Coyuntura

¿Por qué ganó el rechazo a la nueva Constitución chilena?


Nueva Sociedad 301 / Septiembre - Octubre 2022

Chile votó mayoritariamente contra la nueva Constitución redactada por la Convención surgida del estallido de 2019. Si bien este era un resultado esperable, a la luz del debilitamiento de la Convención Constitucional, el margen del Rechazo constituyó un golpe adicional a las expectativas transformadoras en un país fuertemente movilizado en favor de un cambio profundo. ¿Cómo interpretar la amplia victoria del Rechazo?

¿Por qué ganó el rechazo a la nueva Constitución chilena?

Lo que hace un año se proyectaba como un mero trámite para validar el proceso constituyente ha terminado siendo una dura derrota para las fuerzas progresistas chilenas. Con una participación electoral récord, el Rechazo se impuso al Apruebo por casi 25 puntos porcentuales y solo perdió en ocho de las 346 comunas del país. Los ganadores salieron a festejar el triunfo contra el «revanchismo» y un texto constitucional «refundacional» que se oponía al «alma de Chile» y al «sentido común de los chilenos».

¿Cómo un proceso que comenzó con un nivel de apoyo pocas veces visto en la historia nacional terminó truncado? ¿Adónde fue a parar el apoyo al proceso constituyente?

Este proceso constitucional comenzó el 15 de noviembre de 2019. Como resultado de un masivo estallido social en octubre de ese año, los principales partidos políticos llegaron a un acuerdo transversal y fijaron un calendario para la redacción de una nueva Constitución. El primer hito fue un plebiscito en el que un aplastante 78% votó por terminar con la Constitución vigente desde la dictadura y encargar la redacción del nuevo texto a una Convención Constitucional democráticamente electa. Los resultados eran impresionantes no solo en términos del porcentaje de votos, sino también por su distribución territorial. El Rechazo a la nueva Constitución solo ganó en cinco comunas, incluyendo las tres icónicas donde reside la elite económica nacional. Fueron varios quienes se apresuraron a señalar que el resultado demostraba que el país no estaba polarizado entre izquierdas y derechas, sino que el verdadero clivaje del momento era pueblo versus elite. El imaginario de un pueblo homogéneo en disputa con la elite se cristalizó en las referencias a «las tres comunas», que se volvió parte del léxico común en la discusión política1.

Antes de echar a andar la Convención Constitucional, las organizaciones sociales progresistas, en alianza con los partidos políticos, habían logrado condiciones muy especiales para su composición. Se estableció que la Convención Constitucional sería paritaria en género, con cuotas para pueblos originarios y, en sintonía con un fuerte sentimiento antipartidos de la movilización de octubre de 2019, con algunas facilidades para las candidaturas independientes. En particular, se les permitió a los candidatos no afiliados a partidos agruparse en listas equivalentes a las partidarias.

La elección de los representantes fue un golpe a las expectativas de quienes esperaban un retorno a la política preestallido social. Las dos coaliciones históricas tuvieron magros resultados. La derecha alcanzó un porcentaje paupérrimo de votos: 20%. Esto la dejó lejos de alcanzar el tercio de los convencionales y de un potencial poder de veto. La coalición de centroizquierda vio a sus fuerzas de centro y más moderadas desplomarse. Quizás el ejemplo más notorio de esta crisis fue el de la Democracia Cristiana, que solo logró que se eligiera a un militante de sus filas para la Convención Constitucional (el presidente del partido). Pero, por lejos, el hito más relevante de estas elecciones fue el contundente éxito de los independientes que venían de las movilizaciones de 2019. De los 155 miembros de la Convención Constitucional, 103 no tenían militancia en la política tradicional. Así, se terminó configurando un órgano con claras mayorías para los sectores progresistas y, en particular, para las nuevas fuerzas políticas que emergieron desde el estallido social levantando banderas del feminismo, el indigenismo y un intenso discurso antielite. 

