó a inscribirse en el periodo épico del plebiscito de 1988.

Sin embargo, el pronóstico de las autoridades no se cumplió. La hipotética alza en la participación que permitiría esta reforma –y que revertiría la tendencia decreciente desde 1988– no se validó en la realidad. Más aún, tanto en las elecciones municipales como en las recientes presidenciales, la cantidad de votos válidamente emitidos respecto a la población en edad de votar no superó el 50%. El grá-fico 1 muestra esta tendencia a la baja: mientras 89,1% de las personas en edad de votar lo hizo en el plebiscito de 1988, en 2013 apenas 48,4% votaron en primera ronda y 41,1%, en la segunda.

Además de la baja en los niveles de participación electoral, algunos autores han sostenido que esa merma se combinó con el sesgo de clase provocado por el voto voluntario. Al igual que la literatura internacional que se ocupa de esas temáticas, estos autores observaron que la condición de pobreza fue una variable significativa en los niveles de participación y que el reciente sistema obstaculizó la representación de los más pobres. Para ellos, este mecanismo debilitó dos condiciones básicas de la democracia: la participación y la competencia. La participación, por cuanto se observó una merma importante en los mecanismos de elección de los representantes y una desafección electoral cada vez más evidente; y la competencia, porque el sistema de voto voluntario no dio paso a nuevas propuestas políticas en el Parlamento y el Poder Ejecutivo. Con todo, la discusión del sesgo de clase elevó voces que postularon la necesidad de cambiar el mecanismo por otro de carácter obligatorio.

El retorno de Bachelet

Primera ronda. El camino a la elección presidencial del mes de noviembre en Chile presentó eventos importantes que tuvieron cierta relevancia en el desarrollo de la competencia. El primero fue que la coalición de gobierno, la Alianza por Chile, compuesta por Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), se enfrentó al retiro y dimisión de dos candidatos presidenciales pertenecientes a la UDI, antes de definir la candidatura de Matthei. Así, en abril de 2013, el abanderado de la UDI, Laurence Golborne, presentó la renuncia por presiones políticas después de que se descubriera su participación en sociedades de inversión en paraísos fiscales. Esta renuncia se produjo justo antes de las primarias con RN, cuyo candidato era Andrés Allamand, lo que implicó un reemplazo rápido por una de las figuras más trascendentes del gremialismo: Pablo Longueira.

Fue así como Longueira, con una larga trayectoria política y heredero del legado del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, montó una campaña para enfrentar a Allamand en las primarias. Si bien esa campaña tuvo los efectos deseados, ya que Longueira venció y obtuvo la candidatura de la Alianza, poco después se anunció el retiro de su candidatura argumentando problemas de salud mental. Este retiro dio pie a que la UDI y RN, ante la imposibilidad de generar otra primaria, designaran de apuro a Matthei como abanderada definitiva de la coalición.

Por otro lado, la situación en el bloque de centroizquierda –que pasó de llamarse Concertación de Partidos por la Democracia a Nueva Mayoría– fue de mayor calma. La alta adhesión ciudadana a la candidatura de Bachelet propiciaba un clima opuesto al escenario de desorden y conflictos internos que vivía la derecha. Este escenario llevó a que algunos miembros de la Nueva Mayoría pensaran en la posibilidad de ganar en primera ronda, aunque el escenario electoral presidencial incluía una gran cantidad de candidatos (nueve en total), lo que complicaba la concreción de este deseo.

En efecto, la gran cantidad de candidatos –al menos para los parámetros chilenos– representó una diversidad temática como nunca antes se había observado en el país. Si bien varias de las cuestiones eran tocadas directa o tangencialmente por la candidatura de la Nueva Mayoría, muchos de los desafiantes promovieron distintas perspectivas y discursos, como la representación «del pueblo», «de los desposeídos», «de los que no tienen voz», «de las nuevas demandas ciudadanas», «de los movimientos sociales», etc. Este efecto de dispersión de candidaturas correspondió más a una segmentación del sistema político que a una fragmentación de este. Es decir, a cuestiones de orden ideológico o de cambios sociales que se vieron reflejadas en nuevas demandas.

