Coyuntura

​«Unir a los argentinos» El proyecto de «país normal» de la nueva centroderecha en Argentina

El triunfo de Mauricio Macri en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas, el 22 de noviembre de 2015, marca un profundo giro en la política del país. Al quiebre del bipartidismo y la derrota del peronismo, se suma un proyecto con tonalidades refundacionales, sustentado en una visión de modernización gerencial de la política y el Estado. En la selección de los cuadros que dirigirán las instituciones estatales se cifra entonces buena parte de este proyecto reformador, que tiene a gerentes de grandes firmas como mascarón de proa del nuevo «país normal», republicano y emprendedor.

​«Unir a los argentinos» / El proyecto de «país normal» de la nueva centroderecha en Argentina

Un proyecto político de largo plazo: ¿es posible construir una nueva normalidad en Argentina?

«Yo quiero que seamos un país normal». Del mismo modo que Mauricio Macri, cada presidente que llega al poder en Argentina dice querer lograr eso. Lo que supone que el pasado está hecho de anormalidad, o bien –si suponemos que se trata de presidentes constructivistas– que la normalidad del pasado debe ser reemplazada por una nueva. En todo caso, la normalidad como proyecto siempre debe ser precisada. En primer lugar, implica delinear un programa de largo plazo: ya sea que la definamos de un modo u otro, siempre supone el tiempo largo de la historia. En segundo lugar, este programa se construye en ruptura con el pasado, de modo que se encuentra, desde sus orígenes, con la excepción, ante la cual debe reorientarse, usar herramientas imprevistas y traicionar algunos de los principios sobre los que se asentaba. ¿Cuál es la normalidad que propone el nuevo gobierno presidido por Macri? ¿Cómo se relaciona con el ciclo histórico que acaba de terminar?

Hace más de una década, Néstor Kirch-ner también dijo, al asumir, que quería edificar un país normal. Eso suponía reconstruir la autoridad del Estado, la confianza en las instituciones y una cohesión social maltrecha por la crisis del programa de convertibilidad monetaria entre el peso y el dólar que imperó hasta diciembre de 2001. Esta reconstrucción se cimentaría en una reindustrialización del país y en la ampliación de los márgenes de maniobra del Estado frente a los poderes fácticos nacionales e internacionales. También, en una especie de transversalidad política que iría a redefinir las tradiciones políticas en virtud del nuevo tiempo histórico.

Cristina Fernández de Kirchner, por su parte, asumió en 2007 con la idea de consolidar esa normalidad, y hasta se animó a convocar a un pacto de cara al Bicentenario que definiera grandes consensos económico-sociales entre actores relevantes. Sin embargo, a partir del llamado «conflicto del campo» de 2008 –en el que las diferentes entidades que aglutinan a los productores agrarios se enfrentaron al gobierno durante poco más de cuatro meses, con protestas que incluyeron cortes de rutas y manifestaciones masivas–, la construcción política se organizó en torno de la producción de acontecimientos «inesperados», en los que el kirchnerismo buscó legitimidad, cimentó apoyos y se procuró recursos económicos. La normalidad se definió entonces en las «batallas» libradas en el terreno económico y cultural. La transversalidad devino producción de clivajes claros y difícilmente conciliables. Los consensos kirchneristas, incluso en tiempos de grandes apoyos electorales, se asentaron siempre en una sociedad dividida frente a cuestiones fundamentales, como los límites de la intervención estatal y la relación entre los principios democráticos y los principios liberales. La inclinación por la excepcionalidad y la agudización del conflicto no impidió que, poco antes de abandonar su cargo en 2015, Cristina Fernández afirmara haber cumplido aquella promesa de «construir un país normal» que había hecho su compañero: «Hoy, luego de tres periodos consecutivos de gobierno del fpv [Frente para la Victoria], [los electores votan] en un país absolutamente normal, sin miedo a que les pase nada económicamente ni a perder su trabajo, con una actividad económica y un crecimiento que es único»1.

La normalidad es, entonces, objeto de disputa. Macri, lo dijimos, parece querer construir una nueva, en buena parte contrapuesta a la que el kirchnerismo bregó por instaurar. Y lo hace en dos sentidos fundamentales: primero, en nombre del destierro de la excepcionalidad y el conflicto como lógica de ejercer el poder; segundo, para producir una modernización económica y social que, en la visión del nuevo presidente y sus aliados, debería acercar al país a su tiempo histórico: su partido, concebido a inicios del siglo xxi, que desde su conformación dice dejar atrás las ideologías de los siglos precedentes –izquierda y derecha–, asume el poder con el compromiso de llevar a Argentina allí donde sus nuevas elites gobernantes parecen haber llegado, el mundo flexible del hacer. Republicanismo liberal y modernización gestionaria. Como señalamos en otra parte, Propuesta Republicana (pro)2 nació con un proyecto sociocultural y económico claro, movilizado por un ethos del voluntariado y el emprendedorismo anclado en el mundo de los negocios y de las ong y que se propone llevar al Estado la eficiencia y la transparencia que, en una visión encantada, impera en esos mundos. El problema es saber en qué medida este proyecto bifronte podrá mantenerse como núcleo discursivo y de acción de una fuerza de gobierno que ahora debe gobernar un país en el que la cultura plebeya-igualitaria, por un lado, y los actores corporativos de todo tipo, por el otro, actúan en buena parte en un sentido contrario a este proyecto: por igualitarismo o por corporativismo, se prefieren los derechos y reaseguros sociales o la negociación mano a mano con el Estado al riesgo emprendedor. Macri lo sabe: solo necesita mirar su propia historia –la del grupo económico familiar y sus vínculos con el Estado– para entenderlo.

Si el kirchnerismo –en especial a partir de 2008, como señalamos– hizo de la división binaria del espacio político una lógica productiva de construcción de poder –en la que el gobierno representaba los intereses del pueblo y sus adversarios eran presentados como portavoces de intereses corporativos difícilmente confesables en público–, pro y su coalición de gobierno quieren construir un proyecto de disminución de la intensidad de los conflictos políticos, y en especial de explosión de los campos antagónicos en una pluralidad sin querellas profundas: «unir a los argentinos», dice uno de los tres pilares discursivos en los que la fuerza de centroderecha asentó su campaña y que fueron retomados por Macri en su discurso de asunción3. La definición binaria llamaba al gobierno de Fernández de Kirchner a dotarse de todos los recursos para hacer oír su voz frente a lo que definía como poderes corporativos: cadenas nacionales de radio y televisión, disputa contra los bloqueos judiciales a medidas políticas tomadas por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo. El pro asume con un programa vinculado a lo que en estos años se ha constituido como «agenda republicana» y que parece pasar a ser, ahora, cuestión de gobierno. El partido de Macri había tomado como bandera esta agenda al menos desde 2005, pero especialmente cuando se convirtió en la principal fuerza opositora al kirchnerismo. La aceptación durante la campaña electoral de ciertos bienes colectivos instituidos en el ciclo que termina –una cobertura social universal como la Asignación Universal por Hijo (auh), pero también la intervención del Estado en ciertas áreas estratégicas de la economía como la energía y el transporte– permitió llevar la cuestión del «estilo» de ejercer el poder y de la relación entre los poderes del Estado al centro del debate. «En un país normal, los presidentes no hacen cadena [nacional] para decir ‘pagué un bono’»4, sostuvo Macri en plena campaña. La construcción de una polis sin conflicto en la que la política ocupe un lugar reducido en la vida de las personas está en el corazón de la propuesta política de pro5.