El ánimo de la población antes del trabajo de la Convención era muy alto. 52% describía la «esperanza» como la principal emoción que le generaba el proceso, seguida de «alegría», con 46%. Es probable que las fuerzas progresistas y de izquierda se pasen los próximos años intentando explicarse cómo fue que se desmoronó el optimismo inicial.

Una Convención debilitada

A medida que se liberen más datos y avance el debate, se podrá afinar más el análisis de lo que ocurrió. Por ahora, son tres las razones que parecen destacarse como explicaciones del resultado del 4 de septiembre, en un contexto en el que el voto obligatorio (que no se utilizó para el resto de las elecciones) añadió cinco millones de personas que no habían votado en anteriores comicios2:
(a) El rechazo a la política de espectáculo en la Convención.
(b) La homologación de la Convención con la política tradicional.
(c) La reacción de las identidades tradicionales ante la fuerza que tuvieron identidades subalternas durante el proceso.

Respecto a la política del espectáculo, fue una de las características que dominó el debate. A poco andar, la Convención Constitucional comenzó a perder apoyo, sobre todo entre los votantes de derecha, que veían con recelo una suerte de cónclave de activistas de causas progresistas3. En definitiva, si para los representantes que venían del activismo social dejar de movilizarse era una traición, para algunos electores, en particular quienes valoraban el orden, una movilización sin fin era una pesadilla. 

Varios de los convencionales habían alcanzado notoriedad y legitimidad social por sus performances callejeras, que incluían disfraces y declaraciones provocativas sobre aspectos identitarios tradicionales. Desde la protesta callejera habían sido frecuentes las denuncias a la autoridad entre gritos y cánticos. Sin embargo, las mismas actitudes que en la calle se percibían como entereza ante el abuso, expuestas en la Convención, y desde el seno del poder, se veían con otra luz. Por ejemplo, un par de convencionales llegaron con sendos disfraces de Pikachu y un dinosaurio, otro convencional tocaba la guitarra y hacía chistes en plena sesión y un tercero proponía y cantaba una nueva versión del himno nacional en la que le agregaba el prefijo «pluri» (por plurinacional) a Chile. Para otros, bastaba con exhibir la propia historia de vida para cumplir con la tarea. Un constituyente había hecho de su cáncer e imposibilidad de pagar la quimioterapia su bandera de lucha. Pero una investigación periodística mostró que el cáncer era inventado y los supuestos catéteres de la quimioterapia en su pecho eran falsos, lo que constituyó un duro golpe para la Convención.

Además, persistía un ethos de la movilización social que teñía de un sentido testimonial varias de las acciones que se veían en ese espacio que debía redactar la Carta Magna que reemplazara a la de la dictadura. Para algunos de estos referentes, era importante presentar propuestas maximalistas, llamativas y simbólicas, aunque no contaran con los votos para ser aprobadas (por ejemplo, una convencional propuso disolver todos los poderes del Estado y reemplazarlos por órganos asamblearios). 

Los medios amplificaron los chascarros y difundieron las propuestas más descabelladas, que fueron, además, reforzadas por agresivas campañas de desinformación en las redes sociales. En coherencia con esto, los registros de las declaraciones más desafortunadas terminaron apareciendo en la campaña y franja televisiva del Rechazo. Lo que en un comienzo parecía pintoresco y llamativo terminó por generar desasosiego. 

Respecto a la homologación de la política de la Convención con la política tradicional, esta se da en el contexto de una fuerte pulsión destituyente y antiestablishment político. Según datos del Centro de Estudios Públicos, el porcentaje de personas que se identificaba con algún partido cayó de 53% de la población en 2006 a 19% en 2019. Es más, algunos estudios han señalado que un porcentaje no menor de la población (12,9%) ha hecho de las posiciones antipartidos «tradicionales» su principal identidad4. La fuerza de la Convención provenía en un primer momento de que se la viera como distinta de la política tradicional. 