Como consecuencia, el panorama de los candidatos tuvo una fuerte diversidad en términos de propuesta. En algunos casos, se capturó la esencia de lo que en algún momento era parcela de la izquierda, lo que daba cuenta de cambios en la percepción de la población respecto del quehacer y la posición del sistema político. Aquí, las candidaturas de Alfredo Sfeir, Roxana Miranda, Marcel Claude y Franco Parisi representaron el discurso más duro contra la política y los políticos, y algunos de ellos fueron apoyados tanto por plataformas políticas alternativas como por partidos extraparlamentarios. En esencia, estas campañas fueron muy personalistas y marcadas con discursos hacia los desencantados. Claude, por ejemplo, decía representar a los movimientos sociales para –según lo expresado en su discurso– gobernar con ellos en desmedro de los partidos. Parisi, en tanto, no tenía un partido que lo apoyara ni tampoco se le reconoció militancia política. Miranda se vinculó al discurso de igualdad fundado en su pertenencia a la clase desfavorecida, mientras que Sfeir postuló una economía sustentable, de cuidado del medio ambiente y con valores de autoexpresión propios de las sociedades de bienestar. Un tema aparte es la segunda apuesta presidencial de Marco Enríquez-Ominami, quien gracias a la creación de una plataforma política como el Partido Progresista (PRO), obtuvo un no despreciable 10,98% de los votos. Si bien algunos analistas esperaban una arremetida mayor de este candidato por su desempeño en 2009, lo cierto es que la gran cantidad de candidaturas alternativas mermaron su adhesión en votos. Sin embargo, es indudable que estos votos ganaron en calidad, pues lograron conformar una base sostenida a partir de la militancia en el partido, sus adherentes y simpatizantes, lo que lo deja en buen pie para un nuevo intento en cuatro años más.

En términos de la contingencia y teniendo en cuenta el escenario descrito, probablemente lo más importante de la primera ronda se relacionó con la capacidad de movilización de los partidos y, fundamentalmente, de Bachelet. También estuvo la duda sobre quién ocuparía el segundo y tercer lugar. Esto, habida cuenta de la descoordinación de la derecha, el trabajo político de Enríquez-Ominami y la aparición de encuestas que situaban a Parisi muy cerca del candidato del PRO. Los resultados finales se muestran en el gráfico 2.Con todo, la votación individual de los cinco candidatos menos votados no llegó a 3%, y sumados, solo alcanzó el 7,19% de las preferencias. Por otro lado, Enríquez-Ominami y Parisi obtuvieron en conjunto 21,09%, cifra no despreciable atendiendo el contexto. Finalmente, la diferencia entre Bachelet y la candidata oficialista Matthei fue de 21,66%. Todo esto condujo a la segunda vuelta del 15 de diciembre.

Segunda ronda. La segunda ronda enfrentó a las candidatas de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, y de la Alianza por Chile, Evelyn Matthei. Ambas son hijas de generales de la aviación cuyos rumbos se dividieron en la dictadura, y se enfrentaron en la elección definitiva el día 15 de diciembre de 2013. El 46% obtenido en primera ronda por la candidata de centroizquierda hacía presagiar un triunfo amplio. Los analistas y políticos sostenían que Matthei tendría dificultades para revertir una diferencia que se vislumbraba irremontable. Incluso, esta candidata armó una campaña de segunda ronda que se construyó bajo el eslogan con ambiciones épicas «Sí se puede».