Es posible que, paradójicamente, el uso y abuso de la política del espectáculo y las trifulcas testimoniales asemejaran más a los convencionales al Congreso y a la política tradicional, donde también abundan estas prácticas5. En cualquier caso, al menos se alejaban de la imagen de representantes más eficaces que los políticos tradicionales en llegar a acuerdos y sacar adelante demandas ciudadanas. A su vez, en medio del proceso constituyente hubo una elección presidencial que significó un cambio de signo del gobierno. El nuevo gobierno estaba fuertemente asociado a la génesis del proceso constituyente, y en particular el presidente Gabriel Boric en su rol como diputado. Estar contra el proceso constituyente pasó a ser una forma de ser oposición al nuevo gobierno. Parte de la energía contra la institucionalidad política había pasado al lado del Rechazo.

Respecto de la reacción de identidades tradicionales, el primer artículo del propuesto texto constitucional consagraba a Chile como un «Estado social y democrático de derecho» y se afirmaba que además este Estado sería «plurinacional, intercultural y ecológico». Junto con la definición de Chile como un Estado plurinacional, se les reconocía algunos derechos colectivos a las comunidades indígenas y se proponía un sistema de justicia indígena.

Después del juicio negativo sobre los constituyentes, la razón que más se repite entre los que apoyaron el Rechazo es la plurinacionalidad. En línea con esta visión, una vez entregado el texto constitucional, las dos propuestas peor evaluadas, según la encuesta Espacio Público-ipsos, fueron el Estado plurinacional y la creación de un sistema de justicia indígena6. Así, el sector del Rechazo logró consolidar una base de apoyo en torno de identidades tradicionales de la chilenidad que se sentían amenazadas por la noción de plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por algunas acciones y performances de convencionales, incluidos comentarios o acciones despectivas relacionados con el himno, la bandera y demás símbolos patrios. Si bien estas posiciones no se expresaron en el texto constitucional, sirvieron de municiones para la campaña del Rechazo.

El segundo plebiscito

De cara al plebiscito de salida, no hubo mayores sorpresas en el ordenamiento orgánico de las fuerzas políticas. Desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, todos los partidos se definieron por el Apruebo (aunque algunos liderazgos se rebelaron contra la posición oficial). Todos los partidos de la derecha se cuadraron con el Rechazo. Sin embargo, dentro de ambos campos había heterogeneidad. Bastante tempranamente, emergieron diferencias entre quienes defendían la idea de rechazar para mantener la Constitución actual con algunas reformas menores y quienes defendían la perspectiva de un nuevo proceso constituyente. A medida que la campaña fue avanzando, los segundos coparon todas las vocerías del Rechazo. 

Por el lado del Apruebo, hubo más resistencia a discutir qué ocurriría después de la votación en caso de imponerse el nuevo texto. Sin embargo, a medida que avanzaba la campaña y el Apruebo seguía muy atrás del Rechazo en las encuestas, los partidos oficialistas, que apoyaban el Apruebo, se abrieron a la idea de que el nuevo texto requería de algunas reformas. Además, se aceptó que era importante comprometerse a estos cambios para morigerar algunos resquemores de la población, por ejemplo, hacia la implementación de la plurinacionalidad. Esto se vio reforzado por una serie de encuestas que mostraban que no solo el Apruebo no lograba acortar la distancia con el Rechazo, sino que la gran mayoría de quienes estaban dispuestos a votar por el Apruebo consideraba necesario hacerle modificaciones al texto una vez aprobado. Bastante avanzada la campaña y con diferentes niveles de entusiasmo, estos partidos firmaron un acuerdo para llevar adelante los escenarios posplebiscito. 

En definitiva, un plebiscito que tenía en la papeleta dos alternativas terminó en realidad teniendo cuatro opciones: aprobar, aprobar para reformar, rechazar, y rechazar para renovar. Así, en una de las últimas encuestas públicas antes del plebiscito, realizada por Cadem, 17% de los encuestados se declaraba a favor de rechazar a secas, 35% de rechazar para renovar, 32% de aprobar para reformar y solo 12% de aprobar y aplicar el nuevo texto tal como salió de la Convención.

Este rechazo en el plebiscito de salida era muy distinto al del plebiscito de entrada. No solo era sustantivamente más grande, sino que había penetrado en sectores de la sociedad más amplios que «las tres comunas». Según las encuestas, el Rechazo ganaba en todos los niveles socioeconómicos sin mayores diferencias, y así se confirmó el pasado 4 de septiembre. En comunas populares de la Región Metropolitana, donde el Apruebo debía arrasar, apenas logró victorias con pequeños márgenes. 

Donde sí había diferencia era en el perfil ideológico de los votantes, con el Apruebo ganando holgadamente entre quienes se identificaban con la izquierda. El rechazo era mayoritario entre quienes se identificaban con la derecha, en el centro y entre quienes no se identificaban con el eje izquierda-derecha. También había una importante diferencia en los perfiles etarios, con el Apruebo victorioso entre la juventud de entre 18 y 30 años, y el Rechazo imponiéndose en todas las demás edades. Es decir, a diferencia del plebiscito de entrada, la campaña del Rechazo había logrado conformar una alianza social y política más diversa que el Apruebo.

Además, el voto obligatorio y el interés en el plebiscito hizo que se sumara al electorado un número de votantes nunca visto. Con una participación de cerca de 85% del padrón, que corresponde a 13 millones de personas, los 7,8 millones de votos que obtuvo el Rechazo superaban todos los votos del plebiscito de entrada. Los primeros análisis parecen apuntar a que esta masiva participación se produjo gracias al ingreso de votantes de sectores populares, menos politizados, que probablemente no se identifican con el eje izquierda-derecha.

¿Por qué ganó el Rechazo?

A estas alturas emergen dos grandes interpretaciones, que por cierto no son mutuamente excluyentes, para explicar la caída del apoyo al Apruebo y el alza del Rechazo: una primera pone el énfasis en el «votante mediano», que supone un quiebre abrupto con el ethos del estallido; otra, en la identidad reactiva tradicional que se consolidó contra la propuesta constitucional, y que supone reconocer que el estallido tenía un componente claramente antielite pero no necesariamente «de izquierda».

El proyecto en disputa

En la primera interpretación, la votación del plebiscito de entrada y de los convencionales estuvo marcada por una impronta de disputa entre el pueblo y la elite. Esta configuración de la fuerza política borró en buena medida las distinciones entre izquierda y derecha y entre los distintos intereses y visiones que conviven en la ciudadanía. Sin embargo, según esta interpretación, el momento de disputa entre «arriba» y «abajo» ha concluido y, en su lugar, han vuelto las clásicas disputas entre la izquierda y la derecha. Es interesante, en este sentido, que según algunas encuestas el Rechazo se asociaba al combate del narcotráfico y el crecimiento económico, mientras que el Apruebo se vinculaba con la redistribución de la riqueza a través de derechos sociales, atributos típicamente asociados a la derecha y la izquierda, respectivamente. 

Lo que implica esta perspectiva es que la Constitución actual estaría «a la derecha» del votante medio, mientras que la propuesta constitucional fallida estaría a su izquierda. Esto explicaría la fortaleza de las opciones de «rechazar para renovar» y «aprobar para reformar» y permitiría asegurar que el plebiscito se ganó en el centro del espectro político. Así las cosas, el principal déficit del proceso constituyente habría sido la falta de acuerdos en algunos temas claves, como el sistema político, con la derecha de la Convención. En línea con esta visión, 77% de los encuestados declaró que prefería que los convencionales negociaran acuerdos, aunque implicara ceder en algunos temas y, a la vez, 61% percibía que los convencionales no habían cedido en sus posturas.

Por otro lado, las disputas electorales se dan en varios ejes simultáneos. Es perfectamente posible que un mismo votante tenga posiciones más a la izquierda en un eje (por ejemplo, sobre los derechos sociales) y más a la derecha en otro (por ejemplo, sobre la plurinacionalidad). En este sentido, es posible que lo que reflejen los apoyos a posiciones intermedias es que en algunas temáticas las personas están «a la izquierda» y en otras «a la derecha» de cada texto. Pero, sumando y restando, el texto propuesto estaría lejos de las preferencias mayoritarias.