En efecto, la elección de segunda ronda no tuvo sorpresas. Con una escasa participación de la ciudadanía, Bachelet volvió a La Moneda con la diferencia más alta desde el retorno de la democracia. El Servicio Electoral entregó los resultados rápidamente. Apenas una hora después de cerradas las mesas, la candidata de la Alianza reconoció la derrota producto de una tendencia clara de votación. Así, 62,15% de los votos obtenidos por la candidata de la Nueva Mayoría informaron una victoria aplastante frente a 37,84% de Matthei, victoria que se verificó en todas las regiones del país.

En busca de la mayoría en el Congreso

La principal acción de campaña de Bachelet fue atender las cada vez más persistentes demandas ciudadanas sobre cambio constitucional y reformas en salud, educación, medioambiente y territorio. La ola de protestas que había enfrentado el país en los años anteriores condujo a que sus equipos plantearan una serie de propuestas que requerían una amplia mayoría en el Congreso. Como consecuencia, la estrategia de su coalición fue conseguir el quórum necesario para evitar el bloqueo de los partidos de derecha a su segundo mandato. Atendiendo al sistema electoral chileno, esto era posible si se conseguía doblar en votación en algunos distritos y circunscripciones. Así, la estrategia de Nueva Mayoría fue certera: mantener a la mayor parte de los parlamentarios, apostar al doblaje en algunas circunscripciones y respaldar liderazgos sociales emergentes.

En este punto, la centroizquierda entendió la fortaleza de los candidatos que iban a la reelección, razón por la cual no dudó en mantener a la mayor parte de los parlamentarios en ejercicio dentro de sus distritos. Para hacer eso, Nueva Mayoría decidió primero no ir a las primarias oficiales del 30 de junio y realizarlas de forma acotada en una fecha posterior. También se decidió mantener la negociación interna con los parlamentarios y sus partidos, además de ampliar el pacto electoral al PC.

Respecto a las primarias, los partidos de la Nueva Mayoría no lograron el acuerdo necesario para abrir este mecanismo de selección. Este evento generó una fuerte controversia y críticas desde varios sectores, al punto de que la propia candidata presidencial se declaró «decepcionada». Así, las críticas forzaron a los partidos a realizar un proceso de primarias vinculantes más acotado, en especial en aquellos distritos donde los partidos no tenían algún parlamentario que buscara la reelección. Por otro lado, la fortaleza de los parlamentarios para obtener éxitos electorales hizo que, a pesar de un nuevo mecanismo electoral de voto voluntario, se optara por la repostulación de varios de ellos. De acuerdo con los últimos datos del Servicio Electoral, se repostularon al cargo cerca de 77% de los parlamentarios y lograron la reelección en una tasa cercana a 84% de los que volvieron a postular o un 64% del total de los diputados en ejercicio. Estas cifras no son propias de esta elección; es más, representan una constante en todos los periodos desde la recuperación democrática. Por otra parte, el pacto de la Nueva Mayoría supo integrar nuevos liderazgos sociales en la competencia. El apoyo a los líderes del movimiento estudiantil de 2011 tuvo efectos importantes en aquellos distritos abiertos en la competencia. Así, las candidatas del PC Camila Vallejo y Karol Cariola fueron elegidas gracias al apoyo que les brindó el pacto; en el caso del independiente Giorgio Jackson, su candidatura fue apoyada indirectamente por la coalición, al omitirse de competir en el distrito 22.

Con todo, la estrategia de la Nueva Mayoría tuvo efectos importantes en el peso electoral de las coaliciones. Finalmente, el pacto que apoyaba a Bachelet consiguió doblar en 10 distritos, en seis de ellos destronando a quien iba a la reelección por la derecha (cinco de UDI y uno de RN), tres en competencia abierta sin candidatos de la derecha que se repostularan y uno en contra de un parlamentario independiente que buscaba la reelección.

De esta forma, la composición de la Cámara de Diputados y el Senado quedó como se exhibe en el siguiente cuadro.