Más aún, una dificultad que marcó la campaña del Apruebo fue la incapacidad de generar relatos aglomeradores. A diferencia de otros procesos constituyentes, como el boliviano, este proceso estuvo marcado por la extrema fragmentación de posiciones y demandas, con muchos convencionales electos para defender una demanda en particular7. La poca presencia de partidos y la abundancia de convencionales independientes que provenían de colectivos locales exacerbaron esta fragmentación. Esto se vio reflejado, por ejemplo, en las franjas televisivas de la campaña. Mientras el Rechazo, pese a la diversidad interna, había logrado unificar un mensaje centrado en la idea de que era posible continuar con el proceso constituyente en caso de rechazarse el nuevo texto y generar una nueva Carta Magna que fomentaría la unificación nacional, en lugar de la desunión, en el Apruebo había una cacofonía de agrupaciones apuntando a diversos artículos, cada uno referido a una demanda diferente. 

En definitiva, la sumatoria de demandas particulares ante los pesares que aquejaban al país no era lo mismo que un proyecto de país. Así, es particularmente notorio que, pese a que la propuesta constitucional buscaba terminar con la privatización del agua y garantizar fuertemente el cuidado medioambiental, el Rechazo ganó en comunas icónicas de la movilización contra las zonas de sacrificio medioambiental, como Petorca o Quintero-Puchuncaví. O bien, obtuvo resultados especialmente negativos en las comunas con más población indígena, pese a los numerosos elementos de la Constitución que buscaban reconocerla. Pareciera que haber convertido la propuesta de nueva Constitución en una larga lista de supermercado terminó confundiendo a los votantes.

La patria en disputa

La segunda perspectiva supone que se ha mantenido el ethos de disputa entre «arriba» y «abajo», pero que esta posición antielite encontró, a lo largo del proceso, su expresión de derecha. Es decir, los hechos que ocurrieron en el plazo de dos años le permitieron a la derecha disputar la rebeldía y, más aún, la indignación, que hasta ese momento había sido hegemonizada por la izquierda8. En lugar de un fortalecimiento del centro moderado, ubicado en el medio entre las izquierdas y las derechas, lo que hubo es un reforzamiento y politización de identidades sociales tradicionalistas. 

Desde esta óptica, lo que refleja la fortaleza de las posiciones no polares («aprobar para reformar» y «rechazar para reformar») es que muchos ciudadanos tienen identidades sociales complejas que no se cartografían nítidamente en la actual disputa política. Como explica Lilliana Mason, cuando los adherentes de una posición política están transparentemente caracterizados por la homogeneidad social, hay una tendencia a la polarización afectiva9. Por el contrario, la existencia de identidades complejas fomenta la despolarización. En otras palabras, es posible que para muchas personas sus identidades partidistas, de clase, de religión, de edad, de etnia o de lugar de residencia hayan «tironeado» en direcciones opuestas para este plebiscito. Esto empuja a las posiciones intermedias del debate.

Esta visión supone que el principal déficit del proceso constituyente fue la incapacidad de incorporar estas identidades tradicionales al proceso simbólico de generación de la nueva Carta Magna. En particular, habría faltado encontrar una manera de plantear la plurinacionalidad en el marco de un sentido patriótico inclusivo. Esto ciertamente es notorio en algunas de las declaraciones más destempladas de algunos convencionales y en algunas performances que, realizadas desde el poder, y ya no desde la rebeldía, parecían ser discursos despectivos hacia las personas que tenían identidades nacionales tradicionales. Hay, también, normas constitucionales concretas que se podrían haber redactado de forma de hacer más explícita la igualdad en el marco de la diversidad. Por ejemplo, se podrían haber hecho más explícitos los bordes del sistema de justicia y de las autonomías indígenas. 

La diferencia entre el Rechazo y el Apruebo se acentuó fuertemente en zonas rurales, que a su vez tienden a concentrar la presencia de costumbres e identidades tradicionales. Así, la estrategia del Rechazo demostró su efectividad al enmarcar la propuesta constitucional como una amenaza al patriotismo, mientras que la campaña del Apruebo intensificó los temores generados por la ambigüedad del texto en la materia.

En perspectiva histórica, es llamativo que el progresismo chileno haya terminado desencontrándose con los símbolos de la patria, considerando su larga trayectoria de compromiso con la identidad chilena. Ya en 1939, el Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda y Marmaduke Grove se proponía basar su orientación en el «conocimiento pleno de la chilenidad para servir los intereses del pueblo». Más tarde, en la década de 1970, el gobierno de Salvador Allende encabezó la «vía chilena al socialismo», en un intento de avanzar en cambios sociales profundos por la vía democrática. El sello de su gobierno fue el socialismo a la chilena, «con sabor a empanada y vino tinto». Más que una etiqueta, se trataba de entender la revolución como una segunda independencia nacional, esta vez, de carácter económico. Se dice que era tal el orgullo del presidente por su patria que ante sus amigos íntimos se hacía llamar «Allende de Chile».

Cuando volvió la democracia, uno de los desafíos de la centroizquierda fue recuperar los símbolos nacionales que habían sido arrebatados por la dictadura de Augusto Pinochet. Dentro de las tareas más inmediatas, estuvo restituir el himno nacional que los militares habían trastocado a través de un decreto, en línea con su proyecto nacionalista. Después de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura, no era fácil reconstruir el vínculo entre el progresismo y las identidades patrióticas, pero asumir el Estado implicaba hacer de Chile una sola voz. En el discurso de reinauguración de la democracia, el ex-presidente Patricio Aylwin asumió el compromiso de la reconciliación nacional con fidelidad a los valores legados por los padres de la patria. Habló, entonces, de recuperar el alma de Chile, definida como «una tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales».

¿En qué momento los caminos del progresismo y la identidad nacional se fueron bifurcando? A diferencia de los españoles en 1978 o los brasileños en 1988, los chilenos no redactaron una nueva Constitución al recuperar la democracia, lo que permitió la permanencia del ex-dictador Pinochet en el poder como senador y comandante en jefe del Ejército, entre otros enclaves autoritarios. La impunidad de las violaciones de los derechos humanos frustró los anhelos de reconciliación y la recuperación de los símbolos patrios en un sentido más profundo. Pero la cuestión fundamental fue que la imposición de la Constitución de la dictadura, aprobada en 1980, generó divisiones no resueltas hasta el día de hoy. Mientras una parte de la población se desafectó de los principios fundantes de la República, otra continuó reivindicando las tradiciones.

Visto de ese modo, el proceso constituyente era una oportunidad única de llevar a la práctica aquello que Aylwin prometió en el discurso: la reconciliación del pueblo con sus símbolos nacionales, por medio de la adhesión a los valores democráticos de la Constitución. De hecho, uno de los conceptos que se puso sobre la mesa durante la discusión fue el de «patriotismo constitucional», popularizado en la Alemania de posguerra, y conforme al cual la unidad de la comunidad política se encuentra en los acuerdos comunes que una Constitución ofrece. Dentro de ese marco, el reconocimiento de la diversidad cultural es compatible con las identidades patrióticas, en el entendimiento de que la nación no es un todo homogéneo. Al mismo tiempo, no se pone en cuestión la valoración que vastos sectores del campo chileno hacen de la historia chilena. Desafortunadamente, la oportunidad se desaprovechó.

¿La tercera es la vencida?

Al parecer, existiría un consenso relativamente amplio de que el estancamiento constitucional no es una opción viable. Es más, parece haber cierto acuerdo en que un nuevo proceso constitucional tendrá que incluir participación ciudadana. Es probable que esto implique la convocatoria a una nueva Convención Constitucional y un plebiscito de salida que ratifique una renovada propuesta constitucional. Es decir, es altamente probable que Chile se enfrente a un tercer plebiscito constitucional en algunos meses más.