Los desafíos de Bachelet

El triunfo de Bachelet supone un hito histórico, ya que es la primera vez desde la recuperación de la democracia que un presidente repite mandato. La votación que ha obtenido y el apoyo masivo desde su llegada a Chile luego de su periodo a cargo de la oficina de ONU Mujeres reflejan las amplias expectativas que la ciudadanía tiene respecto de su nuevo gobierno. Si en su primer mandato el eje estuvo centrado en un gobierno ciudadano, de paridad de género y bienestar social, el Chile de hoy es distinto y Bachelet tendrá que rendir cuenta de sus promesas de cambio.

Su fortaleza y popularidad se ven respaldadas por una mayoría en el Congreso. La presidenta electa se encuentra en buena posición para conseguir los quórums parlamentarios que le permitan cumplir con el ambicioso programa de gobierno. Si bien este programa ha sido fuertemente cuestionado desde los sectores de la derecha, por considerarlo una radicalización de izquierda que podría detener el desarrollo del país, la ciudadanía entiende la importancia de estas acciones y se encuentra expectante de sus resultados.

La composición del Congreso permite implementar algunas de las reformas prometidas durante la campaña e incluso brindar una nueva institucionalidad al país. Si bien en muchas áreas no es posible alcanzar el quórum necesario –especialmente en lo que se refiere a reformas constitucionales–, el desafío está en lograr acuerdos con diputados jóvenes independientes que tienen una visión distinta sobre las decisiones políticas, por provenir de los movimientos sociales de 2011. Gran parte de los cambios propuestos por Bachelet requieren de un acuerdo amplio que rompa con el rechazo inicial de los políticos de derecha y el desconocimiento ciudadano sobre los mecanismos necesarios para la concreción de esos cambios.

En consecuencia, Bachelet se juega la legitimidad de su gobierno a partir de la nueva generación de cambios ofrecidos en su programa. Para ello, no es menor que deba lidiar con viejas estructuras partidistas que siguen siendo mayoría en el Congreso, además de determinados grupos de interés que presionan por mantener el statu quo. Un ejemplo claro de este desafío es el relativo a las reformas educacionales y la disposición a enfrentarse con algunos grupos empresariales que tienen sus intereses de lucro puestos tanto en la educación superior como en la enseñanza primaria y secundaria. En este punto, es clave el rol del gobierno y de los parlamentarios que provienen del movimiento estudiantil de 2011 para avanzar hacia la promesa de campaña de una educación gratuita y de calidad.

Otro elemento importante a considerar es cómo se moverá el escenario político del gobierno para enfrentar los desafíos propuestos, además de cómo se abordarán y consensuarán visiones tan distintas como las del PC y la DC. Este punto implica un desafío de la historia política del país, pues no es la primera vez que el PC es parte de una alianza electoral que luego relega sus disposiciones y propuestas. Habrá que esperar hasta marzo próximo para saber en qué queda esa situación.

Por otro lado, no resulta menor la labor de Alianza por Chile y la reconfiguración del escenario para la derecha. Hay un intento de imponer una idea refundacional luego de la derrota. En esto, Piñera ha dado señales de un alejamiento de las posturas más duras de la derecha, intentando dejar de lado el pasado dictatorial y allanar el camino para una posterior candidatura presidencial en 2017. Tampoco hay que olvidar que personajes importantes de la UDI o bien decidieron dar un paso al costado o bien sufrieron derrotas importantes en las elecciones de la Cámara y el Senado a manos de RN.

Con todo, el cambio social plantea nuevos desafíos para el gobierno. La reticencia hacia los políticos o la forma de hacer política supone un eje institucional que está en entredicho, fundamentalmente en lo que respecta al Parlamento, los partidos y el Poder Judicial. Muy probablemente estemos en un cambio de ciclo, un cambio en que la sociedad está demandando mayor participación en la toma de decisiones y mayor inclusión. Más bien, estamos en un momento social que busca reformular el sistema representativo para que se haga cargo de las nuevas demandas ciudadanas.