La forma precisa que tomará este proceso aún está en disputa y, más allá de los intereses en juego, dependerá de cuál de los dos diagnósticos descritos se termine imponiendo. Si el Rechazo es visto como producto de una demanda de mayor presencia del centro moderado y de diálogo en el eje izquierda-derecha, entonces la tensión va a estar puesta en torno de las facilidades para candidaturas independientes. Un aspecto que contraviene este diagnóstico es que el sentimiento antipartidos parece estar tan vigente como hace dos años. Así, según la encuesta Criteria, 82% de los encuestados preferiría que los integrantes de la nueva Convención no sean militantes de partidos, sin diferencia estadísticamente significativa respecto de octubre de 202010. Sin embargo, la misma encuesta muestra que la preferencia por «expertos», que ya era mayoritaria hace dos años, ha crecido en este periodo. En contraste, se desplomó el apoyo a «personas comunes y corrientes», que pasó de 37% a 20%, mientras que la demanda de expertos creció de 63% a 80%. Esto dificulta una interpretación de disputa entre «arriba» y «abajo» y podría reforzar la idea de buscar un órgano deliberativo más proclive a acuerdos. 

Por otro lado, si el énfasis del diagnóstico está en la disputa identitaria, se pondrá en cuestión la cantidad de escaños reservados a pueblos indígenas que debería mantenerse en el proceso. Además, es probable que un nuevo proceso esté marcado por mucho mayor cuidado de los aspectos simbólicos patrióticos. Ya para finales del proceso constituyente original se había notado un cambio importante en este sentido. No por nada se escogió una bandera chilena como símbolo del nuevo texto constitucional. Esta vez, el desafío va mucho más allá de despejar dudas sobre la plurinacionalidad y se deberán ofrecer señales afirmativas. La poeta chilena Gabriela Mistral solía decir que «la patria era el paisaje de la infancia», aludiendo al hecho de que la comunidad nacional está íntimamente ligada a las definiciones identitarias personales. 

El camino que se le presenta a una eventual continuación del proceso constituyente no es simple. Un sector de la derecha, en parte envalentonado por la gran victoria del Rechazo, está promoviendo un comité de expertos para redactar un nuevo texto constitucional, sin pasar por sufragio universal para elegir a los constituyentes. Los sectores más radicales de la derecha incluso pretenden interpretar el voto del plebiscito como una ratificación de la Constitución actual.

El desafío que se le presenta a la política chilena es lograr un nuevo acuerdo que permita finalmente sacar adelante un nuevo texto constitucional con un amplio y transversal apoyo popular. Para esto, haría bien recordar lo rápido que el apoyo y la esperanza depositados en un proceso pueden caer si se traicionan esas expectativas.


Nota: una versión más breve de este artículo fue publicada en Nueva Sociedad edición digital, 9/2022.

  • 1.

    Juan Pablo Luna: «El problema de las tres comunas: cómo evitar que las elites dominen la Constituyente» en CIPER, 26/10/2020.

  • 2.

    Ricardo González: «Retorno del voto obligatorio: quiénes fueron los nuevos votantes» en CIPER, 8/9/2022.

  • 3.

    Roberto Martínez: «Cadem: confianza en la Convención Constitucional llega a su punto más bajo desde su proceso de instalación» en La Tercera, 8/3/2022.

  • 4.

    Carlos Meléndez y Cristóbal Rovira Kaltwasser: «Political Identities: The Missing Link in the Study of Populism» en Party Politics vol. 25 No 4, 2019.

  • 5.

    J.P. Luna: «Los partidos no funcionan distinto a los independientes» en Tercera Dosis, 30/8/2022.

  • 6.

    BHP, IPSOS y Espacio Público: «¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un proceso histórico. VI entrega», 7/2022, disponible en https://espaciopublico.cl/

  • 7.

    Aun así, en Bolivia más de 100 artículos de la nueva Constitución fueron modificados por el Congreso antes del referéndum aprobatorio.

  • 8.

    Ver Pablo Stefanoni: ¿La rebeldía se volvió de derecha?, Siglo Veintiuno, Buenos Aires, 2021.

  • 9.

    L. Mason: «A Cross-Cutting Calm: How Social Sorting Drives Affective Polarization» en Public Opinion Quarterly vol. 80 No s1, 2016

  • 10.

    Agenda Criteria, 7/2022, disponible en https://www.criteria.cl/#c-acc...

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista
ISSN: 0251-3552
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